Veinte minutos antes de las 11 de la mañana, hora en que se instalaría el primer juicio de lesa humanidad en la historia del Ecuador, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Alto Mando militar y decenas de altos oficiales uniformados, en su mayoría de la Fuerza Terrestre, hicieron su ingreso a la Corte Nacional de Justicia por la puerta lateral.  Decenas de militares en servicio pasivo, coroneles, generales y de otros grados, que se habían apostado con carteles y megáfono, corrieron a recibir al mando militar, que con sus impecables uniformes, charreteras brillantes y el ceño adusto, desfilaban hacia los ascensores que los llevarían al octavo piso de edificio, donde estaba previsto que se celebrara la audiencia. Mientras los jefes militares pasaban, los manifestantes les gritaban: queremos un mando con liderazgo! No queremos un mando de rodillas!

Mientras eso ocurría, los familiares, testigos y víctimas de la parte acusadora, ingresaban por la puerta frontal, en estricto control de identidad por parte de la Policía. Ahí estaba Susana Cajas, con una blusa sencilla, de algodón blanco, acompañada de parientes, amigos y algunos excompañeros de Alfaro Vive, la organización armada que operó en el Ecuador entre 1983 y 1988, y que fuera diezmada en el gobierno de León Febres Cordero. El juicio, precisamente, correspondía a la acusación que tres de sus miembros: Cajas, Xavier Jarrín y Luis Vaca Jácome, quienes acusaron a altos oficiales del ejército por los delitos de secuestro, desaparición forzada y violación, que según la acusación particular y la Fiscalía constituyen delitos de lesa humanidad.

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Una de las consignas que se agitaron fueron: somos militares, no criminales.

Cajas, visiblemente nerviosa, daba declaraciones a la prensa, mientras a su lado voceros de los militares en servicio pasivo hacían lo propio y pedían pitar a los vehículos que circulaban por la avenida Amazonas, los cuales correspondian. Susana Cajas dijo que con esta denuncia ellos habían logrado que en el Ecuador se entienda que todos somos iguales y que por el hecho de llevar uniforme o estar en la alta cúpula militar o policial, no pueden quedar fuera de la justicia y de rendir cuentas de lo que hicieron. "Siempre parto de que estoy hablando con la verdad, esta historia ocurrió, yo la viví, y es la prueba más fuerte de este proceso, pero además hay muchos documentos clasificados, archivos institucionales", dijo. Cajas calificó de irresponsabilidad el hecho de que elementos militares hayan convocado a una manifestación. En ningún momento hay una intención de afectar a las fuerzas armadas, aseguró; este juicio tiene nombres y apellidos, los acusados están acusados para responder por los cargos que ocupaban durante el gobierno de Febres Cordero, cuando ocurrieron los hechos. Lo que están haciendo los militares es una irresponsabilidad; no sé si actúan bajo el temor o el miedo, pero crear el ambiente de zozobra, es actuar con irresponsabilidad".

Cajas confiaba -declaró- en que quienes protestaban era solo un grupo de las fuerzas armadas, que no eran todos. Pero se equivocaba: la presencia del Alto Mando había sido una sorpresa para todo el mundo en la sala de audiencias. Y estaban todos -menos el comandante general de la Fuerza Naval- lo cual reflejaba un respaldo, solidaridad o espíritu de cuerpo, para con los oficiales juzgados. Sorpresa e indignación es lo que manifestó Juan Pablo Albán, el abogado de la acusación particular que, con un elegante terno gris, se dirigió a la parte trasera de la sala de audiencias para dar sus criterios, La pregunta vino de cajón: qué le parecía la presencia de los mandos militares en la Corte Nacional de Justicia: "es sin duda una presión inadecuada, creo que estos señores deben retirarse de aquí, esta audiencia es pública pero no lo es para ejercer presion, ni para los jueces ni sobre las partes. No se trata de discriminación, creo que es bueno que ellos vengan y se enteren de lo que se trata, pero que vengan vestidos de civil porque aquí no están cumpliendo función alguna y no hay razón para que vengan uniformados.Sin duda es una intimidación, esa misma intimidación que derivó en una amenaza de muerte bajo la puerta de mi oficina, y estoy seguro que tiene relación con este caso". 

El coronel en retiro Fausto Cobo, ex asambleísta y dirigente político de CREO arenga con un megáfono frente a la Corte Nacional de Justicia.

Esa fue la reacción de Albán, y mientras lo hacía, un coronel en servicio pasivo, a modo de periodista, lo emplazó: y los que mataron a Briz, qué son, ¿no son terroristas? Albán no hizo caso y siguió argumentando: "mis defendidos buscan verdad, justicia y reparación por crímenes gravísimos que se cometieron en su contra hace tres décadas. Buscan reparación integral, garantías de no repetición para que las fuerzas armadas no repitan sus conductas, buscan medidas de rehabilitación". La acusación de lesa humanidad para los acusados fue explicada por Albán: se trata de un ataque sistemítico en contra de la población civil, existía un plan, una estructura, una asignación de recursos, divisiones de tares, sistematisidad, y en consecuencia esun crimen de lesa humanidad y no simple violación a los derechos humanos. 

Las "acusaciones" de los militares contra la Justicia era que se juzgaba a los militares mientras que a llos miembros del grupo subversivo se los condecoraba y daba cargos públicos.

Susana Cajas, una de las acusadoras, da declaraciones al pie de la Corte. Ella dijo que esperaba que haya una sentencia en favor de las víctimas y se condene el delito de violación sexual.

Lo cual sería el argumento de la defensa de los militares acusados: no es crimen de lesa humanidad, las fuerzas armadas del Ecuador no actuaron del modo que dice la defensa en contra de la población civil, sino que actuaron frente a un grupo que se había alzado en armas contra el Estado ecuatoriano y actuaron en consecuencia. Aunque han reconocido excesos, dijeron los abogados de la defensa, no se puede señalar que el Estado en ese momento, ni sus fuerzas armadas, actuaron como grupos criminales para atacar a población civil; y por ello han enarbolado la defensa política de la institución militar como parte angular de la defensa legal.

Para Albán, si embargo, los acusados son inocentes mientras la parte acusadora (o sea él y las víctimas) y la Fiscalía puedan demostrar que lo que les pasó a Cajas, Jarrín y Vaca fue parte de una política criminal de represión y que quienes estaban acusados de ello fueron parte del engranaje institucional que provocó ello y por tanto eran culpables así cumplieran órdenes.

Sin embargo, la Fiscalía no compartía la indignación de Juan Pablo Albán, por la presencia del Alto Mando en la sala de la Corte Nacional. Fidel Jaramillo, el fiscal encargado de investigar y judicializar más de 60 casos de este tipo dijo, prudentemente, que con la presencia militar no estaba sucediendo nada distinto a lo que pasaba en los juzgamientos de los militares en el Cono Sur, por ejemplo. "Siempre han hecho espíritu de cuerpo, en todos los países siempre han mantenido el mismo discurso; no hay aquí sorpresa, Esta es una audiencia pública". Para Jaramillo, lo que estaba en juego era que la Fiscalía había investigado este proceso durante varios años. El expendiente señala, precisamente, dijo el Fiscal, que hubo esta acción sistemática del Estado, pues en su oficina hay 60 casos que pueden ser considerados de lesa humanidad, todos denunciados por la Comisión de la Verdad. "Estamos marcando la cancha, estamos abriendo camino y estamos en el sentido correcto", dijo Jaramillo. El fiscal general, Galo Chiriboga, diría luego con voz casi inaudible que la presencia del Alto Mando era una forma de expresión del espíritu de cuerpo de los militares con sus excomandantes.

Altos oficiales de las tres ramas de las Fuerzas Armadas hicieron acto de presencia como una forma de "respaldo institucional" a los ex oficiales acusados de presuntos delitos de lesa humanidad.

La mitad de la sala estaba copada por unas 200 personas. Muchas de ellas eran uniformados, mientras que del otro lado se sentaron familiares y amigos de las víctimas, En ese lado estaba sentada la asambleísta María Augusta Calle, quien fue el unico personaje político visible en el lugar. También llegó el exdictador, general Guillermo Rodríguez Lara, apoyado en una silla de caminar. Muchos oficiales sonrieron, se acercaron y saludaron. Pero no iba a apoyar a nadie en particular, dijo su abogado, sino en calidad de testigo.

El ex dictador, general Guillermo Rodríguez Lara (1973-1976) saluda con un ex alto oficial de las fuerzas armadas. El general acudió en calidad de testigo. Lo acompañó su abogado, Augusto Tandazo.

La jueza subrogante, Sylvia Sánchez, se presentó diez minutos después de las 11, la hora señalada. Empezó por pedir que la prensa hiciera sus tomas y saliera. Y para quienes copaban los pasillos de acceso y permanecían de pie, exigió silencio, Luego pidió a la Secretaría que empiece por constatar si estaban presentes los sujetos procesales, es decir, los acusados, los acusadores y sus abogados. Ahí estaban las tres víctimas, representadas por su abogado defensor, Juan Pablo Albán; el fiscal general, Galo Chiriboga, y el fiscal director de Derechos Humanos de la Fiscalía, Fidel Jaramillo. Frente a ellos estaban cuatro acusados, encabezados por orden de rango por el general en servicio pasivo, Marcelo Delgado. Todos contestaron la lista leída por el secretario, pero cuando llegó a Mario Apolo, el quinto acusado, su abogado presentó un certificado del seguro social, donde se afirmaba que a las cinco de la madrugada de ese día había sido internado en emergencias de esa casa de salud por un síncope cardiaco. La jueza no presentó la carta a la parte acusadora, pero la leyó en voz alta, para que toda la sala se entere, y suspendió la audiencia. 

Susana Cajas y Xavier Jarrín muestran su desconcierto ante la suspensión de la audiencia, al igual que su abogado defensor, Juan Pablo Albán (abajo).

Fue el mismo acusado, Apolo, quien días antes había pedido a que se postergara su presencia cuando se había ya fijado fecha para una primera audiencia en este juicio. En una notificación, del 30 de octubre del 2015, de la Corte Nacional de Justicia a una de las partes procesales se lee: "El procesado Mario Apolo señala que su abogado patrocinador ha sido convocado en otra causa a una Junta de Menores, por lo que "al haber un interés superior de protección hacia los menores", solicita se señale nueva hora y fecha para la audiencia dispuesta en la presente causa (...)".  La Corte puso fecha a la nueva audiencia para el lunes 9 de noviembre. La comunicación llevaba otra noticia: la jueza principal Zulema Pachacama Nieto había pedido licencia y sería reemplazada por la jueza Sylvia Sánchez.

El primero de los militares activos en abandonar la sala luego de la suspensión de la audiencia fue el comandante de las fuerzas armadas, general Luis Garzón. En medio del pasillo y sin detenerse, el alto oficial recibió una pregunta de Plan V: la parte acusadora estima que la presencia del Alto Mando en la Corte es una forma de presión e intimidación. El general respondió que no era eso, que su presencia era parte de la debida solidaridad con su excompañeros de armas, y que sobre los motivos habia hablado previamente con el Fiscal General. Minutos más tarde, el fiscal Chiriboga desmentiría al general: "no he hablado con nadie del Comando Conjunto" sobre la presencia militar en la audiencia.

El abogado de Mario Apolo, uno de los acusados, anuncia que su cliente no podrá comparecer a la audiencia por sufrir un síncope cardiaco a las 5 de la mañana de ese día. Al fondo, cruzado de brazos, el general (r) Marcelo Delgado. 

La parte acusadora, de izquierda a derecha: Luis Vaca, Susana Cajas, Xavier Jarrín y el abogado Albán.

La sala había quedado casi vacía mientras el general Marcelo Delgado, junto a varios familiares y compañeros se disponía a abandonar la Corte. La presencia del Alto Mando, "me sorprendió sobre manera. Tenemos una gratitud extremadamente sentida por la solidaridad recibida; porque ellos más que nadie saben que no hemos cometido delito alguno, en mi caso personal yo no he cometido delito alguno; fui jefe de la Casa Militar de la Presidencia de la República, y cuando sucedieron los hechos yo estaba cumpliendo funciones totalmente diferentes a la lucha antisubversiva; decir que desde esa oficina se conducía la lucha subersiva es un error terrible que tienen que comprobar. Vamos a ver si pueden comprobar", dijo.

En la planta baja de la Corte, el reciente exjefe del Comando Conjunto de las FF.AA. general Ernesto González, hablaba para Telesur. Decía que resultaba desproporcionado juzgar a exoficiales por crímenes de lesa humanidad, con protocolos de la Corte de Nuremberg, como si de nazis se tratara. "Se toman como pruebas periciales, para decir que es crimen de lesa humanidad, el Concepto Estratégico Nacional que hizo el Consejo Nacional de Seguridad, y el Plan de Defensa Interna de Fuerzas Armadas, Democracia 2, planes que han tenido con normalidad las fuerzas armadas y que tienen este momento. Y esa es una prueba de la fiscalía, porque ahí se dice que la planificación tiene que ser sistemática". Para González, la actitud del Alto Mando, de defensa institucional, está totalmente justificada, porque no se puede pretender que las fuerzas armadas cometieron crímenes de lesa humanidad como en otras partes: ¿dónde están los tres mil desaparecidos", se preguntó González.

 
La jueza ponente Sylvia Sánchez, quien según la parte acusadora "colaboró" para que se suspenda la audiencia, cuando la norma le permitía instalarla en ausiencia de uno de los acusados. Abajo, el fiscal general Galo Chiriboga y su equipo de apoyo. 

A las 11:34 de ese día, el abogado de las víctimas, Juan Pablo Albán, ponía en su cuenta de twitter la siguente frase: "Militares sabotean la instalación de la audiencia de juicio por crímenes de lesa humanidad. La Juez ponente colabora con esto". 

La jueza, Sylvia Sánchez, no instaló la audiencia basada en el artículo del código de procedimiento penal en el cual se dispone que en caso de ausencia del acusado no se podía instalar la audiencia. Pero hay otro artículo en el mismo cuerpo legal que dice que en caso de haber varios acusados, si uno de estos se ausenta, la audiencia se puede continuar dejando en suspenso la parte que corresponde al acusado ausente. La jueza -dijo Albán- debía entregar a la parte acusadora y a la Fiscalía el certificado médico y luego deliberar. Nada de eso se hizo.

Para la defensa de las víctimas hay un boicot y una presión militar indebida en la causa judicial. Lo que no sabe es si la acción del Alto Mando contó con la venia de su comandante en jefe, Rafael Correa Delgado.

El general José Gallardo, ex Ministro de Defensa presentó su respaldo a los ex oficiales en la Corte Nacional de Justicia

El país lo sabría cuatro días después. A su regreso de su reunión en Asia, el presidente Correa no se ahorró descalificaciones al Alto Mando militar como reacción a la acción emprendida por la alta oficialidad en la Corte Nacional, en la cual incluso estuvieron los generales comandantes de Brigada, que representan la parte operativa de las Fuerzas Armadas. En un conversatorio con medios la mañana del viernes 13 de noviembre, dijo que la irrupción en la audicia fue "inoportuna, inadmisible e impertinente".

La agencia de noticias oficial, ANDES, reportó en su portal lo siguiente:

Correa "cuestionó las declaraciones del comandante del Ejército, Carlos Obando, quien mencionó que la asistencia de los jefes militares a la audiencia se trataba de una posición Institucional. “Me parecen declaraciones desafortunadas, presencia totalmente inoportuna”.

“En un estado de derecho se juzgan delitos, no es que se persiguen personas, instituciones; entre los acusados tengo personas a las que aprecio, pero tenemos que dejar que funcione la justicia (…) eso de tener treinta altos oficiales uniformados en el juicio y que diga el comandante del Ejército que están ahí como respaldo institucional, etcétera, es inadmisible en un estado de derecho”, subrayó.

El jefe de estado dijo que en este caso (Vaca-Cajas-Jarrín) se investiga torturas, violaciones y detenciones ilegales. “No es que se está persiguiendo a militares, a las Fuerzas Armadas, eso es un discurso mediocre que debe ser superado en este nuevo país”, apostilló.

Manifestó que la próxima vez que los oficiales quieran asistir a una audiencia “lo hagan de civil y a manera personal”.

El ministro de Defensa, Fernando Cordero, coincidió con el presidente Correa en rechazar la presencia del alto mando en la audiencia lo que calificó como un error. Reiteró que hay que dejar que funcione la justicia sin presiones y descartó que se establezcan sanciones pues, aclaró, el gobierno no está facultado para hacerlo.

Lo que no mencionó la agencia oficial en su reporte fue que el Presidente también afirmó que nadie puede negar que hubo torturas, violaciones, prisión indebida. Lo cual mereció la rápida reacción del constitucionalista Rafael Oyarte, quien en Radio Democracia, dijo minutos después que el Presidente estaba afirmando que hubo esos delitos, cuando recién se está instaurando un juicio para comprobar que los hubo. Y estas palabras equivaldrían a "una orden" para los jueces de la causa. El Presidente también dijo no compartir la opinión del fiscal general, Galo Chiriboga, de que la presencia de los militares uniformados en la Corte era un acto de espíritu de cuerpo. Esta actitud de los militares representa un retroceso de treinta años; qué tal que en el Caso Fybeca el Alto Mando policial hubiese acudido a la Corte para repaldar a sus compañeros, dijo.

Correa y sus ministros asistieron a la Corte Nacional de Justicia a la audiencia final cuando interpuso una demanda penal "como ciudadano" por injurias en contra del columnista Emilio Palacio, el diario El Universo y lo shermanos Nicolás, César y Carlos Pérez, accionistas principales del diario.