Después de que, por disposición del rector, se les cerraran las puertas para sesionar en la Universidad Central, los abogados en libre ejercicio profesional de Pichincha, afiliados o no al Colegio de Abogados, decidieron reunirse, el jueves 27 de noviembre, en la iglesia evangélica que funciona en el antiguo Teatro Alameda, entre las calles Arenas y Juan Larrea, en el centro de Quito. Esta vez ya no importó que la cita sea en un sitio de culto religioso; primó la urgencia de verse amparados por el gremio, pues los letrados también piensan que el actual es uno de los tiempos más críticos para el ejercicio de su profesión.

Como cuando los fieles protestantes llegan al templo los domingos para el culto, puntuales arribaron todos los abogados, enternados y algunos con su maletín en la mano para participar de la asamblea ampliada del gremio. El vestuario del  equipo periodístico de PLAN V, que acudió a cubrir la cita, contrastaba con todo ese manto gris y negro impecable de los trajes bien planchados.

Las 17:30 fue la hora de la convocatoria y la impaciencia de muchos hacía efervescencia. Los 150 elegantes asistentes, con las espaldas siempre rectas apoyadas al espaldar y con expresiva prosa empezaron la tertulia con los vecinos de asiento. “Aquí frente a Cristo vamos a declarar la guerra”, dijo uno de ellos ubicado en la fila posterior. Todos reclamaban a las 17:45 que arranque la sesión, como si tuvieran urgencia por exclamar sus quejas y dolencias. Así fue.

José Alomía, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, dio la bienvenida a todos los asistentes, mientras en la mesa ubicada en el escenario se acomodaba toda la directiva: Ramiro García, vicepresidente; Ángeles Bones, prosecreataria; Gonzalo Realpe y Milton Altamirano; directores. Ramiro García insistió con vehemencia que las intervenciones de  los asistentes duren como máximo tres minutos, como conociendo la tentación de sus colegas de endulzarse en largos alegatos. Pero para algunos fue imposible sintetizar la rabia entre cinco y seis minutos se demoraron algunos. Discursos grandilocuentes, frases para el bronce, emitieron los veinte y más de abogados que intervinieron; las palabras de muchos estaban listas para alguna campaña política. 

Los abogados dicen que su ejercicio profesional está siendo afectado por la persecución y las amenazas que reciben por parte de los funcionarios de la justicia, a los que califican como faltos de independencia. Cuando se abrió el panel, decenas de manos se levantaron, ansiosas porque la directiva escuchara sus demandas.

Todos esperaban encontrar en esa asamblea la salida a la grave crisis causada porque los derechos de los abogados, denunciaron, están siendo violados con reiteración. El ejemplo más claro son los cientos de sumarios administrativos que el Consejo de la Judicatura ha levantado en contra de muchos profesionales "por no mantener una postura servil ante las peticiones de los jueces", aseguraron. Aunque desde la mesa directiva se rogó nuevamente que las participaciones fueran sucintas, los profesionales parecían hacer proselitismo: los motivaba un espíritu de causa justa. Así, fueron saliendo historias de multas, amedrentamientos, amenazas y sanciones por parte de la administración de justicia correísta.

El escenario de la reunión de los juristas tenía algo de surrealista: símbolos bíblicos en un antiguo teatro.

Algunos de los participantes hablaban de la importancia de que el debate entre los profesionales debe ceñirse al ámbito estrictamente jurídico, pero otros, en cambio, expresaron que la discusión de lo legal no puede desligarse del análisis político y económico del país. Así, después de los reclamos, no faltaron comentarios contra el Gobierno como este: "Ecuador vive un Estado de absoluto asedio en contra de los ciudadanos, un Estado de prepotencia y autoritarismo que hace de la libertad una quimera".

Carlos Solines, abogado en libre ejercicio, exasperado ya por tanto discurso, lanzó su propuesta definitiva: una comisión que recoja el malestar de los abogados y que analice sus casos particulares para comprender la situación global de los profesionales. En ese momento, todos alzaron la voz como reclamando su legítima defensa al propio gremio de abogados que los representa. En un juicio o audiencia, el abogado defiende a un usuario (cliente), pero el abogado en ocasiones como esta, parece que el abogado se siente tan solo como en un estadio vacío, absolutamente en la indefensión. El sentimiento generalizado fue que los profesionales del Derecho no se convertirían en cómplices de un sistema de justicia que no hace otra cosa que defender los intereses del gobierno de turno.

Para algunos de los abogados presentes, el sojuzgamiento de la justicia en el país "es producto de la ignorancia y corrupción de jueces y fiscales", que responden a la consolidación de un proyecto político (el de la Revolución Ciudadana) y no a la necesidad de, por fin, "inaugurar la justicia en el Ecuador". No hubo agremiado que no mencionara el asedio que soporta por parte de funcionarios de justicia, los cuales levantan murallas impenetrables e impiden el libre ejercicio de su profesión; ese fue el punto clave de la reunión.

Unos intentaban mantener la cordura y otros estaban dispuestos a salir a la calles cuando fuera necesario. Nos van a llamar “tirapiedras”,  advirtió alguien, pero llegó la calma cuando un abogado mencionó que ellos también tienen el derecho a manifestarse y a llenar plazas si la intimidación continua.

En medio de los discursos discurrían las propuestas para poner un alto a un Estado que denunciaron como perseguidor. La presentación de las quejas de los abogados a escala internacional, que contenga el respaldo de todos los gremios provinciales, ahora se convertiría en una prioridad. “Cuando fui a Colombia un colega me dijo: cuéntame sobre el milagro ecuatoriano y respondí que aún no lo encuentro”, comentó un abogado frente al foro.

Lo que buscaban fueron acciones concretas, entre las que se mocionó que todas las denuncias que lleguen al Colegio de Abogados de Pichincha deben ser publicadas inmediatamente en la prensa nacional y local para generar en la opinión pública un rechazo a la “metida de mano a la justicia”; pero además sensibilizar a la población con la premisa de que los principales perjudicados de los abusos en contra de los abogados son sus propios defendidos, la ciudadanía en general.

La impaciencia por participar fue creciente cuando caía la noche. Llegó el turno para el emepedista Ciro Guzmán, uno de los defensores de los Diez de Luluncoto, que reclamó el derecho de todos los abogados: los de libre ejercicio, los públicos y los del Consejo de la Judicatura, a ser apoyados por el Colegio.

Después saltó la propuesta de consolidar el gremio y ampliar la convocatoria a los abogados de todos los cantones y reunir así a miles de profesionales. Y la preocupación se elevó cuando se mencionó que el gremio que los acoge tendría el riesgo de desaparecer por la aplicación del Decreto 16, que para los abogados hace imposible la supervivencia de las organizaciones de la sociedad civil en el país.

Mientras la directiva insistía con ruegos y admoniciones que los proponentes se ciñan al tiempo, como llegado de Marte tomó la palabra un ingeniero civil. Santiago Zambrano no pudo contener el coraje y sin micrófono ni altoparlante  invitó a al Colegio de Abogados y a los otros del país a que dejen de ser un membrete; “que inicien una plataforma de protesta para que el Estado por fin empiece a tener miedo”. Zambrano desató la euforia del auditorio; solo faltaba que se griten algunas consignas.

Ramiro García oficiaba de director de la reunión. Inspirado también en las frases del templo evangélico, dijo a sus colegas: “No se trata de una pelea entre abogados versus jueces. Todos somos víctimas de este sistema”

A las 19:30 llegó la hora de las resoluciones y el vicepresidente tomó el micrófono. Sin miedo, por la dureza de sus expresiones, Ramiro García, afirmó que la injerencia de los entes gubernamentales en los órganos judiciales es cada vez más evidente. Con voz firme dijo que  estaba ya seguro que el miedo ahora se refleja desde el poder, no desde el gremio, tal es así que les impidieron sesionar en la Universidad Central. Ahora sesionaron en una iglesia, “pero todo sitio es bueno para levantar la voz y decir ya basta”, afirmó. García, abogado defensor de algunos casos polémicos y políticos en torno a los derechos humanos, ha sido objeto de escarnio en varias sabatinas y cadenas nacionales, por “cuestionador”.

Todas las decisiones de los abogados tendrán sin duda una trascendencia política, por el mismo hecho de que no es posible desligarse de la realidad nacional, pero para García esas reflexiones políticas deben tener relación con lo judicial. Así, las resoluciones se concretaron en denuncias en contra de la desaparición de la acción de protección y la expansión de la prisión preventiva que lo único que ha hecho es aumentar el número de presos sin sentencia en el país.

Después de cada resolución, el “templo sagrado” habitado esa noche por los abogados de Pichincha retumbó por los aplausos. Con capacidad de síntesis, Ramiro García empezó: “Hay que rechazar la injerencia de las instituciones gubernamentales en órganos de justicia. Exigir que el Consejo de la Judicatura garantice la independencia de los órganos judiciales y que dejen de ser el bazo armado del poder. Rechazar la forma impúdica en la que se ha manejado la facultad disciplinaria por parte de los órganos judiciales en contra de los abogados en libre ejercicio, por lo que se exigirá el archivo inmediato de los sumarios administrativos que pesan sobre los abogados”. Y todos aplaudieron y con aires de algarabía se levantaron de sus asientos. El éxtasis gremial bajo los ojos del Cristo.

Por unanimidad se creó la comisión que recepte los reclamos y quejas de los abogados; estará integrada por Yesica Jaramillo, Ciro Guzmán, Carlos Solines, Edgar Coral y otros. La necesidad de que la prensa publique lo que Ramiro García calificó como “salvajadas judiciales” fue considerado  fundamental para que la ciudadanía conozca la causa de los abogados; fue aquella una necesidad de generar opinión pública sobre lo que ellos llaman “la ignorancia y corrupción de los jueces nombrados a dedo” como si tanta inconformidad ya hubiera desbordado de las paredes del Colegio de Abogados.

Seguros de que el porvenir radica en el fortalecimiento de la organización y de la coalición de todos los gremios del país, a la Asamblea se la declaró permanente y “con la consigna de ser propositiva para desmentir al Presidente de la República", afirmaron. Para García la propuesta es básica: “saquen las manos (de la justicia) y déjennos laborar libremente”.

Cuando terminó el plenario la sala evangélica empezó a quedarse vacía. Uno a uno los abogados salieron a la obscuridad de la calle Arenas. Tan desolada quedó la sala, con las sillas casi perfectamente alineadas, que Cristo quedó vigilando el vacío. Afuera la tertulia continuaba y parecía que con ansias ya esperaran la próxima convocatoria, en el escenario que fuera.

No les permitieron reunirse en su alma mater; ahora los albergó una iglesia.