Con el voto de los tres consejeros de la mayoría del Consejo Nacional Electoral (CNE), el organismo se mantuvo en su postura inicial de que la Alianza PAÍS de Rafael Correa no cometió ninguna infracción electoral en sus cuentas de campaña de 2013, algo que ya había sido resuelto por el organismo cuando era presidente Juan Pablo Pozo, cercano al correísmo.

La mayoría aprobó un informe cuya recomendación es que se lo remita a la Fiscalía y a la Contraloría para las investigaciones pertinentes, aunque se mantiene en la línea que la burocracia del CNE ya había marcado desde 2013: en los documentos que tienen no hay indicios de que Alianza PAÍS haya realizado ni doble contabilidad ni una red de sobornos, que es lo que investiga la Fiscalía. 

Aunque el nuevo informe de la autoridad electoral cita y analiza la información publicada por los portales La Fuente y Milhojas sobre cómo el partido de gobierno supuestamente recibía fondos por parte de donantes y empresas privadas para sus actividades políticas, que oficialmente nunca reportó al Consejo Nacional Electoral, el informe aprobado por la mayoria en el Pleno destaca que no encontraron irregularidades que motiven una infracción electoral.

El documento fue firmado por Ana Bustamante Holguín, directora de Fiscalización y control del Gasto Electoral y Dayanna Torres Chamorro, directora nacional de Asesoría Jurídica del CNE. 

Tres de los cinco vocales del CNE aprobaron en el Pleno que el informe se envié a la Fiscalía y Contraloría. 

Los hallazgos

Entre los principales hallazgos que destacan las dos funcionarias, están aspectos como que en la resolución que en 2015 liquidó los gastos de campaña de Alianza PAÍS del 2013, el ex presidente del CNE no citó suficientemente las normas pertinentes en su resolución.

Además, dice el documento, se pudo identificar a por lo menos cinco personas cuyos nombres aparecen de manera recurrente como donantes en varias campañas de Alianza PAÍS, para lo que las funcionarias afirman haber tomado en cuenta la información periodística publicada por los portales. 

El documento reconoce también que en la información oficial que tiene el CNE aparecen los nombres de seis proveedores, dos personas naturales y cuatro jurídicas, que han sido mencionadas también en la publicación de los portales. 

Por lo menos ocho de los aportantes habrían contribuido con montos superiores a la base imponible del impuesto a la renta, pero no registraron ingresos ni realizaron sus declaraciones al Servicio de Rentas Internas, entidad con la cual las funcionarias aseguran que cruzaron información.

En un anexo "reservado", las funcionarias consignaron los datos de un aportante de Alianza PAÍS que aparece involucrado en la trama de los Papeles de Panamá. 

Dos personas más habrían denunciado en la Fiscalía que sufrieron una "suplantación de identidad", pues aparecen como aportantes de Alianza PAÍS aunque afirman que nunca lo fueron.

El informe precisa también que sí se pudo detectar "excesos en los límites de los aportes" en varias campañas de Alianza PAÍS, que no fueron considerados por los funcionarios del Consejo Nacional Electoral de la época y tampoco puestos en consideración del Tribunal Contencioso Electoral. 

Varios de los documentos relativos a las campañas de Alianza PAÍS habían desaparecido de los archivos, y los respaldos digitales estaban incompletos, señalaron las funcionarias en su informe. 

Las dos funcionarias electorales recomendaron al Pleno que se ponga en conocimiento de la Fiscalía General del Estado y de la Contraloría General el contenido de su documento. 

Una transcripción de leyes

Por lo menos 23 de las 52 páginas del documento aprobado por el Pleno del CNE son una simple transcripción de las leyes que regulan los procesos electorales. A partir de la página 24, las dos abogadas realizan un análisis de la denuncia de los portales La Fuente y Milhojas. Además, se transcribe el ya conocido documento de liquidación de gastos de campaña que el correísmo presentó sobre sus egresos de 2013, que fija en USD 1´175.000 todo lo supuestamente gastado.

En el informe se destaca también que PAÍS, en esa época, informó sobre sus gastos de campaña, en cumplimiento de la legislación vigente, por lo que no encuentra ninguna irregularidad significativa ni en la presentación de las cuentas ni en la resolución de 2015 con las que el CNE las aprobó.

Destacan también algunas dificultades para determinar el precio del mercado de algunos servicios, así como afirman en varios puntos que los aportes registrados se realizaron conforme a la legislación vigente en la época. Entre 2012 y 2015, que fue el periodo estudiado por las funcionarias del CNE, ninguna de las donaciones registradas superó el precio de 200 canastas mínimas vitales, que es el indicador fijado por la ley electoral como techo. 

Las funcionarias del CNE aseguran en varios puntos del documento que se dedicaron a revisar la documentación que Alianza PAÍS entregó al CNE y que, de esa revisión, no pueden encontrar rastros de que haya habido una doble contabilidad, como la denunciada por el reportaje de Milhojas y La Fuente. 

¿El informe liquida el juicio de Arroz Verde o abre nuevos indicios? 

Pero la lectura que sobre este informe tienen los consejeros Luis Verdesoto y Enrique Pita es que se busca blindar a Rafael Correa y otros procesos en el caso que la Fiscalía, para desmarcarse del origen periodístico de la denuncia, llamada "Sobornos 2012-2016" y en donde se pretende probar que los jerarcas de PAÍS no solo que sí tenían doble contabilidad, sino que los aportes que recibían por debajo de la mesa para las actividades políticas del correísmo eran pagados con favores desde el Estado, como la adjudicación de millonarios contratos, sobre todo, de obra pública.

Al no haber una infracción electoral, temen los dos consejeros, es posible que la defensa de Rafael Correa y los otros procesados puedan alegar que no se han cometido otros delitos en ese caso. 

En su intervención ante el Pleno del CNE, Luis Verdesoto sostuvo que "Aquí hay un conjunto de errores. Se pide solamente que se señale cuales son las fallas de control y fiscalización que hubo respecto al documento de Liquidación. Eso es un interés que corresponde al sistema judicial ecuatoriano.

Se solicita que se detalle los errores de control y fiscalización. En la hipótesis que maneja el sistema judicial ecuatoriano, de que Arroz Verde detectó faltas jurídicas, fue nuestro deber investigar si las develaciones de los portales Mil Hojas y La Fuente se confirmaban en la información disponible en el CNE. En la Primera versión de los Informes llamados preliminares no las detectaron.

Entonces la Resolución exigió que nosotros – como CNE – identifiquemos las fallas de control que impidieron detectar estas fallas en los reportes.

Segundo, sin que se lo requiera, el Informe señala que la Liquidación es correcta, y sujeta a derecho, ¿entonces están señalando nuevamente que el caso Arroz Verde – procesado por el sistema judicial ecuatoriano - es falso? Si la Liquidación estaría conforme a derecho, entonces la conclusión que sugiere el informe es que se frene el juicio por el caso Sobornos".

Esta había sido la postura de Verdesoto y Pita desde la presentación de un primer informe al Pleno, cuya conclusiones ya iban por la misma línea. 

Para el consejero, el informe aprobado "aprovecha la oportunidad para señalar que la organización política ha cumplido con todos los requisitos legales de reporte. ¿Es esto serio? ¿Correcto? ¿Ético? ¿Pues se entiende que el caso Sobornos se trata de aportantes a la campaña que no fueron reportados, y que luego recibieron contratos? ¿Refiere al caso Sobornos? ¿Entonces, el CNE declara que no hay tal como el caso Sobornos?", se preguntó ante el Pleno. 

Verdesoto sostuvo también que, tal como está formulado el informe aprobado, todo lo publicado por los periodistas de La Fuente y Milhojas es "una especulación", aunque las abogadas que lo firman evitan calificar la veracidad del material periodístico: "El Consejo Nacional Electoral dice que en la campaña de 2013 Alianza País gastó muy por debajo del límite; y que Arroz Verde es solo una especulación", remarcó.

Sin embargo, en un comunicado, la presidencia del CNE destacó que el informe aprobado encontró "aportantes que no pagaron impuestos, donantes recurrentes, valores que excedían los máximos establecidos por la ley (e) incluso aportantes vinculados al caso Panamá Papers".

La presidencia del CNE destacó también que el documento se enviará como denuncia a la Fiscalía, a la Contraloría y al Tribunal Contencioso Electoral para que se determinen posibles infracciones electorales.