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26 de Marzo del 2019
Historias
Lectura: 24 minutos
26 de Marzo del 2019
Redacción Plan V
Así fue el espionaje en la Asamblea y a Lenín Moreno
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Foto: Asamblea Nacional

Inicio de la Sesión 580 de la Asamblea Nacional, cuando ocurrió el espionaje a las conversaciones privadas de su presidenta, Elizabeth Cabezas

 

La captura y la difusión del audio y video de la presidenta de la Asamblea con la ministra de Gobierno dura 32 segundos. A partir de ello el país se enteró de que opera un sistema de espionaje que afecta a la Asamblea, y nada menos que al teléfono del presidente de la República.

Por el modo coincidente como sucedieron las cosas, la grabación ilegal de la llamada —y su posterior difusión por redes socialess— en la cual la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, habla telefónicamente con la ministra de Gobierno, María Paula Romo, fue parte de un proceso conspirativo cuyo objetivo es tumbar del cargo al presidente de la República, Lenín Moreno y acabar con el gobierno constituido. Esta es la hipótesis que se maneja dentro del círculo político cercano a la Presidenta de la Asamblea y se basan en evidencias que se sustentan en informes preliminares de que, dentro del Legislativo, se ha montado un sistema de espionaje y escuchas que haría palidecer al escándalo de las chuzadas de la DAS en Colombia. 

Es un espionaje, porque lo que se hizo fue capturar, vía micrófono, una conversación de Cabezas. No con un micrófono oculto, sino con el mismo por el cual ella habla desde el estrado, mientras dirige el Pleno. Este es uno de los tres micrófonos que están en el estrado. Se prende y apagan a voluntad de quienes están ahí, con un botón verde y uno rojo. Por lo general la Presidencia y las dos Vicepresidencias de la Asamblea. Pero que también pueden controlarse desde el Control Master, que es el centro técnico de operaciones del Pleno de la Asamblea Nacional.

El audio duró 32 segundos. Fue parte de la Sesión 580 de la Asamblea Nacional, en la cual se estaba discutiendo un pedido de cambio de orden del día, solicitado por el asambleísta correísta Ronny Aleaga, para conformar una comisión especial multipartidista, que investigara las presuntas relaciones de familiares del presidente Lenín Moreno, con empresas off shore.

A ese jueves 7 de marzo, el gobierno y la presidencia de la Asamblea habían llegado con el convencimiento de que la oposición parlamentaria, encabezada y dirigida por el correísmo, llegaría con la intención de provocar una crisis política a través de crear la comisión que investigue al Presidente y a su familia. Aguijoneado por la publicación que realizara el portal La Fuente, Aleaga, el correísmo desprestigiado y desplazado del poder y el propio expresidente Rafael Correa, habían encontrado al fin del caballo de batalla que les permitiera poner contra las cuerdas a un regimen cuyas inciativas hasta entonces los habían puesto a la defensiva y había logrado casi desaparecerlos del mapa político. Era el momento de que la tortilla se diera la vuelta.

El audio duró 32 segundos. Fue parte de la Sesión 580, en la cual se estaba discutiendo un pedido de cambio de orden del día, solicitado por el asambleísta correísta Ronny Aleaga.


La Comisión de Fiscalización es la que tiene la tarea de investigar las publicaciones que involucran a Lenín Moreno con una supuesta red de empresas off shore.

El bloque llamado morenista, que no es compacto, tenía claro que era necesario aplicar una política de contención a la exigencia, cada vez más radical, del correismo de juzgar a Lenín Moreno por corrupción. Con ello lavarían, como lo han hecho, su propia cara por los más de 500 casos de corrupción que se han denunciado luego de su paso de diez años por el poder.

La Sesión del Pleno fue instalada por la presidenta, y luego Aleaga presentó la moción. Días antes, la presidenta y sus asesores políticos habían insistido ante el Ejecutivo sobre los alcances de lo que se estaba tramando. La respuesta fue de autosuficiencia: eso no va a pasar porque lo tenemos controlado todo. Se referían a que habían hablado con sus aliados, entre ellos el Partido Social Cristiano (PSC). Pero eso no era cierto. Tanto que Cabezas entró en pánico cuando vio que era perfectamente posible que, a pesar de ser ilegal e inconstitucional, la moción de crear una comisión paralegal para investigar al Presidente se discuta en el Pleno. 

Por eso, con notable exasperación, marcó el número de María Paula Romo y durante 32 segundos intentó salvar el barco:

Diálogo con un desconocido: "...con que quedamos en esto. Qué te dijo la Ma... Qué te dijo la Ma... Ya, ¿y social cristianos? ¿En serio, el socialcristianismo? No lo puedo creer. Mentira, ya le llamo a la María Paula, ya le llamo, ya chao, ¡Qué hijos de puta!".

Diálogo con María Paula Romo: "Aló María Paula, María Paula. A ver... Ahorita pasó el tema. Lo del Ronny Aleaga ya está planteado, ¡pero los socialcristianos dicen que van a votar que sí, hermana! Nosotros ya les redijimos que abstención y en contra, pero los socialcristianos pueden hacer con estos imbéciles votación y con eso nos joden. ¡Llámale, llámale ahorita! ¡Estoy ya para votar, ya urgente!

Voz de la persona que anuncia en el pleno: Ochenta y nueve (89) asambleístas  presentes en la sala, señora Presidenta. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el cambio del orden del día propuesto por el asamleísta Ronny Aleaga. Señoras y señores asambleístas, por favor consignar su voto, gracias. 

Días antes, la presidenta y sus asesores políticos habían insistido ante el Ejecutivo de lo que se estaba tramando. La respuesta fue de autosuficiencia: esO no va a pasar

Mientras ocurre la votación se escucha la voz de la Presidenta: 

Elizabeth Cabezas: "No vamos a tener los votos... Ya son, ¿no es cierto? ¿Cuántos nos faltan? Ya... ¿no pasó, no es cierto? ¿No pasó, no es cierto?

Voz de la persona que anuncia en el pleno: Señor operador, presente resultados, gracias. Cuarenta y seis (46) afirmativos, diecisiete (17) negativos, cero (0) blancos, veintiseis (26) abstenciones. No ha sido aprobado el cambio del orden del día presentado por el asambleísta Aleaga. 

Aproximadamente 18 horas después de esta conversación, que ocurrió a las 10H46 de ese jueves, el audio y video estaba en redes sociales, en cuentas digitales correístas y "denunciado" por el expresidente Rafael Correa. Continuando con la campaña de posicionamiento mediático y ataque a la reputación del presidente Moreno para seguir colocando la percepción de que Moreno tiene cuentas off shore, que tiene en España un apartamento comprado con dinero sospechoso y que la empresa INA se llama así por la terminación de los nombres de sus tres hijas. Lo cual el artículo  de La Fuente en mención no demuestra con evidencias. A esta percepción se unió el ataque a Cabezas y Romo, sobre que impedían la fiscalización "a un presidente corrupto", obstruían la investigación, entre otras cosas. A ello siguieron un recurso de amparo que puso ante una jueza la organización correísta Diablo Huma —y que la jueza aceptó llamando a declarar a 153 funcionarios, incluido al Presidente— y un pedido de la asambleísta correísta, Amapola Naranjo, ante el CAL de la Asamblea para que se investigue a su presidenta, lo cual fue negado la tarde del martes 26 de marzo.

El micrófono de la presidenta fue abierto deliberadamente

¿Cómo fue el espionaje a Cabezas? Al parecer demasiado fácil: desde el Control Master del Salón del Pleno, se manipuló el microfono que usa la Presidenta para que capte el sonido ambiente, sin que ella se percate. Su llamada telefónica, y todo lo que dijo en el estrado fue grabado en el Control Master y la grabación, obtenida ilegalmente, fue procesada supuestamente en un laboratorio de sonido para dejar en primer plano la voz de la dignataria. Eso, se concluye en la Presidencia de la Asamblea, no se hace de la noche a la mañana. 

Una de las conclusiones a las que llega un experto, en un informe técnico que obtuvo Plan V, señala que este acto fue deliberado o planificado. Al respecto señala que la presidenta de la Asamblea Nacional "no solo realiza una llamada sino que en la misma línea de tiempo realiza tres llamadas distintas, pero solo se realiza un esfuerzo técnico para poder extraer y amplificar el audio de una de las llamadas (ya que se amplifica igual el sonido y ruido ambiental), referente a la Ministra de Interior, Señora María Paula Romo. La grabación ha sido usada de forma oportunista ya que las primeras difusiones del video en las redes sociales se observó que fue a tan solo 18 horas aproximadamente de haber sido cerrada la sesión del pleno 580".

"La persona o personas que facilitan el audio y video son funcionarios de la Asamblea Nacional con intereses de índole político y/o económico, ya que aprovechó el referido audio para desprestigiar la figura institucional de la Presidenta de la Asamblea Nacional". El vídeo difundido pertenece a V3, denominado VIDEO_TS.VOB, del Centro de Comunicaciones, ya que es el único parámetro donde estaba siendo grabado en imagen a la mesa presidencial de la Asamblea Nacional, cuando se realizó la llamada.

"Una vez analizado todos los parámetros y variables puesta a disposición del funcionario, adjuntando las muestras de todos los argumentos técnicos tenidos en cuenta para la elaboración del presente informe, se concluye que el audio fue captado en la Asamblea Nacional, por medios internos sin intervención de micrófonos ocultos o de terceros, ya que cómo se ha explicado en el desarrollo del informe, existen semejanzas en líneas de tiempo, ruido ambiental y sonidos emitidos al manipular el
teléfono móvil, por lo tanto esos parámetros de muestreo con respecto a (V) determinan que es el mismo dispositivo de captación de audio el usado para insertarlo posteriormente en los vídeos difundidos en las redes sociales".

SE DESCARTA la posibilidad de que la Presidenta de la Asamblea Nacional HAYA SIDO GRABADA por un dispositivo direccional de inteligencia, mediante láser o micrófono parabólico.

Lo que descarta el informe

"Como prueba indubitada, existen que las características de los micrófonos de los teléfonos móviles llevan incluso hasta tres tipos diferentes de hilos internos de captación de audio para evitar en las conversaciones que se adhieran ruido ambiental, algunos modelos de teléfonos modernos llevan
hasta cuatro micrófonos internos con una función distinta cada uno, para evitar el ruido de fondo, por lo tanto descartamos una vez más que haya sido grabada por una tercera persona con un dispositivo móvil. Ante la posibilidad de que haya sido grabada la Presidenta de la Asamblea Nacional por un dispositivo direccional de inteligencia, mediante láser o micrófono parabólico, se descarta puesto que revisado las cámaras de seguridad del circuito cerrado de televisión no se ha observado ningún movimiento sospechoso, ni con algún otro tipo de dispositivos cerca de la Presidenta. Por todo lo expuesto, considero que la fuente de información que extrae el audio proviene del personal funcionario que tiene acceso directo, o de manera indirecta a los audios de la Asamblea Nacional".

Con cálculos técnicos, el informe descarta de plano que el audio objeto de la investigación fuese escuchado y/o apreciado por una tercera persona o alguien en el pleno es prácticamente imposible con los registros humanos en decibeles que el oído humano puede percibir; por lo tanto existe un dispositivo electrónico de captación de audio que registra lo transmitido por el canal de micrófonos del pleno de la Asamblea.

"En los audios difundidos en redes sociales —dice el informe—  observamos que han aumentado el volumen, por lo tanto no es un audio original, sino editado usando filtros de aumento de sonido pero con el ruido ambiental de la sala del Pleno, puesto que no ha sido aislado el registro de la fuente emisora de audio. En el proceso de análisis descartamos que haya habido una captura de emisión de audio a través de un dispositivo diferente al micrófono de la sala de plenos de la Asamblea Nacional, ya que coinciden las muestras de los audios subidos a las redes sociales en cuanto a contaminación acústica ambiental (ruido)".

¿Un espionaje masivo?

Informe de seguridad presentado por la Escolta Legislativa a la Presidencia de la Asamblea Nacional.

El jefe de la Escolta Legislativa, coronel de Policía Vinicio Dávila Maldonado, pidió, en un informe a la Presidencia de la Asamblea, que se declare en emergencia el sistema de video vigilancia de la Asamblea Nacional y el sistema de accesos, puesto que se encuentran caducados porque su vida útil ha terminado. Un barrido de seguridad hecho por la entidad policial determinó que la seguridad en la Asamblea es absolutamente vulnerable. Uno de los temas que destaca el informe oficial es que el sistema de circuito cerrado de televisión de la Asamblea "se encuentra caduco, ya que posee alrededor de 140 cámaras, de las cuales 136 se encuentran funcionales, cuatro no operativas; de las funcionales, 73 tienen  12 años de vida y son análogas y 63 son de tecnología IP, con cinco años de vida útil". 

Pero este es el menor de los problemas para la Policía. A sus investigadores, luego de la denuncia por presunto espionaje puesta en la Fiscalía Nacional, por la presidenta de la Asamblea, les toca determinar si el espionaje hecho desde los micrófonos a través del Control Master se replica en todas las instancias del edificio principal de la Función Legislativa. Todas las comisiones parlamentarias usan el mismo tipo de tecnología que permitió que se captaran conversaciones de modo clandestino, sin que la presidenta se diera cuenta. Las posibilidades son aterradoras: se pueden escuchar todas y cada una de las conversaciones privadas de los 135 asambleístas, se pueden escuchar, grabar y usar las comparecencias reservadas y secretas; incluso se puede abrir los micrófonos y capturar el sonido ambiente de las oficinas de los presidentes y vicepresidentes de las comisiones legislativas. ¿Desde cuándo? Eso no se sabe, pues por la responsabilidad de la Asamblea pasaron Gabriela Rivadeneira y José Serrano, solo ellos saben si las conversaciones de los diputados fueron protegidas. 

Todo esto está bajo etapa de indagación. El 12 de marzo, la presidenta de la Asamblea puso una denuncia ante la Fiscalía, como respuesta  la denuncia que un día antes había colocado el correísta Ronny Aleaga Santos, contra ella y María Paula Romo, por supuesto tráfico de influencias. Esta denuncia estaba basada en el audio fruto del espionaje. Durante una entrevista del espacio de entrevistas del medio digital La Posta, espacio que dirige Ándersson Boscán, Aleaga dijo que "durante la transmisión del cambio del orden del día, yo lo hice a través de mis redes sociales, yo voy a mostrar el capture (sic) de pantalla de un ciudadano que me alerta porque el micrófono se escuchaba bajo, pero que le puso más atención este ciudadano (...) Yo le estoy comentando lo que pasó y como nos dimos cuenta y nos pudimos percatar y así como se percató este ciudadano, así se percataron otras personas". Esta sería una evidencia de que la obtención y presentación del audio se la realizó de manera fraudulenta. Otras evidencias son: el mensaje en Twitter de la cuenta @InfoDuraDos, desde la cual se lanzó el video, y la cuenta EcuadorPlay que está en Facebook.  La denuncia contra Aleaga es por "violación a la intimidad", "asociación ilícita" e "interceptación ilegal de datos". 

Y ahora el espionaje fue al iPhone y al iPad del presidente y su esposa

El tema no ha quedado ahí. Acusados como estuvieron de intentar proteger al presidente Moreno o de impedir la fiscalización, la estrategia del morenismo pateó el tema de las off shore para adelante: una mayoría de 74 votos en el Pleno determinó que el contenido del artículo de La Fuente pase a análisis y probable investigación en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, la cual está en manos de la asambleísta de Alianza PAIS, María José Carrión. Ella determinó el procedimiento: "quienes hagan el pedido formal de fiscalización deben recoger firmas y presentar el pedido en el Consejo Administrativo de la Legislatura, CAL. Este organismo debe analizar si es que el pedido cumple con los requisitos, y de ser la persona investigada el Presidente de la República, (la norma) establece que la Corte Constitucional de un dictamen de admisibilidad (para determinar si cumple) por las tres causales que establece la Constitución, temas como cohecho, peculado, delitos contra el Estado... Si la Corte considera que sí cumple con estos requisitos, que las causales establecidas en la Constitución son cumplidas (sic), deberá dar un dictamen de admisibilidad —luego de un debate en la Corte Constitucional— para un juicio político, y de ahí volver a la Asamblea Nacional que deberá resolverlo en setenta y dos horas.  Si es que hay actores privados vinculados, lo que corresponde es que la Asamblea Nacional notifique a la Fiscalía General toda aquella documentación que corresponde a actores privados. La Comisión de Fiscalización no puede recomendar o no un juicio político porque no tiene esa facultad, lo que hace es tramitar juicios políticos". 

Así que la decisión del trámite legislativo y su eventual consulta a la Corte Constitucional dependerá de las pruebas que el asambleísta Ronny Aleaga pueda presentar. En ese aspecto, hay tranquilidad en el cuartel general de Elizabeth Cabezas, pues ahí consideran que el correísmo no tiene más pruebas contra el Presidente que las que publicó el portal La Fuente, es decir, nada. Lo que hay, dicen, es un caso de involucra a un hermano y a amigos del Presidente, que no son funcionarios públicos. En una reunión del bloque de Alianza PAIS (versión morenista) uno de los asesores de la Presidencia preguntó a los asambleístas porqué había que juzgar al presidente Moreno, y casi la mayoría respondió: porque tendría cuentas en paraísos fiscales, porque tendría un apartamento en España, porque... Es decir, concluyó el asesor, por todo lo que dice Rafael Correa. Y, preguntó ¿cuántos de ustedes han leído el reportaje y consideran que ahí hay evidencias que involucran a Lenín Moreno? Ninguno levantó la mano. Nadie lo había leído, relató una fuente que asistió a la reunión.

Esta resolución de iniciar un proceso en la Comisión de Fiscalización, que se dio el martes 26 de marzo, se concretó a la vez que se hizo pública una denuncia en redes sociales de WikiLeaks, el portal y organización del hacker Julian Assange, quien se encuentra asilado en la sede diplomática del Ecuador en Londres ya cerca de seis años. En estas publicaciones, acompañadas de la puesta en el aire de un portal temático www.inapapers.org, mostraron fotos privadas del presidente Moreno y su familia, que fueron tomadas mientras servía en Ginebra en una misión de Naciones Unidas. Las fotografías —y así fue admitido y promocionado por los autores de estas denuncias—fueron hackeadas de los teléfonos y el iPad de Lenín Moreno y su esposa.

¿Cómo llegaron esas fotografías íntimas del entonces exvicepresidente de la República a manos de WikiLeaks? Al parecer, según los primeros indicios, el portal de Assange solo sería el medio para difundir el resultado de lo que fue el espionaje a Lenín Moreno y su familia. Aunque eso aún está por investigarse, en el Ejecutivo se tiene la certeza de que ni Moreno se libró de ser un blanco de la inteligencia del correísmo, y que guardaron esas fotos e incluso sus correos hackeados para poder extorsionarlo. Y esa operación de espionaje, ¿cuándo se hizo? ¿Quién la hizo? ¿Porqué ahora está en manos de particulares? ¿Quién dirigió la Senain y otros órganos de Inteligencia y seguridad en la fecha en que esas fotos y correos fueron hackeados? Son las preguntas, y las respuestas a las mismas dependerá de las instituciones respectivas. A Fernando Villavicencio le allanaron la casa brutalmente, en diciembre del 2014, aterrorizaron a su familia y lo persiguieron por mucho menos de eso: acusado de haber difundido correos hackeados del secretario Jurídico de la Presidencia y del Procurador.

El Gobierno ecuatoriano, a través de su canciller, José Valencia, anunció que el Estado ecuatoriano responderá de acuerdo al derecho internacional. Una consecuencia de estas publicaciones sería la expulsión de Assange de la Embajada del Ecuador en Londres, acusado de violar las condiciones del asilo. Sin embargo eso no es fácil: el Estado ecuatoriano deberá demostrar que Assange tuvo directa participación en este hackeo a la primera autoridad del Gobierno ecuatoriano y demostrarlo ante las organizaciones de derechos humanos que garantizan el derecho al asilo en el continente y en el mundo. Assange tiene medidas cautelares en la CIDH y la protección especial de las Naciones Unidas. 

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