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13 de Noviembre del 2016
Historias
Lectura: 7 minutos
13 de Noviembre del 2016
Redacción Plan V
Así se desechó la denuncia de Henry Llanes contra el Gobierno y sus canales

Foto: Ubicatv

Henry Llanes, asambleísta alterno de CREO, presentó una denuncia en contra de Alianza PAÍS. 

 

Ocho días después de la audiencia que convocó en un medio de un largo feriado, la jueza del Tribunal Contencioso Electoral, Patricia Zambrano, falló a favor del Gobierno y sus canales, y desechó la denuncia presentada por el opositor cercano a CREO Henry Llanes en contra del presidente Rafael Correa y sus medios audiovisuales.

Lea aquí la sentencia completa. 

La sentencia en la causa 055 del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), suscrita por la magistrada Patricia Zambrano es contundente: a pesar de que el país vió en sus pantallas la transmisión de los canales del Gobierno, como TC Televisión, Ecuador TV, GamaTV y Teleciudadana, de la convención del movimiento oficialista Alianza PAÍS, mientras ignoraban totalmente la convención de la ID que tuvo lugar ese mismo día, no se habría cometido ninguna infracción electoral, tal como había denunciado, sin éxito, el opositor Henry Llanes, cercano a Andrés Páez (CREO).

En efecto, en la sentencia fechada el 10 de noviembre de 2016 a las 16:15, la jueza Zambrano, quien desde el principio se había mostrado reacia a considerar el vídeo de la transmisión de los canales oficialistas como prueba -llegó a decir que las tres horas de duración de la grabación eran excesivas- acogió el criterio de los abogados del Gobierno de que no podía aceptar el DVD que Llánes acompañó a su denuncia por cuestiones meralmente formales. 

El 20 de octubre, Llanes había concurrido ante la justicia electoral denunciando el supuesto uso de recursos del Estado, por medio de los canales del Gobierno y bajo administración gubermental, para difundir la transmisión de la convención del movimiento Alianza PAÍS, en donde el oficialismo realizó la designación del binomio de Lenin Moreno y Jorge Glas para la presidencia y vicepresidencia de la República. Según Llanes, la transmisión que realizaron los canales bajo control oficial favorecía a Alianza PAÍS con recursos del Estado ecuatoriano para su campaña.

El 20 de octubre, Llanes había concurrido ante la justicia electoral denunciando el supuesto uso de recursos del Estado, por medio de los canales del Gobierno y bajo administración gubermental, para difundir la transmisión de la convención del movimiento Alianza PAÍS, en donde el oficialismo realizó la designación del binomio de Lenin Moreno y Jorge Glas para la presidencia y vicepresidencia de la República.

Llanes responsabilizó del hecho al presidente Rafael Correa, al vicepresidente Jorge Glas, al secretario de Comunicación, Patricio Barriga, a  Yuri Velázquez, presidente de TC Televisión, a Ulises Alarcón, gerente de GamaTV y a Xavier Lasso, gerente de Ecuador TV.

En su escrito, Llanes recordó que el evento transmitido por los canales del Gobierno tuvo lugar el 1 de octubre, en el estadio del Aucas, al sur de Quito, y que durante tres horas, estos medios audiovisuales se enlazaron para presentar la convención de Alianza PAÍS, en la que intervino el presidente Rafael Correa y los dos candidatos oficialistas, así como la plana mayor del movimiento en el poder. Para el denunciante, se trató de un "evento político con carácter electoral", en el que se hizo uso de "los recursos y la infraestructura estatales".

Las razones de la jueza

En su sentencia, la magistrada electoral defendió su competencia para tratar el caso, que fue planteada por algunos de los abogados de la defensa. Luego, la jueza, apelando a la "sana crítica", sostiene que el denunciante "no logró establecer de manera fehaciente que los presuntos infractores usaron bienes o recursos públicos" en el evento político de Alianza PAÍS. Las pruebas que presentó Llanes, es decir, las publicaciones de los diarios El Comercio y El Universo, así como un DVD con un vídeo, fueran desechadas por la jueza, para quien la grabación "no fue obtenida en legal y debida forma" de acuerdo con lo previsto en la Constitución. La jueza se fundamentó también en resoluciones del TCE sobre el tema de las grabaciones como prueba, que sostienen que se debe obtener de forma legal. Al parecer, Llanes había presentado un DVD con una grabación no oficial de la transmisión del evento de PAÍS.

Aunque la jueza admite que tanto el presidente Correa cuanto el vicepresidente Glas son funcionarios públicos, asegura que la norma no se les puede aplicar de forma "descontextualizada o manipulada, a criterio subjetivo o arbitrario". 

La jueza Zambrano estimó también que no se puede afirmar que se usaron recursos e infraestructura del Estado en el evento de Alianza PAÍS, pues el Estadio del Aucas es una propiedad privada, así como no habría documento alguno que pruebe que el presidente Correa y el vicepresidente Glas autorizaron el uso de bienes del Estado en el evento político. 

La magistrada acogió  el criterio de la defensa de que todos los gastos corrieron por cuenta de Alianza PAÍS, así como que los canales incautados no son empresas públicas, sino privadas, en las que el Estado tiene acciones, "como herencia perversa y malévola de la crisis bancaria".

La magistrada acogió  el criterio de la defensa de que todos los gastos corrieron por cuenta de Alianza PAÍS, así como que los canales incautados no son empresas públicas, sino privadas, en las que el Estado tiene acciones, "como herencia perversa y malévola de la crisis bancaria".

De ahí que Zambrano declaró que Llánes nunca pudo probar la presunta infracción electoral cometida por el jefe del Estado y su vicepresidente. 

La jueza también rechazó que se pueda considerar publicidad electoral pagada o gratuita a la transmisión de la convención oficialista, acogiendo las pruebas de la defensa de que no recibieron dinero alguno por la transmisión y su criterio de que la hicieron únicamente por ser de interés público, criterio que no compartieron otros medios de comunicación en el país. 

Para la magistrada Zambrano, se debe considerar que el hecho ocurrió 17 días antes de la convocatoria a eleccciones, que ocurrió el 18 de octubre de 2016, y la convención de PAÍS fue "un acto interno de la organización política", por lo que la infracción "no existe en las normas electorales".

Por estas razones, la jueza declaró "sin lugar" la denuncia contra el presidente Correa y el vicepresidente Glas, así como a todos los funcionarios del aparataje mediático del Gobierno. La jueza dispuso, también el archivo de la causa, con lo que el caso de la transmisión de la convención de PAÍS en los medios oficialistas queda sin ningún tipo de sanción. 

 

 

 

 

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