De a poco se empieza a conocer en detalle el uso de los fondos destinados para el terremoto del 16 de abril de 2016, que dejó 671 muertos y más de 6.500 familias afectadas. Un informe de la Contraloría evidencia que con el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se compraron bienes que no corresponden para una emergencia, entre ellos alfombras, snacks o  juego de vajillas para una casa modelo.

Pero también registra que no hubo coordinación entre las entidades públicas para la entrega y compra de kits alimenticios para los damnificados. Los resultados: comida embodegada por meses, compra de raciones con productos cercanos a su fecha de caducidad, bebidas caducadas y vituallas en situaciones insalubres. Asimismo hubo compras de prendas militares o de salud que llegaron tres meses después del terremoto o que simplemente no se usaron.

El análisis de la Contraloría es a las compras que se efectuaron con el préstamos del BID  y a las donaciones entregadas entre el 16 de abril y 21 de julio de 2016. El crédito del BID era por USD 300 millones.  El monto examinado fue de USD 45.590.000 transferido a seis ministerios: Defensa, Salud, Inclusión Económica y Social, Interior, Coordinador de Seguridad y a la Secretaría de Gestión de Riesgos.

Pero el informe es un largo retrato de la falta de transparencia de información. En casi todos los casos, la Contraloría se queja por la “entrega extemporánea de la documentación” o simplemente que no hubo respuesta a sus peticiones. Esto incluso limitó el alcance del examen del ente de control.

El terremoto dejó 671 muertos y más de 6.500 familias afectadas. REUTERS/Guillermo Granja

Un fondo para 'snacks'

La Contraloría en su informe detalla los gastos que se hicieron con el denominado "Fondo Rotativo" que estuvo a a cargo de la Coordinación Financiera del Ministerio de Defensa. El fondo fue creado en la entidad para la solución de imprevistos durante la emergencia. El monto asignado a ese fondo fue de USD 300.000, de los cuales la Contraloría analizó el uso de USD 4.921. Aquí se hallaron las siguientes novedades:

● “Con cheque 0001 de 20 de abril de 2016 se entregó a la Analista de Despacho USD 1.000, de los cuales presentó facturas por USD 334, 40 por concepto de alimentos, 73 porta documentos, 2 flash memory y 100 vasos plásticos, sin que se evidencie que la diferencia del valor entregado haya sido reintegrada a la institución”.

● “Con cheque 002 de 28 de abril de 2016 se entregó  a la Analista de Despacho USD 3.350, de los que la servidora presentó varias facturas por la totalidad del valor que recibió, gastos relacionados con el servicio de transporte  e insumos logísticos, sin que se especifique en qué consistieron los insumos adquiridos”.

● “Con cheque 005 de 16 de mayo de 2016 se entregó  a la Analista de Despacho USD 571, quien presentó facturas por la totalidad del valor entregado, por la adquisición de víveres para la alimentación de los grupos brigadistas que se trasladaron a los albergues; sin embargo, en la descripción del gasto, constan, entre otros, snacks (pringles original, manicho en barra, snob pepinos, shullo semilla, milo), hielo, hielera térmica y stevia life”.

La Contraloría señala que en Defensa no se "implementaron controles" para verificar si los recursos fueron destinados para la emergencia, ni se presentó el detalle de las personas que recibieron tales recursos.

Una imagen de la tragedia del 16 de abril de 2016 en Canoa. REUTERS/Henry Romero

Prendas que llegaron hasta tres meses después

El 2 de mayo, el Comandante General de la Fuerza Terrestres autorizó la contratación de prendas de protección como gafas, guantes, coderas, rodilleras y mascarillas. El contrato fue por un monto de USD 662.500. La Contraloría detectó que las prendas no se entregaron a tiempo, incluso algunas llegaron 49 días después de concluido el plazo y 110 días después del terremoto. La entidad de control cuestionó al Ejército por no efectuar gestiones para que el contrato se cumpla.

Otro contrato por USD 664.200 fue objetado. Este tenía el propósito de adquirir 4.000 mochilas para hidratación marca Camelback o a un costo unitario de USD 145; 735 cinturones antilumbago y 5.300 linternas. El contrato se firmó con la compañía Americaswat Store el 6 de mayo de 2016. Los cinturones llegaron con un día de retraso de la fecha de entrega; las linternas con 47 días de retraso y las ‘camelback’, 106 días después.

La entidad militar argumentó que la empresa era la única autorizada para la importación de las ‘camelback’. En un oficio del 15 de junio, la compañía pidió una prórroga por 60 días porque la aerolínea no quiso transportar las 5.300 linternas que contenían baterías recargables, consideradas como material peligroso. También el 25 de julio, la empresa sostuvo que hubo problemas de fabricación en las ‘camelback’ porque “la tela que se utiliza para el Ejército ecuatoriano es única y exclusiva, pero que ya no se encuentra en el mercado”. Carolina Flores, gerente de la empresa, informó a Plan V que efectivamente la tela con el tipo de pixelado que requería el Ejército estaba descontinuado en la empresa Camelback, con sede en Estados Unidos. La mercadería finalmente fue entregada con más de tres meses de retraso, pero en ambas contrataciones se cobraron las multas por la demora.

El precio de las ‘camelback’ también llamó la atención a la Contraloría. En la proforma referencial su valor estuvo contemplado en USD 60. Mientras que el costo final fue de USD 145. Y aunque el presupuesto inicial para la compra no varió, sí disminuyó de 6.000 a 4.000 el número de total de esos equipos. El aumento significativo del precio y el uso de proformas antiguas para los equipos fueron otras observaciones.

Alfombras para una oficina ministerial en Pedernales

Interior es otro Ministerio que no tiene, según la Contraloría, un registro de los lugares a donde fueron los bienes adquiridos para la emergencia con los USD 78.121, 63 transferidos para compras de menor cuantía. Hasta el 30 de septiembre de 2016 aún no tenían respuesta.

Pero la principal irregularidad que encuentra es que con USD 46.764,01 - de los USD 78.121 iniciales- se adquirieron bienes que “no corresponden a situaciones de emergencia”. Cita los siguientes:

● Velas para ceremonia en Pedernales

● Cocinas y juego de vajillas para la casa modelo

● Desodorante

● Instalación de alfombras en la oficina de Pedernales del Ministerio del Interior

● Limpieza

● Ropa de trabajo para los comerciantes del mercado de mariscos

Ninguno de estos cumplía con las especificaciones de los gatos para una emergencia que son los relacionados con alimentos, víveres, medicinas, movilización, hospedaje, vituallas, manje mínimo de casa y ropa para la población vulnerable.

Alimentos embodegados

La Contraloría también halló inconsistencias en la adquisición de los kits de alimentos. Dice que no hubo coordinación entre el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y el Ministerio Coordinador de Seguridad y las Fuerzas Armadas.

Es así que el MIES, hasta el 21 de julio de 2016, había suscrito 15 contratos para la compra de kits de alimentos, aguas, vasos, cucharas, entre otros, por USD 7.777.943,56. Los principales fueron suscritos con la Corporación La Favorita, quien obtuvo un contrato por USD 4.917.600 y las Tiendas Industriales Asociadas TÍA, que firmaron cinco contratos por un valor total de USD 2.317.681,66. También se compraron raciones a Santa Ana Arboleda por USD 375.000. Entre los tres, el MIES adquirió un total de 60.000 kits, como lo dispuso el presidente Rafael Correa con el objetivo de mantenerlos en reserva y garantizar los envíos diarios a los damnificados.

La Contraloría afirma que no encontró registros con el ‘stock real’ de las donaciones, antes de la negociación de la compra de los nuevos kits. “Información relevante que debió ser considerada para la toma de decisiones previo a ejecutar las adquisiciones, lo que permitió que existan falencias en su almacenamiento y distribución”.

La principal consecuencia fue que los productos adquiridos no habían sido distribuidos a las zonas del desastre. Entre el 10 y 13 de junio pasado, casi dos meses después del terremoto, la Contraloría halló en seis centros de acopio un total de 72.176 kits sin entregar. Estos centros, ubicados en destacamentos militares de Quito, Guayaquil y Manta, fueron habilitados ante la falta de espacio en las zonas del desastre, según las FF.AA.

Esto motivó a que los auditores de la Controlaría solicitaran a las Fuerzas Armadas la entrega de esas raciones. El 23 de junio de 2016 se dispuso el envío de 61.992 kits a zonas rurales. Muchos de estos kits, incluso contenían alimentos por caducarse, como se detalla en el gráfico 2. La alerta salió del mismo Ejército. El Comandante Logístico 25 Reino de Quito informó al Comandante del Comando Administrativo y Logístico de la Fuerza Terrestre de esta novedad, el 17 de junio de 2016. El Ministerio Coordinador de la Seguridad salió al paso de la denuncia: “En el listado que consta en la comunicación, no figuran productos ya caducados, es decir, los productos alimenticios pudieron ser entregados y consumidos por los destinatarios finales con la debida oportunidad”.

Mientras que el MIES responsabilizó a las Fuerzas Armadas por el manejo de los centros de acopio. Pero en su informe, la Contraloría argumenta: “Los puntos de vista expuestos por los servidores no son compartidos por el equipo de control, debido a que las FFAA se hicieron cargo de los centros de acopio operacionales construidos para atender a los damnificados, de las labores de acopio, logística, transporte y distribución de la donaciones recibidas a nivel nacional e internacional, así como, de los bienes adquiridos por las entidades del sector público, a partir del 22 de abril del 2016; mientras, que los servidores del MIES fueron responsables de los centros de acopio, desde el 16 al 22 de abril, por lo que debían tener conocimiento de las donaciones existentes, previa la  compra de los kits alimenticios; además, si había un alto número de donaciones, éstas debieron ser entregadas prioritariamente a los damnificados y en forma posterior efectuar las adquisiciones de los kits alimenticios, evitando que sean embodegados y distribuidos posteriormente, después de la verificación efectuada por el equipo de control, por lo que el comentario se mantiene”.

Donaciones deterioradas

Una muestra de esta falta de coordinación y acción estuvo en el Centro de Acopio Esmeraldas. Al 2 de junio de 2016, un mes y medio después del terremoto, esta bodega contenía aceite, arroz, granos secos, fideos, panela, galletas, cereal, paquetes individuales de fécula de maíz, atún, sardina, granos enlatados, barras energéticas,compotas, papel higiénico y pañales “expuestos a un deterioro acelerado”. Se encontraban en “el sueño, abiertos y sin considerar medidas de higiene y salubridad”. Otros hallazgos: 187 pacas de cola habían caducado el 5 de mayo de 2016. Estas colas fueron desechadas, según una comunicación de los militares encargados a la Contraloría.

Chalecos y buzos para embodegar

Otra compra cuestionada fue la de 500 chalecos y 1.000 buzos de color blanco a cargo del Ministerio de Salud por un valor de USD 25.750. Estas prendas estaban distenadas al personal del Ministerio que fue a las zonas del terremoto.

En el análisis de estas adquisiciones se llegó a determinar que después de la compra se quedaron en bodega 373 chalecos y 200 buzos. En este caso tampoco actas de recepción y entrega, ni el registro del destino de las prendas. La Directora Nacional de Talento Humano de Salud no emitió un informe al respecto, hasta septiembre de 2016.

Productos estancados en aduanas

Al 27 de junio de 2016, existían aún en aduanas 381 bultos enviados por distintos países, con un peso total de 66.233 kilos. Los paquetes fueron enviados a la Secretaría de Gestión de Riesgos y sus funcionarios no habían hecho los trámites oportunos de desaduanización, según la Contraloría. Se registraron hasta 71 días de demora. La Secretaría, en su descargo, aseguró que el arribo de las cargas no fueron notificadas oportunamente  y “que los tiempos de liberación corresponden a los promedios históricos que mantiene la SENAE (Servicio Nacional de Aduana del Ecuador) para este tipo de procedimientos”. Adujo que existieron demoras ajenas al trabajo realizado en esta dirección y que esto no produjo un perjuicio económico al Estado.

Pero la Contraloría se mantuvo en sus críticas y agregó que durante el primer mes del terremoto la desaduanización se realizó de forma oportuna, algo que no ocurrió en los meses posteriores lo que provocó que las donaciones queden a la intemperie y sin que llegaran a los damnificados.