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27 de Julio del 2021
Historias
Lectura: 19 minutos
27 de Julio del 2021
Redacción Plan V
Caso Yunda: El modus operandi de las simulaciones judiciales
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Jorge Yunda Machado es el primer alcalde en la historia de Quito en ser removido por el Concejo Metropolitano. Foto: Extra

 

Dos acciones de protección ingresó el ex alcalde Jorge Yunda, ambas con irregularidades tan graves que merecieron la suspensión de los dos jueces que las aceptaron y una acción urgente por parte de la Fiscalía General, que allanó las oficinas de los jueces y la casa de una de ellos. El caso está en indagación penal y podría involucrar al ex alcalde de Quito.


La Dirección Nacional de Transparencia de Gestión del Consejo Nacional de la Judicatura, es la oficina que investiga el debido proceso de los procedimientos de la administración de justicia. Este entidad, a fin de evidenciar las acciones ejecutadas en el sistema de sorteos de las causas presentadas por el entonces alcalde de Quito, Jorge Yunda Machado, y determinó su modus operandi del procedimiento de los funcionarios judiciales.

Según el informe de su director, Ronald Verdesoto, esta oficina ingresó los datos sin considerar que la causa ingresada por Yunda correspondía a una acción de protección en contra del informe del informe de la Mesa del Concejo Metropolitano que finalmente sirvió de base para la decisión del Concejo, aunque no era vinculante. La causa 17576-2021-01738G, que era de materia constitucional, se ingresó como materia penal por un presunto tema de violencia intrafamiliar. De esta manera redujo a cuatro el número de jueces que podían conocer la causa, de un universo aproximado de 300 jueces, de acuerdo a un informe de gestión procesal.

En la causa 17230-2021-11165, que también era materia constitucional —un pedido de medidas cautelares— se la ingresó como un procedimiento verbal sumario de cobro de honorarios de abogado, no como una acción constitucional. Además se la vinculó directamente a una causa del año 2020, con el número 17230-2020-07732, interpuesta en contra del Ministerio de Agricultura y Ganadería, para asegurarse de la causa fuera directamente donde el juez Carlos Soto Jiménez. Esta acción fue ejecutada por la funcionaria Gabriela Beltrán Loyo, oficinista auxiliar provincial de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, de la parroquia Mariscal Sucre. Bajo el mismo modo de operar que en el sorteo de la causa anterior, se redujo a 37 el número de jueces, de 300 posibles, y al atarla a una causa anterior, el conocimiento de la misma se redujo a un solo juez, el juez Soto. 


La Fiscalía General y la Policía Judicial ejecutaron el acto urgente pedido por el CNJ y allanaron oficinas del juez Carlos Soto. en el Complejo Judicial Norte (#Quito), por presuntas irregularidades en sorteo de causas para resolver garantías constitucionales interpuestas por Jorge Yunda.

Así, este modus operandi, según el CNJ, que aparece como un supuesto error el registro erróneo de las causas, logró que el universo de jueces que pueden conocer una causa de derechos constitucionales, se redujera y, disfrazadas de otras materias legales, llegasen donde querían que lleguen.

El consejo nacional de la judicatura ha considerado que las dos causas de protección constitucional, que ingresaron simulando causas de materia penal y civil, reflejan un modus operandi corrupto del sistema. 

La primera causa llegó donde la jueza María Belén Domínguez, quien dio paso al pedido del entonces alcalde Yunda. El CNJ supo, por informe de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario que esta jueza presentaba 28 expedientes disciplinarios, de los cuales 6 registraron sanción.

En la causa 17576-2021-01738G, que era de materia constitucional, se ingresó como materia penal por un presunto tema de violencia intrafamiliar. Entró como acto urgente y se pidió asistencia judicial recíproca. En este proceso se determinó que al momento del ingreso de los datos, aparecen celdas que se deben llenar y cargar en el sistema informático, como las de nombres del agresor y demandado, pero estos datos fueron omitidos por parte de la funcionaria Daniela Andrade Espinoza, ayudante de la Unidad Judicial Especializada Quinta de Violencia contra la Mujer.

El juez Carlos Soto Jiménez registraba 11 expedientes disciplinarios, de los cuales en ninguno tenía sanción.

Pero en los respectivos juzgados a donde llegaron las causas, sí hubo advertencias de los irregular del procedimiento. En la causa que llegó a la jueza Domínguez, en la providencia con la que avocó conocimiento, llamó la atención a la funcionaria que efectuó el "sorteo", "en razón de la falta de prolijidad" al efectuarlo. También en la otra causa, el actuario dijo que "de la lectura de la demanda se verifica que se trata no de un verbal sumario por cobro de honorarios de abogado, sino de una acción constitucional de solicitud de medidas cautelares constitucionales, en virtud de lo cual no se da el trámite destinado a las causas COGEP, sino más bien al de acción constitucional de medidas cautelares, novedad que fue comunicada a la señorita de coordinación, Sandra Narváez, quien nos supo manifestar que va a realizar las averiguaciones del caso (...)" (sic). Por lo que el CNJ presume que la funcionaria en mención tenía conocimiento del incidente en la causa. 

De esta manera, el Consejo evidenció que en los dos "sorteos" se realizó el mismo procedimiento por parte de funcionarios judiciales. Trataron "de cubrir las presuntas irregularidades en el sorteo, simulando un supuesto llamado de atención por el mal procedimiento" en los dos casos. 

El CNJ determinó que el proceso de sorteo  y asignación de las dos causas se hicieron "bajo el mismo procedimiento viciado de irregularidades". 

El caso de Gabriela Beltrán y cómo, según su defensa, "desde arriba" usaron su clave y su firma

La funcionaria Beltrán Loyo no se quedó callada luego del informe del Consejo de la Judicatura.  Las causas de acción constitucional que ingresó la defensa de Yunda se las podía ingresar en cualquier unidad judicial, porque todos los jueces pueden conocer causas de derechos constitucionales. El acta que se suscribió al momento de ingresar se suscribió en la Unidad Judicial Norte, y Gabriela Beltrán no trabaja en esa unidad sino en la Unidad Judicial de la Familia, en la calle Veintimilla, en la zona de La Mariscal, en Quito.

Es decir, dice su abogado Ciro Guzmán, aquí hay un problema: ¿cómo puede ella recibir físicamente un expediente en la Unidad Judicial Norte, donde no trabaja? La funcionaria Beltrán no estuvo en el Norte, por tanto es imposible que haya recibido esa demanda. Cada Unidad Judicial tiene un código como tal, solo con este se puede ingresar a la página del Consejo de la Judicatura. Cuando ingresa a la página con ese código, solo entonces la funcionaria puede usar su clave y contraseña e ingresar un documento. Esa clave de la Unidad Judicial y el código y la contraseña de Gabriela Beltrán solo pueden ser usadas en las computadoras de su Unidad Judicial, el sistema no lo permite en otra Unidad.

La defensa, dice Guzmán, puede comprobar que a la hora que en la Unidad Norte ingresó la acción constitucional de Yunda, la funcionaria Beltrán estaba físicamente en la Unidad Judicial de la calle Veintimilla. Porque, además, minutos antes y minutos después de lo que supuestamente ingresó la cusa de Yunda (08:41), ella ingresó otras causas desde su Unidad. A esa hora en punto ella estaba con otro compañero en su cubículo, entregándole documentos, dice. Eso no solo está en un video sino en el registro digital y manual.

Si ella estaba físicamente en otro lado, ¿cómo ingresó en la Unidad Norte la demanda con el código y forma de Gabriela Beltrán? Ciro Guzmán dice que para que la funcionaria pueda ingresar documentos al sistema desde otra Unidad que no sea la de ella, para poder ingresar una demanda con sus códigos, clave y usuario, ella tiene que pedir autorización a la Dirección Nacional de TICS, es decir a los organismos superiores del CNJ para que le desbloqueen el sistema y ella pueda ingresar desde otro lado con su clave y contraseña.

Suponendo que ella haya estado en la Unidad Judicial Norte, que no es el caso, para ingresar al sistema ella debía tener la autorización  y la Dirección Nacional de TICS tenía que hacer el desbloqueo. ¿Quién pudo haber usado el usuario y contraseña de Gabrieña Beltrán? Los que tienen acceso al sistema informático nacional desde la fuente, el Consejo de la Judicatura, dijo su abogado.

Obviamente, dice Guzmán si es que había un concierto para delinquir: Yo, Jorge Yunda hablo con el juez Soto y digo que quiero que le llegue a él mi acción constitucional. Y el juez dice: no hay problema, mándame la acción, ¿cómo hacemos para que llegue al juez? Y armaron el camino. Pero también puede ser que desde arriba llegó la orden y le dijeron al juez que le harían llegar la acción constitucional y armaron el asunto. Porque el asunto fue armado, dice Guzmán: "en ningún caso eso puede hacerse sin que haya participación, desde arriba, de quienes tenían la posibilidad de acceder al sistema informático".

Gabriela Beltrán consta en el informe del CNJ como la funcionaria que proceso el supuesto pedido de medida cautelar que fue presentado como acción penal por violencia intrafamiliar, cuando el Tribunal Contencioso Electoral falló en favor del proceso de remoción de Jorge Yunda como alcalde de Quito. Entonces Yunda ingresó el pedido de medidas cautelares en la Unidad Judicial Norte.

Todo esto demostraría, según la defensa de la funcionaria judicial, que hay una red en la cual "evidentemente hay gente de arriba involucrada y es esa la gente que no quieren que caiga". Como evidencia, Guzmán argumenta que el domingo 1 de agosto, el Consejo de la Judicatura, publicó en su página del Consejo un comunicado, en el cual se dice que el CNJ resolvió abrir sumario administrativo a todos los funcionarios. "Lo grave es que resuven abrir el sumario cuando hay una investigación previa en marcha. El 9 de julio se abrió una investigación previa que dura 30 días término, es decir se acaba el 23 de agosto. En esa se va a establecer a quiénes hay que abrir el sumario, sobre la base de las pruebas que se aporten. Entonces debieran determinar cuál fue la ruta del ingreso de esa acción constitucional, el IP de la computadora de donde salió la orden para imprimir el acta; y en lugar de que el CNJ responda y diga de cuál máquina salió la orden, lo que hacen es suspender la indagación y abren directamente los sumarios administrativos, que pueden durar hasta 90 días y con esto impiden que se entregue la documentación a la funcionaria que está investigando los hechos y abren el sumari para dar largas al asunto", dijo Ciro Guzmán.

el Consejo evidenció que en los dos "sorteos" se realizó el mismo procedimiento por parte de funcionarios judiciales. Trataron "de cubrir las presuntas irregularidades en el sorteo, simulando un supuesto llamado de atención por el mal procedimiento" en los dos casos.


La  Fiscalía allanó también el despacho de la jueza María Belén Domínguez. y la oficina de ingreso de causas en el Complejo Judicial Sur, en #Quitumbe, como parte del mismo acto urgente. 

Una vez presentado el primer informe sobre el caso de la jueza María Belén Domínguez al Pleno del Consejo de la Judicatura, y al concerse del mismo procedimiento en el caso del juez Soto, "se tomaron medidas urgentes e inmediatas", entre ellas: la suspensión de todos los funcionarios involucrados en los sorteos y despachos de las causas por parte de la presidenta del CNJ y la solicitud a la Fiscalía General del Ecuador para la ejecución de actos urgentes sobre este caso y el inicio de acciones disciplinarias a las funcionarias y funcionarios: Daniela Andrade, Gabriela Beltrán, María Belén Domínguez (jueza), Fernanda Hidalgo, Carlos Soto (juez), Paúl Pérez y Sandra Narváez. Esta última porque a pesar de haber advertido de la irregularidad indicó, presuntamente, que iba a realizar las averiguaciones del mal ingreso en el sorteo, "sin que se haya determinado ninguna alertapor parte de la mencionada funcionaria".

Los dos casos de simulación de los sorteos, evidenciados ante el país, determinaron que se recomendar que el CNJ disponga la revisión urgente de los procedimientos de los sorteos de las causas, a escala nacional. Pero, además, se advierta a todos los operadores del sistema de administración de justicia del país de lo acontecido en estos procesos "con la finalidad de evidenciar que el máximo orfganismo del Consejo se encuentra vigilante sobre cualquier acto de corrupción dentro de la institución".

Este informe fue la base para que el director general del CNJ, Mauricio Riofrío, y el director de asesoría jurídica, Ronald Verdesoto, presentaran ante la Fiscalía General un pedido de acción urgente. En este pedido, los funcionarios relataron cómo se dio el proceso de simulación de las causas ingresadas por el entonces alcalde de Quito, Jorge Yunda, que eran en materia de acciones de protección constitucional, como materias penal (violencia intrafamiliar) y civil (cobro de honorarios profesionales) respectivamente, para que las mismas lleguen directamente a la jueza Domínguez y al juez Soto. Sobre la primera, el escrito ante la Fiscalía agregó que la jueza Domínguez, a pesar de las irregularidades en la asignación y de que la jueza no era compente para conocer la acción de protección, ella avocó conocimiento de la misma, el sábado 19 de junio del 2021, a las 23:31, al filo de la medianoche. Y que una vez realizada la audiencia, la jueza Domínguez "realizó el cambio de audiencia/procedimiento de la mencionada causa con sus propias credenciales y contraseñas".

Las dos medidas judiciales, a pesar de las irregularidades denunciadas, permitieron que Yunda tuviera posibilidad de retener la Alcaldía de Quito, por encima del la remoción realizada por el Concejo Metropolitano de Quito.

La tarde y noche del 9 de julio, agentes de la Fiscalía General y de la Policía Judicial allanaron las oficinas de la jueza Domínguez y del juez Soto, además del domicilio de la jueza en el cual, según información oficial de la Fiscalía se encontraron borradores de resoluciones de otros casos y copias de expedientes de causas contra el Estado. La jueza había otorgado parcialmente medidas de protección en favor de Yunda, el juez Soto le otorgó medidas cautelares. Las dos medidas judiciales, a pesar de las irregularidades denunciadas, permitieron que Yunda aún tenga posibilidad de recuperar la Alcaldía de Quito, por encima del la remoción realizada por el Concejo Metropolitano de Quito y la ratificación de lo actuado por el Tribunal Contencioso Electoral, según determina el COGEP.

La medida cautelar del juez Soto suspendió la resolución del Concejo Meropolitano e impidió que el Banco Central del Ecuador entregara las claves de la cuenta del Municipio al nuevo alcalde de Quito, Santiago Guarderas. 

El viernes 23 de julio, el Tribunal de la Corte Provincial de Pichincha, a cargo de la apelación a la acción de protección y medidas cautelares otorgadas por el juez Soto, realizó la audiencia para tratar el tema. La apelación a la medida cautelar había sido puesta por los concejales Mónica Sandoval, Analía Ledesma, Fernando Morales y Santiago Guarderas. Era el último recurso que tenía Yunda, a pesar de que con la resolición de la jueza Grimaneza Morales, de revocar las medidas cautelares, había quedó en firme la decisión del Concejo y del TCE. Sin embargo, la Corte Provincia falló en favor de Yunda, al cual le otorgó algo que no había pedido en la acción de protección: "se rechaza el recurso de apelación interpuesto por los accionados, así como por el accionante y de la Procuraduría General del Estado, y en los términos de esta resolución, se confirma la sentencia subida en grado en cuanto se acepta parcialmente la acción de protección propuesta por el legitimado activo, por la vulneración de los derechos constitucionales que quedan analizados en esta resolución; y, se reforma en relación a las medidas de reparación, dejando sin efecto el proceso de remoción del Alcalde Metropolitano de Quito, Dr. Jorge Homero Yunda Machado, al estado en que se resuelva la recusación planteada por el hoy accionante".

Una decisión judicial que "devolvió" la Alcaldía a Jorge Yunda, el cual tomó posesión del despacho de inmediato. 

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