Cuando un correo anónimo, en 2012, alertó al Servicio de Impuestos chileno de un supuesto sistema fraudulento de evasión, nadie podía presagiar el devastador efecto que la investigación emprendida tendría para la sociedad chilena. Porque la madeja que se desenhebró desde entonces le mostró a un país que había forjado una imagen de probidad público-privada, todos los fantasmas agazapados que habían logrado esconderse exitosamente tras un entramado casi infranqueable: la increíble e inagotable capacidad de algunas empresas para evadir impuestos, convirtiendo esa capacidad en cultura corporativa; la concupiscencia entra la política y las empresas; las dificultades para posibilitar un entorno más igualitario en una sociedad profundamente desigual; y el tráfico de influencias, que transita en todas la veredas.

El espejo roto

Chile se ha hecho a pulso una imagen que mezcla muchas cosas. El país ha sido visto como un ejemplo de sólida construcción institucional. Esta idea se ha elaborado sobre la base del suceso de su modelo económico que permitió el crecimiento continuo entre los años ochentas y noventas, la expansión sin precedentes de su PIB total y per cápita, la estabilidad política e institucional que se produjo durante el periodo de transición democrática, y una suerte de retrato que presentaba al país austral como el alumno aplicado dentro del contexto regional, con una mejora sustancial y permanente de sus indicadores socioeconómicos, un apego generalizado a la ley y un clima de paz social que eran la envidia del barrio latinoamericano.

Como ocurre con muchas imágenes, la estampa del autoproclamado primer jaguar latinoamericano en realidad esconde muchas falencias que han sido ocultadas o retocadas para configurar un perfil impoluto. Es verdad que las reformas económicas facilitaron el crecimiento, pero se implementaron durante la dictadura sin ningún contrapeso institucional o ciudadano. Las privatizaciones y la liberalización, que en un principio se proclamaron como un mecanismo para impulsar la competencia, al final facilitaron un modelo de oligopolios que operan en todas las áreas, incrementando los costos de los muchos servicios públicos que se privatizaron o de las prestaciones privadas que se crearon posteriormente. El modelo decía impulsar la competencia, pero en la realidad promovió la falta de esta, al punto en que en los últimos años la fiscalía de competencia ha descubierto varios mecanismos de estandarización de precios, que implican cuotas y elevación de las tarifas, en muchos sectores, en lo que se presume es una práctica más que común.

El modelo ha garantizado riqueza, pero para unos pocos. El PIB per cápita chileno es de aproximadamente 17000 dólares al año, el más alto de la región, lo que ha significado que por nivel de ingresos la pobreza -en términos de acceso a la canasta básica- se haya reducido de 40% a 13% en 25 años. Pero el ingreso mediano (es decir, el que gana la mitad de los trabajadores) es de 900 dólares mensuales, o 10800 dólares anuales. Eso implica que si bien todos han incrementado su renta, este aumento no ha sido parejo. La diferencia radica en que los más ricos ganan muchísimo más que la clase media y los pobres, haciendo que el promedio de ingresos se mueva hacia la derecha de la distribución de la renta. Esta distorsión explica por qué el coeficiente de Gini, que mide cuan equitativa es la distribución, a pesar del alto crecimiento en tres décadas, no puede mejorarse ni siquiera con políticas de redistribución estatales.

Lo que pasó con el sistema previsional chileno permite explicar estos resultados. Ungida como la gran reforma de exportación del país e implementada en 1981, significó cambiar el modelo de aporte universal por uno de capitalización individual. Ello produjo varios cambios radicales. El monto del aporte no iba a depender de la buena voluntad estatal porque cada quien iba a velar por su monto de jubilación. Las empresas que administrarían los fondos previsionales iban a competir tratando de generar las mayores rentabilidades para atraer a los cotizantes. Si, por ejemplo, una empresa administradora de fondos previsionales hacía malas inversiones y estaba por debajo de la renta promedio del mercado en cinco puntos porcentuales, la empresa debía poner parte de su capital para compensar la pérdida. Los montos de los aportes previsionales fueron invertidos en la Bolsa local, en bonos emitidos por las empresas o por el Estado, y en mercados financieros del exterior, generando una dinámica que hizo crecer como espuma al mercado bursátil y financiero local, que disfrutó de esa bonanza. Como corolario, el Estado se ahorraba los costos de financiar los déficits del sistema de jubilaciones.

Todas estas ventajas, que parecían generalizadas, se estrellaron contra una realidad sistémica: desde la década pasada, los primeros jubilados empezaron a retirarse con pensiones bajísimas. Las tasas de reemplazo –el porcentaje del salario final con que se calcula la jubilación- no alcanzaban ni al 30% del último salario y en el caso de las mujeres –afectadas por la falta de cotizaciones durante los periodos de maternidad y por una menor participación laboral femenina- podían llegar a ser del 10%. Es así como muchos jubilados que cotizaron toda su vida, sobre todo los más vulnerables, empezaron a recibir pensiones que no llegaban ni al 60% del salario mínimo nacional.

Esta consecuencia se derivaba de varios factores. Las empresas previsionales les cobran una comisión fija a los aportantes por administrar los fondos, incluso cuando las inversiones generaban pérdidas, como fue el caso de las crisis económicas de 1999 y 2009. Con el tiempo solo quedaron pocas grandes administradoras que en la práctica están alineadas respecto a dónde y cómo invertir, en una especie de colusión oligopólica. A pesar de algunas reformas que alientan al ahorro y tratan de establecer una pensión mínima universal, el sistema garantiza una utilidad permanente a las empresas y mucha inseguridad –y pérdidas- a los cotizantes.

La balanza inclinada

La de las pensiones es una industria en donde la balanza está inclinada, pero no es la única. Se podría decir que en muchos sectores estratégicos este comportamiento asimétrico basado en el oligopolio, la colusión o, directamente, la trampa legal, se repite de múltiples maneras. Desde la fijación de precios para la industria de los pollos, pasando por los precios de los medicamentos y siguiendo por una gama enorme de productos y sectores, varios casos han sido descubiertos e implican ya sea acuerdos entre supuestos competidores, integración vertical en muchas industrias que finalmente traspasan costos excesivos a usuarios, o incidencia en la no modificación del marco legal que permitiera, fiscalizar mejor, sancionar con mayor fuerza estos comportamientos y emparejar la cancha de la distribución del ingreso.

En ese sentido, por mucho tiempo ha ido creciendo la sensación de que el sistema está hecho para espulgar a los ciudadanos-consumidores, y que la clase política, sobre todo en la derecha, ha imposibilitado o dificultado cualquier mejora. Esta percepción ha ido creciendo conforme los ingresos de la ciudadanía no aumentan a la velocidad que marcan las estadísticas del PIB per cápita y a la vez se descubre que esto tiene que ver con muchos comportamientos empresariales. Los cambios han sido obstruidos o limitados por la sobre-representación de la derecha en el Parlamento, gracias a la vigencia de un sistema electoral instaurado en la Constitución pinochetista de 1980, que impide modificaciones más profundas. A eso se suma que el sistema tributario facilita mil y una formas de eludir impuestos, por lo que los más ricos, en la práctica, tienden a pagar menores tributaciones que las que deberían reportar.

Si bien el descontento generalizado se canalizó con la demanda ciudadana por educación gratuita, ello llevó a que el gobierno de Michelle Bachelet propusiera una compleja reforma educacional y una reforma tributaria para financiarla. La implementación ha sido tortuosa y no exenta de polémicas durante todo el año 2014. La principal tiene que ver con lo que supone es el núcleo de la desigualdad: cómo mejorar la recaudación, cómo hacer que las empresas y los más ricos paguen lo que deben y cómo garantizar que esos dineros se usen en políticas públicas efectivas.

Detrás de todo el debate que transcurrió el año pasado estaban en entredicho los mecanismos formales con los que las empresas decían ahorrar como forma de inversión, pero que los técnicos observaban se trataba de un ardid para eludir tributación. La fuerte defensa que la derecha hizo sobre lo inadecuado de las reformas tributaria y educacional, en la que esta última implicaba desincentivar la educación privada subvencionada en aras de fortalecer la enseñanza pública, fue una lucha sin cuartel que hizo muy difícil todo el proceso.

El correo que abrió la caja de Pandora

Hasta que un correo enviado al Servicio de Impuestos chileno gatilló una investigación cuyas consecuencias cambiaron dramáticamente el panorama político austral en 2014. La denuncia se había realizado en 2012 y daba cuenta de un entramado que, en función de los fallos del sistema de inspección, permitía que las empresas que pedían devolución de impuestos por menos de 20 mil dólares no fueran fiscalizadas. La falla había sido detectada por Iván Álvarez, un funcionario del servicio de impuestos que ideó un mecanismo mediante el cual, a cambio de una comisión, ayudaba a las empresas “partícipes” del fraude a declarar pérdidas y solicitar devoluciones por debajo del mínimo requerido para no ser fiscalizado.

El truco, que se había iniciado en 2009, pronto adquirió dimensiones gigantescas, al punto que varios empresarios usaron el mecanismo para eludir impuestos. Uno de ellos, Hugo Bravo, a esa fecha gerente del Grupo Penta, uno de los conglomerados económicos más importantes de Chile, quien a través de dos empresas de papel consiguió devoluciones por 500 mil dólares en 2010. Conforme el fiscal encargado del caso, Carlos Gajardo, empezaba a armar el puzle e interrogaba a todos los involucrados en la estafa, se fue enterando que más allá de la avivada de Bravo había indicios de que el Grupo Penta estaba involucrado en la emisión de facturas falsas y en mecanismos de evasión de impuestos a través de la reducción ficticia de utilidades.

Penta es un conglomerado empresarial con intereses en los sectores de salud, seguros, previsión y finanzas, entre otros, por un valor de 30 000 millones de dólares. Sus dueños, Carlos Lavín y Carlos Délano –conocidos como los Carlos- empezaron haciéndose del 5% de la participación del Consorcio Nacional de Seguros en 1980. Desde entonces siguieron una meteórica carrera que los llevó a ser  socios mayoritarios en Cuprum, una de las principales administradoras previsionales en 1992. Posteriormente se convirtieron en los dueños de Banmédica, unos de los mayores consorcios del área de la salud. En 2012 vendieron en mil millones de dólares su participación en Cuprum para luego centrarse en fortalecer su posición en el sector financiero.

Conocidos por ser cercanos personal e ideológicamente al régimen de Pinochet, para nadie era un secreto su participación tras bastidores en la UDI, el partido de la derecha más conservadora y a su vez el más importante en Chile por número de votos desde la década pasada. El partido tenía en su testera a los herederos ideológicos del pinochetismo, en donde a una agenda valórica ultraconservadora se sumaba la defensa a rajatabla del tinglado institucional anti-tributación o anti-fiscalización de los oligopolios, que llenaba el ethos de los empresarios afines al régimen militar. Además, Carlos Délano es un íntimo amigo del ex presidente Sebastián Piñera y varios de los ejecutivos o ex gerentes de Penta han sido políticos de la UDI o ex funcionarios del gobierno derechista entre 2010 y 2014.

Los dueños de Penta decidieron separar a Hugo Bravo de la empresa en la que el gerente llevaba laborando desde su fundación, para evitar que las tropelías de Bravo dañaran la imagen del Grupo. La decisión derivó en un bumerán. Bravo se querelló contra sus ex jefes con una demanda laboral por despido indebido y, a cuenta de buscar una reducción de las penas que enfrentaba, decidió colaborar con el fiscal Gajardo contándole con lujo de detalle todas las arbitrariedades que Penta cometía para evadir el pago de impuestos. Gracias a la declaración de Bravo, el fiscal allanó dos veces a la empresa, buscando información que corrobore lo denunciado por el ex gerente.

La máquina de defraudar y la concupiscencia empresas-política

Lo que Gajardo descubrió fue una nueva arista que desenhebró un edificio increíblemente sofisticado de evasión tributaria. Desde utilizar a parientes, funcionarios y familiares de estos para emitir facturas falsas, hasta usar mecanismos financieros como los contratos a futuro (forwards) pero con fecha retroactiva, en los que Penta declaraba pérdidas para reducir utilidades, no existía forma ni método que no sirviera para disminuir la carga tributaria o para pagarles bonos a sus gerentes. El caso comenzó a entrar en terreno aún más fangoso cuando el fiscal halló que las facturas falsas también servían para financiar a políticos, mayoritariamente de la UDI.

Esta arista convirtió a Penta en la prueba elocuente del poder empresarial detrás de la política. Chile cuenta con un sistema de aportes reservados o privados para los candidatos, pero este sistema tiene un límite por aportante, cada uno de los cuales debe declarar el monto recibido. El problema es que la fiscalización es muy laxa. Un mecanismo para evadir el escrutinio es simular prestaciones de servicios a empresas por parte de candidatos o terceros afines, permitiendo que las compañías aporten a las campañas por encima del límite legal. Eso fue justamente lo que hizo Penta con varios políticos en 2012 y 2013.

Gracias a la confiscación de los correos electrónicos y la documentación de las facturas que Bravo había identificado, se pudo determinar que varios políticos recibieron esos aportes de manera indebida. A pesar de ello, ninguno de los políticos UDI que ganaron una diputación o senaduría usando ese esquema han renunciado. Los e-mails también demostraron que los Carlos habían financiado a un subsecretario de minería que fue ex gerente del holding, justo cuando los dueños de Penta querían la aprobación de un proyecto minero, en lo que constituye delito de cohecho. Además, los correos mostraron la incidencia que los Carlos tuvieron en las decisiones de los parlamentarios UDI más cercanos en las discusiones de varias leyes, como por ejemplo en el área de la salud.

El hecho produjo dos consecuencias. Por un lado, pulverizó la imagen de la derecha dura ante la opinión pública. Esa caída libre permitió al gobierno avanzar en su agenda de reformas, que entre diciembre de 2014 y enero de 2015 incluyó un cambio en el sistema electoral que pondría fin a la sobrerrepresentación de la derecha en el Parlamento, democratizando la participación electoral. También se terminaron de aprobar parte de las reformas educacionales y se introdujo una propuesta de ley para mejorar el sistema de negociación colectiva, otro duro revés para la derecha y el empresariado reacio a los cambios.

El autogol hecho en casa y el empate

Fue así que parecía consolidarse la propuesta de cambios para, en palabras del gobierno, emparejar la cancha de los derechos ciudadanos. La derecha más conservadora estaba debilitada y la derecha más liberal comenzó a tender puentes para permitir varias reformas. A pesar de su posición de desventaja, la UDI enfatizó que lo del financiamiento indebido no era un problema exclusivo de la derecha sino de todo el sistema de partidos. Y que, por lo tanto, lo que correspondía era emprender un proceso de reformas políticas que transparentara el financiamiento de la política y el tráfico de influencias.

El gobierno se desentendió del intento de la oposición por fabricar un empate. Pero a inicios de febrero, la coalición gobernante vio atónita cómo la propia Presidencia se anotaba un autogol. Una investigación de la revista Qué Pasa dio cuenta de que Caval, una empresa de la esposa de Sebastián Dávalos Bachelet, el hijo mayor de Michelle Bachelet, presidente de Chile, había recibido un crédito por USD 10.5 millones a inicios de 2014 para comprar unos terrenos agrícolas con el objetivo de revenderlos en menos de un año, ganando USD 4 millones. La operación tenía en la mira la revalorización de predios agrícolas ante un posible cambio del sistema regulatorio que podría modificar el estatus de los terrenos para convertirlos en zona urbana.

El problema de fondo es que la operación de Caval tenía muchas interrogantes. La empresa recibió un crédito de más de USD 10 millones de dólares a pesar de tener un capital de USD 10 mil. El crédito fue rechazado por varios bancos, pero fue aprobado por el Banco de Chile cuando uno de los  dueños de la institución financiera se entrevistó personalmente con Dávalos Bachelet. El crédito fue concedido dos días después de que la actual presidente fuera electa. Los terrenos se revendieron en 14.5 millones de dólares, lo que supone un aumento del costo del suelo de forma netamente especulativa, incrementando el costo de la vivienda urbana y reforzando el problema de segmentación geográfica que tiene Chile.

Si bien podría no haber ilegalidades en la operación, al menos queda en el ambiente un clima enrarecido y tremendamente contradictorio cuando el gobierno proclama un conjunto de reformas para emparejar la cancha de la sociedad y es el mismo hijo de la presidente quien, haciendo uso de sus influencias, a través de su esposa hace que su familia se embolse el equivalente a 900 años de trabajo de un obrero.

Cazando fantasmas

La investigación judicial contra Penta y el descubrimiento del crédito de Caval incendiaron el ánimo de la ciudadanía y redujeron al mínimo el apoyo a la institucionalidad política en Chile. Ello implicó varias cosas. Dávalos Bachelet tuvo que renunciar a su cargo de director sociocultural de La Moneda y a su militancia en el Partido Socialista. El proceso de formalización de cargos contra los implicados en el sistema de fraude al fisco, incluyendo accionistas y gerentes de Penta, implicó cárcel preventiva contra los principales acusados, incluyendo los dueños del holding. Y la semana pasada, el presidente de la UDI, Ernesto Silva, presentó la renuncia a la testera de su partido.

Pero quizás lo más importante es la decisión que tomó Michelle Bachelet de conformar la semana pasada una comisión asesora para regular la relación entre dinero y política. Dicha comisión, presidida por el destacado economista Eduardo Engel y conformada por 15 connotados profesionales, en un plazo de 45 días tiene que arribar a una propuesta que permita mejorar la regulación del financiamiento de la política y del tráfico de influencias, particularmente la capacidad de fiscalización por parte del servicio electoral (Servel) y el establecimiento de sanciones más duras.

Más allá de los resultados de la comisión, de la posibilidad de implementar una ley que regule la relación dinero-política y del desenlace del juicio en el caso Penta, lo acontecido ha implicado una necesidad profunda de revaluación del sistema político, del conjunto de relaciones sociales y económicas en Chile. La ciudadanía, que lleva una enorme cuenta pendiente, quiere acciones concretas. Pero también pide transparencia y coherencia. Algo que, en estos momentos de descrédito institucional, se vuelve tan vital como urgente.