La carta está fechada el pasado 21 de enero y aún no hay respuesta. La Comisión Nacional Anticorrupción de los movimientos sociales, integrada por personajes como Julio César Trujillo, Jorge Rodríguez, Simón Espinosa, Ramiro Román, Isabel Robalino, entre otros, remitió al presidente Rafael Correa una denuncia pública, sobre un presunto sobre precio en la fallida compra de 500 mil placas vehiculares por parte de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).

Es la segunda denuncia que formula la Comisión, quien también reveló que, en la construcción de la Central Hidroeléctrica Manduriacu, se podría establecer que hubo sobreprecios. La denuncia fue respondida por el Gobierno con un juicio penal por calumnias, presentada por el ministro de Electricidad, Esteban Albornoz. Para la Comisión, aparte de la demanda y de una serie de amenazas, el Gobierno no ha presentado ninguna aclaratoria sobre los temas de fondo de su primera denuncia. 

A pesar de ello, precisaron los miembros de la Comisión en su carta pública, están dispuestos a continuar con su tarea de fiscalización, y ante los emplazamientos públicos del presidente Correa de que se le presenten denuncias documentadas, entregaron en el Palacio de Gobierno un nuevo expediente con detalles del caso.

Según esta nueva denuncia de los comisionados, la ANT, el 14 de diciembre de 2015, invitó, amparándose en el régimen especial de Contratación Pública, a la empresa Fabriequipos para que le provea de 500 mil láminas semi elaboradas para placas de idenficación vehicular, con un presupuesto referencial de USD 3´600.000 más IVA. El 18 de diciembre del año pasado, una comisión técnica, integrada por funcionarios de la ANT y presidida por Luis Vernaza Álava, recomendó adjudicar la compra a dicha empresa. 

Para el 28 de diciembre, por medio de una resolución de la ANT, se declaró la adjudicación, pero esta fue suspendida y declarada desierta el 12 de enero de 2016, por disposición del Servicio de Contratación Pública (Sercop).

Aunque la Comisión admite que no se llegó a realizar la compra, debido a la declaratoria de desierto del proceso, sus reparos van hacia la forma en la que los funcionarios de la ANT realizaron el proceso precontractual. 

Valores exagerados

Según la denuncia formulada por la Comisión, en el caso de la fallida compra de placas vehiculares, se podría establecer que iba a haber un sobreprecio de por lo menos USD 2´350.000. Para los comisionados, lo ocurrido sería "una posible sobrefacturación en la importación de láminas (...) procedimiento ilegítimo y antijurídico, utilizado de manera inescrupulosa desde hace varios años, para dejar fuera del país, utilidades o comisiones previamente pactadas con el supuesto exportador o fabricante".

Los comisionados sostienen que recién en octubre de 2015, en un informe interno, se estableció que la ANT, para el año que ya casi terminaba, iba a necesitar no menos de 500 mil láminas semielaboradas, pues la ANT estableció que había varios municipios que asumirían competencias de tránsito. 

Para establecer el valor de la adjudicación, un funcionario de la ANT, llamado Ricardo Rocha, presentó un cuadro de tres ofertas en la que el valor de cada placa era de por lo menos USD 7,20. Las tres ofertas que aparecen en el cuadro corresponden a las empresas Fabriequipos, RS Representaciones y Lamback, sobre las que los comisionados presentan varios reparos. Por ejemplo, de Fabriequipos, se estableció que es una empresa incautada al Grupo Isaías que había incumplido algunos requisitos en el pasado, pues no es un fabricante de placas sino una empresa intermediaria.  

RS Representaciones es el nombre comercial de una persona natural, quien aparece como contratista del Estado. Lamback, entre tanto, es una supuesta empresa de la que la Comisión no pudo encontrar ningún registro ni en el SRI ni en ninguna base de datos de acceso público.

La Comisión adjuntó en su carta al presidente algunas proformas de otras empresas del ramo, en donde se establece que el precio en el mercado de las láminas cotizadas fluctúa entre USD 1.84 y USD 2.20.

Adjuntan también sobre una reciente compra hecha por la autoridad de tránsito de la República Dominicana, en la que el costo fue de apenas USD 2,56 por placa, con el agravante de que en ese país se compraron ya las placas terminadas.

Para la Comisión, esta fallida compra evidencia cómo se están "amarrando los precios" y abusando de la modalidad del régimen especial. Finalmente, la Comisión pide al presidente de la República que tome medidas en el ámbito de su competencia, sin perjucio de las acciones legales a las que haya lugar por posibles delitos cometidos por los funcionarios de la ANT.