La estrategia estaba trazada claramente: el presidente Rafael Correa, al admitir, a los pocos días de los comicios del 19 de febrero, que habría segunda vuelta, anunció que Guillermo Lasso era el "candidato más fácil de vencer". Según la reflexión del mandatario, la vulnerabilidad del magnate, ex titular del Banco Guayaquil, se basaba en su presunta vinculación con el feriado bancario, y por haber sido parte del gabinete del presidente Jamil Mahuad. 

El 8 de marzo del 2017, se cumplieron 17 años del feriado bancario. El Gobierno convocó a una marcha en la capital para recordar el hecho, concentración que no se había hecho en los años anteriores del gobierno de Correa ni se había mencionado jamás el tema en medios públicos.  Durante la concentración, el Gobierno recordó las medidas tomadas por el derrocado presidente Mahuad, quien actualmente vive en el exilio en Estados Unidos. Algunos de sus ex funcionarios, sin embargo, encontraron empleo en la autodenominada Revolución ciudadana. 

Uno de ellos es Nathaly Cely, que a inicios de los noventa, laboró en el sistema financiero privado. Su primer trabajo fue como trader de divisas y luego a los 28 años en calidad de Vicepresidenta del Banco Unión, donde colaboró con Roberto Baquerizo, sindicado en el 2000 por irregularidades en el feriado bancario.

También trabajó con otro banquero cuestionado: Alvaro Guerrero Ferber, vicepresidente del Banco La Previsora y presidente del Consejo Nacional de Modernización (Conam), durante el gobierno de Jamil Mahuad. Fue funcionaria del Conam y aliada de Mahuad, a quien acompañó hasta el último minuto antes de ser derrocado el año 2000.

Cely fue nombrada Ministra de Coordinación de Desarrollo Social y Ministra Coordinadora de la Producción, Empleo y competitividad. Se conocía que ella influía en las decisiones económicas del Mandatario. El más reciente cargo en la Revolución Ciudadana, fue como embajadora de Ecuador ante los Estados Unidos, cargo del cual renunció.

Mauricio Dávalos, exgerente del Banco Central del Ecuador en época de Mahuad, fue ministro Coordinador de Economía en este gobierno, actualmente Dávalos es accionista de Edinpetrol empresa petrolera que tiene varios contratos de explotación de crudo.

Carlos Vallejo, ex ministro de Oswaldo Hurtado, exministro y amigo personal de Mahuad, ex diputado de la desaparecida Democracia Popular, en el régimen de Correa fue ministro de Agricultura, gerente del Banco Central y embajador del Ecuador en Italia.

El cantante del grupo Pueblo Nuevo, Galo Mora Witt, primo del derrocado presidente Jamil Mahuad Witt, también encontró una ubicación en el correísmo. Mora fue compañero sentimental de la exministra de Defensa, María Fernanda Espinosa. Desde el año 2014 Mora ejerce la representación permanente de Ecuador en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). 

Pero a pesar de estos vasos comunicantes, el mensaje del presidente, que buena parte del aparataje de la propaganda del Estado se ha dedicado a difundir, es insistir en que los banqueros de la época de Mahuad se beneficiaron de los Certificados de Depósitos Reprogramados (CDR) y de los Certificados de Pasivos Garantizados (CPG). También acusa del feriado a las presiones de los ex banqueros, entre ellos, los hermanos William y Roberto Isaías, ex propietarios del Filanbanco, actualmente prófugos de la justicia en Miami. 

Pero, ¿cuáles fueron las acciones del gobierno de Correa con relación al feriado bancario? ¿Realmente carece de toda responsabilidad como sostiene la propaganda del Estado? 

El decreto 1492

Luego del congelamiento del dinero de los ecuatorianos, se ordenó entregar los CDR y CPG a los depositantes para que cobren su dinero. Estos papeles fueron negociados y quienes los cobraron lo hicieron por menos de la mitad de su inversión. Pero los bancos que se quedaron con estos papeles sí cobraron el valor total, mediante el decreto 1492, que en su artículo 2, dice que estos papeles deberán ser recibidos obligatoriamente por las instituciones financieras privadas y por la Corporación Financiera Nacional (CFN), para cancelar la totalidad o parte del capital de las obligaciones por vencer o vencidas incluyendo intereses u otros recargos, concedidos hasta el 11 de julio de 1999. La cancelación se hizo a nombre de los que lo solicitaron, por el valor nominal.

Fueron los banqueros quienes recibieron dinero líquido de la CFN y a cambio le entregaron a esa entidad del Estado papeles sin valor real. Los depositantes jamás recibieron el valor íntegro pues fueron obligados a negociar esos papeles con el 50 y 60 % de descuento.

La Corporación Financiera Nacional (CFN) entró en quiebra por los decretos firmados en el Gobierno de Jamil Mahuad: 685, 1490 y 1492 . Sectores de oposición han sostenido que el coautor del decreto 1492, fue Pedro Delgado Campaña, en ese entonces gerente de Riesgos de la CFN y posteriormente intendente general de Bancos. Delgado, primo lejano del presidente, huyó del país tras descubrirse que durante décadas había trabajado como funcionario público con un título de economista falsificado, y fue posteriormente condenado por el caso Duzac, una irregular concesión de un crédito de la banca pública a un extranjero. 

Los mismos sectores acusan también a Juan Falconí Puig, ministro de la Producción en el gobierno de Mahuad y presidente del Directorio de la CFN, y posteriormente Superintendente de Bancos junto con Pedro Delgado de intendente general, como uno de los autores del feriado bancario, aunque varios funcionarios y asesores jurídicos de la Presidencia también participaron en ese proceso.

La denuncia de Correa a la fiscal Armas 

En julio del 2006, el candidato Rafael Correa presentó una denuncia a la entonces fiscal general del Estado, Cecilia Armas de Tobar, en contra del ex presidente Jamil Mahuad Witt, en la que establecía que el congelamiento bancario que dispuso el expresidente Mahuad "violó los derechos humanos".

Al conquistar el poder en el 2007, Correa ordenó la conformación de una Comisión Especial que investigue a los autores intelectuales, materiales, cómplices y encubridores del feriado.  La comisión estuvo presidida por el economista Eduardo Valencia, presidente del Directorio de la CFN, quien actualmente se desempeña como catedrático universitario. 

Desde marzo del 2007, Correa recibió informes sobre la CFN entregados por Valencia, documentos en los que se identificaban varias responsabilidades y a los posibles autores. En el informe final de esta comisión - el mismo que está descrito en el libro Los secretos del feriado, del exsambleísta Cléver Jiménez y de Fernando Villavicencio-  se indica que el perjuicio económico ocasionado a la CFN tiene su origen en los decretos antes mencionados, pues mediante ellos se ordenó a la entidad recibir CDR y CPG emitidos por el mismo Gobierno, como cancelación de créditos que mantenía la banca quebrada de entonces; es decir, dinero fresco para ciertos bancos quebrados, mientras que, para el Estado, quedaron solo papeles sin valor y la obligación de asumir una cartera vencida.

Según el informe, el prejuicio a la CFN por recibir estos papeles, fue de USD 1.178 millones. Incluso un oficio emitido por Gustavo González Córdova, Gerente General (encargado) de la CFN, advierte a Jorge Guzmán Ortega, Superintendente de Bancos, del prejuicio económico que sufriría la CFN por el pago de esos créditos. Pero Guzmán no tomó en cuenta la advertencia y se acató el decreto 1492.

El 25 de septiembre del 2007, ya en el Gobierno de Correa,  se reunió el directorio de la CFN para tomar medidas. Se evaluó las causas de la crisis bancaria y la quiebra de la CFN y se ubicó a sus responsables. Valencia, en el directorio, solicita que intervengan varios abogados para no dejar cabos sueltos y pide que el caso pase a la Corte Suprema de Justicia, ya que habrían responsabilidades penales.

Los informes parciales y el informe final fueron entregados personalmente por Valencia al presidente Rafael Correa, así como a los organismos de control, a la Fiscalía General del Estado y a la Corte Suprema de Justicia, pero sin efectos legales hasta la fecha. 

Según Jiménez y Villavicencio, Delgado y Falconí también habrían cobrado sus CDR, de manera total, como los banqueros. Incluso Delgado habría adquirido una vivienda en Ecuador con el dinero de los CDR.

La denuncia presentada en la campaña, según sostienen Jiménez y Villavicencio, fue archivada porque el denunciante, es decir, el propio presidente Correa no presentó un solo escrito en ella.

Eduardo Valencia critica al Gobierno

Las críticas de Eduardo Valencia a Rafael Correa, llevan ya algunos años. En una entrevista emitida en Radio Democracia, en diciembre del 2016, Valencia dijo que “Correa traicionó al país“. El líder de la comisión especial, aseguró una vez más, que fueron Juan Falconí Piug y Pedro Delgado, los principales responsables de la quiebra de la CFN. Indicó que el Presidente sabía de este hecho, pero que no le importó, incluso pidió que uno de los integrantes de la comisión fuera el mismo Pedro Delgado, a lo que Valencia se opuso.

Según Valencia, desde marzo de 2007 Rafael Correa ya supo que su primo "había cometido delitos en el salvataje bancario, sin embargo lo nombró su asesor personal y luego dejó que dirija con plenos poderes el Banco Central del Ecuador". “Correa traicionó al país, pues aseguró que las empresas incautadas serían vendidas, pero hasta ahora, los canales de televisión siguen en su poder…Se sacaron la plata y lo taparon todo” afirma.

Valencia llegó a pedir al presidente que ordene a los bancos devolver USD 282 millones en CDRs que aún existían en la CFN, él le planteó a Correa incluso concederles a los banqueros un plazo de cinco años, pues era justo que paguen sus deudas y que se eliminen los CDR´s  y CPG´s. Según él, Correa se opuso radicalmente a la propuesta, argumentando que esa medida quebraría a los bancos. Ante la negativa presidencial, optó por renunciar. Con la aprobación del Código de Finanzas Públicas, en el año 2010, el presidente de la Comisión Legislativa, el ex periodista Paco Velasco, introdujo la transitoria 14 con la cual revivieron los CDRs. En criterio de algunos opositores, esta medida perfeccionó el salvataje bancario que había iniciado Mahuad. 

El salvataje en cifras

La comisión investigadora de la crisis económica y financiera, determinó que el feriado bancario de 1999 le costó al país USD 8 mil millones. Que la CFN entregó créditos por más de USD 1.000 millones a 19.000 beneficiarios finales. Solo la CFN perdió USD 1.178 millones. Según el informe final de la comisión entregado al Presidente, la CFN debía devolver los últimos USD 282 millones en CDRs que permanecían en la institución y recuperar de los bancos el capital más intereses. Esta recomendación no fue acatada. 

Pero a pesar de las críticas en público, el propio presidente Correa mantuvo reuniones con banqueros. En el 2015, Fidel Egas, presidente del Banco Pichincha, indicó que ayudó económicamente en la campaña presidencial de Rafael Correa. Mientras tanto en el 2012, Guillermo Lasso aseguró que Correa estuvo en su casa en dos ocasiones para pedirle ayuda económica para la campaña del 2006. El hermano del presidente, Fabricio Correa, también aseguró que Lasso ayudó en la campaña de Correa. Ante esto Lasso en un reportaje publicado por diario El Universo, el 16 de octubre del 2012, indicó que no entiende la actitud insultante del Presidente, si el mismo pidió ayuda a un banquero para ganar las elecciones del 2006. Lasso, sin embargo, siempre se ha negado a revelar el monto del aporte a la postulación de Correa. 

El grupo Eljuri de Cuenca, también propietario del Banco del Austro, es considerado por la oposición como cercano al Gobierno. Entre el 2008 al 2012, Eljuri registró en sus negocios un ingreso aproximado de USD 8.583 millones.

En el gobierno de Lucio Gutiérrez, los bancos obtuvieron una ganancia neta de USD 92 millones. Durante el Gobierno de Correa, en el 2011, el sector bancario alcanzó USD 395 millones. Solo entre los años 2007 y 2013, las ganancias netas de los bancos fueron de USD 1974 millones.

En el gobierno de Correa los servicios financieros subieron. El 23 de octubre del 2015, 17 servicios aumentaron de precio. Con el incremento del IVA del 12 al 14%, por el terremoto, a partir del 1 de junio del 2016, 49 servicios financieros incrementaron su valor.

El manejo de los bienes de los Isaías

En el 2010, el gobierno envió a la Asamblea un proyecto de Código de Finanzas Públicas, allí introdujeron en la Transitoria Décimo Cuarta la disposición de revivir los CDR´s  y CPG´s. que en 1999 fueron declarados inconstitucionales. Con estos papeles, el gobierno logró la venta del ingenio azucarero Ecudos (Aztra), empresa confiscada al grupo Isaías.

También se creó un Fideicomiso para administrar las empresas incautadas a los Isaías, y al frente estuvo el hoy prófugo Pedro Delgado. Con base en el Código de Planificación y Finanzas Públicas, Delgado pudo disponer de las empresas incautadas. “El Fideicomiso AGD CFN NO MÁS IMPUNIDAD podrá disponer de las utilidades que las empresas incautadas reporten”. Dice una parte de la transitoria. 

Ecudos desde que fue administrada en el 2008, por el Fideicomiso administrado por la CFN y Pedro Delgado, entró en crisis. Esto creó inseguridades en sus trabajadores, quienes realizaron continuas protestas. En septiembre del 2011 se vendió el Fideicomiso Mercantil Azucarero Ecuatoriano. Dentro de este fideicomiso estuvo el grupo peruano Gloria, dedicado a la producción de lácteos. Su oferta fue de USD 138,8 millones por el 70% de las acciones.

El dinero se debió cancelar en efectivo al Estado, pero según la Contraloría del Ecuador, este hecho no sucedió, aunque los principales ejecutivos de la Junta del Fideicomiso, Pedro Delgado y Camilo Samán aseguraron lo contrario. El Fideicomiso Mercantil Azucarero Ecuatoriano compró los resucitados CPG´s a la CFN, con el 20% de descuento. Esta fue la manera de pagar la compra de Ecudos al Estado y la otra parte, el 90%,  se cubrió con un préstamo solicitado a la misma CFN, a 15 años plazo con un interés del 5%.
Para el 2014, Ecudos aumentó su valor de acciones en más de USD 215 millones. La empresa fue vendida a bajo precio, en tres años su valor aumentó y el dinero de la compra salió del mismo bolsillo de los ecuatorianos.

Los cargos de Delgado antes y durante el feriado bancario

Durante los gobiernos de Abdalá Bucaram y de Jamil Mahuad Pedro Delgado, quien admitió no tener título de economista, fue Gerente de Riesgos de la CFN. Antes había trabajado en el Banco Popular (1985-1991), donde se ocupó de documentos de comercio internacional, luego fue oficial de crédito responsable de un portafolio corporativo. 

Dio clases en la Universidad San Francisco de Quito en 1994, entre 1998 y 1999 lo hizo en la UDLA y en la Escuela de Negocios de la Universidad del Pacífico. En el 2000, Juan Falconí Puig lo nombró Intendente Nacional de Supervisión de la Superintendencia de Bancos, desde donde promovió la fusión de los bancos La Previsora y Filanbanco.

En el 2001 fue asesor de la calificadora de riesgos Ecuability, hasta que ex el banquero Nicolás Landes, condenado por la quiebra del Banco Popular, le puso un juicio por falsificación de documentos en la Superintendencia de Bancos. A finales del año abandonó el país. Hasta marzo del 2007 se desempeñó como asesor y consultor en entidades internacionales. En esa fecha, Correa lo nombró su asesor presidencial.

Luego ocupó los cargos de líder del Fideicomiso AGD CFN NO MÁS IMPUNIDAD, fue Director de la Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público, UGEDEP, entidad sucesora en derecho de la extinta AGD y fue presidente del Directorio del Banco Central del Ecuador, un cargo con rango de Ministro.

Cuando confesó haber falsificado su título universitario, el ex asambleísta Cléver Jiménez pidió una orden de arraigo al Fiscal General del Estado, Galo Chiriboga, pero esto no se cumplió y Delgado se fue a Miami, supuestamente a la boda de su hijo y según el mismo Presidente le dijo que ya regresaba. Hasta el día de hoy Delgado no vuelve al Ecuador.

El caso del crédito otorgado por Cofiec, otro banco incautado, al empresario argentino Gastón Duzac, por USD 800 mil, fue motivo de una condena contra Delgado. Este empresario fue amigo de Pedro Delgado e incluso se aseguró que era también conocido del mismo Presidente Correa, pero esto no fue admitido por el Mandatario, aunque hay fotografías donde se los ve juntos en Carondelet.

La trayectoria de Falconí

Juan Falconí Puig en una entrevista en Radio Democracia a inicios del 2017, en respuesta a las aseveraciones de Eduardo Valencia, dijo que él no conocía a Delgado.

Falconí criticó a Valencia por la sucretización, realizada durante el Gobierno de Osvaldo Hurtado, sin embargo, omite que el grupo Avellán, (su ex familia política) hizo negocios con estas operaciones simulando una falsa deuda externa para beneficiar a sus empresas y  presuntamente perjudicando al Estado ecuatoriano. 

Falconí Puig también es otro funcionario público de larga trayectoria. En el Gobierno de Rodrigo Borja, fue ministro de Industrias, presidente de la CFN, presidente de Aztra, empresa a la cual quebró de acuerdo con un informe de Price Waterhuose. Según informes presentados por Valencia, en la administración de Falconí se registró un perjuicio a la empresa de USD 14 millones.

En el Gobierno de Mahuad, fue Secretario de la Producción y Presidente de la CFN. Durante el Gobierno de Gustavo Noboa fue designado como Superintendente de Bancos. En este período tuvo un juicio político donde se evidenció que Falconí recibió USD 1 millón en CDR´s emitidos por el Banco del Progreso. En esa época, se dijo que los diputados interpelantes de Falconí actuaban bajo influencia de los Isaías. Ronald Andrade, quien fue el ex legislador que promovió el juicio, está actualmente prófugo de la justicia por presunto asesinato y narcotráfico. 

La designación de Falconí como Superintendente de Bancos se realizó por el ministerio de la ley (silencio parlamentario), por cuanto el presidente del Congreso Nacional de ese entonces, Juan José Pons, no incluyó la designación en el orden del día y dejó que se cumpla el plazo. Pons tenía vinculación directa con el banquero Fernando Aspiazu, acusado de financiar la campaña de Mahuad con USD 3 millones.  Por esa relación (entre Pons y Aspiazu) fueron incautadas sus haciendas. Aspiazu fue sentenciado por el delito de evasión fiscal, a pesar de haber evidencias de peculado. Tras cumplir su pena, vive actualmente en Guayaquil. 

Según sectores de oposición, habría pruebas de depósitos del banco de Aspiazu, a favor de Plainbridge, una empresa de la hija de Falconí, otros a título personal, e incluso a nombre de su abogado y luego gerente de la AGD, Carlos Bravo Macías, quien consta en el informe presentado por la consultora norteamericana Kroll.

En el Gobierno de Correa fue nombrado asesor de incautaciones y embajador ante el Reino Unido. Al menos desde el 2000, Delgado y Falconí trabajaron juntos.

Falconí también es cercano a la banca del Ecuador: fue accionista de Cofiec, en 1982 fue miembro del Directorio del Banco del Pacífico, es amigo de varios banqueros como los Guerrero Ferber ex propietarios de La Previsora. Tanto Pedro Delgado como Falconí reconocieron importantes pérdidas en La Previsora. Según los Isaías, fue la fusión lo que quebró al Filanbanco.

Según el libro Los secretos del feriado, Falconí tuvo intereses durante la crisis financiera del 99 en el Banco Cofiec, pues era de su familia política, los Avellán, también dueños de las acerías Adelca, empresa que salió ilesa de la crisis financiera. A pesar de las denuncias sobre una dudosa fusión con el Banco del Progreso por la que cobraron USD 47 millones.

De la fusión entre Filanbanco y La Previsora dejó fuera de la lista de deudores a los Guerrero Ferber y desde entonces, Falconí tiene sus oficinas en todo el piso 21 del Edificio La Previsora, en Guayaquil.

En junio del 2013, fue nombrado por Correa, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Ecuador ante el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. En julio del 2015 fue designado Embajador y Representante Permanente del Ecuador ante la OMC, en Ginebra, Suiza.

En el plano de la asesoría jurídica, Falconí fue el primero de la lista de abogados requeridos por el gobierno. Por ejemplo, cobró facturas en Coca Codo Sinclair por servicios legales.

Con información del libro Los Secretos del Feriado de Cléver Jiménez y Fernando Villavicencio, y del portal Focus