PRIMERA ENTREGA

El curita de la marcha

Todos quienes los vieron se sorprendieron: hasta los curas habían salido a la marcha. En la movilización opositora del Primero de Mayo dos sacerdotes caminaban de arriba abajo mirando para todos los lados.

Elegantemente vestidos de negro riguroso, con sombreros de paja toquilla, causaban curiosidad, pero nada más. A quien sí le llamaron mucho la atención fue a Janeth Orbe, esposa del coronel César Carrión, el ex director del Hospital de la Policía Nacional que fue acusado por el gobierno de intento de asesinato del Presidente en el 30S.

Las familias Carrión y Orbe habían salido en gran número a respaldar la movilización. Con carteles alusivos y en respaldo del IESS, desfilaron unidos. Janeth, quien tiene el ojo entrenado desde que enfrentó durante meses la persecución a su esposo y a su familia, se dio cuenta que uno de los curas elegantes les estaba sacando fotos. Avisó a su esposo, quien estaba junto a sus cuñados, algunos de ellos ex oficiales de la Policía. Se pusieron manos a la obra y empezaron a seguir a sus seguidores. Cuando uno de los curas, el de sombrero y gafas oscuras, se paró cerca del cordón policial que estaba cerca a la entrada a la plaza de San Francisco, en la calle Sucre, quien lo seguía le apuntó con su celular y le dijo: "una foto para el recuerdo, padrecito".

Y esa es la foto que empezó a circular por las cuentas de Facebook, especialmente la de Fernando Balda, político vinculado a Lucio Gutiérrez, foto que se identificó como la de Francisco Saavedra, oficial de inteligencia de la Policía Nacional. Al darse cuenta de la foto, el cura de las gafas se escabulló con facilidad por el cerco policial hacia la Plaza Grande. Al otro cura no le fue bien. El coronel Carrión se le acercó por detrás sigilosamente y en medio de decenas de manifestantes le tomó fuertemente del brazo y le dijo varias veces: "deme la bendición padrecito", cuando el falso cura se dio cuenta se soltó de la mano que lo sujetaba con fuerza y echó a correr, varios lo siguieron gritando: ¡un agente, un infiltrado, es un agente! El falso cura se cayó en la calle y perdió su sombrero, y con angustia logró protegerse tras el cerco policial.

La foto del cura de gafas y el sombrero rescatado quedaron en manos de los perseguidores. Esas evidencias sirvieron para que con estas el coronel Carrión dirigiera, el 6 de mayo, sendas cartas al arzobispo de Quito, monseñor Fausto Traves y al comandante general de la Policía, general inspector Fausto Tamayo Cevallos. En la primera, luego de contar la historia e identificar al falso cura como mayor de la Policía, Carrión le dice arzobispo que “en mi familia nos ha causado furor y admiración por la mala utilización de los hábitos que está haciendo otra institución que no pertenece a la Iglesia Católica (…). Considero un acto de burla que un representante del Estado ecuatoriano, y quien lo haya dispuesto de manera tan desatinada, realice este tipo de actos justo cuando se apresta a venir nuestro Papa”. Carrión estudió en el colegio jesuita San Luis Gonzaga.

Al comandante de la Policía, el ex coronel le dice, en cambio, que “concluimos que continúa la persecución contra nuestra familia, utilizando a la institución policial a la cual pertenezco,  más cuando en un proceso judicial fui acusado sin fundamento alguno y en el cual ratificaron mi INOCENCIA (sic).

Le recuerdo –le dice Carrión al comandante- “que usted también se formó en nuestro colegio San Luis Gonzaga, donde fuimos compañeros, nos formaron con valores morales, espirituales y religiosos que dictan nuestra conciencia en los comportamientos diarios, pero no concuerdo en lo absoluto con la persecución de su personal sobre mi persona y a la vez sobre mi familia”.

"Le hago responsable –le advierte- de este acto y de la vida de mi persona, así como la de mi familia ante cualquier hecho que afecte a la integridad física, psicológica que devienen de estos actos bochornosos hasta para la misma institución policial a la cual se jura defenderla. No estaré dispuesto a acudir a ninguna aclaración sobre este tema, porque creo que ya pasé los atropellos inimaginables por parte de este gobierno y sus funcionarios”.

La paranoia del espionaje

Efectivamente, por fuentes policiales, y por publicaciones en las redes sociales, se conoce que el mayor Saavedra Yépez, segundo al mando de la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional, sería uno de los falsos curas que salieron a vigilar la marcha opositora del Primero de Mayo. De ese proceso de espionaje salieron las fotos de personajes que el gobierno usó en una cadena nacional  para denostar del derecho de los ciudadanos ecuatorianos a ejercer su derecho constitucional de asociación, expresión y participación.

Lo que no entienden las fuentes policiales consultadas son las razones por las cuales un jefe operativo haya salido a la calle a realizar o supervisar –no se sabe- el trabajo de campo que hacen los agentes encubiertos. El mayor de inteligencia -dicen las fuentes- ha trabajado siempre en esas tareas. Fue segundo comandante de la Unidad de Investigaciones Especiales, UIES, que en ese entonces dirigía el mayor de Policía, Manuel Silva. Luego del bombardeo de Angostura, el 1 de marzo del 2008, el gobierno acusó a los miembros de la unidad de actuar bajo la agenda del gobierno de Estados Unidos y de la CIA. Se nombró una comisión especial para investigar a los servicios de inteligencia militares y policiales del Ecuador.

El informe final -que sirvió para desbaratar la Unidad y formar la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado, Ulco y el esquema de la Secretaría Nacional de Inteligencia- vinculó a los mandos de esa Unidad con operaciones de la Central de Inteligencia Americana. Uno de los agentes de la CIA, citados en el informe luego de ser entrevistado por miembros de la comisión, dijo que habían decidido trabajar con la UIES porque “han demostrado eficiencia y sus acciones son judicializadas”. El informante reveló que la Central entregaba dinero en efectivo a la Unidad y a la Dirección Antinarcóticos para operaciones antidrogas. La contribución había sido informal con la Policía y el Ejército porque no había convenio de por medio pero sí pleno conocimiento de los comandantes generales de las dos instituciones. La ayuda había consistido en dinero en efectivo para pago de informantes, viáticos para viajes dentro y fuera del país y otros gastos menores, vehículos, armamento, equipos de comunicación, cámaras y equipos especiales, capacitación y entrenamiento. En el caso de la UIES, la ayuda significó unos 3 millones de dólares al año.

La liquidación de los valores entregados se hacía sobre la base de resultados. Una vez finalizada la operación, las unidades enviaban un informe a la Estación de la CIA con el respaldo de los gastos. En el caso de la UIES, el personal pasaba por la prueba del polígrafo –una condición estadounidense para apoyar a la Policía en la lucha antinarcóticos-. Las pruebas eran realizadas por personal de la Embajada de Estados Unidos, con sus propios equipos y bajo la supervisión de la UIES.

Varios miembros de esta Unidad fueron vinculados con la llamada “agente Swatt”, Leida Hadat, una mujer de origen libanés, supuestamente agente de la CIA (en el informe, la Central ha negado sistemáticamente esa vinculación) que tenía enorme influencia en los mandos militares y policiales y también en instituciones como la Fiscalía, Corte Suprema de Justicia y otras, amén de políticos, alcaldes, diputados, periodistas...

Todas estas revelaciones sirvieron en ese año para desmontar la Unidad, pero el único oficial de la Policía que salió por esos motivos fue el mayor Silva, cuando la Unidad fue desmantelada. Los demás miembros, quienes al igual que Silva eran oficiales de inteligencia entrenados y altamente efectivos, pasaron a otros repartos policiales. Saavedra recaló en la Fiscalía General del Estado, bajo el mando directo del entonces fiscal Washington Pesántez. En la Fiscalía, Saavedra se encargó de toda la investigación de los sucesos de 30S y luego cumplió sus labores en la DGI de la Policía, bajo el mando de uno de sus compañeros de la UIES, y en estrecha colaboración con Rommy Vallejo, teniente coronel de la Policía que ahora es Secretario Nacional de Inteligencia, Senain.

¿Un hecho aislado?

La Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional es clave, como en toda fuerza pública. Sus acciones operativas se dividen en frentes, en cada uno de los cuales hay un agente de caso, jefes operativos y agentes de campo. El director de Inteligencia actual es el teniente coronel Santiago Mena, quien ejerce un cargo que debiera ser para un general, de acuerdo al orgánico funcional de la Policía, pues los directores generales de la Policía están por encima jerárquicamente de los directores nacionales.

La DGI tiene, como se decía, varios frentes operativos, entre ellos el indígena, estudiantil, sindical, el interno, y entre otros, el frente político. Operativamente, cuando se trata de investigar a  personajes en el frente político, se los denomina Blanco de Inteligencia, para  el cual o los cuales se asigna un oficial de caso, quienes a su vez operan con agentes de campo para: interferencias telefónicas, de correos electrónicos, celulares, actividades, compañías, movimientos bancarios y de crédito, actividades comerciales o de negocios, transacciones, movilización dentro y fuera del país…

Las acciones que realizan los oficiales de caso responde a un sistemático trabajo de recolección de información. Y ese información se vuelca en informes que a su vez alimentan análisis prospectivos de inteligencia, los cuales llegan al más alto nivel.  Desde hace más de un año, Correa viene "denunciando" un proyecto de desestabilización democrática  que operaría desde un frente común  de oposición y resistencia internas, de diversas ideologías, apoyado, según el gobierno por organizaciones extranjeras –sobre todo estadounidenses- supuestamente de la derecha de este país.  La campaña del gobierno ha  sido continua en ese sentido y ha formado parte de los discursos de los líderes de la autodenominada “revolución ciudadana”. En la posesión para un nuevo periodo como presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira advirtió, por ejemplo, que los próximos dos años serán tiempos duros, “tiempos políticos en disputa” dijo más claramente. El gobierno busca posicionar en el campo de la propaganda política que hay un enemigo más fuerte: de la restauración conservadora se pasa a la conspiración abierta. Por lo tanto, en el escenario del régimen no solo están personajes como Guillermo Lasso y su exigencia de una consulta popular, sino un frente común conspirativo que se convierte en un factor de riesgo y amenaza para la estabilidad del gobierno.

En junio del 2014, hace un año exactamente, un análisis de inteligencia señalaba que “organizaciones sociales y clasistas, apoyadas por movimientos y partidos políticos de oposición participarán en sendas movilizaciones de rechazo a la nueva normativa jurídica y política económica, que estaría en contra de sus intereses, con lo que se afectará la seguridad ciudadana, paz interna y gobernabilidad”.

Los actores de esas “amenazas para la estabilidad” fueron señalados como los partidos y movimientos políticos de derecha: PSC, Madera de Guerrero, PSP, CREO, Concertación, SUMA y movimientos locales; la banca privada y las cámaras de comercio; los partidos y movimientos políticos de izquierda: MPD (Unión Popular) Pachakutik y una facción del Partidos Socialista; los medios de comunicación; las organizaciones sociales: ecologistas, movimiento indígena y comunidades campesinas, y gremios como la UNE, FESE, FEUE, FUT, UGTE, Federación Médica…

El informe advertía que estos actores se convertirían en factores críticos “para la estabilidad democrática”, y eran: Yasunidos, Oilwatch, Acción Ecológica, Ecuarunari, Conaie, PK, CREO, gremios, cámaras, autoridades locales, organizaciones de oposición, Fuerzas Armadas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el gobierno de los Estados Unidos.

Los análisis identificaron como factores de riesgo el incremento de la tarifa eléctrica,  y el del transporte público, el retiro del subsidio al gas y el posible retiro del subsidio a los combustibles líquidos, al emisión de normas para sustituir las importaciones (salvaguardias) que, según el análisis, podría ser manipulado por grupos de poder económico acusando al gobierno de una falta de apoyo a ese sector y causando un posible incremento de precios; las falencias en la seguridad social; el retiro de 750 mil personas del bono de desarrollo humano hasta finales de ese año; los sistemas piramidales de capital que afectan a la economía de la población y el rechazo a la normativa de regulación de aranceles a las instituciones de educación superior.

También señalaron a la oposición a la extracción minera de cobre y molibdeno en Intag; la oposición a la extracción petrolera en el Parque Yasuní por parte de ONG ecologistas y movimientos radicales de izquierda; la oposición a proyectos estratégicos, la defensa de autonomía territorial de Sarayaku…

Este descontento previsto por Inteligencia -que aún no tenía previsto los impactos de la caída del precio del crudo ni la decisión de desconocer la deuda con el IESS y el aporte del 40% estatal al fondo de jubilación- en las marchas de noviembre del 2014, de marzo del 2015 y del Primero de Mayo.

Sin embargo, estos factores se agrupan en una conspiración, como lo ha señalado Mario Ramos, asesor de la Secretaría de Inteligencia, catedrático de la Flacso y teórico del gobierno en asuntos de geopolítica estratégica: “Todos coincidimos en que no existe el contexto político para un golpe de Estado; sin embargo, se pretende generar escenarios negativos hacia la figura del Presidente; emplear de manera permanente la ya conocida táctica de ‘calentamiento de calle’ con el propósito de crear situaciones de ingobernabilidad; usar el viejo truco de supuestas violaciones a los derechos humanos y a la libertad de expresión y de prensa (recordemos el reciente informe de Freedom House); y, provocar respuestas gubernamentales que permitan victimizar a personajes de la oposición, aunque en ocasiones se aprovechan de errores de gestión política o reacciones innecesarias del presidente Correa; para en una lógica de acumulación constante, construir el mejor entorno, y proporcionar las mejores condiciones posibles a la oposición vende patria en las elecciones del 2017, o con suerte provocar un cambio de régimen”.

En su artículo, Ramos señaló a varios actores políticos ecuatorianos, vinculados al centro derecha y a la izquierda, de actuar -según él- para ese propósito en conveniencia con servicios de inteligencia como la CIA, e incluso señaló a César Montúfar, exasambleísta y director de Concertación, como “contactado” por la embajada de Estados Unidos. Y es este esl el discurso que han mantenido el gobierno y sus funcionarios. 

Próxima entrega: La vigilancia a los Yasunidos y a otros personajes de la prensa y la política.