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10 de Julio del 2017
Historias
Lectura: 12 minutos
10 de Julio del 2017
Redacción Plan V
Auge y caída de un contralor "cien sobre cien"

El ex contralor Carlos Pólit se mantiene en Miami, pues sus abogados creen que no hay garantías para que vuelva al país, ya que se ha dictado una orden de prisión para investigaciones. 

 

Los abogados de Carlos Pólit, actualmente residente en Miami, Estados Unidos, llegaron al Palacio Legislativo con una gran cantidad de cajas. En ellas, se encontraban los documentos con los que pretendían evitar la censura política del ex contralor, quien renunció a su cargo alegando motivos de salud. Los legisladores oficialistas no revisaron siquiera los documentos, que desecharon por una formalidad, que evidenciarían qué se esconde tras la urgencia por sacar a Pólit del cargo.

En agosto de 2016, el Consejo de Participación y Control Social, conocido como el "quinto poder", procedió a convocar a un concurso de méritos para elegir al nuevo contralor general del Estado, pues el periodo de Carlos Pólit estaba por concluir. Veinte y seis personas se inscribieron para participar, entre ellos, el propio contralor en funciones.

De los 26 postulantes originales, solo 14 quedaron al final del concurso y se presentaron a dar la prueba escrita, entre éstos, el propio Pólit, quien obtuvo la más alta nota en el examen: 47 puntos sobre 50. En la etapa de méritos, el ex contralor se enfrentó a otros 19 postulantes, y ahí también obtuvo la nota más alta: 48 sobre 50. 

Para marzo de 2017, Carlos Pólit era ratificado en el cargo con un puntaje de 95/100, con lo que estaría al frente de la Contraloría por lo menos hasta 2022. 

En marzo de 2017, Carlos Pólit era ratificado en el cargo con un puntaje de 95/100, con lo que estaría al frente de la Contraloría por lo menos hasta 2022.

Pero el ex contralor, que había sido tan bien evaluado por el Consejo de Participación no se mantendría en el cargo hasta más allá de junio de 2017. Un informe de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, presidida por la oficialista María José Carrión, concluyó que el ex funcionario que había sido contralor desde 2007 con las más altas calificaciones, había hecho "un ejercicio antiético, deshonesto y antiprofesional del poder público, en franca afrenta a la dignidad popular, demostrando total falta de probidad, falta de valores, falta de principios y falta de profesionalismo, por lo que se recomienda al pleno de la Asamblea Nacional iniciar el juicio político contra Carlos Pólit, excontralor General del Estado".

El informe, cuya redacción se realizó hasta horas de la madrugada, fue aprobado por 132 votos, es decir, por casi la totalidad de los miembros del Legislativo. 

¿Qué ocurrió para que en pocos meses quien era uno de los funcionarios mejor evaluados del Estado ecuatoriano se convirtiera en un individuo sin valores ni aptitudes para el cargo?


La Comisión de Fiscalización recibió en noviembre de 2016 al entonces contralor Carlos Pólit


El fiscal general, Carlos Baca, asistió al Legislativo a explicar la indagación contra la constructora Odebrecht. 

La defensa de Pólit

Para el abogado de Pólit, Jorge Acosta, no hay ninguna prueba en contra del ex contralor. 

Aunque su abogado, Jorge Acosta, había admitido desde el principio que la del ex contralor iba a ser una destitución inevitable, se puso a preparar la defensa desde el momento mismo en que se produjeron la serie de allanamientos en contra de los presuntos implicados en el caso Odebrecht. Sobre el ex contralor pesa un orden de captura para investigaciones, por lo que no ha vuelto al Ecuador. Se sabe que se mantiene en Miami, a donde, dijo su abogado, había viajado con anticipación para realizarse un tratamiento médico. 

Acosta diseñó una estrategia de defensa que pretendía probar, básicamente, dos cosas. La primera, que Pólit sí había cumplido con sus obligaciones como contralor general del Estado. La segunda, que nada había tenido que ver en el retorno de Odebrecht al país, luego del fiasco de la construcción de la Central de San Francisco. 

Acosta diseñó una estrategia de defensa que pretendía probar, básicamente, dos cosas. La primera, que Pólit sí había cumplido con sus obligaciones como contralor general del Estado. La segunda, que nada había tenido que ver en el retorno de Odebrecht al país, luego del fiasco de la construcción de la Central de San Francisco.

De ahí que en el escrito presentado en su defensa ante la Asamblea, Pólit mencionara aspectos legales como la supuesta falta de un reglamento en la Asamblea para realizar los juicios políticos. Al respecto, el escrito dice: "señor Presidente se lo digo de forma sencilla, pero clara: preside usted un órgano que hace leyes, pero que no tiene ley ni reglamento alguno que regulen su funcionamiento. Extraña paradoja. ¿No le parece vergonzoso que -precisamente- el órgano del poder público que tiene el cometido constitucional de hace las leyes, haga leyes inconstitucionales? Esto no sucede ni en los países del inframundo".

En su escrito, Pólit sostiene que no se le ha acusado concretamente de nada en el informe de la Comisión de Fiscalización, y que, además, no se le ha dado el derecho a la defensa. Al respecto, cree que "quizás sus co-idearios han confundido el Parlamento con una Comisaría o con un juzgado de lo Civil. Veo que al señor Glas también lo han “denunciado” como si accionaran ante una Comisaría en lugar de acusarlo. ¿Qué pretenden, que el juicio a Glas, de darse, sea ilegal también? Hubiera sido imprescindible que la Comisión aplique la ley y ordene corregir ambas peticiones antes de iniciar cualquier procedimiento, pues esto ocasiona otro problema: al igual que el dictamen favorable de la Corte Constitucional, el informe de la Admisibilidad de la Comisión se fundamenta en una petición incompleta, sin acusación".

Pólit pedía al Legislativo que se archive el pedido de juicio político, porque, en su opinión, carecía de acusación: "insisto en que disponga usted el archivo de la petición de juicio político por carecer aquella de la acusación que exige la ley, la naturaleza jurídica de este procedimiento de acusación y sus antecedentes históricos universales así como los de carácter nacional, además de los precedentes legislativos precisados".

El ex contralor destacaba también que "si ya presenté mi renuncia, el juicio es irrelevante y evidencia la indiscutible finalidad del mismo: su intención de distraer al país del juicio al vicepresidente de la República, así como la evidente necesidad del régimen de contar con un “chivo expiatorio”, con una suerte de “trofeo”, para desviar la atención del público, de la descomunal carga de corrupción en la que el país se encuentra inmerso, desplazando la culpa del protagonista de la misma, hacia la competencia de control.

Es inútil que lo intenten. El pueblo es más sabio de lo que ustedes con sus cotidianas estrategias de distracción y manipulación pretenden desconocer. No escapa al escrutinio de la opinión pública el show mediático que intentan montar, además en un día domingo para captar la mayor atención posible. La doctrina jurídica ha explicado hasta la saciedad cual es la finalidad del juicio político" decía el escrito del ex contralor.

"¿Cómo me van a destituir, señor Serrano, si ya renuncié? ¿Qué es lo que se pretende al montar este tinglado? Todos sabemos que la decisión ya está tomada. Igual que en la comparecencia del señor Glas, que se encontraba absuelto de antemano, Carlos Pólit será censurado. Sin acusación, sin pruebas, sin que pueda ser oído y sin una comisión de defensa como sucede en todos los países democráticos. Como dijo Julio César al cruzar el río Rubicón: Alea Jacta Est". 

El escrito de Pólit finaliza argumentando que si el juicio político continuaba, él recurriría a instancias internacionales.


Las fallas en la construcción de la central hidroeléctrica San Francisco provocaron la expulsión de Odebrecht. 

Inventario de las pruebas de descargo

El abogado Acosta presentó no solamente este escrito de Pólit, sino, además varias cajas con documentación. Su objetivo era probar que el ex contralor había cumplido a cabalidad con su deber. Así, las cajas contenían más de 2200 informes de responsabilidad penal, pero no sobre Odebrecht, sino sobre varios otros procesos de contratación pública. Esto, sostiene Acosta, evidencia que Pólit y la Contraloría sí había cumplido con su tarea. A eso, destaca el abogado, se sumaron cerca de 3000 informes con responsabilidades civiles y administrativas, que también pretendían demostrar que el ex contralor sí cumplía con sus labores. 

Las cajas contenían más de 2200 informes de responsabilidad penal, pero no sobre Odebrecht, sino sobre varios otros procesos de contratación pública. Esto, sostiene Acosta, evidencia que Pólit y la Contraloría sí había cumplido con su tarea.

En el caso de la Central San Francisco, Acosta recordó que se establecieron glosas por USD 72 millones contra la constructora brasileña, y que el presunto peculado empezó a ser indagado en un juzgado de Garantías Penales de la ciudad de Ambato, capital de la provincia de Tungurahua, donde está la central. 

Acosta aparejó un acuerdo, aprobado por la Procuraduría General del Estado, que permitió a la constructora brasileña retornar al país, previo el pago de por lo menos USD 20 millones en efectivo y el resto del dinero en obras y reparación de las que habían construido mal. Nuevamente, la intención de la defensa fue demostrar que el ex contralor no tenía ninguna responsabilidad en el caso, pues fue la Fiscalía General del Estado, en esa época a cargo de Washington Pesántez, la que aprobó el acuerdo ante el juez de lo penal y así se archivó la causa contra Odebrecht.

Sin embargo, ninguno de estos argumentos fue tomado en cuenta por la mayoría oficialista, que procedió a la censura de Pólit, a pesar de que ya había renunciado, en lo que en el entorno del ex contralor se cree se debe a dos cosas. En primer lugar, y tal como lo señala en su carta, convertir a Pólit en chivo expiatorio, y, en segundo lugar, asegurarse que el nuevo contralor sea un personaje más afín al nuevo presidente.

También, la salida de Pólit de la Contraloría y su reemplazo por una figura todavía sin definir podría significar que buena parte de los informes con responsabilidad penal, civil o administrativa que Pólit reivindica queden sin la voluntad política, desde la Contraloría, de ser investigados. 

 

 

 

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