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12 de Marzo del 2018
Historias
Lectura: 14 minutos
12 de Marzo del 2018
Redacción Plan V
Carlos Ochoa: el inquisidor a la hoguera

Foto: API

En su defensa, Carlos Ochoa dijo que sus resoluciones administrativas estaban al alcance de los ciudadanos de manera más expedita que en la vía judicial. 

 

El Consejo de Participación Transitorio sorprendió al defenestrar, basado en una resolución de la Contraloría sobre sus funciones en GamaTV, a Carlos Ochoa, el polémico ex superintendente de Comunicación. Ochoa, quien fue censurado con 119 votos en el juicio político en la Asamblea Nacional, dijo que acataba su salida "bajo protesta" y amenazó con demandas, no sin antes reivindicar sus acciones contra los medios de comunicación. Un Grupo Democrático de periodistas pidió al presidente Moreno no envíe la terna para reemplazar a Ochoa y se suprima la Supercom.

Su último acto fue despedirse, amenazante, de los medios de comunicación a los que aseguró haber puesto en cintura. Carlos Ochoa, el primer titular de la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) dejó su despacho bajo protesta la semana pasada, cuando el Consejo de Participación transitorio, como entidad nominadora, decidió que un informe de la Contraloría, que lo removía del cargo de director de noticias del canal estatal GamaTV era causal suficiente.

En su resolución, los vocales del Consejo, presididos por Julio César Trujillo, decidieron que Ochoa debía dejar el cargo como consecuencia del informe de la Contraloría, y lo destituyeron, a pesar de que había sido ya aceptado un juicio político en su contra en la Asamblea Nacional. 

Ochoa, sin embargo, fue llamado a comparecer al Pleno en la tarde del 12 de marzo, pues todavía tiene responsabilidad política ante el Legislativo, por, entre otras cosas, haber aplicado la polémica Ley de Comunicación del correato de manera abusiva y discresional. Ochoa, también, había sido cuestionado por limitar la libertad de expresión, por aplicar multas a los medios, por supuestamente adulterar la propia Ley para acomodar sanciones, entre otras violaciones. 

Sin embargo, el ex superintendente, en su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización, se declaró más bien un defensor de todas las minorías oprimidas en el Ecuador, empezando por las mujeres, los niños, los ancianos, los discapacitados y hasta algunos grupos de la diversidad sexual. 

En su comparecencia, Ochoa, quien fue periodista de televisión por muchos años y que antes de ser superintendente dirigió el noticiero, claramente alineado con el correato, de GamaTV, arremetió contra las empresas periodísticas, y repitió las tesis de Rafael Correa sobre los "poderes fácticos" entre los que puso en primera fila a los medios de comunicación. Ochoa, inclusive, aseguró que la prensa se consideraba más allá del bien y del mal, y que, por ello, era necesaria la entidad del Estado que dirigió para obligar a los periodistas a respetar a los pobres, las mujeres, los afroecuatorianos o las transexuales. 

Pretendió desvirtuar las violaciones legales, citando constatemente la Ley de Comunicación, y asegurando que las multas impuestas a periódicos, canales y radios son mínimas en comparación con sus activos. 

En su comparecencia, Ochoa estuvo acompañado de dos militantes correístas, como Oscar Armas, quien presentó una serie de denuncias contra la Radio Redonda, y Diane Rodríguez, transexual de Guayaquil que se declaró ofendida por los personajes del cómico David Reinoso, como La Melo

En su comparecencia, Ochoa estuvo acompañado de dos militantes correístas, como Oscar Armas, quien presentó una serie de denuncias contra la Radio Redonda, y Diane Rodríguez, transexual de Guayaquil que se declaró ofendida por los personajes del cómico David Reinoso, como La Melo.

Pero la destitución aplicada por el Consejo de Participación no se refiere a ninguna de esas cosas. Simplemente, la máxima instancia de la Función de Transparencia consideró que el informe de la Contraloría, que observó los miles de dólares en bonos que Ochoa cobró, entre otras cosas, era motivo suficiente para separarlo del cargo.

Ochoa, de su lado, sostuvo que el motivo invocado no estaba todavía resuelto, pues había sido impugnado por vía administrativa, aunque aseguró que acataba su destitución sin perjuicio de que sus abogados pusieran demandas al respecto. 

La salida de Ochoa molestó en la filas de CREO, pues algunos de sus asambleístas, como Lourdes Cuesta y Fabricio Villamar, pretendían que Ochoa sea destituido por el Pleno de la Asamblea Nacional. 

Juicio político 

El juicio político concluyó sobre las 23:30 del lunes con la censura y destitución de Ochoa,  con 119 votos de los 120 legisladores presentes. La decisión legislativa lo inhabilita para ocupar cualquier cargo público por dos años. 

En su intervención ante el Pleno, el interpelante Fausto Villamar sostuvo que Ochoa "fue un peón" que "amedrentó a los ciudadanos de bien por pensar diferente" y agregó que el ex superintendente fue "prepotente, arbitrario y violó los derechos humanos". "El señor Ochoa nunca más volverá a avergonzar a la República", finalizó el interpelante. 

De su lado, la asambleísta interpelante Lourdes Cuesta no asistió por motivos de salud, y en su lugar habló Homero Castanier. El asambleísta Castanier recordó que han pasado 13 años desde el último juicio político en la Asamblea Nacional. Castanier reconoció que "muchos casos de corrupción" fueron conocidos gracias a la lucha de la prensa ecuatoriana. 

Durante el debate, varios legisladores se pronunciaron por la necesidad de censurar y destituir a Ochoa, de manera que quede inhabilitado por dos años para ejercer cualquier cargo público, esto, ante la posibilidad de que el Ejecutivo pueda ofrecerle un cargo o embajada. 

Luis Fernando Torres (PSC) sostuvo que la Ley de Comunicación tuvo un trámite "fraudulento" y aseguró que la Ley nunca fue debatida de forma legal. Recordó que él ya presentó una demanda de inconstitucionalidad contra esa Ley, lo que fue rechazado por la Corte Constitucional. Torres dijo que periodistas ecuatorianos han sido víctimas de la "mordaza y el garrotazo". 

Mae Montaño (CREO) aseguró que Ochoa "no es fruto de la generación espontánea" y recordó que la idea de la Ley de Comunicación ya se había planteado desde la Constituyente de Montecristi. 

María Mercedes Cuesta (FE) ex periodista de televisión, relató entre sollozos que Ochoa fue su jefe en GamaTV y que, a pesar de autoproclamarse el adalid de la lucha por los derechos de la mujer frente a los abusos de los medios, la trató de "gorda tetona que se desborda en la pantalla" de televisión. "A él lo devoró el poder", sentenció la asambleísta. 

Otros legisladores correístas, como Rodrigo Collahuazo, insistieron en el discurso antiprensa del correato, pero finalmente ninguno de ellos votó a favor de Ochoa. 

Previamente, Carlos Ochoa argumentó durante 14 minutos ante los legisladores. Según el ex superintendente,"he sido convocado no para responder por casos de peculado, asociación ilícita, ni tráfico de influencias, ni nada ilegal; mi delito ha sido cumplir y hacer cumplir la Ley de Comunicación que aprobó la Asamblea". El defenestrado censor sostuvo que "soy culpable de actuar con mano firme y sentido de justicia para sancionar a medios que ofendían a la gente, a la mujer, de reducir la violencia, de impedir la difusión de imágenes dolorosas y de defender los derechos de las minorías" y agregó también que "el papel del verdadero periodista es ser portavoz de la sociedad, no de los grupos de poder, de informar de manera precisa, objetiva, contrastada".

Ochoa agregó que antes de escuchar sus argumentos "ya se le declaró culpable", y aseguró que "no ha traicionado a nadie", que se va "con la frente en alto" y que "vuelve a su pueblo (Cuenca) como el periodista sencillo que es"  con lo que terminó su intervención y abandonó el Palacio Legislativo, por lo que no replicó a sus acusadores. En sus intervenciones, algunos de los legisladores criticaron el último desplante del ex superintendente. 

El futuro de la Supercom

Pero la caída del inquisidor no ha extinguido las llamas su hoguera. Para un colectivo en donde se agrupan periodistas y defensores de la libertad de expresión se debe ir hacia la supresión de la Supercom como institución y hacia la derogatoria de la polémica Ley, que crea un esquema de control de contenidos en la prensa que no existe en ningún país democrático del hemisferio occidental.

Según el Grupo Democrático por las Reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, debe haber  de "manera urgente una reforma con el fin de eliminar la Superintendencia de la Información y Comunicación, Supercom, en razón de que se violan los derechos de comunicación, libertad de pensamiento y opinión consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos".

De ahí que, ante el inicio de un proceso para nombrar a un nuevo superintendente, el colectivo sostuvo que "el Presidente de la República, Lenin Moreno Garcés, que en vista de ser necesaria la supresión de dicha entidad pública, no envíe la terna para Superintendente de Información y Comunicación al Consejo de Participación Ciudadana Transitorio y recomiende la eliminación de este organismo que tanto daño ha hecho al país".

El Grupo Democrático recordó que "la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de Comunicación, el 14 de junio del 2013, por tanto, exigimos: derogar los artículos desde el 55 hasta el 59 que contienen las disposiciones relativas a la Superintendencia de la Información y Comunicación, Supercom".

El Grupo Democrático recordó que "la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de Comunicación, el 14 de junio del 2013, por tanto, exigimos: derogar los artículos desde el 55 hasta el 59 que contienen las disposiciones relativas a la Superintendencia de la Información y Comunicación, Supercom". Para el Grupo, "es necesario que, para garantizar la seguridad jurídica, la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos y el debido proceso, que habla claramente la Constitución de la República, se deben derogar los artículos señalados, en razón que, un mismo órgano administrativo, hace las veces de juez y parte, dentro de los procesos administrativos, que se iniciaban en contra de los medios de comunicación privados".

Entre las violaciones legales que el esquema de funcionamiento de la Supercom realiza, estaría el incumplimiento de "los artículos 75, 76, numeral 7, letra k, y, 82 de la Constitución Política, que muy bien prescribe: La persona tiene que ser juzgado por un juez independiente, imparcial y competente, que le proteja efectiva e imparcialmente, lo cual lleva a que tenga seguridad jurídica, en virtud que se respetan los preceptos constitucionales y legales".

El Grupo Democrático recordó también que la Supercom "inició procesos administrativos en contra de varios medios de comunicación, aplicando de forma arbitraria y prepotente una Ley contraria a la Constitución; expedientes administrativos inconstitucionales e ilegales, que en su mayoría sirvieron para sancionar a numerosos medios de comunicación independientes que no se sometían a los caprichos y exigencias del gobierno de turno. Como resultado de la señalada persecución se cerraron algunos medios de prensa escritos, dejando sin trabajo, a cientos de valiosos ecuatorianos, entre ellos periodistas de gran valía intelectual y moral".

Para los editores, periodistas y activistas de ese colectivo, la existencia de la Supercom "infringió varios artículos de la Constitución; la Ley Orgánica de Comunicación; Tratados Internacionales; la Convención Interamericana de Derechos Humanos y, la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El Grupo está integrado por Luis Verdesoto, académico y presidente de la Plataforma por la Democracia y DDHH; José Najas, director de Radio Sucesos; Francisco Rocha, director de la Asociación de Editores de Periódicos del Ecuador (AEDEP); Susana Piedra, presidenta de la Federación Nacional de Periodistas (FENAPE); Thalía Flores, periodista y corresponsal del Diario ABC de España, Juan Carlos Solines, abogado experto en Telecomunicaciones; Roberto Manciati, presidente de Canales Comunitarios y Regionales del Ecuador Asociados (CCREA); Guadalupe Fierro, presidenta de la Unión Nacional de Periodistas (UNP), César Ulloa, catedrático y vicepresidente UNP; César Ricaurte, director ejecutivo de FUNDAMEDIOS; Tania Tinoco, presentadora/realizadora del programa investigativo Visión 360 de Ecuavisa; María Josefa Coronel, abogada especializada en Derechos Humanos, Betty Escobar, articulista de Diario El Universo; Carlos Rojas, director del programa Políticamente Correcto de Ecuavisa; Lolo Echeverría, director de la Revista Criterios; Marlon Puertas, editor general del portal Focus Ecuador; Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo; Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE); Sara España, periodista de diario Expreso y corresponsal de diario El País; Saudia Levoyer, directora del Área de Comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar; Jaime Vintimilla, catedrático de la USFQ; Mónica Mendoza, macroeditora de diario El Comercio (Guayaquil); Juan Carlos Calderón, director de PLAN V; y el periodista y activista Carlos Vera.

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