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6 de Junio del 2020
Historias
Lectura: 6 minutos
6 de Junio del 2020
Redacción Plan V
Chats involucrarían a asambleísta Daniel Mendoza en caso de corrupción en Pedernales
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El asambleísta Daniel Mendoza junto a su abogada Gabriela Moreira, anoche en la Corte Nacional. Fotos: CNJ

 

La Corte Nacional dictó prisión preventiva para el asambleísta Daniel Mendoza y otros cuatro procesados dentro del caso corrupción en el proceso de construcción del Hospital Básico de Pedernales. Uno de los elementos que presentó la Fiscalía son chats en los se mencionaría al legislador.


La decisión se conoció cerca de la medianoche. El juez de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez ordenó la detención del asambleísta Daniel Mendoza y cuatro implicados más en el presunto delito de delincuencia organizada. A otra procesada le otorgó arresto domiciliario. Según la Fiscalía, los seis formarían parte de una estructura de corrupción en el proceso de construcción del Hospital Básico de Pedernales.

La audiencia empezó pasadas las 19:00 de ayer. La fiscal Diana Salazar presentó quince elementos de convicción para su acusación. Señaló que Mendoza, valiéndose de su cargo, habría coordinado algunas acciones para obtener contratos de obra pública en Manabí, mismas que incluyeron la construcción del Hospital Básico de Pedernales.

Afirmó que en los computadores incautados, en el Consorcio Pedernales-Manabí, se encontraron registros y pagos a funcionarios públicos, entre ellos al asambleísta Mendoza, a Eduardo T., Jorge J. y Franklin C. Olga M. era la encargada de realizar los pagos a través del Consorcio.


La fiscal Diana Salazar acusó a Mendoza de delincuencia organizada. 

Salazar presentó peritajes de intercambios de chats donde se señala que dos de los procesados rendían cuentas y se reunían con el asambleísta. Algunos chats decían textualmente: “de parte del asambleísta Daniel Mendoza”, según dijo la Fiscal en la audiencia. Mencionó que se encontraron grandes cantidades de dinero en manos del asesor de Mendoza, Jean Carlos Benavides, quien fue detenido el pasado 14 de mayo en Manabí. También se realizaron escuchas telefónicas en las que se detalla la manera en la que se concertaban entregas de cheques y dinero, dijo Salazar.

Gabriela Moreira, abogada del asambleísta Mendoza, contradijo los argumentos de la Fiscalía. Afirmó que en la materialización de las pruebas del Consorcio Pedernales-Manabí se identifica que se hacen pagos a “asambleístas” y por eso Fiscalía asumió que es Mendoza. Moreira presentó pruebas de arraigo, entre ellos, un certificado del Secretario relator de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional en el que se señala que Mendoza asistió a 38 sesiones de manera presencial y virtual.

Los procesados fueron detenidos la madrugada de este 5 de junio, en un operativo liderado por la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria de Fiscalía. Los allanamientos se ejecutaron en Portoviejo, Bahía de Caráquez y Quito.

Al final de la audiencia, Mendoza intervino y dijo que es padre de tres niños pequeños y sustento de su hogar. Afirmó que al conocer el allanamiento de su domicilio, él se acercó a las autoridades policiales libre y voluntariamente. Agregó que está presto a colaborar. Su abogada solicitó medidas cautelares para Mendoza, pero estas no fueron otorgadas.


Son seis los procesados por este caso, la mayoría funcionarios. 

Fiscalía presentó ante el juez el Informe con Indicios de Responsabilidad Penal que emitió la Contraloría General del Estado, que señala irregularidades en la contratación de la construcción del Hospital de Pedernales y observa la actuación de funcionarios del Servicio de Contratación de Obras (Secob).

Stalin López, abogado de Ángel A., dijo que no hay una sola conversación en las escuchas telefónicas ni en los chats en el que se implique a su defendido. Su representado tiene 100 dólares en su cuenta, aseguró. López manifestó que antes de trabajar en Secob su defendido tenía una deuda por 10 mil dólares ahora tiene una deuda por 18 mil dólares. Afirmó que Ángel A. está involucrado solo por ser funcionario del Secob y ser parte de la Comisión calificadora del contrato del hospital de Pedernales.

Santiago Fernández, abogado de Jennifer C., desmintió que su clienta tenga chats con el procesado Franklin C. Manifestó que ella es coordinadora de la Zona 4 de la Secob, pero no es autora del delito de delincuencia organizada. El defensor de Tania C. pidió medidas alternativas para su cliente, pues ella es madre de un niño de 11 años. El padre es privado de libertad y si a su madre le dictan prisión preventiva qué pasará con él niño, preguntó el jurista. Finalmente José Garzón, abogado de Olga M., negó que su defendida haya estado a cargo de efectivizar los cheques, pues es una persona adulta mayor que no puede realizar estas actividades por que le cuesta movilizarse.

Los procesados fueron detenidos la madrugada de este 5 de junio, en un operativo liderado por la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria de Fiscalía. Los allanamientos se ejecutaron en Portoviejo, Bahía de Caráquez y Quito.

Fiscalía además de la prisión preventiva solicitó la retención de cuentas y prohibición de enajenar bienes por el valor de 8 millones de dólares, valor del anticipo de la obra.

El juez Marco Rodríguez acogió el pedido de la Fiscal General y señaló el inicio de una instrucción fiscal por 90 días. El delito de delincuencia organizada tiene sanciones que van desde los siete a diez años de privación de la libertad.

 

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