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12 de Agosto del 2020
Historias
Lectura: 11 minutos
12 de Agosto del 2020
Redacción Plan V
16 jueces son investigados por corrupción en Ecuador
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El Consejo de la Judicatura ha destituido a 45 jueces que han incurrido en faltas disciplinarias graves en un año y medio. Foto: PlanV

 

Los recientes escándalos de corrupción han puesto de nuevo en la mira la labor de los jueces. El audio donde Abdalá Bucaram ofrece ayuda al israelí para sacarlo de la cárcel porque ‘maneja’ al tribunal pone en duda la independencia de los jueces. ¿Cuáles son los delitos más comunes por los que son investigados los magistrados?


Un total de 16 jueces están siendo investigados por diversos delitos en el país. El Consejo de la Judicatura ha presentado en la Fiscalía, entre 2019 y 2020, 14 denuncias y adelanta otras dos más. Son por peculado, perjurio, cohecho, enriquecimiento ilícito, prevaricato y asociación ilícita. Estos tres último delitos han sido los más recurrentes con cuatro denuncias cada uno.

En los datos proporcionados por la Judicatura a Plan V, las investigaciones han empezado por diversos indicios. En algunos casos porque la Contraloría determinó que los valores en la declaración patrimonial del juez no cuadraban o movimientos inusuales en sus cuentas que no pudieron justificar; o porque solicitaron dinero para ratificar fallos de primera instancia o porque han sido investigados como parte de una red de corrupción de jueces que se dedicaban a solicitar dinero a cambio de otorgar beneficios penitenciarios. Este último caso se indaga en Pichincha. También existen cuatro magistrados que están siendo procesados por aceptar beneficios penitenciarios en contra de lo establecido en la norma.

La labor de los jueces ha vuelto ha ser cuestionada por diversos hechos. El más reciente involucraría a funcionarios judiciales de Santa Elena. En un audio difundido por el portal Código Vidrio se escuchan las voces del expresidente Abdalá Bucaram ofreciendo ayuda al israelí Shy Dahan, detenido por documento falso y asesinado el pasado 8 de agosto en la Penitenciaría. En Santa Elena debía evacuarse el proceso contra el extranjero.

Bucaram le dice: “ese tribunal nosotros lo podemos manejar”. Luego se escuchan dos voces más, el de un hombre que reproduce un mensaje de voz para que el israelí escuche “cómo le pasan el dato”. En esa nota de voz habla una mujer que agrega: “se pidieron la nulidad, el resolvió que no hay ninguna nulidad y de ahí suspendió, entonces me acaba de llamar para decirme que pilas con eso de ahí”. Cuatro vocales de la Judicatura pusieron este 11 de agosto una denuncia en la Fiscalía para que se investigue ese caso. Uno de ellos es el vocal Fausto Murillo quien dijo a Plan V que internamente también están haciendo una investigación a través de la Dirección de Transparencia para abrir los respectivos sumarios administrativos.

Desde enero de 2019 hasta la fecha, el Consejo de la Judicatura ha destituido a 45 jueces que han incurrido en faltas disciplinarias graves. El proceso comienza con una queja o el Consejo abre de oficio el sumario administrativo. El funcionario cuestionado es notificado y puede contestar la queja en un plazo de cinco días. Después de un informe es elevado al pleno del Consejo que puede sancionar o absolver. La destitución puede ocurrir cuando hay negligencia manifiesta. Eso ocurre, por ejemplo, cuando un juez que debe emitir una sentencia en 10 días -en el ámbito laboral- se demora dos y hasta tres años. Otras faltas graves son el dolo y el error inexcusable.

“Lo peor que puede pasar al sistema es que quede en la impunidad lo actos de los propios servidores judiciales”, vocal Fausto Murillo.

Tres de esos 46 jueces han destituidos por posibles relaciones con el narcotráfico y otros 24 estarían siendo investigados por el mismo motivo, según dijo el vocal del Consejo, Juan José Morillo, a Ecuavisa, el pasado 27 de julio. En entrevista con Plan V, el vocal Fausto Murillo dijo esos procesos están a cargo de la Fiscalía. “Si hay jueces que han sido contaminados por el narcotráfico y si la investigación así lo señala, tendrá que seguirse el juicio penal”.

En el caso de prevaricato, la Judicatura ha puesto la acusación particular contra cuatro jueces. Uno de ellos es el exjuez José Tamayo Arana, quien rebajó la condena de a Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña y líder de Los Choneros, de 20 a 8 años. Según Murillo, quien sufre el agravio por el accionar del juez es el sistema de administración de justicia. “Lo peor que puede pasar al sistema es que quede en la impunidad lo actos de los propios servidores judiciales”.

Pero, ¿qué sucede con las sentencias o resoluciones cuestionadas de un juez? Murillo explicó que la Fiscalía es la que debe apelar estas decisiones judiciales que van contra la norma. “Solo el superior puede reveer esa decisión del juez. Y si el juez superior no la revisa, la Corte Nacional de Justicia, a través de la casación o de la revisión puede hacer el control de la legalidad. Pero el Consejo de la Judicatura no lo puede hacer”.

Pero eso, por ejemplo, no ocurrió en el caso de alias Rasquiña. De hecho fue la jueza Alzira Beatriz Benítez Telles, de la Unidad Judicial Penal de Latacunga, quien le concedió la prelibertad, la que hizo notar esa inacción de la Fiscalía. Dijo que la resolución del  juez Tamayo, de bajar la pena de 20 a 8 años, estaba ejecutoriada y que había existido ninguna impugnación por parte de la Fiscalía como fue registrado en un artículo en Plan V. A Benítez se le abrió también una investigación por la prelibertad de Zambrano.

Pero Murillo sostuvo que la Judicatura actuó con oportunidad. Dijo que tras recibir un informe de la Dirección de Transparencia se inició un sumario administrativo contra el juez y por eso fue su destitución. Pero la resolución de Tamayo a favor de alias Rasquiña se dio en febrero de 2019 y la Judicatura puso la denuncia cinco meses después. “La decisión de rebajar la pena de 20 a 8 años ya no es competencia de la Judicatura. Ahí tienen que actuar la Fiscalía y el SNAI (Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad) que da los informes para que los privados de libertad puedan acceder a garantías penitenciarias”. Para el funcionario, la Judicatura cumplió con su rol y ha actuado de forma oportuna y severa. Informó que está en trámite otro proceso disciplinario por un caso similar contra el mismo juez. “Nunca se ha dado que un juez que otorgó ilegalmente una libertad, hoy por hoy está con orden de prisión”.

Entre enero de 2019 y julio de 2020, se destituyeron a 77 servidores judiciales, de los cuales 45 eran jueces. Solo en lo que va de este año, hay 11 jueces destituidos.

El funcionario dice que no es suficiente destituir porque eso permite que el servidor judicial salga a disfrutar lo mal habido. “Hay que ponerle en manos de la justicia a ese mal servidor”.

Desde enero de 2019 hasta la actualidad, la Judicatura ha resuelto 1.120 expedientes administrativos abiertos contra funcionarios judiciales. De ellos, 946 corresponden al año pasado; el 62% de esos estaban por prescribir. De acuerdo a Murillo, la entidad ha logrado evacuar todos esos expedientes que estaban por caducar. En el 2020, solo se ha resuelto 174 expedientes porque la pandemia que no ha permitido un trabajo regular en estos meses, aseguró el vocal. A marzo de este año aún había 3.135 expedientes más por resolver.

Entre enero de 2019 y julio de 2020, se destituyeron a 77 servidores judiciales, de los cuales 45 eran jueces. Solo en lo que va de este año, hay 11 jueces destituidos.

Hay otros magistrados procesados por la justicia, pero sus expedientes administrativos aún no han sido resueltos. Es el caso del juez Gabriel Manzur, a quien la Fiscalía lo acusó de enriquecimiento privado no justificado y lavado de activos.

Murillo dijo que la entidad no puede destituir inmediatamente después de que la Fiscalía le formula cargos penales. Afirmó que eso sería arbitrario. “Tenemos que seguir un procedimiento en el que tiene derecho a la defensa”. El vocal sostuvo que Manzur no está en funciones. Ayer la ministra de Gobierno, María Paula Romo, dijo en una entrevista para Plan que el juez seguía dictando sentencias por zoom. “Porque la suspensión del Consejo de la Judicatura solo puede durar seis meses y como en seis meses no ha recibido sentencia se presume su inocencia; perfecto como principio, pero cómo un juez que está procesado por lavado de activos dicta sentencias por zoom. Está prófugo de la justicia”.

“La corrupción en el ámbito judicial es un tema de fondo”, manifestó el vocal Murillo. Argumentó que el problema está en el origen y en la selección de los funcionarios judiciales. “El narcotráfico no solo ha incursionado en el ámbito judicial sino en el poder político. Es una estructura muy fuerte”.

Para la autodepuración, el máximo organismo judicial ha trabajado con la Contraloría, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), la Fiscalía y la Dirección de Transparencia para identificar posibles indicios irregulares. Pero el vocal reconoce que no es una tarea fácil y que no se pueden afectar derechos. En Ecuador existen aproximadamente 11.000 servidores judiciales, de los cuales alrededor de 2.000 son jueces y más de 800 son fiscales. ¿Hay un mecanismo para revisar las actividades de todos esos servidores? Murillo dice que por lo general las entidades de control lo hacen por muestreo. Y cada dos años, los funcionarios deben actualizar su declaración patrimonial juramentada. La última actualización se hizo hasta junio pasado.

El año pasado, la Judicatura evaluó a los jueces de la Corte Nacional de Justicia. De los 36 magistrados, 24 no pasaron los exámenes. Dentro de este proceso, la Judicatura requirió a los funcionarios a que levanten el sigilo bancario. Siete de los 36 no cumplieron con este pedido y tres de ellos expresamente se negaron a hacerlo.  Solo 25 presentaron su declaración de no poseer bienes en paraísos fiscales.

Murillo señaló además que esos 2.000 jueces deben tramitar casi 500.000 juicios en todas las materias. “Todo el mundo dice la justicia es muy lenta. Pero, ¿cómo puede usted despachar y atender dentro de los tiempos 500.000 procesos? No todo puede ir a juicio”.

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