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4 de Abril del 2024
Historias
Lectura: 12 minutos
4 de Abril del 2024
Redacción Plan V
Amenazas, demandas y postergaciones: la tónica del concurso para defensor público
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Andrés Fantoni asumió la presidencia del Consejo de Participación mientras continúa el concurso para defensor público. Foto: CPCCS

 

El concurso para elegir al defensor público en el Consejo de Participación Ciudadana ha estado marcado por incidentes. Esta semana concluyó la fase de impugnación contra los nueve finalistas. El candidato mejor puntuado, Rodrigo Frías, recibió una impugnación que apunta a la falta de probidad.


El concurso para defensor público, la primera autoridad de la institución que agrupa a los defensores de oficio en los procesos penales, avanza con lentitud, tropiezos, incidentes legales, amenazas anónimas y tensiones de todo tipo.

El cargo es clave porque el funcionario participa en la designación de los integrantes del Consejo de la Judicatura, para el periodo 2025-2031, mientras que la defensa penal pública se encarga de brindar patrocinio a procesados en causas penales, emtre los que están miembros de la mafia de bajo rango, que no pueden pagarse abogados particulares.

Esta semana, la Comisión que lleva adelante el proceso, en el seno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, logró cerrar la etapa de impugnación ciudadana, mientras en el pleno del Consejo estalló un conflicto político que llevó a la salida de Nicole Bonifaz de la presidencia y su reemplazo por Andrés Fantoni. Desde el anticorreísmo, se saludó la remoción de Bonifaz, a quien asocian con el correísmo, mientras que Fantoni fue identificado con simpatías por el PSC en Guayaquil, ciudad de la que es oriundo.

En sus primeras declaraciones, Fantoni anunció que una de sus prioridades será la renovación de la totalidad de los integrantes del Consejo Nacional Electoral, aunque dada la enorme cantidad de demoras y conflictos que se producen en los concursos, es poco probable que lo logren antes del inicio del próximo periodo electoral para los comicios presidenciales y de parlamentarios de 2025. 

Pero mientras en el salón plenario las disputas por el control del organismo continuaban, la comisión de selección abrió el proceso de impugnación ciudadana, del 27 de marzo al 3 de abril de 2024, exclusivamente en los siguientes casos:

  • Falta de cumplimiento de requisitos legales;
  • Falta de probidad o idoneidad;
  • Estar incursos en alguna de las prohibiciones e inhabilidades;
  • Haber omitido información relevante para postular al cargo; y,
  • Haber falsificado o alterado documentos para postular al cargo.

Al momento, hay nueve candidatos que pasaron a esta etapa del concurso: 

1.- Jorge Cristóbal Ballesteros Ballesteros
2.-  Rodrigo Daniel Frías Toral
3.-  Margarita Virginia Gualotuña Cruz
4.-  Byron Javier Guillén Zambrano
5.-  Ricardo Wladimir Morales Vela
6.-  Wilson Guillermo Ortega Caicedo
7.-  Inés Maritza Romero Estévez
8.-  Jorge Aníbal Torres Farinango
9.-  Yolanda Magdalena Yerovi Nogales

Al cierre del plazo, se conoció de por lo menos una impugnación, presentada en contra de Rodrigo Frías, un abogado contra el que se han hecho publicaciones en redes sociales una serie de acusaciones.

Un concurso repleto de incidentes

Aunque el fracaso del sistema de designación  de autoridades no electas por medio de concursos públicos, es casi un consenso entre sectores políticos y sociales, el gobierno de Guillermo Lasso no logró ningún apoyo en su consulta popular para su intención de desmontarlo y convertirlo en un concurso realizado de manera pública en la Asamblea Nacional.

El actual concurso, que inició en mayo de 2022, con la expedición de un reglamento, tuvo un extremadamente largo y complicado proceso de conformación de la Comisión Ciudadana de Selección, integrada en parte por funcionarios públicos y en parte por personas que se pueden postular para ello desde la sociedad civil. El 20 de octubre de 2022 se posesionó una primera Comisión de Selección, que abrió la fase de admisibilidad entre diciembre de 2022 y enero de 2023. En esta etapa, por lo menos 40 postulantes fueron inhabilitados por falta de suficiente documentación. 

En marzo de 2023, una primera Comisión de Selección convocó a los profesores de derecho que deben elaborar un cuestionario para los postulantes, pues siguiendo el modelo escolar que caracteriza a los concursos del Consejo, se realizan exámenes escritos a los postulantes con un banco de preguntas que elaboran los profesores, y además se les toma una prueba oral. Para el 28 de marzo, se había convocado al examen escrito, pero en lugar de asistir, uno de los postulantes recurrió a un recurso judicial. Para no perder la costumbre, contra ese primer intento de tomar una prueba escrita a los postulantes se pidió y obtuvo, en una unidad judicial de provincia en la Costa, una acción constitucional que ordenó la suspensión de dicho proceso, alegando violaciones de derechos. Esto suspendió la prueba oral prevista para el 31 de ese mismo mes. 

En marzo de 2023, un juez del cantón Montecristi, en la provincia de Manabí, concedió medidas cautelares a uno de los participantes y dispuso suspender el primer intento de tomar el examen escrito a los postulantes. En febrero, otra Unidad Judicial había concedido en Quito otra acción contra la Comisión y el concurso. 

Para el 11 de abril, el Pleno, en la fugaz presidencia de Gina Aguilar, decidió cesar a la primera Comisión de Selección, que había fracasado en tomar el examen escrito y acumulaba recursos legales y denuncias administrativas en su contra por no haber cumplido ciertos plazos y por la designación del notario titular y suplente del proceso. La medida del juez costeño fue revocada recién en junio de 2023, declarándose que no tenía asidero, pero ya había demorado semanas el concurso. 

Recién para agosto de 2023, la Comisión definitiva se pudo conformar y fue integrada por Gabriela Cadena, Julio César Ruiz, Tania Chamorro, Gina Barrera, César Enderica, y Kimberly Villagómez  y se pudo retomar el proceso. No sería hasta enero de este año que el proceso pudo retormarse, superando los incidentes judiciales y las decisiones declaradas improcedentes de los jueces costeños. 

Así las cosas, en febrero de 2024, el concurso logró convocar a 12 postulantes a defensor público un examen práctico, no sin que antes interviera otro juez de Manabí. Se había logrado también un procesoo de recalificación de las notas de la prueba escrita.

El examen práctico se tomó recién el 17 de febrero de 2024, casi dos años después de iniciado el proceso, y los nueve finalistas pudieron tener las notas tanto del examen escrito como del práctico u oral.

Así quedaron las notas, sobre 100 puntos, de los postulantes en el concurso para defensor público:

1 Rodrigo Daniel Frías Toral 96,46
2 Byron Javier Guillen Zambrano 83,46
3 Jorge Cristóbal Ballesteros Ballesteros  80,07
4 Inés Maritza Romero Estévez   77,86
5 Wilson Guillermo Ortega Caicedo 77,86
6 Ricardo Wladimir Morales Vela  76,66
7 Yolanda Magdalena Yerovi Nogales  73,82
8 Margarita Virginia Gualotuña Cruz 66,5
9 Jorge Aníbal Torres Farinango  57,21

Así llegaron a la impugnación, etapa que podría decidir quién llega finalmente a ocupar el cargo de defensor público.

¿Quién es Rodrigo Frías Toral y por qué lo impugnan?

Rodrigo Frías Toral es un abogado graduado en la Universidad Metropolitana de Guayaquil, con dos maestrías. Asegura ser parte del pueblo montubio, por lo que marcó una X en el casillero correspondiente a la acción afirmativa étnica. Aunque el cargo de defensor público está sobre todo relacionado con la defensa en procesos penales, la experiencia de Frías o sus antecedentes no están relacionados con la justicia penal.

Trabajó en varias instituciones públicas y en su propio estudio jurídico, llamado Ecuador Consulting Group, y en enero de 2020 fue nombrado director provincial del Consejo de la Judicatura en la provincia de Los Ríos, con sede en Babahoyo.

Su designación se dió en el pleno del Consejo de la Judicatura en Quito, con los votos de María del Carmen Maldonado, Fausto Murillo, Juan José Murillo y Maribel Barreno. Su paso por la entidad fue de cinco meses y nueve días.

 Rodrigo Daniel Frías Toral, de 48 años, es el mejor puntuado en este concurso.Foto: Cortesía Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Mientras tanto, su estudio jurídico quedó a cargo de su hija y socia, Shaden Frías Loor. En su estudio Frías Toral se presentaba como especialista en derecho constitucional y en derechos económicos. En un certificado de la Superintendencia de Compañías, obtenido por este portal, padre e hija aparecen como accionistas de la compañía, si bien la mayor participación la tiene Frías Toral. 

A pesar de su participación en su firma jurídica, en el formulario que llenó ante la Contraloría para posesionarse de su cargo en Babahoyo, Frías Toral declaró no tener ninguna acción en empresas.  En 2021 y 2022 se archivaron dos denuncias por estafa que habían sido presentadas en su contra. 

Pero también se menciona su supuesta cercanía con Fausto Murillo, ex vocal del pleno del Consejo de la Judicatura que en abril de 2021 presentó una medida cautelar autónoma ante la justicia de Los Ríos, en contra de su destitución dispuesta por el Consejo de Participación presidido por Hernán Ulloa. La medida, presentada un sábado pasadas las 23:00, fue concedida en diez minutos por el juez de una unidad penal en Babahoyo, llamado Juan Carlos Aguiar, quien estaría relacionado con Frías Toral.

Sobre algunos de estos hechos versa la impugnación que fue presentada en contra de Frías Toral esta semana. Freddy Hidalgo Arroyo presentó una impugnación ante la Comisión de Selección, alegando la falta de probidad e idoneidad de Frías Toral. La impugnación fue presentada pasadas las 10:00 de este 3 de abril. Hidalgo Arroyo destacó que en el sistema de denuncias penales de la Fiscalía aparecen por lo menos dos en contra de Frías Toral, presentadas por Roberto Ordóñez y Blanca Romero, relacionadas con la captación de dinero para un programa de vivienda. Además, el impugnador reseñó que se abrió en su contra una nueva indagatoria por presunta asociación ilícita, por supuestamente haber recibido beneficios de la Comisión Ciudadana.

Hidalgo cuestiona también el encabezado de las redes sociales de Frías, que proclama: "Dios, Familia y Trabajo en ese orden todo. Director de ECG Abogados, emelecista y alérgico a los pendejos", como un elemento adicional de la supuesta falta de probidad del jurista.

La Comisión de Selección deberá convocar a audiencias a los impugnados, con el fin de que ejerzan su derecho a la defensa, y tras ese proceso se conocerá quién ocupará el cargo de defensor público. 

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