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17 de Febrero del 2020
Historias
Lectura: 22 minutos
17 de Febrero del 2020
Redacción Plan V
Los altos y bajos de la primera semana del juicio por Sobornos
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Foto: Plan V

Los jueces Iván Saquicela, Iván León y Marco Rodríguez deberán decidir sobre la suerte de 21 procesados. León ha impuesto un estilo bromista, pero en algunos momentos ha incomodado a las partes.

 

Un intercambio de sarcasmos, reclamos, acusaciones y risas se ha visto en el juicio por el caso Sobornos 2012-2016. Tanto los jueces, como la fiscal y las defensas de los 21 procesados protagonizaron algunos episodios durante la diligencia. A la Fiscalía solo le tomó dos semanas presentar su prueba testimonial y documental. Prescindió de 132 testigos y aseguró que con ese material confirmó su teoría. Los acusados creen que esa decisión fue porque “el caso se está cayendo”.
¿Ya está descansadita señora Fiscal?, ¿ya dio un salto de alegría?”, le dijo el juez Iván León a la fiscal general Diana Salazar. Era la tarde del martes 11 de febrero y el segundo día de la audiencia de juicio contra el expresidente Rafael Correa, sus exministros y exfuncionarios más cercanos, y 11 empresarios.
 
Ese martes fue un día de batalla, de lado y lado, en uno de los juicios más polémicos y mediáticos que ha puesto a un exgobernante ecuatoriano ante el más alto tribunal penal. Todo comenzó cuando la Fiscalía llamó a sus testigos y peritos. El primero fue el capitán Fausto Fuentes. Solo su testimonio e interrogatorio duró tres horas, en medio de una lucha de objeciones a las preguntas entre la acusadora y las defensas. Fuentes elaboró el parte policial que recogió el tuit publicado por el portal Mil Hojas el 3 de mayo de 2019 sobre la investigación periodística del caso que derivó en este proceso judicial. 
 
 
El juez León, quien conduce la audiencia, lanzó ese comentario a la Fiscal —que sonó más a burla— para bajar la tensión que había dejado la jornada de la mañana. Lo hizo antes del interrogatorio al perito William Castro, quien expuso su informe sobre una de las pruebas principales de la Fiscalía: los llamados archivos ‘Verdes’.
 
Este es el segundo juicio que enfrenta Correa. El primero es por el caso Balda. 
Estos documentos fueron hallados en los equipos que usó Laura Terán, exasesora de Pamela Martínez y otra de las procesadas, en la Presidencia. Los archivos ‘Verdes’ son básicamente hojas de cálculo de Excel con la lista de los empresarios que aportaban a Alianza País, sea en dinero en efectivo o por cruce de facturas, y los funcionarios que recibían o estaban encargados de recolectar los fondos. Y todo esto bajo un sistema de códigos como SP (Rafael Correa), VA (Vinicio Alvarado), etc. De todos ellos, el archivo más grande y completo se llama ‘Verde final’. 
 
El perito contó cómo hizo el análisis forense de estos datos. Con un power point bien diseñado y con efectos de movimiento, el experto explicó que la extracción no fue manual sino informática. “Se ingresa a un sistema que mantiene la integridad de la información”, dijo. Castro leyó por un par de horas el resultado de su análisis informático.
 
Pero en el interrogatorio volvió la tensión. La fiscal Salazar pidió al perito que se coloque en una página específica del archivo ‘Verde final’. Algo que las defensas rechazaron de inmediato porque —dijeron— el testimonio debe ser oral y no leído. Las preguntas de la fiscal que estaban orientadas a que el perito leyera nombres, empresas y montos allí señalados, perdieron la batalla ante las incesantes objeciones de las defensas. “Vamos a tener que desarrollar las 5.000 páginas del informe”, dijo molesta la fiscal.

La fiscal Diana Salazar dijo que mantendrá en reserva su estrategia durante el juicio. Eso ante el pedido de uno de los abogados para que la Fiscal entregue una lista con el orden en que serán llamados sus testigos. El juez Saquicela defendió esa posición.

El atropellado interrogatorio avanzó solo cuando el juez permitió al perito leer las partes del documento que requería la Fiscal y él mismo hizo un par de consultas al experto. En otro momento, la fiscal pidió al perito que leyera las facturas de AP. Esa pregunta tampoco fue calificada —es decir aprobada— por el magistrado. “¡Le ruego señor juez!”, manifestó Salazar en un momento de evidente malestar y frustración. Finalmente se leyeron algunas partes del documento como el registro de egresos para pagar una fiesta de cumpleaños de Correa. “Parece que el tema de celeridad no cuenta para la Fiscalía”, comentó el juez en la sala.

En su turno, los abogados se enfilaron contra los documentos ‘Verdes’ para cuestionar su legitimidad. Marcelo Dueñas y Harrison Salcedo, defensores de Christian Viteri y Jorge Glas, respectivamente, anunciaron que se asesoraron con expertos informáticos para hacer sus preguntas. Dueñas buscó evidenciar supuestas alteraciones en los archivos. En un momento de la diligencia, pasó junto a la pantalla que proyectaba el informe del perito para demostrar que ese documento no mostraba los archivos originales sino las hojas con la numeración del proceso. El perito dijo que no fue objeto de su pericia saber si fueron o no alterados los archivos. Salcedo usó varios términos técnicos que el perito no entendió. Mientras que Diego Correa, abogado de María de los Ángeles Duarte, quiso demostrar que en dos hojas del proceso, aunque tenían la misma fuente, las siglas que aparecían eran distintas. También preguntó sobre la última fecha de modificación de los documentos. “Los archivos y el perito dicen que la última modificación fue del 2016, ¿cómo pueden basarse en unos archivos del 2016?”, dijo Duarte después en rueda de prensa.

Ni las bromas ni los comentarios amistosos del juez León hicieron efecto en la audiencia. Es más, cuando el juez pidió un día después a la Fiscal “buen ánimo”, ella respondió con un comentario  —que no pudo ser escuchado por la audiencia— de visible molestia. El juez León no solo ha incomodado a la parte acusadora sino a la defensa y a sus propios compañeros jueces. Se refirió como “niña” a la abogada de Alexis Mera, María del Mar Gallegos, quien es la más joven de los abogados de las partes. Y el juez Iván Saquicela se opuso a la intención de León de alargar ese martes —de batalla— hasta la madrugada.


El voluminoso proceso tiene más de 700 cuerpos. La fiscal Diana Salazar llamó a más de 100 testigos y peritos.

Un resbalón no es caída 

Si tuvo un resbalón el día anterior, el siguiente se recuperó. La fiscal presentó dos testigos que confirmaron y detallaron una de sus tesis base: el cruce de facturas. El empresario Jean Pierre Michelet contó que su empresa audiovisual Octavo Arte fue contactada por UMA para el desarrollo de un comercial. Ese trabajo fue pagado con un cheque por USD 19.000 de la empresa Metco, con la cual no tenía ninguna relación. La factura fue emitida en marzo de 2014. Confirmó además que UMA —relacionada con Vinicio Alvarado, exsecretario de la Administración— manejaba la parte creativa del anterior Gobierno.

Alembert Vera preguntó a un perito informático si el nombre de Iván Hurtado que apareció en los archivos 'Verdes' se refería a la gloria del fútbolnacional. La audiencia estalló en risas. 

Los abogados se apuraron a demostrar que esa transacción no hubo ningún ilícito. Paúl Ocaña, defensor del empresario Teodoro Calle, preguntó a Michelet si ese dinero fue en beneficio para su empresa. “Obviamente porque hicimos un trabajo y debemos cobrar”, respondió el testigo. Otros buscaron sacar del testigo si hubo o no algún tipo de coima en ese proceso. Alembert Vera, quien defiende a Walter Solís, le consultó si alguien le solicitó dinero para obtener ese contrato. “No para nada”, respondió Michelet. Esas respuestas, sin embargo, fueron aplaudidas por la defensa del empresario Rafael Córdova, de Metco. “Felicito al testigo. Dijo todo lo que queríamos escuchar”.

Esa frase fue contestada más tarde por la Fiscal en el interrogatorio a su segundo testigo del día. “Gracias, muy buen testimonio”, dijo Salazar a Mario Javier Benavente, gerente de Mccann Erickson. Afirmó que en 2014 la Secretaría de la Administración Pública (SNAP) lo contrató para tres servicios de publicidad. El objetivo era colocar propaganda referente al Yasuní en medios nacionales. Benavente narró que por ese trabajo le pagaron USD 240.000 dólares por el mes que duró la campaña. Contó que la SNAP le informó que el pago lo haría la empresa Equitesa, del empresario Pedro Verduga, como efectivamente se hizo. Los desembolsos se hicieron con tres cheques, dinero que a su vez fue para los distintos medios que difundieron la publicidad. La defensa de Verduga se limitó a preguntar si conocía al empresario procesado, a lo que  Benavente respondió que “no”.

Chats y correos, expuestos bajo reserva

El juez León, hasta el lunes 17, sacó en cuatro ocasiones al público de la sala de audiencia durante la presentación de las pericias de chat y correos con el fin de mantener la “intimidad” de las comunicaciones de las partes involucradas. Dos de esos informes contenían conversaciones de Alexis Mera. Aunque la fiscal Salazar dijo, este lunes, que no se leerán los correos, finalmente el juez mantuvo su decisión.

Pero el miércoles pasado, mientras el público abandonaba la sala, otra disputa se encendía. María del Mar Gallegos, abogada de Mera, contó a Plan V que su reclamo se debió a que ningún tipo de mensaje fuera de lo que se está buscando en el proceso puede ponerse en el conocimiento de las partes porque es privado. Hacer lo contrario, asegura, es una violación a la intimidad, según el artículo 5 del Código Penal Integral.


La abogada María del Mar Gallegos defiende a Alexis Mera. Dice que su trabajo está apegado al derecho penal y no a la política. Foto: PlanV
 

El viernes 14 de febrero, los jueces Iván León, Marco Rodríguez e Iván Saquicela volvieron a estar al frente del juicio. Esto luego de que un tribunal de la Corte Nacional negara el pedido de recusación presentado por Fausto Jarrín, abogado de Correa. Al final de esa audiencia, los jueces se abrazaron y se dieron la mano.

“Nos causaba ruido que se revelen conversaciones personales entre cliente y abogado o cualquier conversación personal”, afirmó la jurista en referencia a Mera, quien es el procurador judicial de Correa. Es por eso que Gallegos solicitó al juez que se lea la orden judicial con la que se autorizó la extracción de las conversaciones de Mera. Estas fueron halladas en un celular que le fue incautado al ex secretario jurídico de la Presidencia, durante el allanamiento a su casa de en mayo de 2019. El documento fue encontrado y leído, y este mencionada que fue un pedido, a su vez, de Fiscalía. Entonces la abogada pidió que se exhiba la solicitud de la Fiscal. “Ahí debió haberse especificado en relación a qué estoy buscando y qué conversaciones estoy buscando”. Pero el juez no dio paso a ese requerimiento.

A petición de la Fiscal, el perito leyó 11 hojas del informe. Entre estas estaba las conversaciones de Mera con un señor Omar, Rosana Alvarado y Rafael Correa. Uno de los chats que se leyó fue el siguiente: 

-Mera: “Poco de pendejos que creen que Solís es inocente, el mejor Lenin, Rafael y Jorge cojudos o se hacen…”.
-Alvarado: “No sé por qué el presidente Correa se siente atacado cuando de WS se trata”.
-Mera: “Son agendas políticas. Ya te contaré”. 

Hace cinco meses esas conversaciones fueron difundidas por los medios de comunicación porque los chats eran parte de un proceso público para ese entonces. ¿Por qué no se impugnó en ese momento? La abogada Gallegos sostiene que, en esta etapa de juicio, es el momento de rechazar esa prueba. Asimismo, dijo, hizo notar al juez que las fecha de esos chats era de 2017, cuando el proceso solo abarca a lo acontecido entre 2012 y 2016. En el contra interrogatorio, le preguntó al perito si encontró las palabras ‘servicios jurídicos verdes’, ‘campaña electoral’ u otro elemento relacionado con el caso. “No había nada”.

Un juicio virtual se desarrolla en redes 

La fiscal Salazar tiene la habilidad de enviar mensajes y leer tuits mientras interroga a sus testigos. También puede emitir órdenes al equipo que la acompaña. Decenas de personas, entre fiscales de alto perfil y asesores de comunicación, pasaron en la sala conjunta a la audiencia de juicio. Desde el primer día de la diligencia, la Fiscalía apostó por una nueva estrategia de difusión en redes sociales. Sus tuits no solo estuvieron acompañados por la tradicional foto, sino por láminas con resúmenes de las intervenciones de testigos y peritos. También publica videos con el resumen de cada día de audiencia. Algo no visto en otros procesos judiciales. El trabajo se extiende hasta las altas horas de la noche que ha durado la audiencia.

María de los Ángeles Duarte se sumó a las otras figuras del correísmo para atacar el proceso. 

Esa presencia en redes sociales no es casual. Si la Fiscalía resalta por su lado los testimonios que, según dice, refuerzan o confirman su teoría del caso, por el otro, abogados e incluso procesados la desmienten. Desde antes del juicio, Rafael Correa y Alexis Mera han hecho una campaña para atacar el proceso. El primero, desde la clandestinidad, y el segundo desde su casa donde pasa el arresto domiciliario, han difundido documentos y reforzado sus discursos de inocencia absoluta en el caso. Pero otros personajes también han salido a esa carrera. Por ejemplo, María de los Ángeles Duarte, otra exministra procesada, publicó el viernes pasado correos de Laura Terán, procesada y testigo protegido, supuestamente enviados al portal La Fuente desde el computador de Terán, cuando ella estaba en la cárcel. Ese papel lo anticipó en rueda de prensa, el pasado martes, donde Duarte aseguró que el caso es una estrategia que intenta inhabilitar a Correa para las próximas elecciones. 

La última semana ha reactivado a los seguidores de Correa y también a los llamados ‘trolls’ que siguen la línea de los ex altos funcionarios hoy procesados. Todo tuit que pueda mostrar una debilidad en la acusación fiscal es reenviado cientos de veces. Asimismo, funcionarios de la Fiscalía hacen un permanente monitoreo de que lo sucede en redes sociales.

Actualización 21/02/2020
Una semana intensa durante la prueba de la Fiscalía

En la segunda semana del juicio, la Fiscalía concluyó con la presentación de su prueba testimonial y documental. De los 166 testigos que anunció, solo llamó a comparecer a 34 testigos y peritos, entre los que se cuenta los testimonios anticipados de Laura Terán y Pamela Martínez. Asimismo presentó 100 pruebas documentales. Según la fiscal Diana Salazar, ese material fue suficiente para comprobar su teoría del caso con la que sostiene que los 21 procesados han cometido el delito de cohecho.

Pero las defensas de los acusados tienen otra explicación para la terminación anticipada de la prueba de la Fiscalía. Según Marcelo Dueñas, abogado de Christian Viteri, esa decisión “evidencia un nerviosismo de Fiscalía de que sus testigos y peritos estaban fracasando y no estaban apoyando la teoría del caso. Creemos que el caso se está cayendo”. Esta semana hubo incidentes con dos testigos. Uno de ellos fue Ernesto Guerrero, representante de la empresa Ecosonido, quien en su versión en Fiscalía dijo haber sido contratado por Alianza País en el período 2012 a 2017 a fin de proveer tarimas, sonido, pantallas, luces, generadores, vallas en eventos que se desarrollaron a lo largo y ancho del país; los cobros fueron facturados a las empresas Hidalgo & Hidalgo y Sinohydro Corporation Limited. Pero ante el tribunal dijo “no recordar”. La Fiscal solicitó que se lo declare como testigo hostil. Guerrero fue retenido con custodia policial por un momento, pero luego los jueces lo dejaron ir después que se leyeran su versión y consideraran que no hubo perjurio.

Otra polémica surgió durante la comparecencia de la perito criminóloga, Alexandra Mantilla. Según sus conclusiones, la pericia científica estableció la existencia de una estructura criminal, integrada por funcionarios públicos y empresarios de alto nivel, que estaban distribuidos por niveles de operación: líderes, coordinadores y mensajeros. Dijo que la organización usaba una jerga delincuencial. Alembert Vera, abogado de Walter Solís, pidió que la perito sea retenida por perjurio por mencionar “estructura criminal”. Los jueces no dieron paso al pedido. Pero el expresidente Rafael Correa tuiteó contra ella: ¿En serio se lo creen? ¡Ya no hagan el ridículo! Su perito es tan “imparcial” que, entre otras cosas, se  pasa insultándome en redes. Hoy casi se vea presa, y pronto no tendrá donde esconderse, por el fraude procesal que ha cometido”. La perito, un día después en entrevista con Radio Visión, dijo que ella tomó un tuit de la cuenta ‘el cuentero de muisne’ para ponerlo en su estado de Whatsapp, no en redes. Sobre las críticas a su informe dijo que su encargo fue solo para establecer si hubo o no una estructura criminal, no para determinar un delito. Dijo que la estructura que perfiló se basa en el gráfico de Terán, en la versión de Martínez y en el archivo ‘Verde final’. “Yo no me lo inventé como quieren hacer creer a la ciudadanía”.

La Fiscalía presentó 135 facturas y aproximadamente 150 contratos, convenios de pago, invitaciones a participar en obras en procesos de contratación entre entidades del Gobierno y las empresas que han sido señaladas en el juicio. “No estamos hablando de 1.000 o 2.000 dólares sino de millones de dólares que fueron utilizados en la construcción de vías, por empresas designadas a dedo, porque eran contrataciones directas, evadiendo los controles”, dijo la Fiscal. Todo eso a cambio, agregó, de pagar los gastos del movimiento político Alianza País. La Procuraduría en una corta intervención, por su parte, presentó solo un testigo y se sumó a la prueba documental de la Fiscalía. Los abogados reclamaron porque consideraron que la institución, que actúa como acusador particular, no leyó las partes pertinentes de los documentos para que las defensas puedan contradecirlas. Durante la mañana del viernes 21 de febrero, los abogados reclamaron para que se respete el debido proceso.

La Procuraduría también ha establecido como reparación integral al Estado el monto de 23,3 millones para los 21 procesados. Los abogados pidieron que la Procuraduría detalle por cada acusado cuál sería el monto que les corresponde e informe cómo hizo el cálculo de la cifra.

La próxima semana, los abogados presentarán sus pruebas. Los jueces determinaron el orden de los procesados: el miércoles 26 le corresponde a Pedro Verduga, Teodoro Calle, Rafael Córdova, Ramiro Galarza, Víctor Fontana y Alberto Hidalgo. El jueves 27 a Christian Viteri, Édgar Salas, Viviana Bonilla, Jorge Glas, Rafael Correa y Alexis Mera. Y el viernes 28 a Walter Solís, Laura Terán, Pamela Martínez, María de los Ángeles Duarte, Vinicio Alvarado y Bolívar Sánchez.  Está previsto que varios procesados den sus testimonios, entre ellos están Glas, Verduga y Viteri. Verduga, de 81 años, viajará a Quito para su intervención, pese a los problemas de su salud, anunció su abogada.

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