Las elecciones de 2021 tendrán nuevas reglas, si se mantiene el texto de las reformas legales aprobadas por la Asamblea Nacional en el Código de la Democracia. El Poder Ejecutivo podrá vetarlas totalmente o parcialmente, pero los cambios en el sistema electoral podrían tener efectos significativos en el mediano plazo, en especial, en las próximas elecciones generales.

La Asamblea aprobó la mayor parte de un proyecto de 168 artículos, que permitirá el retorno de las llamadas planchas: los electores deberán votar por listas cerradas y ya no "por listas o entre listas" como se hace hasta hoy. Esto significará la vuelta a un sistema que se usaba en el pasado, que, de alguna manera, facilitaba para los partidos la preparación de sus listas, centrando generalmente su atención en quienes encabezaban la lista y dejando las restantes casillas pera personas de menor relevancia política. 

Otra reforma clave tiene relación con el cambio del método de asignación de escaños: se pasa del de D´Hont al Webster, que supuestamente permite una mayor representación de las minorías, aunque no está exento de otro tipo de distorsiones.

Spurrier: "reforma beneficiará a grupúsculos"

Para el analista Walter Spurrier, el cambio del método de asignación de escaños, sin considerar una votación mínima, permitirá solamente que grupúsculos políticos que hoy no tienen presencia en el Legislativo puedan acceder a una curul. 

"El método Webster favorece a los asambleístas independientes y a los grupúsculos políticos, en perjuicio de los partidos y movimientos grandes", sostuvo Spurrier, quien agregó que el trasfondo de esta reforma es realmente  que "en la Asamblea hoy son mayoría los legisladores sin afiliación a partido grande, o a partidos que tendrán una baja votación en las próximas elecciones; es el caso de Alianza PAIS. Por eso el cambio a Webster. Legislaron de acuerdo a sus intereses políticos".

El panorama para 2021 que preveé Spurrier es de escasa gobernabilidad: "El gobierno que se posesionará en mayo 2021 deberá enderezar la economía, requerirá reformar leyes. Pero el presidente contará con un bloque oficialista minoritario, dificultando la tarea legislativa. Para pasar leyes, el presidente tendrá que comprar los votos de los caciques locales o movimientos de chulla curul, que constituirían gran parte de la Asamblea. Los votos serán caros: cargos en Petroecuador, contratos con el Estado".

Para evitar esa distorsión, Spurrier propone que "Si se aplica Webster, entonces hay que hacer una de dos cosas: o trasladar las elecciones legislativas a la segunda vuelta, o requerir que las fuerzas políticas superen un cierto coeficiente de la votación nacional, para ser acreedoras a escaños en la Asamblea".

De su lado, el analista Gabriel Hidalgo sostiene que "los métodos de D’Hondt y de Webster son metodologías matemáticas de asignación según los promedios de votos conseguidos. Esto quiere decir que en un órgano asambleario los escaños se reparten proporcionalmente entre quienes obtienen la mayor cantidad de sufragios divididos entre distintos cocientes según la lista electoral. Sin embargo el sistema D’Hondt es matemáticamente menos proporcional porque prefiere a los partidos más votados, fortaleciendo a las mayorías legislativas, mientras que el sistema de Webster (o correctamente llamado como método Sainte-Laguë) es más proporcional porque el divisor prefiere a las minorías más votadas, fortaleciendo a la pluralidad". 

Hidalgo sostiene que la oposición de correístas y socialcristianos a volver al método Webster se explica porque "se afanan en creer que obtendrán copiosas votaciones que tienen que asegurar al convertirlas en curules legislativas. Ignoran que eso se asegura con un sólido frente electoral compuesto por un presidenciable con posibilidades, listas encabezadas por aspirantes arrolladores, una comprensión cabal de la matemática electoral básica y un probado despliegue partidario. ¿Esto tiene el ala extremista del aliancismo?".

Acosta: "las reformas sobre género tienen poca relevancia política"

Para el ex presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Jorge Acosta, el método Webster si bien no es el ideal, reduciría "ciertos abusos" en la asignación de escaños, que favorecían a los partidos más grandes. Acosta cree que se debe aplicar un método "estrictamente proporcional" como el que prevé la propia Constitución, y que quien más votos gana es quien debe ser electo. En 2007, recuerda Acosta, se aplicó ese criterio para elegir a los asambleístas constituyentes de Montecristi. "Los cocientes distribuidores pueden ser susceptibles de manoseo electoral". 

Sobre la vuelta del voto en plancha, Acosta cree que la autoridad electoral debe realizar una difusión amplia de propuestas e ideologías, que permitan conocer a fondo las propuestas de las listas. "Volver al voto en plancha beneficiará a los partidos y movimientos como tales y no a las personas", destaca el ex titular de la Función Electoral. 

Acosta cree que la vuelta a las planchas evitará que se vote por futbolistas, caciques, modelos de televisión y otras figuras similares, que han pasado por la política sin mayor aporte. 

Las reformas referentes al género quedaron así: en 2021 habrá un porcentaje obligatorio del 15 por ciento de mujeres encabezando listas, en 2023 debería ser del 30 por ciento y en 2025,  del 50%. En ese mismo año se deberán inscribir binomios obligatoriamente mixtos. Desde 2021, el 20 por ciento de los integrantes de las listas deberán ser jóvenes de hasta 29 años, en un guiño de ojo a los nuevos cuadros.

Pero en lo referente a las normas de género, que, por ejemplo, obligarán a que un binomio presidencial esté siempre conformado por un hombre y una mujer -sin importar si son pareja o son parientes, pues podría ocurrir como en Nicaragua, en donde gobierna un matrimonio- o que candidatas encabecen las listas en un determinado porcentaje, Jorge Acosta cree que es una reforma que "no tiene mayor relevancia". "Quien va a decidir si ganan o no las mujeres serán los votantes. Creo que las mujeres deberían luchar por encabezar una lista. Si vamos a aplicar criterios como ese, por qué no ponemos siempre a un homosexual encabezando una lista solo por el hecho de serlo?" se preguntó Acosta. 

Acosta destacó que en la conformación de un binomio debe tomar en cuenta criterios políticos, de apoyo electoral y de reales posibilidades. Recordó por ejemplo el caso de Abdalá Bucaram y Rosalía Arteaga, en donde la votación la puso Bucaram, o el reciente intento de Cynthia Viteri y Mauricio Pozo, quienes tampoco tuvieron posibilidades electorales a pesar de ser un binomio mixto. 

Pero el ex presidente del TSE cree que se debieron modificar los distritos electorales, que solo sirven, en su criterio, para "acomodar ciertas candidaturas". Sobre el gasto electoral, Acosta cree que se está creando una nueva instancia de análisis financiero en el Consejo Nacional Electoral, cuando lo que se debía crear es una instancia de coordinación. 

Verdesoto: "un paso importante para el fortalecimiento de la democracia y la reinstitucionalización del país"

Por su parte, el consejero electoral Luis Verdesoto, quien impulsó buena parte de las reformas, sostuvo que la aprobación de las reformas es "un paso importante para el fortalecimiento de la democracia y la reinstitucionalización del país". Para Verdesoto, "esta es la reforma de las organizaciones políticas y de la sociedad civil, de los grupos de académicos y cuerpos colegiados que aportaron a ella con insumos valiosos". 

En declaraciones para Ecuavisa, Verdesoto precisó que si el Ejecutivo considera algún tipo de veto, este podría darse sobre precisiones en los procesos de contabilidad electoral. Temas como el reconteo de votos, el número de actas y ciertos procedimientos informáticos podrían ser precisados por el Gobierno en el veto. 

Verdesoto destacó que cada quince días durante las campañas se deberá reportar los ingresos, gastos y donaciones, lo que permitirá tener la contabilidad lista cuando esas campañas terminen. Así mismo, estas normas evitarán que los donantes se decanten por tal o cual candidato según sus posibilidades. 

Sobre la donación en especies, que habría sido la puerta de dineros ilícitos, Verdesoto destacó que todos los aportes deberán ser monetizados, así como que habrá responsabilidad solidaria de los candidatos y de los partidos en los ingresos. La implementación de una contabilidad en línea transparentará la política, explicó el consejero electoral. 

Sobre el voto en plancha, Verdesoto cree que hay que "despersonalizar el voto", lo que permitirá que se generen "oligarquías partidarias", así como evitar "sorpresas electorales" ligadas a los nuevos artificios de comunicación política. Verdesoto estimó que las reformas permitirán que la política vuelva a tener "cauces de responsabilidad y criterio programático". 

La situación de Diana Atamaint

Pero mientras las reglas del juego cambian, las críticas contra la presidenta del CNE, Diana Atamaint, continúan. La detención del ex coordinador de Procesos Electorales del CNE, Luis Loyo, a quien Atamaint había sostenido a pesar de las críticas de los consejeros Luis Verdesoto y Enrique Pita, como parte de una presunta red de tráfico de influencias, golpeó a la presidenta del Consejo, contra la que se anuncia un juicio político. Y como aún falta tiempo para que se inicie el periodo electoral, y de prosperar el juicio en la Asamblea Nacional, Atamaint podría ser sometida a un escrutinio político de que podría salir mal librada. 

Tanto Verdesoto cuanto Pita han destacado que advirtieron oportunamente de las supuesta incorrecciones que había cometido Loyo, como pretender tener injerencia en el reciente proceso electoral en la provincia de Manabí. 

Además, destacaron que el individuo tenía 34 denuncias penales, que había estado detenido por un proceso judicial, y que su esposa trabajaba en la misma Función Electoral, pero en la Delegación Provincial de Pichincha.

Otro reparo a la gestión de Atamaint tiene relación con el intento de aprobación de un informe en el que el CNE deslindaba de toda responsabilidad a la Alianza PAÍS correísta en la campaña de 2013, donde supuestamente se produjeron sobornos, relacionados con el caso de Arroz Verde. 

La gestión de Atamaint ha estado marcada por polémicas como su negativa de reveer el caso de la consulta propuesta por el colectivo Yasunidos, y la desvinculación de por lo menos 570 empleados de la Función Electoral. 

Un juicio político ha sido planteado en la Asamblea, pero está en las fases iniciales de su proceso, pues todavía debe ser calificado por el Consejo de Administración Legislativa y pasar a la Comisión de Fiscalización, pero la suerte de la presidenta del CNE podría complicarse en las próximas semanas.