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5 de Septiembre del 2016
Historias
Lectura: 25 minutos
5 de Septiembre del 2016
Infolatam
Brasil: la caída ética del Partido de los Trabajadores

Tiempos felices. La dupla Lula-Dilma gobernó Brasil por 13 años consecutivos. 

 

La valoración popular sobre la gestión de Dilma Rousseff es muy negativa. Y eso, mientras el partido político está manchado de corrupción, con dirigentes presos y otros que tienen celda reservada. El argumento de corromperse para conseguir fondos de campaña electoral y evitar que “la derecha” volviera al poder y retroceder en “los cambios”, hace hervir de bronca al votante bien intencionado que confió en la moral y capacidad de sus elegidos.

La caída de Dilma no solo es de la Presidenta de Brasil sino de una época en la cual la hegemonía del Partido de los Trabajadores ha terminado. La crisis no empezó con la sentencia del poder legislativo sobre el fin del mandato de la ahora expresidenta. Empezó cuando empezaron a develarse las redes de corrupción de los principales jerarcas del PT, empezando por el líder histórico, José Ignacio "Lula" da Silva, con conglomerados empresariales a cambio de contratos, sobornos, favores políticos y de otra especie.  

Para entender este proceso y esta crisis que hiere gravemente la democracia en Brasil e impacta en América Latina, presentamos un dossier de informaciones y lecturas de este proceso, de la mano de Infolatam.

Nelson Fernández Salvidio: no solo cayó Dilma

No fue una caída de Dilma, en solitario. No fue el fin de un ciclo presidencial por una mujer política que hubiera fracasado, o pisado una pista en falso.No fue Dilma. Fue el fracaso de un partido político que se erigió en salvador de los pobres brasileños y llegó al gobierno con una tormenta de esperanza, pero se enredó en una trama de corrupción que lo debilitó ante la opinión pública, tanto como despatarrarse ante las operaciones partidarias de sus propios socios.

Unos acusan de “golpe” y otros reivindican un método constitucional para aplicar mayoría parlamentaria y remover a quien ejerce la jefatura de Estado. Pero el debate subyacente está en la confrontación cruda de la esperanza generada y el resultado logrado.

El Partido de los Trabajadores (PT) logró éxito rotundo en su estrategia electoral y ganó las elecciones de 2002, para gobernar Brasil con un mandato ético, y con la promesa de mejorar las condiciones de vida de familias que vivían en la miseria. Pero también con la generación de una ilusión de un país que siempre ha querido ser potencia en serio, y que en los hechos ha devenido en una república mediocre, injusta en su trama social, y con un drama eterno de estorbo al crecimiento sostenible, que podía disimularse parcialmente por el torbellino de alegría que genera un pueblo carnavalero.

Fue el fracaso de un partido político que se erigió en salvador de los pobres brasileños y llegó al gobierno con una tormenta de esperanza, pero se enredó en una trama de corrupción...

“Ante el agotamiento de un modelo que produjo estancamiento, desempleo y hambre (…), la sociedad brasileña decidió cambiar y comenzó a promover los cambios necesarios”, dijo Luis Inacio Da Silva, “Lula”, cuando asumió la Presidencia del Brasil.

“Si al final de mi mandato todos los brasileños tienen la posibilidad de desayunar, comer y cenar, habré cumplido la misión de mi vida”, expresó el obrero que había llegado a presidente. La promesa no era menor, aunque era obvio que no era suficiente para entusiasmar a todo el país.

Y no se quedó conforme con el mensaje para los más pobres.

Entonces se comprometió a un compromiso con una mejora sustancial de la economía para todo el país. “Vamos a crear las condiciones macroeconómicas para que haya crecimiento sostenible responsable, además de impulsar un combate implacable a la inflación”, dijo Lula aquel 1° de enero de 2003.

Hubo más. Es lógico que hubiera más. Porque Lula no podía conformarse con hablarle sólo a los pobres, ni podía limitarse a prometer una economía pujante. Sabía que Brasil nació como Imperio, y aunque luego se convirtió en república más modesta, conlleva el sueño imperial de otrora, que se refleja periódicamente en acciones diplomáticas de Itamaraty.


Miles de brasileños protestan en contra del gobierno del PT.

Hay una necesidad de los brasileños de sentirse “lo más grande del mundo”. Entonces, en aquel acto, Lula había reservado un parte de su discurso para mostrar que el Brasil lideraría en la región.

“La gran prioridad será la construcción de una América del Sur políticamente estable, próspera y unida, con base en ideales democráticos y de justicia social”, expresó Lula entonces, al transmitir que para ello sería necesario “una acción decidida de revitalización del Mercosur”.

El gobierno del PT se encontró con un momento histórico propicio para el fuerte crecimiento. Y cumplió con implementar planes que atendieran la miseria. ¿Mejoró el entramado social para lograr mejora sustancial en las oportunidades y para permitir movilidad ascendente? ¿O los tiempos le dieron sólo para dar asistencia?

La primera época fue tan auspiciosos, que se afirmó la idea de un “nuevo Brasil”. Tanto así,  que este país fue la primera inicial de una sigla que estuvo bajo la lupa del mundo, como ejemplo de potencial éxito. Brasil, Rusia, India y China, comenzaron a ser viusalizados como “los BRIC”, en el esquema de los países que aparecían con chance de convertirse en las cuatro economías dominantes hacia el año 2050.

Y en medio de eso, comenzaron a descubrir cómo y cuánto habían robado dineros públicos muchos dirigentes de aquel partido que había llegado al poder con un mandato ético.

Pasada la bonanza regional llegó el tiempo de freno al crecimiento, que dio paso al estancamiento y luego a una recesión inédita. Los brasileños comenzaron a preguntarse si habían vivido una ilusión sin sustento.

Y en medio de eso, comenzaron a descubrir cómo y cuánto habían robado dineros públicos muchos dirigentes de aquel partido que había llegado al poder con un mandato ético, que condenaba los actos corruptos de partidos que le habían precedido en el gobierno.

Es duro eso. ¿Justifica la movida política para derribar a una presidenta elegida por el pueblo? La discusión sobre el uso de resortes constitucionales va por otro camino. Pero no es ajena a las condiciones generadas por el PT para debilitarse y devaluar la imagen de sus líderes.

¿Eliminaron el hambre y la miseria? ¿Lograron que el Brasil sea una economía pujante y sostenible? ¿Ejercen liderazgo en la región y han contribuido a que el Mercosur y los otros países vecinos hayan mejorado sus plataformas económico-sociales?

La valoración popular sobre la gestión de Dilma Rousseff, es muy negativa. Y eso, mientras el partido político está manchado de corrupción, con dirigentes presos y otros que tienen celda reservada.

El argumento de corromperse para conseguir fondos de campaña electoral y evitar que “la derecha” volviera al poder y retroceder en “los cambios”, hace hervir de bronca al votante bien intencionado que confió en la moral y capacidad de sus elegidos.

El PT, y otros dirigentes políticos de la región, tienen mucho para analizar de este ciclo que ha concluido, para entender cómo manejarse en cuestión de promesas, de acción para cumplir compromisos, y sobre todo, de la conducta ética a la que hay que aferrarse.

Porque el que mal anda,  mal acaba. Y eso corre para cualquiera.

Carlos Malamud: ¿cuál golpe de Estado?

La contundente votación del Senado brasileño, 61 votos contra 20, completó el juicio político contra Dilma Rousseff y puso punto final a su gobierno. Al inicio del proceso comenzaron a debatirse algunas cuestiones de peso, como la del golpe de estado, la falta de legitimidad del Parlamento o la escasa la autoridad moral de unos políticos corruptos para destituir a una presidente elegida por el voto popular. Este punto se vuelve más relevante cuando Rousseff no ha sido acusada, hasta ahora, de corrupción.

Finalizado el impeachment surgieron nuevas polémicas asociadas a la evolución de la coyuntura política. De estas últimas mencionaré sólo dos, comenzando por la pregunta de si la asunción de Temer acaba con la crisis política brasileña. La otra se relaciona con las posibilidades del actual presidente de acabar su mandato el 31 de diciembre de 2018 o si éste finalizará abruptamente en algún momento previo.

En primer lugar volveré a la idea del golpe de estado, nuevamente agitada por Rousseff. Como se ha insistido repetidamente, el juicio político, impechment, es una figura recogida en la Constitución brasileña, los procedimientos se han respetado escrupulosamente y la figura del “delito de responsabilidad” está claramente definida. A esto se agrega la implicación de dos de los tres poderes del Estado, la Justicia y el Parlamento, con un pleno respeto de la legalidad.

En su intervención en el Senado, Rousseff insistió en la falta de legitimidad de quienes querían echarla del cargo después de ser electa por 54 millones de personas. Otra vez estamos frente a la lógica nefasta de muchos regímenes presidencialistas latinoamericanos: el voto popular sólo legitima a los presidentes y no a los parlamentarios. En Brasil se dio la circunstancia de que tanto los diputados que iniciaron el proceso como los senadores que lo concluyeron también fueron elegidos por el voto popular.

El punto sería admisible si los defensores de Rousseff estuvieran limpios de toda sospecha. Pero los miembros de la antigua coalición gubernamental, diseñada a partir del PT y del PMDB, son los principales implicados en el caso Lava Jato.

Igualmente se abundó en la idea de que un Parlamento mayoritariamente integrado por corruptos carecía de suficiente base moral para impulsar semejante iniciativa. El punto sería admisible si los defensores de Rousseff estuvieran limpios de toda sospecha. Pero los miembros de la antigua coalición gubernamental, diseñada a partir del PT y del PMDB, son los principales implicados en el caso Lava Jato. Hoy unos y otros están a ambos lados de la trinchera y el argumento de la corrupción no exonera a ninguna de las partes implicadas, ya que es el sistema político brasileño en su totalidad quien requiere una profunda regeneración.

Tampoco debe servir como eximente o atenuante que las pedaladas fiscales, el maquillaje presupuestario, fuesen una práctica corriente no sólo de éste sino también de los gobiernos anteriores. La extensión del mecanismo no invalida su carácter delictivo y fueron la rigidez y la torpeza política de Rousseff las que precipitaron su caída. Hoy se relaciona su destitución con un compló de la derecha más reaccionaria, cuando una parte esencial de las fuerzas políticas que la provocaron integraban hasta hace pocos meses la coalición “de izquierdas” que respaldaba al gobierno del PT. De haberse mantenido la alianza hoy no estaríamos donde estamos.


Michel Temer, vicepresidente electo con Dilma Rouseff y actual presidente de la República tras la salida de la presidenta.

¿El cese de Rousseff acabará con la crisis política brasileña? Indudablemente no. La crisis es de tal calado que requiere reformas profundas del sistema político. Con este Congreso es imposible alcanzar los consensos necesarios para llevarlas a cabo. El cambio de gobierno sólo sirve de momento para superar algunas incertidumbres, pero poco más. Habrá que ver si la legitimidad de ejercicio le permite a Temer superar las limitaciones de su menor legitimidad de origen.

Al igual que Rousseff, Temer es un político con una pésima aprobación pública. El 49% de los brasileños tiene una mala imagen de su gestión, el 31% regular y sólo un exiguo 8% cree que es buena. La misma encuesta de Ipsos recoge que un 87% piensa que Brasil va por el camino equivocado y un 59% desaprueba lo que se hace en la lucha contra la corrupción. En este escenario, al gobierno le espera una dura batalla por conquistar la opinión pública si quiere acabar su mandato en condiciones.

El desempeño económico será la clave que podría, o no, garantizarle su futuro. Un modesto crecimiento inicial permitiría neutralizar las amenazas provenientes de las causas abiertas ante la justicia electoral por financiación fraudulenta de la campaña que permitió el triunfo de la fórmula Rousseff – Temer. De momento, la caída de la economía brasileña parece haber tocado fondo y ya comienzan a verse algunas tímidas señales de recuperación.

La inflación ha comenzado a moderarse, el índice de producción industrial ha crecido por quinto mes consecutivo y el precio del mineral de hierro, uno de los principales productos de exportación, ha vuelto a subir. Tras la recesión de 2015 y 2016 las expectativas para 2017 son algo más halagüeñas. Si en julio pasado el FMI hablaba de un crecimiento del PIB del 0,5%, en las últimas semanas diferentes estudios lo sitúan entre el 1 y el 1,5, mientras el gobierno apuesta por un 1,6%.

A diferencia de crisis económicas anteriores, en esta oportunidad tanto el sistema financiero como el aparato productivo brasileños están intactos, lo que favorecerá la recuperación si se despejan las trabas políticas e institucionales existentes. El camino del gobierno Temer será muy complicado.

La suma de un entorno difícil, y a ratos hostil, con las limitaciones y errores propios provocados por la gestión, dificultan el análisis.

El calendario electoral, cómo no, también incidirá en la ecuación. Las municipales del próximo octubre servirán para poner a cada uno en su sitio y para ver cómo la opinión pública ha valorado la actuación de unos y otros. Pero será el horizonte de las presidenciales de 2018 el referente que permanentemente valorarán los principales actores políticos, que reaccionarán de acuerdo con sus opciones futuras. Sin embargo, Temer ha dicho que no será candidato y esa libertad debería servirle para completar una gestión al servicio del pueblo brasileño.


Simpatizantes de Dilma  y del PT acusan, en las calles, al congreso de dar un golpe de Estado al gobierno.

¿Lula, otra vez al ruedo?

El ahora opositor Partido de los Trabajadores (PT), de la presidenta destituida Dilma Rousseff, defendió la realización de elecciones anticipadas, que están previstas para 2018, y estudia la posibilidad de presentar como candidato al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“Ahora, frente a un Gobierno que no tiene voto, que usurpa el poder, pensamos que la única manera de restablecer la democracia en el país es por el voto popular”, declaró durante una rueda en la sede del partido en Sao Paulo el presidente de la formación, Rui Falcão.

En ese sentido, Falcão indicó que se está trabajando en la “idea” de una “combinación con los demás sectores, partidos y frentes, para ver las mejores herramientas de una campaña para las elecciones ‘Directas ya'”, el mismo nombre que se usó para la redemocratización durante la dictadura militar que gobernó entre 1964 y 1985.

“Espero que podamos volver a establecer la democracia en el país con las elecciones para presidente, en sustitución del golpista que está allí y de todo su equipo ilegítimo”, agregó Falcão.

Rousseff fue separada definitivamente del cargo por el Senado, que el miércoles votó en su contra en un juicio político abierto por las irregularidades fiscales en su gestión de 2014 y 2015.

El vicepresidente, Michel Temer, quien ya había roto filas con Rousseff y estaba en el poder de manera interina desde el 12 de agosto, cuando la entonces mandataria fue suspendida del cargo para afrontar el juicio, fue ratificado para asumir la Presidencia en propiedad hasta el 1 de enero de 2019, cuando termina el mandato.

Movimientos sociales rechazan el gobierno de Temer y piden anticipar las elecciones, una iniciativa que la propia Rousseff propuso en caso de que fuera absuelta por el Senado y mantenida en el cargo.

No obstante, movimientos sociales rechazan su Gobierno y piden anticipar las elecciones, una iniciativa que la propia Rousseff propuso en caso de que fuera absuelta por el Senado y mantenida en el cargo.

La propuesta, en principio, había sido rechazada por parte de los cuadros directivos del PT, que no querían unas nuevas elecciones e insistían en agotar los mecanismos legales para la permanencia de Rousseff en el poder.

Ahora, con el respaldo del partido, la idea comienza a tener fuerza y ha sido asumida por los movimientos y organizaciones sociales que desde el lunes, cuando Rousseff se sometió personalmente al interrogatorio de los senadores, han salido todos los días a las calles de las principales ciudades.

Falcão, sin embargo, se abstuvo de comentar las fechas de las posibles elecciones y señaló “que la idea de anticipación (de los comicios) es hacerlo cuanto antes, pero se necesita de un plazo legítimo para hacer eso”.

El titular del PT consideró también que cuando se presenten esas elecciones “para restablecer la democracia”, Lula, quien responde ante la Justicia por el caso de corrupción de la petrolera estatal Petrobras, puede ser presentado como candidato.

“Esta represión es un componente de una cruzada política e ideológica contra la izquierda y contra el expresidente Lula en particular. Ha sido víctima de acciones contradictorias de la acusación”, indicó Falcão.

Para le presidente del PT, “el objetivo es claro: interceptarle política y electoralmente también a él, si el expresidente quiere ser candidato en 2018”.

El PT presentó este viernes en la serie paulista de la formación el documento “Resolución política sobre el golpe y la oposición al Gobierno usurpador”, que en 24 puntos expone su visión sobre los últimos acontecimientos políticos del país, en los que por vía legislativa se le dio fin a trece años de su estadía en el poder.

La crisis se judicializa

La crisis política que derivó en la destitución de Dilma Rousseff esta semana se ha judicializado y ha pasado al Tribunal Supremo de Brasil tras la denuncia presentada por la defensa de la expresidenta y la respuesta de los aliados del nuevo Gobierno de Michel Temer.

Rousseff fue destituida por el Senado el miércoles por supuestas maniobras para maquillar las cuentas públicas, pero la Cámara Alta, en una votación diferenciada, decidió no inhabilitarla para ocupar cargos públicos por ocho años, al contrario de lo que ocurrió en 1992 con el expresidente Fernando Collor de Mello, destituido e inhabilitado.

La decisión de admitir dos votaciones -una sobre la destitución y otra sobre la inhabilitación- fue adoptada por el presidente del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Ricardo Lewandowski, que moderó el proceso en el Senado, a petición del Partido de los Trabajadores (PT).

Al menos cuatro de los once magistrados que integran el pleno del Tribunal Supremo habían adelantado ya esta semana que no tratarían el tema si llegara a esta instancia.

A pesar de la presencia de Lewandowski en la etapa final del juicio político, la defensa de la expresidenta ha recurrido precisamente al Supremo Tribunal Federal para pedir la nulidad de la destitución de Rousseff argumentando “gravísimas” irregularidades en el procedimiento.

El equipo de abogados de Rousseff, encabezado por el exministro de Justicia José Eduardo Cardozo, planteó que Temer vuelva a su condición de presidente interino hasta que se celebre un nuevo juicio político en el Senado.

En respuesta, miembros de la formación de Temer, el poderoso Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), y varios de sus aliados han anunciado que recurrirán también al Supremo pero para pedir la nulidad de la votación que permite a Rousseff mantener sus derechos políticos.

Una reacción que desde sectores del PMDB se intenta frenar no sólo porque varios de los senadores del partido votaron en contra de inhabilitar a Rousseff -entre ellos Renán Calheiros, el propio presidente del Senado-, sino porque las denuncias cruzadas podrían llevar al Tribunal Supremo a revisar todo el proceso aunque, según analistas locales, tendrían pocas posibilidades de prosperar.

Al menos cuatro de los once magistrados que integran el pleno del Tribunal Supremo habían adelantado ya esta semana que no tratarían el tema si llegara a esta instancia por considerar que es una cuestión que corresponde al poder legislativo.

Mientras la crisis política se judicializa, se multiplican en Brasil las hipótesis sobre la actuación del Senado y sus posibles consecuencias.

La clave está en la decisión de no inhabilitar a Rousseff, que podría beneficiar a aliados de Temer con procesos abiertos, como el expresidente de la Cámara Baja, Eduardo Cunha, unos de los cerebros de la destitución de la expresidenta, ahora alejado de la primera línea política por acusaciones de corrupción.

La clave está en la decisión de no inhabilitar a Rousseff, que podría beneficiar a aliados de Temer con procesos abiertos, como el expresidente de la Cámara Baja, Eduardo Cunha.

El precedente de Rousseff podría repetirse en el caso de Cunha, que será juzgado por el la Cámara de Diputados en septiembre y que podría ser destituido pero mantener sus derechos políticos.

Los aliados de Cunha ya han adelantado que pedirán también votaciones por separado.

En el ojo del huracán, el titular del Senado, Calheiros, que apoyó la destitución de Rousseff pero defendió públicamente que no fuera inhabilitada.

Calheiros tuvo que salir hoy a rechazar las teorías sobre una supuesta “maniobra” para beneficiar a Cunha y a otros legisladores salpicados por escándalos de corrupción y defender la decisión del presidente del Tribunal Supremo de aprobar votaciones separadas sobre la destitución y la inhabilitación de Rousseff.

“Fue correcto y absolutamente defendible”, dijo, convencido de que la “judicialización” puede ayudar a despejar dudas sobre procedimientos similares: “Es el mejor momento para que podamos decidir sobre eso de una vez por todas”.

Mientras, Temer, que se ha estrenado como presidente de Brasil en la escena internacional en la Cumbre del G20 que se celebra en China, ha restado importancia a la polémica.

El presidente ha asegurado que, antes de viajar, conversó con sus aliados y “la cuestión está superada. No habrá la menor dificultad”.

Para Temer, se trata de “pequeñas cuestiones embarazosas” similares a otras que ha logrado resolver en sus 34 años de carrera política.

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