Aunque para la justicia es un caso cerrado, al menos en lo que a los autores materiales se refiere, la muerte del ex comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE)  general (r) Jorge Gabela, quien según la verdad procesal fue herido por delicuentes comunes al intentar evitar un asalto contra su hija en la puerta de su casa en Guayaquil, sigue provocando polémica.

La noche del 19 de diciembre de 2010, hombres armados dispararon contra el general en retiro, en la puerta de su casa en una ciudadela en Samborondón,  un sector residencial de Guayaquil, cuando intentaban asaltar a su hija. El militar retirado intervino defendiendo a la joven y recibió heridas de bala, que le ocasionaron la muerte 10 días después.

Por el crimen, cinco sujetos fueron detenidos por la policía y procesados por la justicia del Guayas, que el 1 de abril de 2012 condenó a tres de ellos a 25 años de cárcel y a dos como cómplices y encubridores del ataque. 

Pero desde el primer momento, la viuda del alto oficial, Patricia Ochoa, expresó sus reservas sobre que el intento de robo haya sido el móvil del crimen cometido. Según Ochoa, aunque la policía pudo detener a los autores materiales, no se habría encontrado todavía al autor intelectual del asesinato. Para la viuda, la muerte del general pudo haber sido un asesinato por encargo relacionado con la polémica compra de los helicópteros Dhruv para la Fuerza Aérea a una empresa de la India. 

Ante sus reclamos, el Gobierno conformó una comisión que encargó a un perito argentino, Roberto Meza, que analizara las circunstancias de la muerte del alto oficial. El Gobierno suscribió un contrato por USD 78 mil con el extranjero, que en 2013 entregó al Ministerio de Justicia un informe con tres cuerpos, de los que se han hecho públicos dos.

El llamado "tercer producto", que según explicó el abogado de Ochoa, Ramiro Román, debía realizarse solo si es que el perito argentino encontraba indicios de que Gabela no fue víctima de la delincuencia común, como sentenciaron los jueces del Guayas y se mantiene bajo reserva a pesar de que fue elaborado con fondos públicos. 

Recién el 9 de julio de 2015, tras una reunión en Guayaquil, la ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, entregó el informe a la familia, pero este no estaría completo.

De ahí que en marzo de 2016, la viuda concurrió a la Contraloría General del Estado para solicitar que se haga un examen al gasto realizado por el Ministerio de Justicia en el contrato con el perito argentino Meza, con el fin de determinar si se pago por tres productos.

La búsqueda del "tercer producto" es clave para la defensa de la familia pues el contrato con el perito establecía que se procedería a elaborar esta tercera parte del informe si es que hubieran indicios de que Gabela pudiera haber sido víctima de una conspiración relacionada con sus denuncias sobre las irregularidades en la compra de los helicópteros hindúes. 

Si se encontraran nuevos indicios, el caso podría ser reabierto, pues según el Código Orgánico Integral Penal, este delito no prescribirá hasta dentro de 26 años, es decir, en 2036. 

El debate en la Asamblea 

Mientras la familia adelanta las gestiones administrativas en la Contraloría, la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Nacional llamó a declarar a un ex ministro de Defensa y a tres oficiales de la Fuerza Aérea con relación al caso de la compra de los helicópteros. La comisión se encuentra fiscalizando las fases precontractual y contractual de adquisición de los siete helicópteros Dhruv. 

Las aeronaves, compradas en 2008, a un costo cercano a USD 45 millones, sufrieron una serie de accidentes, incluyendo el fatal choque del helicóptero presidencial, por lo que la flota ha dejado de volar. 

El médico Wellington Sandoval, ex ministro de Defensa, precisó que "los oficiales me dieron a entender, sin acusar directamente, que el comandante de la Fuerza Aérea (Jorge Gabela) se resistía a aceptar el criterio de los técnicos de las comisiones pertinentes porque tenía intereses en uno de los proveedores", al haber pedido explicaciones en 2008 sobre por qué razón la compra de helicópteros para la Fuerza Aérea se había suspendido en varias ocasiones. Sandoval dijo que era partidario de comprar material a una fábrica de helicópteros europea. 

De su lado, el mayor Gustavo Gavilanes relató que durante octubre de 2007 se había detenido en tres ocasiones el proceso de compra de helicópteros, por pedido o por acciones del general (r) Jorge Gabela, quien en ese momento era comandante de la Fuerza Aérea. Gavilanes dijo que fue sancionado por el ex comandante de la FAE con cinco días de arresto, y denunció la supuesta "prepotencia y grosería" de Gabela en su contra.

Según el oficial, actualmente en servicio activo, el general Gabela había presentado información bajada de la internet en 250 hojas para demostrar la mala calidad de los helicópteros y había advertido sobre el riesgo de que sean embargados por un país europeo. 

El teniente coronel José Herrera, de la FAE, relató ante los legisladores que el general Gabela ordenó castigarlo con un arresto por sus acciones como asesor jurídico del Comité de Contrataciones de la FAE, que se había pronunciado a favor de la compra de las aeronaves de fabricación hindú, a lo que se opuso Gabela. 

Por su parte, el general  de la Aviación (r) Alonso Espinosa también cuestionó al ex comandante, y criticó su costumbre de supuestamente dar órdenes verbales y nunca por escrito, así como mencionó que el caso del concurso para comprar los helicópteros habría sido "un escándalo" al interior de la Fuerza Aérea. 

Las declaraciones en la comisión motivaron el rechazo de la viuda de Gabela, quien afirmó que en la comparecencia en el Legislativo se había "asesinado la honra" de su esposo. “Si pensaron que mi esposo tenía intereses, por qué no le pidieron al presidente de la República que lo saque del cargo (de jefe de la FAE)”, dijo Patricia Ochoa. 

Las dudas de Ramiro Aguilar

Aunque el legislador independiente Ramiro Aguilar no es parte de la Comisión que investiga el caso de los Dhruv, acudió a la comparecencia y formuló varias preguntas al ex ministro Sandoval.

Aguilar sostiene que hay una contradicción entre el Ministerio de Justicia y la Asamblea Nacional, pues esa cartera de Estado sostiene que el informe del perito argentino con sus anexos fue entregado a la Comisión de Soberanía de la Asamblea, pero en los archivos de la Comisión se no encuentra el informe.

El legislador revisó la copia del informe que le fue entregado por la ministra de Justicia a la familia, en donde se precisa que Gabela murió como consecuencia del intento de asalto, es decir, por obra de la delincuencia común y no por una posible conspiración relacionada con la polémica por la compra de helicópteros. 

Según Aguilar, se comunicó por medio de Twitter con el perito argentino, quien le contestó que el documento no coincidiría con lo que entregó. Por lo tanto, es importante que se haga público "el informe firmado por el perito", pues en el acta de entrega-recepción del peritaje se menciona que se entregan tres productos. El perito argentino habría indicado que sus conclusiones fueron distintas a las que se han hecho públicas, mientras que la ministra de Justicia declara que el informe fue remitido a la Comisión que trata el tema en la Asamblea cuando Aguilar pidió que se le entregue una copia del informe. 

Aguilar dijo también que ha solicitado al presidente de la República en tres ocasiones la copia del informe, pero el Ministerio de Justicia no accede a entregar la copia. El congresista cree que si se pagó al consultor argentino por entregar un documento incompleto podría haberse cometido un posible peculado, y también se podría haber suplantado el informe. 

"El país quiere saber si es que el crimen fue por delincuencia común o si es que hay un autor intelectual", afirma el legislador. Aguilar sostiene que hay la posibilidad de que haya habido un autor intelectual que no puede ser descatada totalmente. Inclusive, se habría realizado una prueba en detector de mentiras a los asesinos confesos, que sería un elemento para determinar las conclusiones de la justicia, pero el Estado debería analizar si "hubo una mano que movió las voluntades de los condenados". 

Pero para lograr esto, sería necesario tener el informe del perito argentino en su totalidad, aunque el documento fue posterior a las indagaciones que realizó en su momento la justicia del Guayas. No obstante, en el propio contrato entre el Gobierno y el perito argentino, se establece que el anexo que se produciría en caso de que haya indicios de una conspiración debía ser reservado, asegura Aguilar, quien afirma que la Fiscalía debería abrir una indagación previa sobre este tema. 

En su opinión, la familia debería pedir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se levante la reserva del informe para tener más elementos.

El legislador cree que el cruce de palabras entre el general Jorge Gabela y el general Rodrigo Bohórquez, que fue filmado en la Asamblea Nacional en 2010 no tendría relevancia legal, aunque, al respecto, la viuda de Gabela dijo: “No estoy vinculando a nadie, si es la delincuencia común la que le quitó la vida a mi esposo, que se presente a los delincuentes y que se pruebe aquello, pero si hay un poder detrás de esto, que caiga quien tenga que caer. El señor Rodrigo Bohórquez amenazó públicamente a mi esposo el 3 de febrero del 2010 en la Asamblea Nacional, lo cual fue difundido por los diferentes medio de comunicación. Durante sus días de agonía, no nos pudo decir quienes fueron los cobardes que atentaron contra él".

Aguilar sostiene que no se pueden "extraer conclusiones" del cruce de palabras entre los dos oficiales, pero que es clave que se haga público el informe original y completo. 

El legislador comentó también el oficio remitido por el mayor Gavilanes, cuya existencia fue desconocida oficialmente por la Fuerza Aérea, pero en cuyos términos se ratificó durante la comparecencia en la Comisión. El informe del perito argentino, por otro lado, recoge las versión del mayor Gavilanes sobre las supuestas motivaciones del general Gabela. 

¿Debería comparecer el perito argentino Roberto Meza? Aguilar cree que la Fiscalía podría llamarlo a declarar y levantar la reserva a la que se comprometió al firmar el contrato con el Gobierno. 

Por otro lado, Aguilar comentó la mala calidad de los helicópteros de fabricación hindú, sobre lo cual no hay ninguna duda, pero cuestionó que no se señalen responsabilidades al respecto. En efecto, Aguilar cuestiona que, en dos informes que la Contraloría General del Estado ha emitido sobre el tema de los Dhruv, no aparezca un solo responsable civil o administrativo, a pesar de que hay indicios de que se cometió un error en la compra de las aeronaves. 

Entre los responsables, para Aguilar, estarían funcionarios de la desaparecida Junta de Defensa Nacional, y los oficiales del Comité Técnico de la FAE, así como los que recibieron los helicópteros y los que devolvieron las garantías "si es que se llegaron a devolver".