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29 de Febrero del 2016
Historias
Lectura: 10 minutos
29 de Febrero del 2016
Redacción Plan V
Así se fraguó la compra de Los Samanes

Foto: Andes

Un detalle del parque Los Samanes, edificado sobre los terrenos que pertenecieron al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ISSFA.

 

Fue la propia ministra Aguiñaga la que conminó al ISSFA a vender 220 hectáreas en el área de Los Samanes. El directorio del ISSFA emitió una resolución aceptando la negociación y el avalúo de la DINAC, además exigió compensaciones. El directorio estaba presidido por Javier Ponce.

El 19 de agosto del 2010, una carta oficial del Ministerio de Ambiente, firmada por la ministra de entonces, Marcela Aguiñaga (hoy vicepresidente de la Asamblea Nacional), dirigida al ministro de Defensa en ese momento, Javier Ponce Cevallos, le recordaba que el 24 de junio del 2010, el Ministerio del Ambiente “remitió a su autoridad el pedido formal de la firma de un convenio para el respectivo comodato, y la suscripción con el ISSFA de la compra-venta de sus predios al interior de área protegida en base al avalúo de la DINAC, (Dirección Nacional de Avalúos y Catastros).

En ese oficio, la ministra Aguiñaga ponía en consideración del ministro Ponce la propuesta de convenio de  comodato respecto a los predios de propiedad de las Fuerzas Armadas,  y en lo que respecta a los predios del ISSFA, le pidió un pronunciamiento respecto al oficio en referencia “en relación a que nos haga conocer formalmente la decisión referente a la propuesta de compra – venta de dichos predios en un plano no mayor a 15 días; caso contrario esta Cartera de Estado procederá en base a lo dispuesto en el Art. 58 de la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública”.


 Militares en retiro protestan contra el ministro de Defensa, Fernando Cordero, frente al palacio de La Recoleta, centro de Quito. Cordero renunció a su cargo la tarde del 1 de marzo.

La advertencia sobre aplicar la Ley de Contratación Pública se refiere a que el Ministerio de Ambiente podía declarar el predio de utilidad pública o de interés social.  Y que en caso de hacerlo, se debía llegar a un acuerdo entre las partes, y el precio se fijará, tanto para bienes urbanos como rurales, en función del avalúo de la Dirección de Avalúos y Catastros de la Municipalidad “que considerará los precios comerciales  actualizados en la zona”, pero el precio que se convenga “no podrá exceder del diez por ciento sobre dicho avalúo”, dice la ley.

Según el secretario nacional jurídico de la Presidencia de la República, Alexis Mera, la ministra Aguiñaga fue quien se vio presionada por el propio gobierno para llegar a un acuerdo con el ISSFA.

Según el secretario nacional jurídico de la Presidencia de la República, Alexis Mera, la ministra Aguiñaga fue quien se vio presionada por el propio gobierno para llegar a un acuerdo con el ISSFA.

No se llegaron a cumplir los 15 días del plazo conminatorio dado por la ministra Aguiñaga. Pues el 6 de septiembre del 2010, el Consejo Directivo del ISSFA, presidido por el ministro de Defensa Javier Ponce, emitió la Resolución 10-03.1 en la cual aceptaba la “propuesta” de compra venta efectuada por el Ministerio del Ambiente. Dentro de los cálculos que hizo el Directorio del seguro militar, estaba que la afectación de esta transferencia de 220 hectáreas de su propiedad equivalía a USD 98 millones de dólares, de acuerdo a una valoración comercial y de mejoras en la zona.

Además, el potencial comercial era enorme a futuro. El  Plan Maestro para Los Samanes  fue iniciado en el  2009. El supervisor nombrado por el Ministerio de Defensa fue Jorge Carvajal. La ciudad satélite J.J. Olmedo contemplaba la construcción de 16.000 viviendas y 62 Ha de parques. La utilidad para el ISSFA, luego de la venta de los terrenos urbanizados sería de hasta USD 450 millones en 20 años.

Marcela Aguiñaga, ex ministra de Ambiente y actual vicepresidenta de la Asamblea Nacional.

Así que el  ISSFA resolvió pedir compensaciones al gobierno. Para ello, se planteó en el Directorio firmar convenios con los ministerios de Vivienda y de Defensa para la transferencia a favor del ISSFA  para programas de vivienda. En todo caso, en la resolución final quedó un texto más diplomático: “El gobierno nacional, preocupado por la Seguridad Social Militar, ha manifestado su interés y compromiso de compensar y reconocer en legal y debida forma el valor de los predios que pasarían a formar parte del Área Nacional de Recreación en el sector Los Samanes, en la ciudad de Guayaquil”.  Finalmente se quedó en que el Ministerio de Defensa haría la transferencia de varios predios a  la seguridad social militar: 32,5Ha debidamente urbanizadas que correspondían a 18Ha del Banco del Pichincha y 14.5Ha de la Sendip para desarrollar programas de vivienda. Además se solicitó al Ministerio de Defensa la donación de las propiedades ubicadas frente a la Escuela Militar Eloy Alfaro, con 31,2 hectáreas y del Comisariato del Ejército, de casi 5 hectáreas, ambos predios en el norte de Quito.

La negociación estaba en marcha, pero fue interrumpida por la rebelión policial y militar del 30 de septiembre del 2010. Miembros de la fuerza pública protestaron violentamente por una ley aprobada en la Asamblea que retiraba las condecoraciones y demás beneficios a los militares y policías. Según la versión oficial se trató de un intento de golpe de Estado y de asesinato del Presidente. Pero una de las agendas presentadas por el mando militar dentro de las negociaciones fue la potenciación del ISSFA, entre otros pedidos.

El 22 de noviembre, un informe de técnico de la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros, DINAC, establece que el valor de los terrenos correspondientes al ISSFA es de USD 43,8 millones de dólares por un área de 215 hectáreas. 

El 5 de noviembre se reanudan las negociaciones. En un oficio del ISSFA a la ministra Aguiñaga, el director general, contralmirante José Noritz Romero, comunica que la resolución del Directorio, reunido el 6 de septiembre de ese año fue la de "aceptar la propuesta de compra - venta formulada por la Ministra de Ambiente". Y, con el propósito de viabilizar esata resolución, el director Noritz se compromete, en nombre de la institución, a viabilizar todos los procedimientos administrativos legales pertinentes y necesarios para la transferencia de las 220 hectáreas al área nacional de recreación.

El 22 de noviembre, un informe de técnico de la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros, DINAC, establece que el valor de los terrenos correspondientes al ISSFA es de USD 43,8 millones de dólares por un área de 215 hectáreas, mientras que otras 7,9 hectáreas en la misma zona, que pertencían a la Fuerza Naval, a radio Atalaya y al predio llamado Santa Inés fue valorado en USD 1,7 millones. Ese mismo día se firma la promesa de compra venta entre el almirante Noritz y la ministra Aguiñaga por 215,7 hectáreas por USD 48 millones 220 mil. En la claúsula cuatro del documento se advierte que "en el proceso de negociaciones anteriormente mencionados se acordó que del avalúo de los inmuebles efectuados por la DINAC se incrementará  el diez por ciento del mismo, para obtener la suma total a pagar". No se explica en el documento las razones de este incremento.

Javier Ponce, actual ministro de Agricultura. Cuando fue ministro de Defensa presidió el directorio del ISSFA y avaló las negociaciones..

Quince días más tarde, el 7 de diciembre, se firma el contrato de compra venta definitivo. Al mismo, formalizado en la Notaría Cuadragésima del Cantón Guayaquil, ya no va la ministra Aguiñaga, sino que delega a la arquitecta Mercy Julia Borbor Córdova, en calidad de "Ministra Delegada". El almirante Noritza sí acude. En el documento aparace la cantidad a negociar por 220,86 hectáreas, por la suma de USD 48,2 millones. Es decir, cinco hectáreas más que lo registrado en la promesa de compra venta. Además, se explica que el incremento del 10% al monto avaluado por la DINAC se lo hace  en virtud del artículo 58 de la Ley de Contratación Pública. Este artículo dice que el precio pagado debe ser el equivalente al avalúo hasta un máximo del 10% adicional de dicho valor.

El contrato, que es ley para las partes según el Código Civil señala que el documento tiene condición resolutoria "y en caso de que una de las partes no cumpla lo acordado, la otra podrá solicitar, a su arbitrio, la resolución o el cumplimiento del contrato, con indemnización de perjuicios, de conformidad a lo establecido en el Código Civil. Además una "Declaración Especial" en el mismo documento, dice que "El Minsterio del Ambiente y el ISSFA, por parte de sus representates y máximas autoridades comparecientes, declaran bajo juramento, que aceptan en su totalidad la transferencia de dominio que se realiza a través de la presente escritura de compraventa y, por lo tanto, nada tiene que reclamarse con respecto al derecho de propiedad de los inmuebles".

Para lo solución de las controversias, las partes acordaron someterlas al Centro de Mediación de la Porcuraduría General del Estado. Y en caso de desacuerdo, las partes podrán iniciar procesos judiciales ante el juez competente en la ciudad de Quito. Como es público, sin mediar esta situación, el presidente de la República ordenó que el ISSFA "devuelva" USD 41 millones al ministerio de Ambiente, los cuales supuestamente se habían pagado demás, de acuerdo al avalúo catastral del Municipio de Guayaquil.

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