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20 de Febrero del 2024
Historias
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20 de Febrero del 2024
Redacción Plan V
Así se incluyó el polémico artículo del COIP para un posible retorno de Rafael Correa
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Desde la Fiscalía y el anticorreísmo, se denuncia una reforma legal para que Rafael Correa pueda evadir la sentencia en su contra. Fotomontaje PlanV

El asambleísta José Agualsaca (RC) fue el alfil del correísmo para introducir una polémica causal para la revisión de sentencias ejecutoriadas en las reformas del COIP. La fiscal Diana Salazar ha sido la principal crítica a ese cambio porque considera que se cocina “un Código a la carta” para beneficiar el regreso del expresidente Rafael Correa. ¿Pero cómo fue la participación de Agualsaca en la controversia?

En los últimos 6 minutos de la sesión de la Comisión de Justicia, del pasado 19 de enero, apareció el asambleísta José Agualsaca (RC) por Zoom. En esa reunión se discutían las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) en relación al endurecimiento de penas para los menores de edad detenidos o procesados por hechos delictivos.

Agualsaca, quien es uno de cinco asambleístas correistas que conforman esa Comisión de 10 miembros, pidió la palabra. Pero no opinó sobre el tema que habían debatido durante más de una hora con expertos, representantes de ONG y hasta con Pierina Correa, presidenta de la Comisión de la Niñez de la Asamblea. 

José Agualsaca, asambleísta nacional del correísmo, propuso reformar el artículo 658 del COIP referente al recurso de revisión de sentencias. Pero no mencionó los cambios. Captura de pantalla Sesión ordinaria Nro.2023-2025-016

El asambleísta Agualsaca ignoró el tema y empezó a leer. Leyó sin parar por unos cinco minutos y mencionó la necesidad de incluir reformas que se alineen con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos y que éstas establezcan un marco claro para la aplicación de decisiones y recomendaciones internacionales.

“Estos aportes -dijo- mejorarán la capacidad del Ecuador para responder eficazmente a violaciones de DDHH y errores graves en el debido proceso”. “Además -agregó- fortalecerá la confianza en el sistema judicial y reafirmará el compromiso del país con los principios de justicia, equidad y respeto a los derechos humanos”.

Tras esa argumentación, Agualsaca presentó la propuesta de incluir nuevas causales para el recurso de revisión de una sentencia, que constan en el artículo 658 del COIP.  En la actualidad solo existen tres razones -excepcionales- para revisar una condena: que se compruebe la existencia de una persona que se creía muerta, si existen dos sentencias condenatorias sobre una misma infracción o que en el proceso se hayan empleado testigos falsos.

Agualsaca, en esa sesión, no mencionó cuáles serían las nuevas causales. Pero sugirió también agregar una disposición general sobre la aplicación de decisiones y recomendaciones internacionales. Tampoco mencionó un texto claro. 

A Fernando Cedeño, presidente de la Comisión y otro asambleísta correísta, no le extrañó que Agualsaca cambiara de tema y que tampoco mencionara las reformas específicas. Más bien, pidió a Agualsaca que enviara esas observaciones por escrito. 

Nada se supo -públicamente- sobre la propuesta de Agualsaca hasta el pasado 9 de febrero, día en que la Comisión aprobó el informe para segundo debate. Desde que Agualsaca hizo la propuesta hasta ese día, la Comisión se había reunido en cinco ocasiones para debatir las reformas al COIP. Pero nadie mencionó o comentó este cambio. 

Pero la propuesta de Agualsaca solo fue develada cuando la secretaria de la Comisión leyó el extenso texto del proyecto de 95 páginas. La polémica reforma se encuentra bajo un nuevo capítulo llamado Recurso Ordinario de Doble Conforme, que tiene como objeto la revisión integral de las sentencias condenatorias dictadas por los tribunales de apelación y por las salas de casación de la Corte Nacional de Justicia. Allí aparecieron dos nuevas causales para el actual artículo 658 del COIP. La primera dice: “Si se comprueba que los hechos que fundamentan la sentencia fueron establecidos mediante vicios de procedimiento insubsanables o graves violaciones al debido proceso”.

Y la segunda y más polémica propone: “En situaciones donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos o comités de derechos humanos de las Naciones Unidas, en su calidad de entidades internacionales cuyas decisiones son vinculantes para la República del Ecuador en virtud de los tratados internacionales ratificados por el Estado, intensifiquen violaciones a los derechos humanos o errores en el debido proceso en  sentencias condenatorias, estas decisiones, pronunciamientos o recomendaciones serán consideradas como fundamentos legales válidos para la revisión judicial de las sentencias en Ecuador”.

Nuevamente, ningún asambleísta de la Comisión opinó o comentó el cambio. Además de Agualsaca y Cedeño, en la Comisión de Justicia están los asambleístas Henry Bósquez, Viviana Veloz y Sixto Parra, del correísmo. También Vicente Taiano y Roberto Cerda, del Partido Social Cristiano. Coincidentemente, ambos socialcristianos enviaron a sus suplentes a dicha votación: Enma Basante y Maite Heredia. María Fernanda Araujo, del oficialista ADN; Fernando Jaramillo, ex Construye; y Carlos Rodríguez, de la Alianza Claro que se Puede, son los restantes tres miembros de la Comisión. Todos votaron a favor de las reformas y otra vez fue un acuerdo unánime previo al feriado de Carnaval. 

Diana Salazar: ‘cocinan un Código a la carta’

La primera en cuestionar esta reforma fue la fiscal general Diana Salazar. La alta funcionaria salió rápidamente a dar entrevistas desde la noche del martes pasado, al final del feriado de Carnaval. Para ella, la Asamblea trata de cocinar un Código a la carta. “Solamente beneficiaría a aquellas personas que han pretendido en los últimos cinco años, ser beneficiarios de esto para anular las sentencias en firme”, afirmó. 

En una entrevista para el programa Políticamente Incorrecto, de Ecuavisa, Salazar sostuvo que el correísmo ha querido anular el juicio en donde fue condenado el ex presidente, pero que no lo ha logrado por "la contundencia de las pruebas". El ex presidente Rafael Correa fue sentenciado a ocho años de cárcel por cohecho y a la pérdida de sus derechos políticos, dentro del llamado Caso Sobornos. 

Si pasa la reforma,  “con cualquier relatoría que se consigan de los amigos” podrían pedir que se revise esa sentencia, cuestionó la fiscal general al referirse al uso de posibles informes de organismos internacionales por parte del correísmo.

Para Salazar, otro riesgo es la disposición general incorporada en el mismo cuerpo legal. Esta dice que: “Conforme al mandato de los artículos 11 número 9 y 426 de la Constitución de la República y el Artículo 32 del Código Orgánico de la Función Judicial, se reitera la obligación de aplicar de manera inmediata y efectiva las sentencias, decisiones, recomendaciones y observaciones emitidas por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto es especialmente relevante en casos de violaciones de derechos humanos o errores en el debido proceso”. 

Pero además exige a la Corte Nacional de Justicia revisar de oficio y sin demora las sentencias afectadas por dichas recomendaciones internacionales, en un plazo no mayor a 45 días desde su notificación formal.

Y agrega: “En situaciones donde un dictamen internacional resuelva sobre violaciones al debido proceso, en especial en casos que afecten la libertad individual o los derechos políticos y de  participación, se priorizará la restitución inmediata de los derechos vulnerados”. Salazar calificó este texto como “cómico” por su evidente dedicatoria a la situación jurídica de Correa. 

Pero en el segundo debate de estas reformas en el Pleno de la Asamblea, el 15 de febrero pasado, los protagonistas de estos cambios se desentendieron. Vicente Taino, cuando intervino, se refirió a tres puntos de las reformas a los que calificó como incongruentes. El primero, dijo, es el levantamiento de la reserva de las investigaciones previas; el segundo, la ampliación del catálogo de los delitos que prescriben; y finalmente las nuevas causales para el recurso de revisión. A esta última la describió como una “controversia” con la que el PSC no está de acuerdo. Sin embargo, el 9 de febrero su asambleísta alterna, Enma Basante, no objetó ese cambio y votó a favor de todo el texto para segundo debate. 

En el Pleno, sin embargo, Taino obvió ese momento y calificó a esa reforma como un “despropósito que atropella la naturaleza de nuestro sistema jurídico”. Confundiendo la CIDH con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Taino dijo que ni las resoluciones de ese alto tribunal ni los “comités” de DDHH de la ONU pueden modificar una sentencia ejecutoriada. 

En el lado contrario se ubicó Viviana Veloz (RC) para quien no hubo ningún "carnavalazo" con ese cambio. Según ella, la preocupación de los opositores a esta reforma es que jueces con altos estándares en derechos humanos revisen las sentencias que se han dictado en Ecuador de forma maliciosa y que han afectado a “cientos de ciudadanos”. 

Buena parte de los miembros de la Comisión de Justicia hablaron en el Pleno para defender su trabajo, menos Agualsaca. El legislador del correísmo tiene siete años en la Asamblea. Primero, fue alterno de la ex asambleísta Gabriela Ribadeneira en 2017 y en 2019 se principalizó cuando Ribadeneira pidió asilo en la Embajada de México. En 2021 fue electo por UNES para la Asamblea disuelta y reelecto en 2023 después de la muerte cruzada. Sin embargo, no hay registro de una sola intervención de Agualsaca en un Pleno Legislativo.  

José Agualsaca fue alterno de Gabriela Ribadeneira, expresidenta de la Asamblea. En esta foto de 2015, Ribadeneira recibió a Agualsaca cuando este era representante de la Federación Ecuatoriana de Indios. 

Henry Kronfle (PSC), presidente de la Asamblea, convocó al Pleno para este jueves, 22 de febrero, para retomar el debate de las reformas del COIP, sin un consenso a la vista. 

La fiscal general Salazar ha pedido al presidente Daniel Noboa que, en caso de pasar esta reforma, vete totalmente este proyecto. Y si aún así se mantiene lo que ella llama como “mamotreto jurídico”, la Fiscalía presentará una demanda de inconstitucionalidad, anticipó la funcionaria. 

 Punto de vista: Una opinión no puede cambiar una sentencia 

Pablo Encalada, abogado penalista

Los asambleístas siempre están reformando el COIP porque existe la creencia de que las reformas sociales se resuelven con reformas normativas. Con certeza el COIP es la ley más reformada en el país porque las leyes penales suelen ser muy populares. La gran mayoría de los cambios tiene que ver con el aumento de penas. Pero al revisarlas no hay ni una sola que sea realmente importante para luchar contra el crimen organizado.

De los 87 artículos de las reformas, lo que les interesaba era ese cambio en las causales para la revisión de una sentencia. Llenaron de texto para que pase desapercibida la real intención que tenían en la Asamblea Nacional. Pero fueron sorprendidos in fraganti y por eso no pasó en el Pleno.

Este recurso  de revisión es absolutamente extraordinario y se plantea cuando aparece nueva prueba y es algo excepcional y contundente. Por ejemplo, cuando hay una sentencia por homicidio y resulta que el muerto ha estado vivo. En la práctica es muy raro que las causas se resuelvan por esa vía. Es verdad que todos formamos parte de la ONU. Pero una opinión no puede ser tomada como una decisión jurisdiccional como sí lo es una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una opinión no puede cambiar una sentencia porque eso solo lo pueden hacer los jueces. Eso es una nueva metida de manos a la justicia. 

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