Los participantes suelen llegar temprano en la mañana al edificio de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, en el centro norte de Quito, en donde tienen lugar las mesas de diálogo instaladas el pasado 13 de julio, luego de la firma del Acta de Paz que dio fin al paro de junio de 2022.

Las diez mesas buscan responder las demandas de la Conaie, la Fenocin y la Feine, las organizaciones indígenas y campesinas que protagonizaron un paro de 18 días que sacudió al país, pero, en especial, a la Sierra y la Amazonía del Ecuador. 

En la puerta del edificio católico, tanto los funcionarios del Gobierno -que llegan con la parafernalia de escoltas y vehículos oficiales- cuando los dirigentes indígenas, -que arriban en grupos más grandes, luciendo trajes típicos- hacen sus balances de los encuentros, en donde hasta el momento se han analizado aspectos como los precios de los combustibles y la focalización, las deudas con banca pública y privada y el control de precios de productos de primera necesitad, tanto en lo referente al precio de compra al productor como en el precio de venta al público.

La principal figura del Ejecutivo que participa en el proceso es el ministro de Gobierno, Francisco  Jiménez, mientras prácticamente toda la cúpula del movimiento indígena se hace presente en los diálogos. Así, asisten Leonidas Iza, presidente de la Conaie; Eustaquio Tuala, presidente la Feine, Gary Espinoza de la Fenocin y monseñor Alfredo Espinoza Mateus, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.

La metodología de los diálogos está en la Hoja de Ruta, que fue planteada por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y define algunos de los aspectos del proceso. Según el documento, la presencia del clero católico tiene el carácter de ofrecer una "garantía moral" al diálogo, así como contribuir a que se puedan tomar decisiones en la agenda planteada.

La Iglesia católica reconoce también que los temas planteados por los indígenas afectan a la mayoría del pueblo ecuatoriano, y se ha precisado que las respuestas del Gobierno deben concretarse en decretos y otras decisiones administrativas. Y aunque no todos los asistentes son católicos -de hecho, la Feine es una organización de cristianos protestantes- algunas de las reuniones empiezan con un rezo. 

La Iglesia católica asiste como garante moral del diálogo entre el Gobierno y los indígenas.  Foto: Alfredo Cárdenas. El Universo

Gobierno e indígenas evalúan el proceso hasta hoy 

El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, destaca que durante las tres primeras semanas de las mesas de diálogo, se han instalado tres. En la de focalización de combustibles se han presentado ocho criterios para lograr el objetivo, aunque no se han producido acuerdos aún. Jiménez destacó la mesa de coordinación general, que tuvo una reunión este miércoles 3 de agosto de 2022. Esta mesa, que debe reunirse cada 15 días, está conformada por los presidentes de la Conaie, Feine y Fenocin y dos representantes de cada organización, asó como por el ministro de Gobierno y el Consejo de Presidencia de la Conferencia Episcopal.

En la cita se hizo una evaluación general del mes de diálogo, los resultados obtenidos hasta ahora, el seguimiento de lo acordado y la planificación de otras mesas. Para Leonidas Iza, faltan respuestas concretas, aunque destacó el alivio financiero por medio de las nuevas políticas de crédito. Iza dijo que el Gobierno debe dar seguimiento a los acuerdos en las entidades financieras, pues no estarían siendo cumplidos por ellas. Se debe aplicar un instrumento para el seguimiento de las decisiones insistió el presidente de la Conaie. Sobre el sistema financiero privado dijo que debe ese sector debe contribuir a renegociar créditos y tener responsabilidad social.  Iza dijo que se hizo un cambio de metodología: primero se entregarán las posturas de manera recíproca, y se deberá llegar a acuerdos en máximo cinco días hábiles. Las mesas sobre precios de combustibles y fijación de precios se reanudan este viernes y este lunes, precisó Iza al hacer una balance de la mesa de coordinación.

La mesa de coordinación de este 3 de agosto acordó algunos cambios en la metodología de las conversaciones. Foto: Ministerio de Gobierno

Por su parte, el ministerio de Gobierno dijo que se produjeron varios acuerdos en la mesa de coordinación y que presentará "una propuesta de seguimiento de los acuerdos con el fin de operativizarlos". Además, el Gobierno pedirá que un relator especial de las Naciones Unidas participe en las mesas temáticas. Confirmó también que ambas partes enviarán información antes de la reunión inicial de cada mesa, seguido de dos días para análisis y para que se realicen propuestas para viabilizar los acuerdos.

Los temas sin solución quedarán para el final

En la mesa de banca pública y privada, en cambio, sí se han logrado acuerdos, en temas como condonación y reestructuración de créditos, así como la recalificación de los deudores. Ante las declaraciones de la Conaie sobre cierta inconformidad con lo resuelto en esa mesa, el ministro Jiménez recordó que será la mesa de coordinación la que analice los temas pendientes luego de que operen las diez mesas  en su totalidad. 

Sobre la mesa de control de precios, el ministro destacó que el tema está en su etapa inicial, en donde admitió "enfoques encontrados" y precisó que hay una inflación internacional provocada por la pandemia y por la guerra entre Rusia y Ucrania que afectó productos ecuatorianos. "Las mesas no son escenarios ideales donde todo es coser y cantar" explica el ministro, al mencionar que en ocasiones hay puntos de vista enfrentados. Pero Jiménez reitera con frecuencia que el Gobierno son ellos y como Gobierno deciden. 

Jiménez destaca que las mesas están avanzando muy bien y que en 90 días se podrían resolver los temas, aunque eso no significa que siempre se vaya a estar de acuerdo. "Debemos decidir lo que convenga a los 18 millones de ecuatorianos", explica el ministro Jiménez. 

Los principios del diálogo

Varios son los principios del diálogo, por ejemplo, se pide "reserva" sobre los temas tratados mientras no se resuelvan y se enumeran características como buena fe, apertura, diálogo con resultados, establecer puntos de encuentro, crear un ambiente de confianza, eliminar la descalificación, determinar con claridad los tiempos en los que se resolverán los temas, flexibilidad, verdad, transparencia, respeto mutuo, apertura a los consensos y disensos, entre otros aspectos. La Iglesia precisó que en este diálogo no hay intermediarios, pero sí garantes, que lo acordado es vinculante y que deben asistir ministros de Estado con poder de decisión y la dirigencia indígena.  Los tiempos para usar la palabra están regulados: diez minutos en la primera intervención y cinco en las siguientes. 

Los asesores externos

A las mesas asisten ministros y subsecretarios, así como funcionarios de entidades relacionadas con las problemáticas. Mientras que los indígenas han solicitado la presencia de asesores externos en algunos de los diálogos, que primero dan una explicación previa de los temas y después participan del diálogo con el Gobierno y del análisis de los planteamientos de los funcionarios. 

Es en este rol que se han acercado al proceso dos expertos consultados por el movimiento indígena. Se trata del analista petrolero Henry Llanes y de la economista Wilma Salgado, quienes han participado en las mesas sobre subsidios a los combustibles y deudas con la banca pública y privada, respectivamente.

Ambos expertos fueron contactados por el movimiento indígena y su rol ha sido, sobre todo, explicar algunos de los temas más complejos de estas problemáticas.

Salgado, quien estuvo en la mesa sobre banca pública y privada y deudas, recordó que ha habido una importante participación de funcionarios de alto nivel del Estado, que han llevado a las mesas información precisa sobre la situación.

Por ejemplo, recuerda la economista, en esa mesa se analizó a fondo el tema de los créditos que tienen miles de personas en el sector rural con cooperativas locales, sobre los que se planteó una condonación de intereses. Pero la explicación del Gobierno evidenció que el Ejecutivo no puede imponer tal condonación, sobre todo, porque las cooperativas trabajan con dinero de depositantes que esperan el pago de sus intereses. Un alto  porcentaje de los créditos en el sector rural los conceden este tipo de cooperativas, recordó. El criterio de que las deudas se renegocien caso por caso, fue expuesto por los funcionarios del Gobierno en el debate. 

La economista relata que cada organización indígena llevó a la mesa a sus asesores, además de los delegados indígenas que están presentes en la cita. Previamente, hubo una reunión en la Fenocin en donde Salgado hizo una exposición que fue aprobada como propuesta. Luego de recibir la contrapropuesta del Gobierno, esta fue analizada en una reunión en la sede de Fenocin. 

Llanes, experto en materia petrolera, ha asesorado a los indígenas en lo relacionado con los posibles mecanismos para la focalización del subsidio a los combustibles y en aspectos generales sobre los etapas de la producción petrolera. Destaca que hay propuestas de los indígenas como el control de precios de productos de primera necesidad que pueden chocar con el enfoque liberal del régimen y su visión de libre mercado. 

Ambos asesores destacan la buena disposición tanto de los indígenas cuanto de los funcionarios del Gobierno para intentar llegar a acuerdos, aunque las mesas han sido afectadas por polémicas políticas. 

La mesa sobre el control de precios de productos de primera necesidad se instalará este 9 de agosto.  Foto: Ministerio de Gobierno

Los facilitadores 

Además del documento metodológico, la Conferencia ha elaborado una lista de 15 facilitadores y 13 relatores, que se encargar de moderar las mesas, tomar tiempos y conducir el diálogo, explicó a este medio digital el padre Fernando Ponce, rector de la Universidad Católica, quien junto con el rector de la Universidad Central, Fernando Sempértegui, son los facilitadores de las primeras mesas. 

Entre los facilitadores, que representan a la Conferencia Episcopal en los diálogos, están académicos como Nelson Reascos, de la Universidad Católica y Marcelo Aguilar, de la Universidad Central, entre otros. Según relata Ponce, con ayuda de la cooperación alemana, se realizó el pasado fin de semana un taller con todos los facilitadores, con el fin de capacitarlos en el manejo de grupos y en mecanismos para encauzar el diálogo y hacerlo más fluido. 

Mientras los facilitadores tratan de organizar el diálogo, los relatores se encargan de las actas de las reuniones y hacen una labor de secretaría y sistematización del proceso. Las conversaciones tienen lugar en salones preparados para el efecto en la Conferencia Episcopal, en donde no puede acceder la prensa. Están presentes solamente las partes y los facilitadores y relatores. 

Pero los diálogos no han estado libres de tensiones políticas. Antes de la instalación de las mesas, el 8 de julio, el presidente Guillermo Lasso acusó a los manifestantes del paro de junio de haber sido financiados por el "narcotráfico" e inclusive estimó que organizaciones de narcotraficantes a los que no identificó, habían aportado con por lo menos 15 millones de dólares para sostener la protesta, un cálculo que el Gobierno no ha explicado pero que parece ser  una estimación aproximada de cuánto podría costar una movilización de esas características en ese periodo de tiempo, si se pagara al contado, se entiende. 

Al otro día, 9 de julio, la Conaie rechazó las afirmaciones del presidente, y advirtió que lo que decía ponía en riesgo y saboteaba el proceso de negociación, al tiempo que aseguraba que el mandatario evidenciaba una limitada visión sobre "las formas organizativas de los pueblos indígenas y el concepto de solidaridad".

A pesar de las reservas y del rechazo a las afirmaciones del presidente -quien hasta el momento no ha presentado pruebas- las mesas se instalaron el 13 de julio. 

Las dos primeras mesas en instalarse fueron las de Focalización de subsidios a los combustibles y Moratoria de deudas en la banca pública, privada y cooperativas.

Otra tensión política se produjo durante el allanamiento al prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán, uno de los cuadros más importantes de Pachakutik, el pasado 28 de julio, cuando la Policía y la Fiscalía arrestaron al prefecto en el marco de una trama de presunta corrupción en el gobierno provincial. La detención del prefecto fue rechazada por algunos de los asistentes a los diálogos, pero no llegó a provocar mayores incidentes. La Conaie, de su lado, pidió que se investigue con objetividad y destacó el distinto tratamiento que están teniendo indigatorias por corrupción en el país. 

Para el padre Ponce, en la mesa que trata el tema de los combustibles, hay un buen ánimo y se evidencia la voluntad de diálogo de las partes, a pesar de la complejidad de la problemática que se trata. Ni en el Gobierno ni en los indígenas hay signos de que no haya voluntad de diálogo. En las mesas hay ministros y viceministros, mientras hay asesores externos de los indígenas que asisten a reuniones previas y posteriores sobre la temática. 

Sobre los sucesos políticos como las declaraciones del Gobierno, Ponce cree que pueden repercutir en el diálogo, pues varias de estas declaraciones han sido mencionadas en el marco del proceso pero "nadie tiene la intención de llevarlas a mayores", pues las mesas no están analizando la coyuntura. El religioso es optimista sobre los resultados de los diálogos en los próximos 90 días. 

De su lado, Wilma Salgado también destaca la predisposición de los funcionarios de alto nivel que envió el Gobierno a la mesa que analizó los créditos con la banca pública y la privada y sostiene que sí se han atendido los pedidos de los indígenas en la medida del marco legal. Cree que este tipo de diálogos deberían institucionalizarse para que los funcionarios del Gobierno puedan tener una idea más concreta sobre las demandas de la población.