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4 de Agosto del 2019
Historias
Lectura: 13 minutos
4 de Agosto del 2019
Redacción Plan V
Arroz Verde: ‘Correa disponía, supervisaba y aprobaba’
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Fotos: Luis Argüello / PlanV

Una veintena de abogados llenó la sala de audiencias para la vinculación de 22 personas más al caso. La fiscal Diana Salazar pidió prisión preventiva para cinco de los involucrados, entre ellos Rafael Correa.

 

La jueza Daniella Camachó aceptó el pedido de la fiscal Diana Salazar de dictar orden de prisión preventiva contra Rafael Correa en el caso Sobornos 2012-2016 como presunto autor de los delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias. Entre las evidencias que presentó la Fiscal está un comprobante de depósito a la cuenta del exmandatario.

Bajo las siglas SP (Señor Presidente), las decisiones de Rafael Correa quedaron registradas en los archivos hallados e incautados a sus asesoras de confianza, Laura Terán y Pamela Martínez. Así se supo que el exmandatario era quien disponía, supervisaba y aprobaba los ingresos y egresos de supuestas aportaciones ilegales a Alianza País (AP). Lo dijo Diana Salazar, fiscal General del Estado, este miércoles, 7 de agosto. Y un día después, la jueza Daniella Camachó ordenó la prisión preventiva de Correa junto a sus más cercanos colaboradores dentro del caso ‘Sobornos 2012-2016’, antes conocido como ‘Arroz verde’. En la audiencia, la Fiscal pidió la vinculación de 22 personas más a este proceso, entre ellos el exvicepresidente Jorge Glas y los exfuncionarios Vinicio Alvarado, Walter Solís y Yamil Massuh. La jueza también dictó prisión para ellos. Alexis Mera, exsecretario jurídico de la Presidencia; María de los Ángeles Duarte, exministra de Obras Públicas; y Terán y Martínez fueron los primeros vinculados. 

El ‘cuaderno de la chimenea’ fue uno de los documentos que sustentó la acusación de la Fiscal. Se lo llama así a un cuaderno hallado detrás de la chimenea en el departamento de Pamela Martínez.

La fiscal Salazar señaló a Correa como el líder de la agrupación de Alianza País (AP) que abusó de sus cargos públicos para recibir dinero de empresas para la campaña política y otras actividades del movimiento oficialista a cambio de ser beneficiarias de contratos con el Estado. Esos sobornos eran recibidos y registrados por Martínez —quien también fue jueza de la Corte Constitucional— y Terán cuando eran funcionarias en la Presidencia. Por esos hechos la Fiscalía investiga posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita.                             


La jueza de la Corte Nacional, Daniela Camacho, presidió la audiencia. Antes, ella consultó a la Asamblea si Correa podría ser procesado. 

Salazar presentó más de una decena de evidencias contra Correa, durante la audiencia de vinculación que se llevó a cabo en la Corte Nacional de Justicia. Entre ellas, el depósito por 6.000 dólares en la cuenta de Correa que provendrían de esos aportes supuestamente ilegales. El depósito apareció mencionado en uno de los correos de Terán. Pero la Fiscalía pidió al Banco Pacífico que confirmara si existe un comprobante de dicha transacción. El banco envió el comprobante que tiene como fecha el 16 de mayo de 2014. El depositante fue Cristian Paredes, quien fue mensajero de Martínez y Terán. Paredes, en su versión, dijo que el depósito lo hizo por pedido de Terán y el dinero le fue entregado en efectivo. 

La Fiscal dijo que en uno de los cuadernos de Martínez se encontraron registros de egresos por el alquiler de un avión, por publicidad, entre otros. “Todos aprobados por SP” es decir Correa, dijo la Fiscal.


Banco del Pacífico envió una copia del comprobante del depósito por 6.000 dólares a Rafael Correa a la Fiscalía. Es una evidencia que está en el expediente. 

Pero otra evidencia que mencionó la Fiscal contra Correa fueron las versiones de Mera, Duarte y Fabricio Correa, hermano del exmandatario, quienes dijeron que el líder del buró de AP fue Correa, junto con Ricardo Patiño, Jorge Glas, Vinicio Alvarado, Betty Tola, entre otros. 

La Fiscal incluyó en los indicios contra Correa la versión de Martínez, quien aseguró que Mera le solicitó una suma de dinero por disposición de Correa. Ella al buscar confirmar ese pedido con Correa, este no le negó y le remitió a Glas para que cumpla con la disposición de entregar el dinero a Mera. Otro indicio que presentó la Fiscalía consta en la versión de una testigo que aseguró que por disposición de Correa, Mera viajó a Brasil —en pleno auge de las investigaciones del caso Lava Jato— para obtener información anticipada de los involucrados ecuatorianos en ese escándalo. 

El ‘cuaderno de la chimenea’ fue uno de los documentos que sustentó la acusación de la Fiscal. Se lo llama así a un cuaderno hallado detrás de la chimenea en el departamento de Martínez. En esos apuntes menciona que el exjefe de Estado dispuso a Martínez que se encargue del registro de aportaciones a AP porque dudaba de los registros que había hecho Ricardo Patiño anteriormente.


En los expedientes del caso constan 38.031 correos entre los funcionarios investigados

La Fiscal dijo que en uno de los cuadernos de Martínez se encontraron registros de egresos por el alquiler de un avión, por publicidad, logística, pago de cantantes, ayuda humanitaria, entre otros gastos. “Todos aprobados por SP”, dijo la Fiscal, es decir Correa. Entre los egresos aprobados por SP están los pagos por seguridad a los líderes de AP por parte del Escuadrón Verde Operativo (EVO), a cargo de Ítalo Centanaro, quien recibía por ese servicio 4.000 dólares mensuales. Centenaro fue una de las 22 personas que Fiscalía pidió vincular al proceso.

Correa no ha colaborado con las investigaciones y cuando se lo llamó a dar una versión se cambió de su casa en Bélgica, contó la fiscal Diana Salazar.


Foto: AFP

Los otros que están en la lista son Vinicio Alvarado, exsecretario de Administración Pública de la Presidencia, quien se encuentra en Caracas. Asimismo Jorge Glas, exvicepresidente; Walter Solís, exsecretario (prófugo); y Yamil Massuh, exasesor de Duarte. Ellos junto con Correa fueron acusados de ser los líderes de la organización delictiva y la fiscal los acusó como autores de los delitos que investiga. Ella adelantó que las penas no podrían ser menores a 15 años.

Viviana Bonilla, actual asambleísta; Christian Viteri, exasambleísta; del Agua; María Augusta Enríquez, exasesora de Vinicio Alvarado, son otros personajes que serán investigados. Así como los siguientes empresarios: José Verdú Rodríguez  (Constructora Verdú), Teodoro Calle (TGC Compañía Técnica General de Construcciones), Cai Runguo (Sinohydro), Rafael Córdova Carvajal (Inter Rao), Pedro Verduga (Equitesa), Édgar Salas León y Ramiro Galarza Andrade (Consermin), Mateo Choi (SK Engineering), Víctor Fontana  (Fopeca), Alberto Hidalgo (Hidalgo e Hidalgo), Bolívar Sánchez  Rivadeneira  (Gezhouba Group Company), William Phillips Cooper (Grupo Azul) y Francisco Javier Noboa.

El contexto

La causa de la contabilidad sin declarar de AP, que habría servido para las operaciones políticas del correísmo y habría sido recaudada entre empresarios y cabilderos con intereses en el Estado nació de las investigaciones periodísticas de los portales Mil Hojas y La Fuente. Los dineros oscuros habrían servido para financiar la campaña electoral del expresidente y para gestionar buena parte de su ejercicio del poder durante una década.

La Asamblea Nacional contestó el ‘improcedente’ pedido de la jueza nacional Daniela Camacho para procesarlo en el caso que la Fiscalía ha dado en llamar ‘Sobornos 2012-2016’ con lo que deja fuera de la indagatoria a la campaña en la que se eligió al actual presidente, Lenin Moreno. Se trata de un tecnicismo jurídico que raya en el preciosismo: aunque la Constitución dice que se requiere la autorización del Legislativo para enjuiciar al presidente en ejercicio —lo cual es un blindaje político para el jefe del Estado— y no para los expresidentes, la jueza Camacho consultó a la Asamblea si puede o no procesar a Correa.

Supuestamente, para anticiparse a cualquier alegación de la defensa en el sentido de que tal autorización sería indispensable. Lo mismo consultó sobre la actual asambleísta, Viviana Bonilla, quien en el momento de los supuestos delitos era gobernadora del Guayas. 

Supuestamente, desde una oficina en el Palacio Nacional y otra en un exclusivo edificio del norte de Quito, Martínez y Terán llevaban una minuciosa contabilidad de los dineros ilícitos.

La Asamblea contestó de la única forma posible: declarando ‘improcedente’ el pedido, pues es evidente que Correa no es presidente en ejercicio, lo que es una forma de decir que la jueza puede proceder con el procesamiento. El Legislativo reunió para la solemne declaratoria por lo menos 78 votos. Lo mismo se declaró sobre Bonilla, lo que significa que podrá ser procesada libremente. Con la carencia de votos que el correísmo tiene en la actualidad en la Asamblea, era imposible otro resultado. 

Supuestamente, desde una oficina en el Palacio Nacional y otra en un exclusivo edificio del norte de Quito, Martínez y Terán llevaban una minuciosa contabilidad paralela de dineros que manejaban para gastos políticos de AP que, sin embargo, nunca declararon al Consejo Nacional Electoral. 

Entre los gastos revelados estarían operaciones y campañas políticas, concentraciones de personas que trasladaban desde el interior del país a la capital y a las que daban refrigerios (la oposición se dirigía a ellos como ‘borregos y sanducheros’), pauta de campañas en televisión, pagos de consultores políticos y encuestadores, pagos a abogados y otros cabilderos, y hasta eventos sociales y fiestas, en los que aparecían cantantes y vedettes sobre todo de Guayaquil. 

El dinero no parece haber salido del Estado, pero sí de contratistas que aportaban en efectivo y en especie para luego recibir algún tipo de beneficio en las contrataciones públicas, que supuestamente se adjudican con concursos. 

La fiscal Diana Salazar decidió que la Fiscalía deje de referirse al tema como Arroz Verde y estableció que solo investigará delitos como cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita hasta 2016, dejando por fuera la campaña presidencial de Lenin Moreno y las vinculaciones con la cúpula gobernante actual. La fiscal alegó que no va a seguir la denominación que le imponga ‘la prensa’. 

La fiscal Diana Salazar dejó por fuera la campaña presidencial de Lenin Moreno y las vinculaciones con la cúpula gobernante actual.

El 25 de julio, en un boletín, la Fiscalía informó que 22 personas más serán vinculadas al caso, empezando por Correa. Asimismo, el Gobierno reivindicó el arresto de Yamil Massuh, exasesor de Duarte, a quien se impidió salir del país por Huaquillas el 1 de agosto, un día antes de su llamado a la Fiscalía para rendir versión.  Fue trasladado a Quito para que haga su declaración. Pero la Fiscal dijo que en la actualidad se desconoce su paradero. El abogado de Massuh destacó que nada impedía a su cliente salir del país y negó que hubiera manejado dinero de la caja chica correísta. 

Mientras tanto, y aunque han pasado años de que las oficinas fueron desocupadas, la Fiscalía ordenó ‘inspecciones técnicas oculares’ tanto en el Palacio Nacional, cuanto en el Edificio Concorde, ubicado al norte de Quito, en donde funcionaba la oficina paralela de pagos de AP.

La Fiscalía ha llamado a declarar nuevamente a la exministra Duarte, mientras revisa documentos firmados por Alexis Mera en los que se determinaría presiones sobre el fiscal general de entonces. 

Además, dado que al parecer Martínez y Terán no hicieron ningún esfuerzo por destruir sus computadores y borrar sus huellas digitales, la Fiscalía sostiene que tiene 12 mil correos de ambas operadoras, en donde se evidenciarían gestiones ante los jueces y fiscales para perseguir opositores, así como listas de abogados correístas que querían cargos en la Función Judicial y en otras dependencias del Estado. 

El Servicio de Rentas Internas, de su lado, investiga a 154 empresas que aparecen en la denuncia periodística, en busca de posibles evasiones tributarias, mientras que varios de los ejecutivos de las empresas relacionadas han sido llamados a declarar de forma “reservada” en la Fiscalía por los pagos, al parecer, ilícitos, de bienes y servicios que beneficiaban a Alianza PAÍS. 

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