El año 2022 cerró con un nuevo choque entre el Gobierno y la Asamblea, cuando la mayoría opositora, conformada por el correísmo, el PSC y parte de Pachakutik, no dio quórum en la última sesión del año. Desde Twitter, el presidente Guillermo Lasso los acusó de no querer tratar temas clave para la seguridad del país e irse de vacancia, mientras ellos contestaron que lo que no quieren es posesionar al nuevo superintendente de Bancos, nombrado por el Consejo de Participación que encabeza Hernán Ulloa.

La pugna de poderes heredada de 2022 incluye a por lo menos tres de los cinco: Ejecutivo, Legislativo y de Transparencia, los conflictos se extienden también al Judicial, que se ha convertido en un actor político por medio de las decisiones en materia constitucional que se han vuelto la última instancia de los conflictos políticos en el país. 

Mientras tanto, las fuerzas políticas y el propio Gobierno se han enfocado en la campaña para las elecciones seccionales, en donde deben elegirse alcaldes y prefectos en todo el país. El posible reacomodo de las fuerzas políticas en el interior del país encuentra a un Gobierno que, según dos analistas consultados por este portal, la ha dado poca importancia a las seccionales en ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca. De su lado, las oposiciones correístas y socialcristianas tratan de fortalecerse en la Costa

La gran apuesta del Gobierno es la consulta popular, en la que aspira a obtener un apoyo significativo de varios sectores, especialmente enfocándose en temas relacionados con la inseguridad y la acción del crimen organizado en el país.

Mientras tanto, el movimiento indígena también está a la espera de qué ocurre en las provincias en las que tiene sus bases en lo referente a dignidades seccionales, sobre todo en la Sierra central y en las provincias amazónicas. 

Para dos analistas consultados por este portal, estos elementos contendrán la conflictividad política en 2023 por lo menos hasta el segundo semestre, cuando tomen posesión las nuevas autoridades seccionales.

Estos son los escenarios políticos clave para 2023:

1. Las elecciones seccionales 

El cinco de febrero están convocadas las elecciones seccionales, cuyo objetivo es renovar las prefecturas, alcaldías y juntas parroquiales. En las principales ciudades ecuatorianas el panorama aún no es claro. Mientras en Quito el oficialismo apoya una candidatura en el marco de una alianza, en Guayaquil el PSC le apuesta a la reelección de Cynthia Viteri y a retener el control del Municipio y la Prefectura. En Cuenca, el actual alcalde, Pedro Palacios, corre por la reelección contra varios postulantes de diversas fuerzas políticas.

En la Sierra central y la Amazonía, Pachakutik aspira a retener y aumentar sus gobiernos locales, sobre todo en Cotopaxi, donde una trama de corrupción golpeó al prefecto Jorge Guamán, Chimborazo y Tungurahua, así como en las provincias del sur de la Amazonía. El control de los gobiernos locales en la Sierra central ha sido una de las claves en la movilización indígena, por lo que el resultado de las elecciones será clave.

De igual forma, la situación en Manabí crea expectativa sobre si los gobiernos locales más importantes, como la prefectura o la alcaldía de Manta, pueden se controlados por el régimen o no. 

2. La consulta popular

Mientras el Gobierno parece distante de las elecciones seccionales, se empeña a fondo en una consulta popular enfocada en seguridad y en el combate al crimen organizado, al que le ha declarado la guerra. Los esfuerzos comunicacionales y políticos del régimen, que según varias encuestas cerró el 2022 con una recuperación de su popularidad hasta el 30%, buscan ganar la consulta o la mayor parte de las preguntas para lograr afirmarse políticamente frente a la Asamblea Nacional y otras fuerzas políticas opositoras. 

Pero el Gobierno deberá evitar que el 70% de rechazo que tiene convierta la consulta en un referendo sobre su gestión y que las preguntas no consigan apoyo suficiente, lo que complicaría aún más su actual situación política y podría llevarlo a tomar una medida radical: invocar la muerte cruzada.

3. La muerte cruzada

Un Gobierno eventualmente golpeado tanto por una consolidación de la oposición legislativa cuanto por una derrota en la consulta popular, podría pensar en la muerte cruzada, que debe aplicarse, según la Constitución, antes del tercer año de gestión.

Pero el escenario de disolución de la Asamblea, administración por medio de decretos leyes (que un nuevo gobierno puede derogar) y adelanto de elecciones requería de un mayor músculo político del que tiene actualmente el régimen, de manera que logre mantenerse en el poder con el único candidato que tiene de momento: el propio Guillermo Lasso. De todas maneras, la muerte cruzada como posibilidad seguirá estando vigente en 2023.

4. La nueva conformación de la directiva y comisiones en la Asamblea

Tanto la mesa directiva cuanto las comisiones legislativas se deben renovar cada dos años. En 2021, el Gobierno tuvo empuje político para asegurar la presidencia del Legislativo, por medio de Guadalupe Llori, y para captar las comisiones clave, como Fiscalización en donde colocó a un Fernando Villavicencio que entonces era aliado del régimen y al propio Virgilio Saquicela, aliado en 2021 con el Gobierno y ahora cercano a la mayoría opositora.

Pero el escenario ha cambiado mucho en dos años y el Gobierno ha perdido casi todo aliento político en el Legislativo, reducido solamente al control de una pequeña bancada mientras las oposiciones conformadas por el PSC, el correísmo y un sector de PK, a la que se suman a ratos sectores de la ID, dominan el plenario con una cómoda mayoría.

Así las cosas, el régimen tendrá dificultades para repetir la maniobra de 2021 y eso agudizará todavía más la pugna de poderes, abriendo nuevamente el debate sobre la muerte cruzada y su posibilidad de destrabar el conflicto político. La oposición, seguramente, ratificará su control de la mesa directiva y, además, captará algunas de las comisiones legislativas clave. 

5. La conflictividad social 

Dependiendo de qué ocurra con la directiva de Pachakutik, con los candidatos del movimiento indígena en las elecciones seccionales y con cuan debilitado o fortalecido salga el Gobierno de la consulta popular, la conflictividad social en 2023 podría agudizarse a partir del segundo semestre del año, cuando en mayo concluya el periodo electoral con las nuevas autoridades y, sobre todo, cuando la organización indígena logre concretar sus logísticas y apoyos. La Conaie ya advierte que el Gobierno no estaría cumpliendo con las ofertas y los plazos corren durante 2023. 

En nuestro programa Mesa de Análisis, que se transmite en los canales de redes sociales de PlanV y en Radio Sucesos, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, descartó la muerte cruzada como salida al conflicto político y dio su perspectiva sobre estos escenarios. 

   PUNTOS DE VISTA   

"Al Gobierno no le interesan las elecciones locales de 2023, ha puesto candidatos solo por obligación"

César Ulloa, politólogo

Hay tres escenarios sobre la consulta popular del Gobierno: que ganen, que ganen parcialmente o que pierdan y aún ganando el escenario es complejo, pues habrá procesos políticos que no se resuelven con el referendo. Una triunfo parcial tampoco les garantiza gobernabilidad y si pierden la consulta deberán recurrir a la muerte cruzada. Si el Gobierno gana, habrá cierta claridad política sobre a dónde va el Gobierno. En cualquiera de los tres escenarios, si el Gobierno no se enfoca en la inversión social su situación va a ser muy compleja. La consulta es solo un placebo frente a cosas más complejas.

En el caso de las seleccionales, son un preámbulo de cara al 2025, que va a permitir testear alianzas, ver su capacidad de recomposición, y no es un escenario favorable al Gobierno, que no le ha dado importancia a una gobernanza multinivel que le permita contar con los gobiernos autónomos desentralizados, cosa que no hace. Habrá una recomposición del poder local, como por ejemplo en Guayas con el PSC, así como en Manabí si se logra desplazar al correísmo de la prefectura. Hay provincias clave como Pichincha, Azuay, Santo Domingo y Manabí y el día de las elecciones sabremos qué orientación toma el Gobierno tras la consulta. Los resultados los veremos de mayo hacia adelante, luego de la posesión de las nuevas autoridades y con el inicio de la carrera hacia 2025.

Sobre el movimiento indígena, se debe tomar en cuenta la elección de una nueva directiva de Pachakutik, lo que podría o no acelerar la protesta social. Si gana alguien aliado a Leonidas Iza podría haber una mayor convulsión social, y ocurrirá lo contrario si gana alguien más moderado.

La protesta social depende de las alcaldías y prefecturas que gane PK, en especial si alas más radicales ganan en Tungurahua, Bolívar, Cotopaxi y Chimborazo. Si el Gobierno no prioriza lo social, en la Sierra centro, habrá escenarios complejos. 

Al Gobierno no le interesan las elecciones locales, ha puesto candidatos solo por obligación. Por eso no hay candidatos fuertes y sus niveles de aceptación son bajos, lo que hace que los candidatos de CREO tienen que cargar en sus espaldas un mal momento del Gobierno. Pero la pregunta es cómo gobiernan sino hacen alianzas con prefecturas y alcaldías. Su carta es la consulta, pero si la pierden solo les quedaría la muerte cruzada o negociar a costos muy altos con las oposiciones.

El Gobierno ha estabilizado la economía y debe dedicarse a lo social con soltura y solvencia, para darle un giro a su administración, cuyo único plan social se refiere a la desnutrición que es algo que dará resultados al largo plazo.
 

"No se puede descartar la muerte cruzada como un escenario más claro en 2023"

Pedro Donoso. Consultor político

El proceso electoral se va a convertir en un congelador de dinámicas políticas en el país por lo menos hasta mayo de 2023. Es, además, una válvula de escape. La oposición, los movimientos políticos y sociales se van a meter de lleno en la campaña y tienes un proceso electoral muy complejo, tanto para el sí cuanto para el no. Esto hará que todas las tarimas locales se construyan sobre el sí o no en la consulta, y toda la consulta se va platear sobre lo que digan los candidatos.

Recién en junio podremos ver cómo el Gobierno administra o su derrota o su victoria al igual que la oposición. Se va a producir un recambio en las autoridades del Consejo de Administración Legislativa, en la directiva de la Asamblea, en las comisiones, y cómo queda el Legislativo frente al Gobierno. El Gobierno va a intentar mantener a sus operadores en las principales presidencias de las comisiones, pero los primeros tres o cuatro meses veremos ese congelamiento.

La consulta popular le va a dar al Gobierno un margen de negociación no solamente con los indígenas, sino con el sector exportador, que deberá reaccionar frente al fracaso del TLC con México o también sobre las preferencias arancelarias con EE.UU. 

En general, las oposiciones van a retomar espacios locales, porque el Gobierno no le apuesta a las elecciones seccionales sino a la consulta popular. En las capitales de las siete provincias con mayor número de electores no hay representantes de peso del Gobierno en las elecciones. Su apuesta es al sí en la consulta popular lo que es ya un gran riesgo. En ciudades como Manta y Guayaquil el panorama parece claro, pero Quito sigue siendo una gran incógnita, al igual que Ambato y Cuenca.

Sobre la Conaie, se han divorciado de PK e independientemente de quién gane, la Conaie va a mantener su posición y va a ser la representante indígena en las mesas de diálogo. Sin duda es importante que la Conaie tenga aliados en los movimientos locales.

La historia nos dice que las consultas, en el Ecuador, se convierten en referendos de popularidad y de gestión, en especial, si las plantea el Ejecutivo. Febres Cordero y Durán Ballén perdieron mientras Correa y Moreno ganaron en sus picos de popularidad más altos. El dile no a Guillermo Lasso podría tener un efecto a pesar de que hay estudios que revelan un apoyo a la consulta popular que podría estar siendo medido sobre una fracción de la población no representativa.

En las elecciones en la Asamblea, el Gobierno logró poner a Guadalupe Llori en 2021 y puso a Virgilio Saquicela como primer vicepresidente, pero no pudo sostener esa operación política. A mediados de año puede volver la muerte cruzada y aún no está clara la hoja de ruta del Gobierno que dijo que iba a gobernar sin la Asamblea. Pero hay baja ejecución presupuestaria y eso no se debe a la Asamblea. No se puede descartar la muerte cruzada como un escenario más claro en 2023.