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9 de Noviembre del 2021
Historias
Lectura: 14 minutos
9 de Noviembre del 2021
Redacción Plan V
Las bancadas legislativas toman posición frente al caso de los Papeles de Pandora
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Imagen: PlanV. Fotos: Asamblea y Presidencia de la República

 

Gobierno y oposición toman posiciones frente al informe de la Comisión de Garantías Constitucionales que concluyó que el caso de los Papeles de Pandora evidencia una presunta violación del presidente Guillermo Lasso a la Ley del Pacto Ético, que prohíbe a los funcionarios tener acciones en paraísos fiscales. El régimen insiste en que hay una conspiración en marcha.

El caso de los Papeles de Pandora, una investigación internacional que mencionó los casos de tres mandatarios latinoamericanos, entre ellos, el presidente Guillermo Lasso, detonó una crisis política en el país.

Y aunque el Gobierno ya había lanzado la teoría de que hay una conspiración política en su contra, integrada por el correísmo, los socialcristianos y la Conaie, el reciente informe de la Comisión de Garantías Constitucionales, que analizó el tema, le llevó a hablar de un "intento de golpe de Estado", como en la época de los derrocamientos que se inauguró en 1997, con la supuesta "incapacidad mental para gobernar" de Abdalá Bucaram, que abriría la puerta de los golpismos de principios de siglo. 

Tras un conflicto por la competencia con la Comisión de Fiscalización, la Comisión de Garantías Constitucionales, controlada por la oposición  y presidida por el asambleísta por Pichincha (PK) José Cabascango, empezó la elaboración de un informe sobre la propiedad del presidente Lasso de acciones de empresas off shore en paraísos fiscales como Panamá o el Estado de Dakota del Sur, en Estados Unidos. Según la publicación de los Papeles de Pandora, Lasso tuvo un entramado empresarial sobre todo en Panamá, como buena parte del empresariado de Guayaquil, y en otros paraísos fiscales, de los que afirmó que ya no era propietario. 

Las conclusiones del informe, que asegura que Lasso realmente no se ha desprendido de sus bienes en el exterior como dijo que había hecho y que, además, debería concurrir a la Asamblea a explicar el caso ante el Pleno (algo que no está previsto en la Constitución) han obligado a los legisladores a marcar su postura al respecto. Además, a varios sectores les preocupa que la Comisión consigne que se ha creado una "conmoción interna" en el país por el caso de los Papeles de Pandora, lo que no parece ser gratuito, sino que es una de las causales de la destitución del presidente por parte de la Asamblea, que para ello debe contar con las dos terceras partes de los votos. 

Las conclusiones del informe, que asegura que Lasso realmente no se ha desprendido de sus bienes en el exterior como dijo que había hecho y que, además, debería concurrir a la Asamblea a explicar el caso ante el Pleno (algo que no está previsto en la Constitución) han obligado a los legisladores a marcar su postura al respecto.

Lasso y el entramado off shore

El informe tiene más de 300 páginas y, según sus conclusiones, controlaría como accionista mayoritario a la Corporación MultiBG S. A., al Grupo Financiero Banco de Guayaquil, y otras empresas de ese grupo, como la  Administradora de Fondos BG, la Casa de Valores Multivalores BG, y Colari S. A.,  y a Banisi y Banisi Holding, domiciliadas en Panamá. El presidente y su familia tendrían el 90.2% de las acciones del Grupo Económico Banco de Guayaquil-Corporación MultiBG S. A. Según el informe, dado que Lasso es el accionista mayoritario, todas las acciones que se han tomado en relación con empresas en paraísos fiscales por parte de ese Grupo Económico deben haber contado con su aval, conocimiento y aprobación. 

Banisi es un banco que opera en Panamá, en donde inclusive trabaja un hijo de Lasso.

La Comisión precisó que el banco en Panamá  de los Lasso se llamó originalmente Banco de Guayaquil Panamá desde 2007, y que en 2011 pasó a denominarse Banisi. Este banco era totalmente de de propiedad del Banco Guayaquil hasta 2018, cuando el 50% de las acciones de Banisi pasaron de Banisi Holding S. A. a los holdings off shore: Morsett Honlding S. A., Deblen Overseas S. A., Rem Panamá Corp., Alamo Management Company Inc., Banderilla Capital Group S. A. Banisi Holding es una empresa panameña que, según la Superintendencia de Bancos, es la propietaria del Banco Banisi, que ya no tendría ningún nexo accionario con el Grupo ecuatoriano de Lasso. 

Actualmente, y con datos del 18 de febrero de este año, el presidente sigue siendo dueño del 39,6% de las acciones de la Corporación MultiBG S. A.,  y la Comisión cree que el mandatario  "tiene relación de propiedad directa con Banisi y, por lo tanto, con Banisi Holding S. A.; que es el dueño de las acciones de Banisi y, en consecuencia, con las entidades offshore".

Para los asambleístas que aprobaron el informe, dado que Lasso sigue teniendo acciones en el Fideicomiso Mercantil de Administración GLM, sigue estando relacionado con las empresas off shore.

Actualmente, y con datos del 18 de febrero de este año, el presidente sigue siendo dueño del 39,6% de las acciones de la Corporación MultiBG S. A.,  y la Comisión cree que el mandatario  "tiene relación de propiedad directa con Banisi y, por lo tanto, con Banisi Holding S. A.; que es el dueño de las acciones de Banisi y, en consecuencia, con las entidades offshore".

Estas supuestas propiedades del presidente, para los legisladores, significan que  Lasso estaría violando el artículo 4 de la Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular efectuada el 19 de febrero de 2017, y tendría también la inhabilidad establecida en el artículo 7 de esa misma ley, que prohibía que para las elecciones generales del año 2021 se presentaran personas que "sean propietarias directas o indirectas de bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en jurisdicciones o regímenes considerados como paraísos fiscales".

De su lado, el abogado del presidente, Eduardo Carmigniani, aclaró ante la Comisión que el mandatario realizó un último traspaso de acciones en Panamá el 10 de septiembre de 2020, aunque había dicho que desde 2017 ya no poseía ningún entramado off shore. Esto ha sido señalado, sobre todo, desde el correísmo, por legisladoras como Paola Cabezas. La inscripción de la candidatura de Lasso y su binomio Alfredo Borrero se produjo el 23 de septiembre de 2020. Para Cabezas, Lasso no ha hecho una venta de las empresas off shore, sino algún tipo de traspaso o simulación. 

El abogado del presidente, Eduardo Carmigniani, aclaró ante la Comisión que el mandatario realizó un último traspaso de acciones en Panamá el 10 de septiembre de 2020, aunque había dicho que desde 2017 ya no poseía ningún entramado off shore.

Las bancadas se pronuncian

Pero no todos los bloques están de acuerdo con esta postura. Para la Izquierda Democrática, cuyos legisladores fueron invitados a Palacio por Lasso este 9 de noviembre, no hay espacio para una persecusión política o un intento de desestabilización, y son la Fiscalía y la Contraloría las instituciones que deben analizar el tema. 

Para el Partido Social Cristiano, más allá del entramado societario de Lasso, que casi no mencionan, es peligroso que el informe también haga alusión a una supuesta "conmoción interna" que consta como causal de destitución del presidente por parte de la Asamblea. Los socialcristianos negaron estar en ninguna conspiración y ya anticiparon que no votarán a favor de una eventual salida del mandatario. 

Juan Fernando Flores, coordinador de la Bancada Acuerdo Nacional, que agrupa al oficialismo de CREO y a algunos legisladores independientes, cuestionó el informe y dijo que no se tomaron en cuenta los descargos presentados oportunamente por Lasso, a quien se pretende perjudicar con fines de desestabilizar el país. Para el oficialismo, el informe, que fue presentado a la presidenta de la Asamblea Nacional para la consideración del Pleno legislativo, debe ser solamente archivado. Flores anticipó que por lo menos seis asambleístas de Pachakutik podrían votar con el correísmo, y sumarse así al apoyo de la bancada de UNES al informe. Flores dijo que su bloque presentará denuncias en la Fiscalía por presuntos intentos de desestabilización para crear una impresión de conmoción social. 

En Pachakutik, como es habitual, hay posturas contradictorias y mutuas acusaciones. Mientras Cabascango defiende su informe, su compañero de bancada, Ricardo Vanegas, lo cuestiona. Otro integrante de Pachakutik, Edgar Quezada, aunque votó a favor del informe en la Comisión de Garantías, sostuvo días después que Cabascango modificó el texto originalmente acordado con los legisladores que integran la Comisión. Quezada manifestó que la alusión a una supuesta "conmoción interna" ocasionada por el caso no constaba en el documento que se acordó antes de la votación, de lo que se dio cuenta cuando ya había votado a favor. 

Quezada dijo que la Comisión había acordado pedir 20 días más para recibir más información, entre ella documentos que pidieron a Panamá, pero al final cambiaron de criterio. También dijo que el pedido de que el presidente Lasso comparezca ante la Asamblea fue otra decisión de "último minuto" que atribuye a Cabascango, quien minimizó las críticas de su colega de bancada. 

En Pachakutik, como es habitual, hay posturas contradictorias y mutuas acusaciones. Mientras Cabascango defiende su informe, su compañero de bancada, Ricardo Vanegas, lo cuestiona.

Sin embargo, las posiciones se definirán cuando la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, ponga el conocimiento y debate del informe en el orden del día. Al momento, solo el correísmo más ortodoxo y parte de Pachakutik podría apoyar las conclusiones del informe, que sería rechazado por el PSC, la ID, el oficialismo y otra parte de Pachakutik.

Sin los votos suficientes, podría ser archivado en el Pleno, aunque el correísmo insiste en pedir la comparecencia de Lasso ante los legisladores. Aunque Lasso invitó a la Comisión de Fiscalización y luego a la de Garantías a una reunión en Palacio para explicarles su postura, ninguna de las dos reuniones se concretó y ahora, en el entorno presidencial, se dice que la comparecencia de Lasso podría ser solamente para "vejarlo" en el hemiciclo legislativo.  La decisión está en manos de Llori. 

Lasso le responde a la Contraloría: no soy propietario ni admnistrador de ningún off shore


Carta del presidente Lasso al equipo de la Contraloría. Léala aquí.

Por su parte, el presidente Guillermo Lasso envió el 9 de noviembre una carta a Verónica Cargua, jefe de Equipo de la Contraloría General del Estado, que realiza un informe relacionado con el caso de los Papeles de Pandora. 

En la respuesta, que tuvo 53 hojas de documentos de respaldo, Lasso relata que el pasado 14 de octubre la Contraloría le notificó sobre un examen especial cuyo propósito es determinar si el presidente es propietario de bienes o capitales en paraísos fiscales. Para el examen, la Contraloría pidió a Lasso información sobre bienes o capitales que formen parte de su patrimonio o que estuvieron a su nombre.

El presidente precisa, en su carta a los auditores de la Contraloría, que la Comisión de Garantías Constitucionales, está integrada en su mayoría por miembros de la "oposición radical" al Gobierno y, además, aprobó un informe que considera "prefabricado" sobre el caso, cuyo conclusión de que habría violado las prohibiciones sobre paraísos fiscales, rechazó. 

El mandatario califica el informe como mera "hojarasca discursiva" y señala también la mención a una supuesta "conmoción interna" como causal de una eventual destitución. Para el presidente, las afirmaciones de la Comisión de Garantías Constitucionales carecen de cualquier prueba. Lasso reiteró que al 23 de septiembre de 2020 no tenía propiedades en ningún paraíso fiscal, por lo que no violó la norma respectiva.  Lasso destaca que debía ser propietario directo o indirecto o directivo de una empresa off shore, lo que no pasaba en la fecha en que inscribió su candidatura en 2020.

El presidente acredita, con varios certificados, que por lo menos diez sociedades, sobre todo en Panamá, que fueron reveladas por el Consorcio Internacional de Periodistas, ya estaban disueltas para el 23 de septiembre de 2020. Reitera que a esa misma fecha no tenía ningún tipo de relación ni de propiedad con el banco Banisi de Panamá y dos fideicomisos en Dakota del Sur. 

Entre los documentos que Lasso envió a la Contraloría está una certificación de Trident Trush Company, una empresa que admnistra fideicomisos off shore, en donde se precisa que Lasso no tiene propiedad ni administración en dos fideicomisos en Dakota del Sur creados en diciembre de 2017, así como una carta de un estudio jurídico de Panamá, llamado Sucre, Arias y Reyes, que certifica que Lasso no es accionista ni administrador de Banisi y de la empresa Banisi Holding. 

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