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24 de Septiembre del 2018
Historias
Lectura: 19 minutos
24 de Septiembre del 2018
Redacción Plan V
Los cabos sueltos de la lucha anticorrupción

Foto: Presidencia de la República

El presidente de la República, Lenín Moreno, firmó el Decreto de creación del Frente de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, en junio de 2017. Lo observa el ex vicepresidente Jorge Glas. 

 

Desde el retorno a la democracia en 1979, ha habido 14 propuestas legislativas de leyes anticorrupción, la mayoría de las cuales han quedado en nada. La más reciente, una Ley aprobada por la Asamblea Nacional que fue vetada totalmente por el actual Gobierno. Temas como la extinción de dominio, el informe previo de la Contraloría sobre peculado, entre otros, han encontrado la resistencia de la clase política. La muerte civil para actos de corrupción, aprobada en la última consulta popular y el acuerdo con Naciones Unidas al respecto siguen sin concretarse.

La secretaria jurídica del Palacio presidencial, Johanna Pesántez, se presentó en la ventanilla de recepción de documentos de la Asamblea Nacional y entregó un corto proyecto de ley. Se trató del proyecto de Ley Anticorrupción del Gobierno de Lenin Moreno.

Por considerarlo simplemente "inconveniente", el Ejecutivo aplicó el veto total a otro proyecto, que había sido tramitado en la Asamblea Nacional sobre la materia. No dio más explicaciones sobre sus motivaciones, pero el hecho es que se trató del enésimo borrón y cuenta nueva en la legislación sobre qué hacer con los actos de corrupción, un tema impopular entre la clase política ecuatoriana por lo menos desde 1979. El Ejecutivo tampoco explicó por qué simplemente no envió un veto parcial, incluyendo sus propias propuestas, al proyecto vetado del Legislativo. Así, el debate jurídico sobre el tema tiene un nuevo inicio. 

El Gobierno no dio más explicaciones sobre sus motivaciones, pero el hecho es que se trató del enésimo borrón y cuenta nueva en la legislación sobre qué hacer con los actos de corrupción, un tema impopular entre la clase política ecuatoriana por lo menos desde 1979.

Pero no es la primera vez que pasa. El analista Gabriel Hidalgo, quien ha estudiado el fenómeno del sistemático archivo de los proyectos anticorrupción, precisa que 14 propuestas legislativas se han presentado desde 1979 para normar éstos hechos. "Salvo la Ley de la Comisión Cívica de la Corrupción, presentada en agosto de 1998 por iniciativa del diputado Paco Moncayo de la Izquierda Democrática y publicada en diciembre 1999, las restantes resultaron en nada. Una se quedó en la presentación legislativa, ocho en la fase de distribución a los legisladores, otras dos con el informe favorable para el primer debate, otra en este debate plenario, y solo una se quedó en el segundo debate. Tal parece que ha habido muy poco interés histórico de los legisladores en esta materia", destaca Hidalgo. 

El analista recordó también la creación de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, establecida luego del derrocamiento de Abdalá Bucaram y eliminada por los constituyentes de Montecristi, para ser reemplazada por una Secretaría Anticorrupción. Luego, estas atribuciones -básicamente investigar la corrupción y presentar las denuncias correspondientes ante la justicia- pasaron en teoría al Consejo de Participación. Hidalgo destaca que hubo 3500 casos en manos de ese Consejo, ninguno de los cuales fue tramitado o judicializado. 

"La Comisión de Control Cívico de la Corrupción operó durante 11 años. Durante ese tiempo despachó más de 4.600 casos, de los cuales 600 fueron judicializados penalmente y solo 30 tuvieron sentencia", recuerda. 

La alergia correísta a la extinción de dominio

Uno de los puntos que ha provocado más fricciones en la lucha anticorrupción es la figura de la extinción de dominio. Esta norma, que se aplica en algunos países vecinos como Colombia, consiste en la posibilidad de decomisar, a título de medida cautelar, bienes que la justicia presuma podrían haber sido financiados con dinero ilícito. El tema empezó a debatirse al inicio del correato, cuando en marzo de 2008, los entonces fiscal general, Washington Pesántez y el procurador general Xavier Garaicoa, concurrieron a la Asamblea Constituyente, en Montecristi, para entregar su proyecto al respecto. 

El ex fiscal Washington Pesántez propuso en 2008 una Ley de Extinción de Dominio que tuvo fuertes resistencias. 

El proyecto tenía 37 artículos, siete disposiciones generales y dos transitorias y una propuesta de artículo constitucional para la Constitución que se discutía en el recinto de la Ciudad Alfaro. Se proponía que la Constitución incluyera un artículo con este texto: “La propiedad lícitamente adquirida y que cumpla con su función social y ecológica será garantizada por el Estado, sin perjuicio de que por sentencia judicial se pueda declarar extinguido el dominio sobre bienes de procedencia, uso o destino ilícitos”.

Una propuesta similar había sido presentada al Congreso Nacional seis años antes, sin que nunca fuera tratada por los diputados de la época. El mecanismo que se proponía era el siguiente: la acción de procedería sobre siete tipos de bienes, como los bienes que son adquiridos ilícitamente y transferidos a favor de terceros y los bienes utilizados para ocultar o fusionarlos con los primeros, usados o destinados a actividades ilícitas. El juez de primera instancia sería el presidente de la Corte Superior de Justicia, de la resolución que dictaba ese juez era posible un recurso de apelación ante una de las salas de lo Civil, y del fallo de la sala de la Corte Superior no se aceptaría recurso alguno, tampoco recurso de casación. La propuesta proponía que el proceso de extinción de dominio se seguiría de manera independiente al proceso penal,  y se garantizaba a las partes su defensa.

La propuesta de extinción de dominio de  Pesántez y Garaicoa tuvo un frío recibiendo en el correato, desde el ex presidente Rafael Correa hasta su operadores políticos en Montecristi, quienes aseguraron que medidas de ese tipo no eran aplicables por atentar contra la presunción de inocencia.

Pero la propuesta de Pesántez y Garaicoa tuvo un frío recibiendo en el correato, desde el ex presidente Rafael Correa hasta su operadores políticos en Montecristi, quienes aseguraron que medidas de ese tipo no eran aplicables por atentar contra la presunción de inocencia. De ahí que ni la Ley fue aprobada durante el correato, ni el artículo constó nunca en la Constitución de Montecristi, una Constitución que, sin embargo, sí tuvo espacio para, por ejemplo, prohibir de manera explícita el matrimonio igualitario en el Ecuador. 

Para el correato, el Consejo de Participación debía ser el espacio para la lucha anticorrupción. De ahí que las atribuciones de la antigua Comisión Anticorrupción le fueron traspasadas. Ahí, como casi todo en ese Consejo, controlado totalmente por el Ejecutivo, se disolvieron la gran mayoría de las denuncias. 

Baca Mancheno y la extinción de dominio

Tras el fin del correato y la designación de Carlos Baca Mancheno, ex consejero del Palacio de Gobierno, como fiscal general del Estado, se retomó el tema de la extinción de dominio, diez años después. En enero de 2018, el entonces fiscal general organizó un evento internacional llamado “La Extinción de Dominio como mecanismo de Lucha contra la corrupción y el crimen organizado”, al que invitó a delegados de las fiscalías de los países vecinos. 

“Este es un reto importante, la Ley de Extinción de Dominio redundará en beneficio del país”, explicó el ex fiscal Baca en esa ocasión. El 20 de diciembre de 2017, Baca presentó ante la Asamblea Nacional el proyecto de “Ley de Extinción de Dominio”, y para enero de 2018, había invitado a Kenya Porcell, Procuradora General de Panamá y Presidenta de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP); Néstor Martínez, Fiscal General de Colombia; Thelma Aldana, Fiscal General de Guatemala y José Luis Pérez, Fiscal Regional de Chile, para debatir sobre las experiencias de esos países con la figura. Baca había señalado en esa ocasión que la extinción de dominio era “atacar una de las raíces del problema, sino solo vamos a combatir los frutos. El árbol de la delincuencia va a seguir dando frutos si no se elimina el dinero que alimenta la actividad ilícita”, remarcó. En el foro, se destacó como operaba la figura en Panamá, Guatemala y Colombia, revertiendo al Estado los bienes de origen ilícito y destinándolos a finalidades sociales. 

El ex fiscal Carlos Baca retomó el tema diez años después. 

Para Baca Mancheno, se trataba de una "herramienta escencial" para que el fruto de los crímenes organizados pase al Estado luego de una acción civil realizada por la Fiscalía. Baca pensaba en enero de 2018 que todo el país debía debatir el tema, pues se debía determinar los alcances de la lucha anticorrupción. Ante la Asamblea Nacional, Baca insistió en que el Legislativo que se debía impedir la salida del país de personas contra las cuales hubiera sospechas de corrupción solo por pedido de la Fiscalía, así como eliminar que se cuente con un informe previo de la Contraloría General del Estado para iniciar una investigación por peculado. "El crimen organizado es una empresa capaz de comprar al sector político y económico", señaló Baca Mancheno, quien agregó que la lucha contra negocios ilegales millonarios como el tráfico de drogas, el contrabando, el tráfico de oro, entre otros, debía contar con una herramienta que permitiera evitar que "una tanda de delincuentes" hiciera gala de vehículos de lujo y de inmuebles de igual valor. 

Aunque Baca Mancheno terminó dejando el cargo de fiscal general, luego de la confrontación con el asambleísta y ex ministro del Interior, José Serrano, varias de las propuestas de Baca Mancheno fueron finalmente recogidas en la última ley aprobada por la Asamblea Nacional. 

La vetada Ley de Lucha contra la Corrupción

Para agosto de 2018, varios proyectos de leyes anticorrupción, entre éstos, el presentado por Baca Mancheno, fue unificados en una nueva Ley, que, en el segundo debate obtuvo una alta votación: 107 votos a favor y apenas una abstención. Según el texto aprobado por la Asamblea Nacional, se permitía el decomiso de bienes, sin sentencia condenatoria, a quienes sean procesados por delitos como peculado, enriquecimiento ilícito y testaferrismo, y que traten de evadir a la justicia. La Ley, explicó en su momento la asambleísta correísta Marcela Aguiñaga, se podía aplicar cuando el procesado “evade la justicia, no se presenta a ejercer su derecho a la defensa y es prófugo de la justicia”. Luis Fernando Torres, del PSC, también destacó que una de las condiciones para ese decomiso era que el sindicado esté prófugo, pues una de las condiciones era que "exista un auto de llamamiento a juicio debidamente notificado y que la persona que va a ser objeto del proceso no haya comparecido o se encuentre prófugo”.


La Asamblea Nacional, con 107 votos, aprobó una Ley Anticorrupción desechada totalmente por el actual Gobierno.  Foto: Asamblea Nacional

Según el texto aprobado por la Asamblea Nacional, se permitía el decomiso de bienes, sin sentencia condenatoria, a quienes sean procesados por delitos como peculado, enriquecimiento ilícito y testaferrismo, y que traten de evadir a la justicia.

La Ley recogía otro reparo de Baca: con el Código Penal actual es imposible iniciar una investigación por peculado sin que la Contraloría se haya pronunciado previamente declarando indicios de responsabilidad penal. Cuando el ex contralor Carlos Pólit cayó en medio del escándalo de posibles coimas por Odebrecht, la credibilidad de la Contraloría decayó, y se retomó el debate sobre si convenía o no esperar a que el organismo se pronuncie. 

De ahí que la Asamblea, en su proyecto de Ley, incorporó una reforma: ya no sería necesario el informe de Contraloría para formular cargos por peculado o enriquecimiento ilícito como sucede en la actualidad pero se lo requerirá luego de la instrucción fiscal, como una de las pruebas.

La Asamblea había incluido también otros aspectos en su proyecto de Ley: premiar a los funcionarios públicos que denunciaran posibles actos de corrupción y protegerlos, entre otros. La norma fue enviada al Palacio de Gobierno para su sanción. Pero el Ejecutivo de Lenin Moreno tenía otras ideas. 

Lenin Moreno y las etapas de su  lucha anticorrupción

Entre los primeros 25 decretos del presidente Lenin Moreno consta el dictado en Palacio Nacional, el 5 de junio de 2017. Se trata del que creó el Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, una de las primeras acciones del nuevo Gobierno que había asumido el 24 de mayo de ese mismo año. 

El presidente Lenin Moreno ofreció en campaña invitar a la ONU a asesorar al país en la lucha contra la corrupción. 

Moreno designó a nueve personas para conformar ese Frente. Se trató de Xavier Zavala, Pablo Dávila, Carlos Rabascall, Tatiana Hidrovo, Pablo Vanegas y Larissa Marangoni en representación de diferentes entidades de la sociedad civil y por parte de la Función Ejecutiva a los ministros de Justicia, Relaciones Exteriores y el Secretario Nacional de Planificación, Rosana Alvarado, María Fernanda Espinosa y Andrés Mideros, respectivamente.

En esa ocasión, el presidente Moreno dijo: “Nuestra lucha será implacable.  La Función Judicial, las autoridades de control y la fuerza pública tienen nuestro completo respaldo. No vamos a permitir que un acto de corrupción quede en la impunidad, les pido que observen con lupa los casos en donde existan sospechas de corrupción. Actúen sin presiones, con apego a la ley”.

Uno de los objetivos es la implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, anunció el Gobierno en ese momento. Para ello, el Ejecutivo había adelantado conversaciones con el secretario general de las Naciones Unidas. Cuando se hizo el anuncio, muchos pensaron que en el Ecuador podría funcionar una comisión internacional como la que opera en Guatemala. En efecto, la  Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) es un mecanismo independiente que investiga la corrupción en altas esferas del gobierno y que fue creado por común acuerdo entre el país centroamericano y Naciones Unidas en el 2007. Recientemente, sin embargo, el presidente de ese país, Jimmy Morales, expulsó al presidente de la Cicig, el ex juez colombiano Iván Velásquez, cuando este intentó investigar actos de corrupción en la campaña de Morales, un ex cómico de televisión que gobierna ese país. 

Cuando se hizo el anuncio, muchos pensaron que en el Ecuador podría funcionar una comisión internacional como la que opera en Guatemala. La  Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) es un mecanismo independiente que investiga la corrupción en altas esferas del gobierno y que fue creado por común acuerdo entre ese país y Naciones Unidas en el 2007.

Pero nada de esto se concretó, y si bien el Frente creado por el Gobierno entregó un informe de 200 páginas y se disolvió poco después. Para diciembre de 2017, un audio filtrado del entonces secretario de la Presidencia, Eduardo Mangas, en el que este decía que la única finalidad del Frente fue "hacer contrapeso a la Comisión Anticorrupción, un ente ciudadano y cuyas denuncias eran verdaderas”, provocó un escándalo. En el audio, Mangas confesaba que el Frente y el anuncio presidencial tuvieron poco de un intento serio de combatir la corrupción. 

La segunda etapa de la lucha anticorrupción se había anticipado, por parte de funcionarios del Gobierno, en una reunión con editores de prensa en Palacio Nacional. En la cita, a principios de agosto de este año, altos cargos del Ejecutivo anunciaron que habían decidido importar una estrategia que les parecía "novedosa" y que tenía amplios antecedentes en Argentina y Estados Unidos: proponer que a los delatores de actos de corrupción se les premiara con hasta el 20% del dinero recuperado del Estado. Lo que nadie anticipó es que la nueva propuesta del Gobierno de Moreno excluía totalmente el debate previo sobre extinción de dominio, dejando intactos los esquemas legales aprobados en Montecristi. 

El Ejecutivo también había impulsado, en la consulta popular de febrero de este año, una pregunta que aseguró sería uno de los pilares de la lucha anticorrupción: "¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República del Ecuador, para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación para participar en la vida política del país, con la pérdida de sus bienes, según lo dispuesto en el Anexo 1?", se preguntó a la población. El anexo 1, de su lado, establece que las personas condenadas por corrupción deberán responder con sus bienes por el monto de la indemnización fijada, pero no menciona la extinción de dominio de ningún bien. 

Pero con la Ley aprobada por la Asamblea totalmente vetada, y con un nuevo proyecto ingresado al Legislativo, las normativas específicas para el tema han vuelto a fojas cero. Mientras tanto, los casos de presunta corrupción cometidos en el correato son juzgados con figuras como la asociación ilícita, aplicada en contra del ex vicepresidente Jorge Glas, y la extinción de dominio queda nuevamente fuera del debate. La cirugía mayor, entonces, queda a la espera de que haya un quirófano disponible. Y es poco probable que haya un turno en el mediano plazo. 

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