1. La paz de Daniel Noboa está cada vez más lejos. “En cinco meses logramos devolver la paz a los ecuatorianos”, dijo Noboa el pasado 22 de mayo, en un video lanzado por sus redes sociales para anunciar un nuevo estado de excepción en siete provincias y en un cantón de Azuay.

Sin embargo, en el Decreto Ejecutivo 275, que firmó ese mismo día, menciona todo lo contrario. Por ejemplo, dice que el 13% de los homicidios intencionales, entre el 1 de enero y el 19 de mayo pasado, corresponden a homicidios múltiples. “Una caracterización que no se daba antes con tanta incidencia; y que, en el mes de abril - mayo, se recrudeció en las provincias de Manabí y Guayas en un %”, dice el documento oficial sin aclarar este último porcentaje.

“El presidente vive un ensimismamiento, se ha metido en un bucle comunicacional. El Gobierno está creando una burbuja, se echa glorias y censura cualquier crítica”, dice Luis Córdova, académico y coordinador del programa de Investigación, Orden, Conflicto y Violencia de la Universidad Central, respecto al anuncio de Noboa de haber devuelto la paz a los ecuatorianos.

Hoy inicia la FASE 2 de nuestra lucha contra el terrorismo en territorio nacional. pic.twitter.com/XD2oJaJwLV

— Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) May 22, 2024

Córdova cree que el país está en un escenario donde hay mayor violencia visible, que se mide por el número de víctimas en un acto violento. Este tipo de acciones no solo busca atentar contra varias personas, sino dar un mensaje, aclara.

“La burbuja le va a estallar gravemente, porque este efecto le puede hacer pensar que está logrando cambiar la realidad”, dice este investigador, quien cree que la mayor frecuencia de homicidios múltiples puede significar que la estrategia militar se ha quedado sin capacidad para enfrentar este escenario.

2. Las cifras ocultas y engañosas de la violencia. Entre enero y mayo de 2023, se registraron 2.330 homicidios en las siete provincias que abarca el Decreto Ejecutivo 275, según los datos que Plan V ha recopilado del INEC.

Ahora, las cifras que trae este documento oficial aseguran que en este 2024 han ocurrido 1.920 muertes en esos mismos territorios, aunque no queda claro el periodo. Es decir, habría una reducción del 18% de la violencia en esas siete provincias.

Ni el decreto ni las autoridades del gobierno de Noboa han sido claros respecto a las cifras de la violencia. De hecho, en el decreto no están las tasas de homicidio y los comparativos por años. Esteban Torres, viceministro de Gobierno, afirmó en Hora 25 que la reducción de la violencia ha sido del 28%, sin especificar el periodo. “Eso es un éxito”, dijo.

No es lo único que se ha ocultado. Lorena Piedra, experta en temas de seguridad de la Asociación de Estudios Internacionales del Ecuador (AEIDE), recordó en una entrevista con Plan V que el Plan Fénix –la estrategia de Noboa para enfrentar la inseguridad- se lo ha tachado como secreto y por lo tanto no es posible verlo, evaluarlo y contrastarlo.

A estos cuestionamientos se han sumado altos jefes militares. El general Luis Lara, exministro de Defensa, puso en duda el número de operativos que se han realizado desde la declaratoria de conflicto armado interno. El Gobierno ha informado que ha ejecutado 200.000 de ellos. “Estamos hablando de más de 1.000 operativos diarios. Si en ellos participan un mínimo de 50 miembros de la fuerza pública, se requeriría la participación de todo el personal disponible, todos los días, dejando de hacer todas las restantes tareas que les son propias, sin descanso”, dijo en un diálogo con Primicias.

3. No existe un nuevo ‘atrincheramiento’. “Las bandas criminales, ante la ofensiva militar, se han resguardado y atrincherado en siete provincias: Los Ríos, Guayas, Santa Elena, Manabí, El Oro, Sucumbíos y Orellana”, dijo Noboa en el mismo video lanzado por sus redes sociales para anunciar un nuevo estado de excepción en esas provincias, además del cantón Camilo Ponce Enríquez, en Azuay.

Sin embargo, la mayoría de ellas han sido las más violentas históricamente por estar cerca a los puertos y a los cultivos de coca en Colombia, recuerda Córdova. Solo es necesario revisar las cifras del 2023.  En ese año, las siete provincias con la más alta tasa de homicidios fueron las mismas. Solo cambia Esmeraldas, que en el 2023 se ubicó en el segundo puesto y ahora ha salido de los primeros lugares, aunque sus cifras tampoco están claras. Otra novedad es el ascenso de Orellana a esta lista, pues en el 2023 se ubicó en el noveno puesto.

De igual manera, la violencia en Camilo Ponce Enríquez ha crecido en los últimos años debido a la minería ilegal. Pasó de 19 a 122,75 homicidios por cada 100.000 habitantes entre el 2020 y 2023. Es decir, este cantón ha experimentado un aumento del 500% de la violencia en ese periodo y, por lo tanto, no es una plaza nueva donde se han concentrado las bandas. “Las mismas zonas violentas de Guillermo Lasso son ahora las de Noboa, no ha habido un progreso en ese sentido”, considera Jean Paul Pinto, experto en temas de seguridad.

4. De la ‘educación para la paz’ a la guerra. “La violencia en Ecuador es un problema serio, pero no es insuperable. Con una combinación de políticas inclusivas, reformas institucionales, participación comunitaria y educación para la paz, es posible crear un país más seguro y pacífico”, dice el Plan de Gobierno con el que ganó Noboa las elecciones presidenciales del año pasado.

Pero, ahora, su discurso es de carácter bélico, sobre todo desde el pasado 9 de enero cuando decretó el conflicto interno armado. “En ese plan de Gobierno están propuestas opuestas a las que ha emprendido (...) realmente está en una cultura de guerra”, comenta Pinto. 

El pasado 22 mayo, Noboa reforzó esa idea cuando mencionó que había iniciado una “segunda etapa” de esta guerra. Para Córdova este fue un “invento” para poder justificar un nuevo estado de excepción en esas siete provincias porque el Gobierno recibió un revés de la Corte Constitucional.

Este máximo tribunal declaró la inconstitucionalidad del decreto, del pasado 30 de abril, en el que Noboa declaró el estado de excepción en Manabí, El Oro, Guayas, Los Ríos y Santa Elena. La Corte observó que este tipo de declaratorias no pueden ser renovadas más de una vez por los mismos hechos.

Para Córdova, esta segunda fase sería un intento de elevar el umbral de violencia letal ante el fracaso de los resultados.

5. El discurso contra los camuflados. “Camuflados entre la población civil, los actores beligerantes no estatales que atentan contra el Estado deben ser neutralizados”, dice el Decreto Ejecutivo 275 en su página 12. Córdova alerta que esa frase puede abrir posibles violaciones de derechos humanos. “Como los enemigos están camuflados en la población civil, entonces la respuesta a esta segunda fase de la guerra es ir de casa en casa buscando a los malandros que se están disfrazando de ciudadanos”, reflexiona. El decreto suspende los derechos de inviolabilidad del domicilio y de correspondencia en las siete provincias y en el cantón Camilo Ponce Enríquez.

En dicho decreto, Noboa reconoce que no existe un régimen jurídico aplicable durante el conflicto armado interno y, por lo tanto, la Presidencia de la República declara un estado de excepción focalizado en aquellos territorios con mayores índices de violencia, provocada por la empresa criminal conjunta. “Y cuál es este nuevo orden jurídico: la arbitrariedad militar porque no hay ninguna regla de juego”, concluye.