El barco de la renovación de la Corte Constitucional llegó a buen puerto, pero la travesía fue tormentosa. Renuncias, cuestionamientos, dudas y reclamos marcaron un proceso complejo en el que la desconfianza y la especulación estuvieron a la órden del día. 

Todo empezó el 27 de agosto de 2021, cuando el presidente de la Función de Transparencia y Control Social (FTCS), Danilo Sylva, posesionó a los miembros de la Comisión Calificadora para la renovación parcial de la Corte Constitucional.

Los integrantes de la Comisión fueron Dunia Martínez y  Edgar Neira, por la Función Ejecutiva; Luis Alberto Fernández y Medardo Oleas, por la Función Legislativa; Vanesa Aguirre y Rafael Oyarte, por la Función de Transparencia y Control Social. Aguirre fue nombrada presidenta, mientras Oyarte quedó a cargo de la secretaría. La Comisión trabajó ad honorem, contando con el respaldo de los servidores de la Función de Transparencia y Control Social, pero ese detalle provocaría un incidente en el futuro. 

Aguirre, según su hoja de vida, es doctora (equivalente a PhD) por la Universidad Pablo de Olavide. Especialista Superior en Docencia Universitaria y en Derecho Procesal, por la Universidad Andina Simón Bolívar. Licenciada en Ciencias Jurídicas, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.  Es árbitra del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito.

Por su parte, Oyarte es magíster en Derecho Público con mención en Derecho Constitucional y cuenta con un postítulo en Derecho Constitucional, por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Doctor en Jurisprudencia, por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Su área de práctica es el derecho público. 

En el caso de Neira, se destacó que es Magíster en Derecho Administrativo, por la Universidad San Francisco de Quito. Abogado y Doctor en Jurisprudencia, por la Pontificia Universidad Católica de Quito. Su especialidad son los litigios administrativos y tributarios, así como los arbitrajes. 

Dunia Martínez  es candidata a  Doctorado en Derecho, de la Universidad Andina Simón Bolívar, Magíster en Derecho. Doctora en Jurisprudencia y Abogada por la Universidad del Azuay.

La hoja de vida de Medardo Oleas destaca que es abogado y doctor en Jurisprudencia, por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.  Abogado en libre ejercicio. Ha sido conjuez permanente en varias salas especializadas y asesor en Material Electoral.

Sobre Luis Alberto Fernández, se publicó que es candidato a doctorado (PhD) en Derecho, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Magíster en derecho, con mención en derecho constitucional, además de doctor en Jurisprudencia, abogado y licenciado en ciencias sociales. Ha sido juez, fiscal y  asesor jurídico.

Arranca el proceso 

Para el 7 de octubre de 2021, se realizó la convocatoria para el proceso. Según indicó en ese momento la Comisión Calificadora, "el proceso se regirá por los principios de independencia, transparencia y publicidad, meritocracia, probidad e integridad y celeridad" y explicó que "este concurso público se refiere a una renovación parcial, por tercios, de los jueces de la Corte Constitucional; por tanto, las funciones Ejecutiva, Legislativa y de Transparencia y Control Social presentarán, cada una, tres candidatos".

Se precisó también que  "los postulantes estarán sujetos al régimen de requisitos e inhabilidades previsto en la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional". Esto se refiere a los requisitos para ser juez constitucional, en donde constaban la "probidad notoria" en el ejercicio de la profesión y el haber sido abogado durante no menos de diez años, entre otros. 

El cronograma presentado incluía hasta 106 días, en donde las etapas más largas eran 15 días para la presentación de postulaciones, 15 días para la presentación de impugnaciones, hasta 30 días para la valoración de méritos y oposición, entre otros plazos.

Pero el 18 de octubre se produjo el primer tropiezo. Aunque las funciones del Estado remitieron las ternas y, por tanto, se presentaron los nueve candidatos previstos, la Comisión consideró que la mayoría de ellos no cumplían con los requisitos previstos. En ese momento, los comisionados revisaron aspectos como la trayectoria profesional, la información tributaria, las hojas de vida y, sobre todo, los respaldo de aspectos como los diez años de ejercicio profesional o algunos elementos que pudieran acreditar la "probidad notoria". Y tras hacerlo, declararon que era preferible declarar desierto el concurso y pedir a las funciones del Estado, nuevamente, que se envíen candidaturas. 

Entre el 6 y el 13 de septiembre, la Comisión preparó su Reglamento, que al final tuvo 26 artículos, en donde se precisaron algunos de los aspectos del concurso. Y el 18 de septiembre, un mes después de la declaratoria de desierto, el proceso se reactivó con un nuevo cronograma. 

El 12 de noviembre de 2021, la Comisión publicó los nombres que constan en las ternas que había recibido. Por la Función Ejecutiva, fueron nominados Richard Omar Ortiz Ortiz, Bárbara Brenda Terán Picconi y Jhoel Marlin Escudero Soliz. La Función Legislativa envió una terna con Salim Marcelo Zaidán Albuja, Ximena Alejandra Cárdenas Reyes y Luis Fernando Sarango Macas. La función de Transparencia presentó las nominaciones de Mauricio Alejandro Guim Alfago, María Fernanda Álvarez Alcívar y Carlos Gerardo Vásquez Morales. Algunos de los nombres, como los de Bárbara Terán y Mauricio Guim ya habían sido rechazados semanas antes, cuando la Comisión declaró desierto el concurso, pero de todas formas se los volvió a enviar. 

Un reportaje de este portal reveló las relaciones, los entornos y las cercanías de los postulantes. Se pudo identificar la presencia de candidatos sobre todo cercanos a la Universidad de Las Américas, en donde fue decana de Derecho la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, y la Universidad San Francisco. También, la evidente ausencia de abogados de universidades públicas, así como que la mayoría de candidatos provinieron solamente de Quito y Guayaquil.

Las primeras decisiones de la Comisión provocaron las críticas públicas del decano de Jurisprudencia de la San Francisco, Farith Simon, quien cuestionó lo que llamó la "discrecionalidad abusiva" de la Comisión en una columna que mantiene en el diario El Comercio. La columna provocó el malestar de miembros de la Comisión como Vanesa Aguirre y Rafael Oyarte. Oyarte sostuvo, en diálogo con PLANV, que no se trataba de un "concurso interuniversitario" entre la San Francisco y otras casas de estudios. 

Las listas de candidatos 

Cinco días después, el 17 de noviembre de 2021, la Comisión ya había tomado una decisión sobre las nueve carpetas que llegaron en un inicio. Declararon que los candidatos Salim Zaidan Albuja, Bárbara Terán Picconi, Jhoel Escudero Soliz, Alejandra Cárdenas Reyes y Richard Ortiz Ortiz sí cumplían con los requisitos para el cargo, mientras que dieron plazo a  Luis Sarango Macas y Carlos Vásquez Morales para subsanar y completar la documentación.

Sobre los candidatos Mauricio Guim Alfago y María Fernanda Álvarez, la Comisión decidió que no cumplían con los requisitos por lo que pidió a la Función de Transparencia que envíe dos nuevos nombres. 

El 26 de noviembre, la Comisión declaró que  Luis Fernando Sarango Macas y Carlos Gerardo Vásquez Morales habían completado los requisitos que les faltaban, mientras que en lugar de los dos postulantes que no cumplían requisitos llegaron los nombres de Ana Carolina Donoso Bustamante y Jorge Washington Sosa Méndez.

Así las cosas, la lista definitiva del concurso se dio a conocer a principios de diciembre. Pero antes de que el proceso continuara, el secretario, Rafael Oyarte, renunció a la Comisión. El jurista dijo que no estaba de acuerdo con la forma en la que los poderes públicos habían elaborado sus ternas y se mostró inconforme con la falta de rigor en el cumplimiento de los requisitos. Además, recordó que la Comisión estaba trabajando ad honorem y que él debía continuar con su ejercicio profesional. 

La lista de los candidatos en la carrera quedó así: Ana Carolina Donoso Bustamante Ximena Alejandra Cárdenas Reyes, Jhoel Marlin Escudero Soliz, Richard Omar Ortiz Ortiz, Luis Fernando Sarango Macas, Jorge Washington Sosa Meza, Bárbara Brenda Terán Picconi,Carlos Gerardo Vásquez Morales y Salim Marcelo Zaidán Albuja.

La hora de las impugnaciones

En medio de las fiestas de fin de año, se abrió el proceso de impugnaciones. Según explicó la Comisión, las impugnaciones debían estar relacionadas con " la falta de probidad, idoneidad, incumplimiento de requisitos o existencia de las inhabilidades, incompatibilidades u ocultamiento de información relevante, establecidas en la Constitución, la ley o el reglamento" y la fecha tope para presentarlas fue el 27 de diciembre.

El proceso de impugnación recibió solo cuatro quejas. Contra la candidatura de Jorge Washington Sosa Meza se manifestó Natalia Elena Roca Pogo, mientras que Bárbara Terán Picconi recibió las reservas de Rocío Delgado Vásconez. Contra Salim Marcelo Zaidán Albuja se pronunciaron Sylvia Fernanda Bonilla Bolaños y María Gracia Espinosa Vaca.

Pero el proceso de impugnación gatilló las primeras renuncias. Salim Zaidán presentó su abandono del concurso a fines de diciembre, tras conocerse las dos impugnaciones en su contra. El jurista cuestionó que las impugnaciones fueran una antología de sus publicaciones en redes sociales y también la imparcialidad de los comisionados. En su caso, las dos impugnaciones, presentadas por militantes feministas, tenían relación con un conflicto con su ex novia, con quien tiene una hija. 

Tras la renuncia de Zaidán, la audiencia telemática de las impugnaciones  se realizó el 10 de enero de 2022. A ella se conectaron tanto Bárbara Terán cuanto Jorge Sosa. En el caso de Sosa, se le acusó de formar parte del entorno de la familia Bucaram y de la directiva de su movimiento, Fuerza Ecuador, así como de deber pensiones alimenticias. 

Una investigación de este portal reveló que Sosa aparece como asesor jurídico del narcotraficante alias Gerald, un hecho sobre el que el postulante, consultado al respecto, sostuvo que se trató de una consulta y no de una defensa del polémico capo. Sin embargo, este hecho no fue motivo de ninguna impugnación, una constante que se repetiría en otros casos. 

A Bárbara Terán, en cambio, la impugnó la abogada de un ex profesor de la Universidad San Francisco, un catedrático con PhD obtenido en Alemania, quien se encuentra en una guerra judicial con ese centro de estudios. En el caso se han plateado reclamos laborales y hasta denuncias penales. Terán representa en varios de esos procesos a las autoridades de la Universidad, de la que también es profesora. 

En su caso, en la primera declaratoria de desierto, se destacó que había abierto un RUC muchos años después de la fecha en que había iniciado su carrera profesional, lo que destacado en un informe sobre su carpeta. Sin embargo, el hecho no se mencionó luego y tampoco fue objeto de impugnación. 

Impugnaciones rechazadas y nueva renuncia

El 12 de enero de 2022, las dos impugnaciones fueron rechazadas por la Comisión. En el caso de Jorge Sosa, hubo un voto salvado de Dunia Martínez, quien consideró que el caso sí ponía en duda la probidad notoria del abogado.

En el caso de Bárbara Terán, la Comisión rechazó la impugnación y destacó que la postulante no había cometido ninguna transgresión ética que se pudiera probar con la impugnación. Pero Terán tampoco seguiría en la carrera. Poco después de que la impugnación fuera rechazada, la abogada renunció al concurso alegando que había dado positivo para covid. La renuncia de Terán coincidió con la publicación de la primera nota que obtuvieron los postulantes, relacionada con los méritos.

El Reglamento del concurso establecía una calificación sobre 100 puntos, de los que 20 provenían de la valoración de los méritos, 40 de los exámenes orales y 40 de los escritos. El 14 de enero de 2022 se publicaron las notas de los méritos: Ximena Alejandra Cárdenas Reyes (16.5),  Ana Carolina Donoso Bustamante (20.0),  Jhoel Marlin Escudero Soliz (20.0),  Richard Omar Ortiz Ortiz (18.0),  Luis Fernando Sarango Macas (14.5), Jorge Washington Sosa Meza (14.5), Bárbara Brenda Terán Picconi (16.5) y Carlos Gerardo Vásquez Morales (18.0). 

Con esas primeras notas, los siete postulantes que quedaron tras las renuncias de Zaidán y Terán pasaron a una nueva etapa. Se tomaron exámenes escritos y en un principio se los identificó con códigos. Las notas fluctuaron entre 8/40 la más baja y 39/40 la más alta. 

Dos renuncias en plenas pruebas

Entre el 24 y el 26 de enero se plantearon las pruebas orales, que fueron transmitidas por el canal de Facebook de la Función de Transparencia. Serían el escenario de nuevas deserciones. Carlos Vásquez se presentó en la prueba para renunciar, poniendo en duda la imparcialidad del proceso. Para la Comisión, la renuncia "impidió a los comisionados apreciar su preparación y nivel de conocimientos del candidato". También Sosa renunció en ese momento, quedando solo cinco postulantes de los nueve que habían sido calificados.

Sin embargo de las renuncias y las críticas, la Comisión logró presentar las notas finales, que a pesar de la posibilidad de una revisión, no fueron modificadas. El mejor puntuado resultó ser Richard Ortiz con 94, Jhoel Escudero, con 93 y Alejandra Cárdenas con 89.5. Los otros dos candidatos se quedaron atrás, como es el caso de Ana Carolina Donoso con 75 y Luis Sarango, con 58.5 

La Comisión nombró jueces a los tres mejor puntuados y asignó al banco de elegibles (que en teoría pueden integrar la Corte Constitucional si alguien falta) a los dos restantes. Con su acta final, la Comisión Calificadora concluyó uno de los concursos más complejos de los últimos años. 

La visión de los veedores 

El proceso contó una veeduría ciudadana, presidida por Janeth Carrillo, que realizó una vigilancia del concurso. Por lo menos cinco personas más integraron la veeduría, pero esta se vio complicada por contagios de covid y, también por la crisis del Consejo de Participación, cuyos funcionarios debían orientar la redacción del documento, que hasta el cierre de este reporte no ha sido presentado. Carrillo no quiso adelantar sus impresiones. 

De su lado, la Fundación Ciudadanía y Desarrollo entregó su propio informe sobre este proceso. Mauricio Alarcón, director ejecutivo, anunció que han habido varios incidentes en el proceso, partiendo de las reglas resueltas por la Corte Constitucional en 2020. Una vez que terminó el concurso se procedió al sorteo de quienes salen y también se decidió qué hacer con posibles renuncias.

Alarcón dijo que hubo omisiones en la Comisión, cuyos miembros debían cumplir con los mismos requisitos de quienes van a ser electos. Así, precisó que los miembros de la Comisión Calificadora no presentaron sus declaraciones patrimoniales ante la Contraloría, algo a lo que estaban obligados, pues Alarcón sostiene que son cargos públicos.

Una primera declaratoria de desierto del proceso, donde se entregó información incompleta y un análisis "subjetivo y superficial" llevó a que cuando los nombres se repitieron debieron aceptarlos. El jurista destaca que tampoco se debieron aceptar los nombres que ya habían sido descartados y que la Comisión debió explicar por qué los aceptó. 

Alarcón sostiene que es necesaria una norma que regule los conflictos de interés, en relación a los cuestionamientos a la Comisión Calificadora. Entre este tipo de conflictos destaca relaciones profesionales previas o el hecho de que Dunia Martínez, a pesar de ser parte del banco de elegibles para la Corte Constitucional, se sumó a la Comisión.

Para el experto, los cuestionarios tuvieron preguntas abiertas en donde siempre habría subjetividad, lo que generó problemas y dudas. 

En el informe, de 47 páginas, la Fundación realizó nueve recomendaciones, entre ellas, que la Corte Constitucional debe ajustar sus reglamentos internos a la normativa vigente, que los miembros de la Comisión Calificadora no tengan conflictos de intereses y que además presenten sus declaraciones patrimoniales juramentadas, así como que en sus decisiones respeten las normas legales. Además, Ciudadanía y Desarrollo recomendó que la Comisión se conforme correctamente y que se la complete en casos de renuncia. El banco de elegibles también fue objeto de una recomendación, pues falta regulación sobre su conformación y funcionamiento. 

La Fundación pidió, además, el uso adecuado de medios electrónicos para fomentar la transparencia y publicidad en este proceso. Finalmente, pidieron un reglamento estandarizado aplicable a los futuros procesos de renovación de jueces y juezas de la Corte Constitucional. 

   ENTREVISTA   

"Los nuevos jueces deberán demostrar que no tienen ninguna vinculación con el poder de turno"

Vanesa Aguirre, presidenta de la Comisión Calificadora

¿Qué balance hace del proceso de selección? 

Creo que es evidente que no fue fácil. Hubo muchos incidentes, pero el balance es positivo porque se cumplió con el trabajo y se resguardó la institucionalidad del país.

¿En procesos anteriores hubo tantas renuncias como en éste?

Sí una candidata renunció en un proceso anterior, pero las circunstancias eran diferentes. Cómo se desempeñen los doctores Ortiz, Cárdenas y Escudero es algo que les corresponde a ellos, que deberán demostrar que sí están capacitados para una alta magistratura como la de la Corte Constitucional. 

En sus renuncias, Zaidán, Sosa y Vásquez cuestionaron la imparcialidad, las pruebas y otros aspectos del proceso. ¿Qué les contesta a esas dudas?

Hay que tomar en cuenta los momentos en que se produjeron esas renuncias. El señor Zaidán renunció cuando se aceptó a trámite la impugnación en su contra, quizás animado a no contestar lo que se señalaba en la impugnación. Los señores Sosa y Vásquez renuncian una vez que se conocen los resultados de su prueba escrita. Esos hechos nos indican, por deducción lógica, que los bajos resultados los llevaron a desistir de las siguientes etapas. Antes de eso no manifestaron ninguna disconformidad sobre cómo se estaba llevando el concurso. Sí fue sorprendente que expongan sus inconformidades solo cuando se conocieron las notas. En el caso de Bárbara Terán fue netamente un problema de salud. 

Se realizaron pedidos de recalificación al final del proceso, pero todos se rechazaron, ¿por qué?

Encontramos que en la revisiones de las notas no había razones. Se publicaron los estándares de las pruebas y las respuestas no se acercaban a lo que se planteó. En el caso de los méritos, se siguieron los lineamientos de los reglamentos. En el anexo del acta final se han publicado todos los criterios.

¿Cuál será el papel de las personas que quedaron en el banco de elegibles? ¿Cuántos había de procesos anteriores?

Creo que el proceso anterior quedaron 11 elegibles a eso se deben sumar los dos de este concurso. 

Se cuestionó que tras la renuncia de Oyarte no se le reemplazó en la Comisión ¿era necesario?

La función nominadora, que fue la de Transparencia, no decidió nada al respecto. En el proceso anterior también sufrimos una baja pero eso no es motivo de nulidad ni una irregularidad. No teníamos competencia para reemplazar al doctor Oyarte.

Tras declarar el proceso desierto, el Ejecutivo insistió en los mismos nombres. ¿Era legítimo eso?

Puede ser leído de varias formas, algunos sostuvieron que las funciones del Estado no se tomaron en serio esta cuestión, pero yo creo que sí fue legítimo. La Comisión aplicó el reglamento y se cumplió el envío de reemplazos ya que todos acreditaron los requisitos. 

Se cuestionó que la Comisión no actuó frente a denuncias públicas sobre candidatos ¿podían hacerlo?

Se dio a la ciudadanía la posibilidad de cuestionar a los candidatos y para eso hubo una fase de impugnación. Pero la Comisión no podía jamás actuar de oficio para sacar a personas sobre temas que privadamente hayamos podido conocer. No se podía romper un principio de imparcialidad y la Comisión no tenía un principio inquisitivo para actuar.

A lo largo del proceso se habla de la "probidad notoria", una cuestión totalmente subjetiva. ¿Cómo analizar ese criterio?

Es difícil, pero por ejemplo se puede incluir certificados del Colegio de Abogados de no haber recibido ninguna sanción por parte del Tribunal de Honor, o del Consejo de la Judicatura. En el caso de un docente, con evaluaciones que confirmen que actúa de manera proba. Un juez puede incluir sus sentencias, pero es una cuestión difícil. 

Se ha dicho que los tres finalistas provienen del entorno de la ministra Vela, ¿qué criterio tiene al respecto?

Ha coincidido que dos de ellos son docentes de la Universidad de las Américas. Esa es una cuestión circunstancial y en la práctica los nuevos jueces deberán demostrar que no tienen ninguna vinculación con el poder de turno. Es necesario que la Corte Constitucional limite cualquier exceso de los poderes públicos. Yo personalmente no veo cuál es el problema porque algún conocimiento debe tener quien nomina al candidato. A mi no me consta que la ministra de Gobierno haya enviado esos nombres sino que vinieron del Ejecutivo. 

   ENTREVISTA   

"Se favoreció a unos y se perjudicó a otros"

Salim Zaidán, ex candidato a la Corte Constitucional

En su renuncia cuestionó la imparcialidad de la Comisión. ¿Qué opina de los incidentes a lo largo del concurso?

Hay dos responsables de este proceso deslegitimado: los proponentes de las candidaturas y la Comisión. Vi poco compromiso por fortalecer a la Corte, el nivel de los candidatos no fue óptimo, no hubo postulantes de la carrera judicial o con experiencia de litigio. Se cayó en lo de siempre: buscar a los candidatos en la academia y en círculos políticos. Con la renuncia de Rafael Oyarte solo quedó en la Comisión una constitucionalista, que es Dunia Martínez. Eso ya  había pasado en el concurso anterior. Se supone que la Comisión tiene que estar integrada por profesionales con el mismo nivel de los jueces.

¿Cómo se habría evidenciado que no hubo imparcialidad?

Se evidenciaron relaciones de amistad, como la que hay entre el secretario jurídico de la Presidencia, Fabián Pozo, y el comisionado Édgar Neira, quien también es parte de Ecuador Libre. La comisionada Vanesa Aguirre y la candidata Ana Carolina Donoso fueron árbitras en la Cámara de Comercio de Quito. Dunia Martínez fue compañera de los tres ganadores en la Universidad de las Américas. Con una Comisión conformada así era imposible que se evaluaran las capacidades y conocimientos con imparcialidad. El tiempo me dio la razón y los vínculos se han hecho evidentes. Los tres finalistas son muy cercanos a Vela.

Desde la Comisión se dice que no tiene nada de raro recomendar a gente que se conoce...

Lo deseable es buscar gente con reconocida trayectoria, no con cercanía ni con amistad con las autoridades. Se debió buscar en las cortes de justicia, en la academia, gente con formación y experiencia en derecho constitucional y no solamente en los círculos de las autoridades. Eso les pasó a las tres funciones del Estado. Se debió hacer un perfilamiento objetivo de los constitucionalistas. Se buscó solo en Quito y Guayaquil cuando hay abogados de otras ciudades. 

Hubo cuatro renuncias, más que en los concursos anteriores. ¿Cómo interpretar eso?

Ha habido cuestionamientos en el pasado pero nunca tantas renuncias. Deberían aceptar en la Comisión que hubo cuestionamientos. El candidato Sarango se quejó de la calificación. Yo revisé los exámenes y creo que no existió una adecuada evaluación de las pruebas escritas. Se favoreció a unos y se perjudicó a otros. Todas las recalificaciones fueron rechazadas, pero hubo generosas calificaciones a los primeros candidatos. Hubo exámenes con errores de bulto con 38 y 39 de nota. La distancia entre las calificaciones confirma a quiénes se benefició. El nivel de los exámenes escritos fue muy bajo a pesar de que algunos tuvieron calificaciones muy altas.Se les asignaron códigos de diez números donde uno solo variaba. Creo que eso también fue sospechoso. En el examen oral había casos mal planteados, preguntas abiertas, no se corregían las equivocaciones de los candidatos, hubo un bajo nivel de comisionados y de candidatos. En los méritos también hubo dudas, solo cuatro de los cinco comisionados calificaron y ahí también hubo calificaciones muy generosas.