Un informe de 17 páginas, emitido por la Dirección Nacional de Auditoría de Telecomunicaciones, Conectividad y Sectores Productivos de la Contraloría General del Estado, con indicios de responsabilidad penal contra nueve personas, es el principal sustento del proceso en contra de Fernando Alvarado y la ex cúpula de la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom) durante el correato.

Este 23 de enero, a las 09h00, la Corte Nacional de Justicia los ha citado para una audiencia preparatoria de juicio. Eso, destacan desde su defensa, a pesar de que han presentado un recurso contra las medidas cautelares  de prisión preventiva que les fueron dictadas, y que debería ser atendido primero por la Corte. En esa audiencia, la Fiscalía deberá fundamentar cómo y de qué forma se habría cometido un peculado en la Secom en tiempos de Fernando Alvarado, el zar de los medios del correísmo. Aunque los abogados de los acusados habían formulado el recurso con la esperanza de que no pasaran la navidad en la cárcel, no lograron ser atendidos. La mayoría de los procesados están en el Centro de Detención Provisional, al norte de Quito. 

El "ministerio de propaganda"

La Secom de Alvarado, que para algunos opositores se convirtió en un ministerio de propaganda y adoctrinamiento de la población, al más puro estilo de los regímenes totalitarios, -no faltaron quienes vieron en Alvarado una suerte de versión tropical de Joseph Goebbels, el artífice de la propaganda nazi- fue la locotomora del llamado "Estado de propaganda" del correato, que se anunció como el antídoto al "Estado de opinión" de los medios de comunicación y como un fiel guardián de la peculiar interpretación que jueces y abogados correístas tenían del "Estado de derecho". 

La labor de la Secom era permanente. Obsesionado con desmentir cada afirmación que no era de su agrado, autoproclamado como depositario de la verdad absoluta, y en una supuesta cruzada civilizadora,  el ex presidente Rafael Correa dedicaba buena parte de su tiempo a replicar afirmaciones de políticos, periodistas, activistas y usuarios de redes sociales. Para ello, contaba con servicios de monitoreo de medios, de redes sociales y hasta de organizaciones políticas y sociales. Toda esa información era ventilada los días sábados en una presentación especial, los "Enlaces ciudadanos" que empezaron siendo una cadena de radio y televisión desde los salones del Palacio de Gobierno y terminaron convirtiéndose en un show con escenario, luces, tarima para cantantes, equipos de audio y varias cámaras, que el correato trasladada a  zonas del país y en las que Correa recurría a monólogos y disertaciones. 

Fernando Alvarado, ex secretario de la SECOM, está prófugo de la justicia. Foto: El Comercio

Para hacerlos más "amenos" los "Enlaces ciudadanos" conocidos como "sabatinas" incluían segmentos como "La Caretucada de la Semana", en donde se evidenciaban las contradicciones de críticos y opositores, o "La Libertad de expresión ya es de todos" en donde se cuestionaba sobre todo los enfoques editoriales de los medios de comunicación. Todo ello salpicado de explicaciones en Power Point en donde, con aire académico, Correa pretendía defender cada día de su gestión. Las Sabatinas eran transmitidas, sobre todo, por los medios audiovisuales al servicio del Gobierno, como los canales público y los que fueron incautados a los Isaías. 

Además de las sabatinas, el Gobierno imponía cadenas nacionales y puntuales a ciertos canales para aclarar o desmentir afirmaciones y enfoques que no le parecían adecuados. En varios de esos espacios, se acusaba a opositores de mentirosos, hipócritas, cínicos (caretucos como se dice en la Costa) cuando no de agentes de la CIA al servicio de Estados Unidos. 

A pesar de que durante la década correísta la Secom de Alvarado firmó decenas de contratos, por varios millones de dólares, para poner en marcha todo este aparataje propagandístico, la Contraloría ha puesto la lupa básicamente en dos: la contratación de un camarógrafo lojano —fallecido en un accidente de tránsito a principios de 2018— por USD 12000 y el convenio de pago suscrito con un consultora de comunicación por USD 52 000, es decir, por un monto total de USD 64 000. 

Los detalles del informe

El cinco de febrero de 2018, Galo Larrea, director nacional de Auditoría de Telecomunicaciones de la Contraloría, envió al contralor general del Estado, Pablo Celi, un oficio. Con el documento, pone en conocimiento del titular de la Contraloría un informe con indicios de responsabilidad penal realizado sobre los contratos de la Secom entre el 1 de junio de 2013 y el 24 de 2017, último día del correato.

En un cuadro aparte, el funcionario detalla los nombres de las diez personas que estarían involucradas en una infracción penal, que debe ser puesta en conocimiento de la justicia para su investigación. Encabeza la lista Fernando Alvarado, junto con Pablo Yánez, Juan Manuel Chiriboga, Víctor Erique, Vanessa Salgado, Marco Antonio Bravo, Galo Pacheco, Carlos Bravo, Javier Lemos y Elsa Vivanco Hidalgo. De los mencionados, Víctor Erique está muerto, por lo que solo quedan nueve procesados. Contra todos ellos se han emitido órdenes de captura por disposición de la jueza de la Corte Nacional que tramita la causa. El proceso se ventila en el alto tribunal por el fuero del que goza Alvarado, dado su rango de secretario nacional, similar al de un ministro de Estado. Actualmente, se encuentran prófugos Alvarado y Vivanco, arrestados Chiriboga, Pacheco, Salgado, Lemos y los hermanos Bravo. Con medidas sustitutivas se encuentra Pablo Yánez, pues decidió ofrecer una "cooperación eficaz" en el caso a la Fiscalía. 

El paradero de Alvarado es desconocido, aunque según medios digitales estaría escondido en Venezuela, bajo la protección informal del Gobierno chavista. Tampoco se conoce en donde se encuentra Elsa Vivanco. 

Pero los abogados y las familias de los procesados rechazan las acciones legales en su contra. Fernando Alvarado, quien se evadió del país el año pasado, sostuvo que no hay elementos para acusarlo de peculado por dos contratos que siguieron los procedimientos de ley. Los hermanos Marco y Carlos Bravo Segovia, dos comunicadores que fueron clave en algunas de las operaciones mediáticas del correato, fueron a entregarse a la justicia, pero alegan también que no tienen qué ver con el caso. Para Marco Antonio Bravo, él no tiene responsabilidad porque el contrato que se observa se suscribió cuando ya había dejado la Secom. Carlos Bravo, en cambio, nunca fue funcionario de la Secom, pero sí era contratista por medio de Gota Azul, una empresa de servicios comunicacionales que tenía un contrato de USD 180 mil para la producción de las cadenas y los reportajes de Correa en sus sabatinas. Varios testigos afirman que Carlos Bravo tenía una oficina en edificios de la Presidencia y la Secom durante casi toda la década correísta a pesar de que no era funcionario público. 

Los otros sindicados son funcionarios administrativos de la Secom, que estuvieron involucrados en una u otra etapa de las dos contrataciones observadas. 

¿Cómo se habría cometido el peculado?

Aunque es la Fiscalía la que debe probar el supuesto delito, algunos de los indicios de qué podría haber ocurrido se encuentran en el informe de la Contraloría.

En sus conclusiones, la Contraloría precisa que Pablo Yánez, en su calidad de subsecretario de Comunicación, contrató al fallecido camarógrafo lojano Víctor Hugo Erique, bajo la modalidad de servicios técnicos como técnico en audiovisuales. Para la Contraloría, se omitió fijar términos de referencia en donde conste "el perfil del profesional". El primer reparo de la Contraloría es que Erique era solo bachiller y por tanto no "un profesional" en la rama de televisión. A esto, la defensa de los procesados replica que, precisamente por eso, no se le contrató como "servicios profesionales", sino como "servicios técnicos", pues Erique no contaba con un título universitario en televisión. De su lado, Fernando Alvarado ha destacado que Erique era un camarógrafo con amplia experiencia, que se había dedicado al oficio periodístico y estaba plenamente calificado para lo que debía hacer: producir tomas en las provincias del sur del país y enviarlas a Quito para su uso en la Secom. Pero ahí hay un nuevo reparo de la Contraloría: en los propios documentos de reporte de labores de Erique queda claro que él no coordinaba su trabajo con la Secom, sino con el contratista y hermano de Marco Antonio Bravo, Carlos Bravo, y que entrega su material a la empresa de Carlos, Gota Azul. Para la Contraloría, esto significó que aunque la Secom, con dinero del Estado, pagaba por los servicios de Erique, quien realmente recibía las tomas era Gota Azul de Carlos Bravo. El presunto perjuicio, entonces, sería de USD 12.000.

En el otro caso también la Contraloría involucra al otro hermano Bravo, en este caso, a Marco Antonio, quien ejercía como Subsecretario de Innnovación y Nuevos Medios. Marco Antonio, destaca la Contraloría, solicitó a Pablo Yánez que se contrate a la firma Satré para una consultoría para el mejoramiento de los enlaces ciudadanos. En varios de los documentos de respaldo aparece una firma que no es la de Bravo, por lo que la Contraloría desconoce qué persona tenía las atribuciones para suscribir documentos institucionales. Para la Contraloría, no se fundamentó la legalidad, veracidad y propiedad del pago de USD 52.000 para la empresa Satré. 

Las estrategias de los defensores

Para los abogados defensores, el informe presentado por la Contraloría presenta impresiones. Su estrategia apunta a fundamentar su alegato en esas impresiciones y en destacar que los nombres de los procesados ni siquiera constan en el documento.  Además, en el caso de Satré, buscan atribuir toda la responsabilidad de las presuntas irregularidades a la Secom y sus funcionarios, alegando que la contratista cumplió con todos los requisitos que le exigieron y entregó el producto de su trabajo, como destaca el abogado de la empresa, Felipe Rodríguez. 

Por ello,  los abogados llamaron a declarar en la Fiscalía, que investiga el caso, a Galo Larrea, el funcionario de la Contraloría que suscribió el informe con indicios de responsabilidad penal. Interrogado por la abogada Gabriela Maldonado, en representación de Elsa Vivanco, la principal de Satre, Larrea declaró que es economista de profesión y que los criterios que se usan en la Contraloría para determinar los indicios de responsabilidad penal sin básicamente dos: que haya una falta a la ley que provoque un deterioro del patrimonio estatal, o que se constate una adulteración documental. En su interrogatorio, la abogada de Vivanco cuestionó al auditor de la Contraloría sobre quién es el responsable de un convenio de pago, si la contratante o el contratado. El auditor admitió que la contratante. 

De su lado, Carlos Soria, abogado de Javier Lemos, otro de los funcionarios de la Secom involucrados en el caso, y quien es señalado por haber firmado el convenio de pago con Satré, cuestionó al auditor. Larrea declara ante la pregunta del abogado de Lemos: "En las conclusiones del informe se encuentran expresamente especificados los hechos y no consta el señor (Lemos)". Sin embargo, el auditor declaró que, como consta en su informe, las firmas de los documentos de respaldo del contrato con Satré no son de Marco Antonio Bravo, aunque no precisa de quién son. 

José Charry, abogado de Carlos Bravo, cuestionó que sean los auditores quienes determinen si hay indicios de responsabilidad penal o no. Carlos Alvear, abogado de Fernando Alvarado, interrogó al auditor sobre cuáles serían los indicios de responsabilidad penal contra Fernando Alvarado, y el auditor se limitó a contestar que Alvarado había delegado a sus subsecretarios sus atribuciones para la firma de contratos. Para la defensa de Alvarado, es evidente que no fue el ex titular de la Secom el responsable, pues su firma no aparece en ninguna de las dos contrataciones cuestionadas, aunque el auditor Larrea cree que, al delegar sus funciones, no ha dejado de ser responsable de ellas. 

Marco Freire, el abogado de Marco Antonio Bravo, cuestionó los motivos para incluir a su cliente, a lo que Larrea respondió que se ha podido comprobar una suplantación de firmas en el contrato de Satre sin explicación. 

Los hechos deberán ventilarse el próximo 23 de enero, en la audiencia preparatoria de juicio, que tendrá lugar en la Corte Nacional de Justicia.

ACTUALIZACIÓN

La Fiscalía informó el 11 de enero de 2019 que "al no encontrar elementos de convicción suficientes" presentó a la Corte Nacional "dictámenes abstentivos" a favor de Marco Antonio Bravo, Vanesa Salgado, Elsa Vivanco, Javier Lemos y Juan Chiriboga. Sin embargo, el proceso continúa para Fernando Alvarado, su ex subsecretario, Pablo Yánez, Galo Pacheco y el contratista de la Secom, Carlos Bravo, de la empresa Gota Azul. Ellos deberán comparecer a la audiencia preparatoria de juicio el 23 de enero.