El concurso público para designar al nuevo contralor general del Estado para los próximos cinco años tiene varias etapas, será complejo y, aunque aún nadie presenta carpeta alguna, ya se sostiene que sectores interesados en el control de la institución están empezando a medir fuerzas. 

El concurso debe ser realizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que el pasado 19 de agosto dio el primer paso: convocó a las personas interesadas a formar parte de una veeduría ciudadana.  Por lo menos 700 personas se inscribieron y cerca de 400 serán veedores del proceso. Está previsto que se elija un coordinador de la veeduría. 

El Consejo Transitorio, que presidió Julio César Trujillo, evitó realizar un concurso para la Contraloría del Estado (el titular, Carlos Pólit, había huido a Miami) y en lugar de eso simplemente encargó a Pablo Celi la Contraloría. Pero Celi, investigado como parte de una red de sobornos que operaba en Palacio de Gobierno, Petroecuador y la Contraloría en el gobierno de Lenin Moreno, tras ser detenido, renunció y el contralor actual es un funcionario de carrera, Carlos Riofrío.

Asambleístas como Fernando Villavicencio cuestionaron la gestión de Riofrío, a quien acusó de declarar reservada la información sobre glosas en el ejercicio de cargos públicos anteriores de varios de los miembros de la actual Asamblea. 

La receta del concurso de origen correísta

Tras el fiasco de la caída de Celi, hay un consenso: es necesario que haya un concurso y este está en marcha. Pero hay cuestionamientos a la forma en la que se está llevando acabo. El concurso, que se hará de la misma forma que durante el correísmo, es decir, valorando "méritos" consistentes en hojas de vida, trayectoria y algunos elementos subjetivos, le costará al país USD 393.000, de los que USD 174.129 son las dietas de los comisionados ciudadanos,  USD 219.766 para logística, USD 20 mil para el banco de preguntas que elaborarán profesores de universidad, USD 28 mil para una auditoría informática y hasta USD 60 mil para publicaciones.

Se estima que se valorarán por lo menos cien puntos en aspectos como la educación formal (aunque ya se decidió que los títulos universitarios son indispensables), la capacitación, la experiencia profesional o la docencia en universidades y es posible que hasta se consideren aspectos de acción afirmativa como género, raza u orientación sexual. 

Los postulantes deberán rendir exámenes como ocurrió con ex contralores como Carlos Pólit, sentados en un pupitre como se acostumbra, sobre temas como derecho, economía y finanzas, auditoría, administración y gestión, y ética pública. Para que nada falte al esquema escolar del mecanismo, profesores universitarios redactarán casos que deberán ser resueltos por los aspirantes.

Y aunque algunos sectores han planteado que la designación de autoridades como esta debería volver a ser una potestad del Poder Legislativo, que tradicionalmente nombraba al contralor con una elección en el seno de la cámara, esto es imposible hasta que no se realicen reformas constitucionales y legales, por lo que el Consejo de Participación deberá continuar con el concurso. Se estima que hasta marzo de 2022 podría estar concluido el proceso con la designación de un nuevo contralor.

La Contraloría se encuentra encargada y en medio de polémicas

El primer incidente en el proceso

El Consejo aprobó un instructivo al reglamento de selección del contralor especificando que el funcionario debe tener título de tercero y cuarto nivel, entre otros aspectos, que fueron cuestionados por el abogado Emiliano Donoso, quien presentó una acción de protección contra el reglamento en la justicia de Pichincha. 

En la acción, que fue negada este 15 de septiembre de 2021 por la justicia, había sido presentada ante el juez Oscar Calero Sánchez. Se presentaron tres amicus curiae, y al proceso asistieron delegados del Consejo de Participación.

Según Donoso, al aprobar el reglamento, el Consejo cometió tres violaciones de derechos, el primero la violación al derecho de participación ciudadana. El reglamento recibió 14 aportes de la ciudadanía, pero nunca se analizaron esas propuestas ante el Consejo. Las ponencias fueron receptadas en la Secretaría pero nunca se socializaron, sostuvo Donoso. 

El abogado argumentó que el pasado 14 de julio de 2021 en una reunión nocturna se modificó el reglamento aprobado en un principio, eliminando las pruebas sicotécnicas, la audiencia de oposición para que haya un debate presencial y también se eliminó la prueba oral. Estas modificaciones tampoco fueron socializadas para que haya control social y participación ciudadana. 

El Consejo de Participación Ciudadana convocará a una Comisión de Selección.  Foto: CPCCS

Según Donoso, también se violó la seguridad jurídica, pues cuando se aprobó el reglamento, la presidenta del Consejo todavía era funcionaria de la Contraloría, lo que evidenciaba, para el abogado, que había un claro conflicto de intereses. 

Pero la acción fue negada por el juez Calero, según explicó Donoso: "aduciendo que no existe legitimado activo, y que además según el juez he impugnado la validez o inconstitucionalidad del Reglamento, lo que es absolutamente falso. Para el Juez, ni el derecho a la participación ciudadana, ni la seguridad jurídica o menos el debido proceso, puede ser impugnado por un ciudadano común. Seguramente piensa que esos derechos le corresponden a alguien o a todos menos a mi", dijo en su cuenta de Twitter.

La negativa de la acción significará que el proceso continúe, de momento. Pero  el escrito presentado por Donoso provocó polémica al interior del Consejo. 

La clave es la Comisión Ciudadana

Para el consejero David Rosero, es importante señalar que quien llevará a cabo todo el proceso es la llamada Comisión Ciudadana de Selección, integrada por diez personas, entre funcionarios públicos y delegados de la ciudadanía... también elegidos en otro concurso. 

La Comisión deberá emitir un informe vinculante y estará conformada por un delegado de cada uno de las funciones del Estado, que envían un delegado directo. Se espera que en este mismo mes el Consejo pida a las funciones del Estado el envío de sus delegados, mientras que se realizará otro concurso para la selección de los comisionados.

Este proceso deberá tomar por lo menos tres meses y una vez que los diez delegados estén seleccionados, recién ahí se realizará propiamente la convocatoria para que quienes aspiren a ser contralor entreguen sus carpetas.

Rosero dijo que la acción presentada por Donoso "no tenía ni pies ni cabeza" porque no se puede presentar una acción de protección contra un reglamento. "Hay fuertes intereses en este caso. Donoso chateaba con Pamela Martínez para tener injerencia en la justicia", explicó el consejero.

Para Rosero, los amigos de Pablo Celi no quieren que se realice el concurso, con la intención de que se quede el funcionario de carrera que se encuentra encargado. El consejero cree que seguramente habrá más incidentes, pues hay "intereses políticos" en torno al concurso para contralor. 

Así, el proceso avanza lentamente, en la maraña de una reglamentación heredada del correato que no se podrá modificar en el mediano plazo.