Lo que era un secreto a voces fue hecho público por medio de un artículo publicado en el diario español El País. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está en crisis económica, y a fines de julio de este año, no podrá renovar los contratos del 40% de su personal.

El artículo, titulado Al borde del abismo, fue firmado por el presidente de la CIDH, James Carvallo, y en él el jurista precisa que "Tenemos las arcas absolutamente vacías. Si eso no cambia radicalmente muy pronto, significará no sólo que el 31 de julio perderemos al 40% de nuestro personal. También tendrá efectos inmediatos en nuestra labor de velar por los derechos humanos en la región: no podremos realizar visitas a los países que tenemos que monitorear, no podremos hacer las audiencias públicas donde se exponen problemáticas de derechos humanos ni reuniones de trabajo para coordinar medidas de protección urgentes para personas en riesgo. Estamos al borde del colapso como nunca antes".

Según denunció Carvallo, "El 31 de julio perderemos a 30 personas que trabajan con pasión y compromiso en la defensa de los derechos humanos, algunas de ellas desde hace una década. En la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica trabajan 180 funcionarios. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México tiene más de 1000. El 1 de agosto, la CIDH podría quedarse con una plantilla de 48 funcionarios a cargo de proteger los derechos humanos de mil millones de personas que habitan este continente".

El jurista precisó también que "durante años, la CIDH sobrevivió gracias a los aportes voluntarios de Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Noruega, Reino Unido, Holanda, Suecia, Suiza y la Unión Europea. Pero cuando este año fuimos a golpear puertas a Europa en busca de asistencia financiera, nos encontramos con una respuesta diferente. Europa está recibiendo una gran cantidad de refugiados y eso ha generado una reorientación de sus prioridades en asistencia internacional".

La causa de esta situación, según reveló Carvallo en su artículo, es que la Organización de los Estados Americanos (OEA) entrega muy poco presupuesto para el funcionamiento de la entidad: "El Consejo de Europa destina el 41,5% de su presupuesto a derechos humanos, mientras que la OEA destina el 9.1% para financiar a la CIDH y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La CIDH recibe menos de 5 millones de dólares por año de la Organización, o50 centavos de dólar por cada mil personas. Tenemos menos abogados y abogadas que el número de países que atendemos. ¿Cómo se puede cumplir así con nuestro mandato?", se preguntó el letrado.

El problema, sin embargo, no parece ser la falta de recursos: "En 2015, los países latinoamericanos y caribeños donaron 13,7 millones de dólares a la Corte Penal Internacional (CPI), pero solo destinaron 199.000 dólares para la CIDH. Y valga aclarar: en la CPI no hay en trámite ningún caso de la región y sólo hay una situación bajo examen preliminar".

¿Cuál es el trasfondo de esta falta de financiamiento? Carvallo creo que "Algunos países se sienten incómodos cuando la CIDH pone de relieve los desafíos que enfrenta la región en materia de derechos humanos. Esa es nuestra función, y nos la asignaron los Estados. Pero nos estrangulan financieramente, quizás para que no podamos cumplir con nuestro mandato".

Frente a la inminente quiebra, el presidente de la CIDH menciona lo que considera son las prioridades de la entidad en la región: "Tenemos que seguir atentos a la investigación del asesinato de Berta Cáceres en Honduras, y de tantos y tantas otras defensoras asesinadas, y tenemos que proteger a los defensores que viven amenazados y hostigados y criminalizados. Tenemos que asegurarnos que haya justicia para los 43 normalistas de Ayotzinapa, después que el Grupo de Expertos creado por la CIDH constatara los graves errores en la investigación sobre su desaparición, y para tantos otros miles de personas desaparecidas en México. Tenemos que seguir insistiendo en el cierre de Guantánamo, y debemos velar por los migrantes y los refugiados que escapan de la violencia en los países del Triángulo Norte, por los niños no acompañados que cruzan la frontera buscando reunificarse con sus padres".

Finalmente, Caravallo precisó que "Estaremos siempre agradecidos a Europa por el apoyo que nos han dado en los últimos años. Pero ha llegado la hora de la verdad. O los jefes de Estado de América Latina y el Caribe toman la decisión política de darle vida al sistema interamericano de protección y promoción de los derechos humanos, o seremos testigos de su colapso".

Las razones de la "desidia conveniente" frente a la CIDH

Pero, ¿cómo explicar que la CIDH, uno de los órganos que dependen de la OEA que más visibilidad tiene en el organismo hemisférico esté en una situación tan desesperada? Desde Bogotá, la jurista colombiana Catalina Botero, quien fue relatora para la Libertad de Expresión de la OEA, y, en tal función, realizó duros cuestionamientos a la implementación de la Ley de Comunicación en el Ecuador, explica el fenómeno. 

En diálogo con PLANV, Botero sostiene que la explicación de que el desfinanciamiento de la CIDH se produjo desde sus orígenes, pero en los últimos 20 años ha habido "un aumento sustantivo" de las demandas ante la CIDH. Esto, sin embargo, no se vio reflejado en el aumento del presupuesto por parte de la OEA, por lo que el CIDH debió acudir a buscar recursos en Europa y Estados Unidos. Ante el retiro de los fondos de Europa, precisa, podría haber una afectación a los procesos pendientes.

Catalina Botero fue relatora para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos. 

La CIDH, destaca Botero, deberá suprimir sus audiencias, reuniones, visitas y también despedir a su personal, lo que "afectará de manera dramática la impartición de justicia". Los casos más dramáticos, sostiene Botero, serán atendidos, y menciona la situación de "Venezuela, que es un Estado fallido con violaciones estructurales de derechos humanos", pero es probable que no pueda seguir procesando otras demandas. 

Para Botero, la Comisión deberá priorizar los casos, pero estima que se deben considerar situaciones como las que ocurren en Ecuador, en México, en Honduras, entre otros. 

Frente a esto, Botero estima que en la Asamblea General de la OEA de julio de este año, los países "sensibles a la opinión pública", entre los que menciona a Colombia, Chile, Argentina y Uruguay, se unan para "rescatar a la CIDH", aunque escéptica sobre que el Gobierno del Ecuador, por ejemplo, lo haga: "el presidente Correa tiene el mismo discurso que el que tenía el presidente Fujimori, pero ese discurso fracasó. En el proceso de fortalecimiento estados como Ecuador perdieron, pero ahora vemos que la redirección de las donaciones de Europa ha manifestado el problema del financiamiento de la CIDH. Los europeos se cansaron de sostener un sistema de derechos humanos en países que se dicen democráticos", remarca Botero. 

Sobre su gestión al frente de la Relatoría, Botero señala que se lograron varias reformas legales, que mejoran el ejercicio de la libertad de expresión, con leyes de acceso a la información en Brasil, Colombia y El Salvador, así como decisiones de las Cortes Supremas de Brasil y México, que tomaron como referencia la jurisprudencia producida por la CIDH en temas de libertad de expresión. También se impulsaron movimientos en contra de la penalización de la calumnia, siguiendo los estándares interamericanos. En otros países, sin embargo, hubo degradaciones en los estándares de derechos humanos en general y de libertad de expresión en particular. Esto, señala Botero, se evidencia en manejos autoritarios que controlan todos los poderes del Estado en varios países. 

La abogada cree que se ha hecho "un esfuerzo enorme para descongestionar" el funcionamiento de la CIDH, pero que es necesario que la entidad cuente con el doble de abogados para atender los casos. Botero cree que la Comisión requeriría de no menos de USD 15 millones al año, cuando actualmente recibe cerca de USD cinco millones. "Se debe crear un fondo regular para que los países no usen las donaciones para premiar y castigar", pues "los países no donan cuando a los gobiernos no les gustan lo que les están diciendo", por ello, se debe realizar una "reingeniería para que haya financiamiento constante y permanente". Se debe revisar el presupuesto de la OEA, y Botero cree que la Secretaría General o algunos de los países miembros debe promover que se aumenten los recursos para el Sistema Interamericano. "Aunque hay países como Ecuador y Venezuela se van a oponer, hay un descuido, una desidia conveniente, histórica, que beneficia a los Estados". Botero cree que no hay un "consenso explícito" de no financiar a la Comisión, pero que ahora debe ponerse en el tapete de la discusión el financiamiento y que la sociedad civil de los países con democracias más sólidas deberá exigir que se rescate el sistema interamericano. 

En su criterio, la cuestión del financiamiento siempre afectó los trámites, pues 40 abogados debían atender por los menos 8000 solicitudes de casos, y esta sería la causa de la falta de celeridad de la Comisión al atender las demandas. 

La posición del Ecuador

Mientras tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador emitió un comunicado, de tres párrafos, en donde el Gobierno destaca su "preocupación" por la situación de la CIDH.

"El Gobierno del Ecuador ha expresado reiteradamente su preocupación por el modelo de financiamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, basada en aportes no permanentes, condicionados y direccionados, provenientes de entes privados y Estados externos al Sistema Interamericano.

La brusca e inesperada reducción de las aportaciones de dichos donantes ha provocado la grave crisis financiera que ahora atraviesa esa institución. Asimismo, dicho modelo de financiamiento ha generado una agenda politizada en el tratamiento, defensa y promoción de los derechos humanos en el continente.

En ese sentido, el Ecuador renueva su propuesta integral de fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sometido a la consideración de los Estados en reiteradas ocasiones", dice el comunicado oficial del Palacio de Najas. 

   ENTREVISTA   

Ramiro Ávila
Abogado de derechos humanos y profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar

Fotos: Luis Argüello

"La CIDH se volvió un árbitro molestoso"

Se ha anunciado la eventual quiebra de la CIDH, ¿qué implicaciones puede tener esto para los casos de los ecuatorianos presentados en la Comisión?

Quisiera decir que es un problema que se arrastra desde hace muchos años. La CIDH ha operado sin el presupuesto suficiente, y ahora se ha anunciado que va a haber despedidos de personal y van a restringir sus funciones. Quienes hemos sido usuarios de la CIDH hemos sentido la lentitud del sistema, que tiene más denuncias de las que puede canalizar, esto es algo que ya venía pasando. La CIDH debió crecer en términos de la cantidad de denuncias que recibía. Si antes era lento, ahora parece que se va a paralizar. La CIDH era una garantía colectiva, de manera que los estados se comprometieron a respetar los derechos de la gente de sus países. Es tremendamente grave lo que ocurre.

¿Pero esta entidad tiene varias décadas, cómo entender que haya funcionado a pesar de esas limitaciones?

En los años 70, cuando la Comisión empieza a funcionar de forma sistemática, estábamos todos los países en dictaduras o saliendo de dictaduras, y a los gobiernos les convenía un sistema de garantía frente al posible retorno de dictaduras. Ese fantasma de la dictadura ha desaparecido, y ahora todos los países de la región son democráticos y tienen todos garantías y derechos en sus constituciones, y me parece que lo se está haciendo ahora es quitarse la supervisión de derechos humanos de un órgano externo, porque no hay ese fantasma. Los estados no están quitando un seguro externo para la defensa de los derechos humanos.

Entonces, ¿es cierto que estos procesos tomaban mucho tiempo? ¿Cuánto en promedio? 

Por lo menos diez años

¿Y cuáles son las causas de esas demoras, porque una justicia que no es oportuna, se dice, no es justicia?

Me parece que había dos causas: el exceso de peticiones que se presentan ante la Comisión, porque el Sistema ha ido ganando prestigio. La Corte Interamericana es vista como un mecanismo de justicia válido y eficaz. Hay más conocimiento del Sistema y mucho más uso. La otra causa es que, al ver las estadísticas que ha sacado la Comisión, cada año han tenido menos presupuesto, y el dinero que venía de Europa ha sido destinado a otros fines. Esta confluencia de las dos causas ha hecho que el sistema sea muy lento. Cuando le escuché por primera vez al presidente Correa su idea de reformar la Comisión, compartí que debía haber reformas, pero lo que Ecuador lideró fue la peor de las reformas, al sacrificar la relatoría de Libertad de Expresión, al desconocer las medidas cautelares y al no financiar. El liderazgo del Ecuador en este proceso ha sido fatal. Lo menos que podía esperar era una propuesta para mejorar la situación y no para empeorarla como ha ocurrido.

Usted menciona esa coyuntura de décadas pasadas en las que se podía pensar en que las dictaduras habían asegurado su impunidad. Pero actualmente no hay esas condiciones y sin embargo, las denuncias crecen, ¿significa esto el fracaso de nuestros sistemas de justicia? ¿Es una muestra de que los Estados de la región son estados fallidos?

Si se mira la evolución del Sistema, en los años 70 y 80 la mayoría de las acciones de la CIDH se expresaban por medio de informes de país. Había muy pocos casos puntuales, porque las violaciones a derechos humanos eran masivas, como ocurrió en Guatemala, Chile, Uruguay, Argentina o Brasil. La Comisión jugó un rol muy importante en la transición de las dictaduras a las democracias. Pero en esos nuevos periodos empezaron a aumentar los casos individuales, aunque disminuyeron las violaciones de derechos humanos. Nuestros estados de derecho, sin llegar a ser fallidos, son harto imperfectos. Cuando uno ve todas las sentencias de la Corte Interamericana se ve que en todos los casos se han violado en los países temas como la protección judicial y las garantías judiciales. Es un problema general de la región. Las funciones judiciales no han llegado a ser un poder que contrarreste a los ejecutivos, tenemos un presidencialismo reforzado. Los estados presidencialistas abusan del poder, la diferencia con el pasado es que estos estados no quieren ser vigilados y les estorba la Comisión. La Comisión es un mecanismo de corrección de imperfecciones que no está siendo tolerado. 

¿Qué explicación política tiene ese fenómeno?

La falta de compromiso de los estados con los ciudadanos y de los propios estados con un Sistema que ha sido eficiente. 

¿La Comisión no ha estado desde siempre es una suerte de limbo, sin reglas claras para su financiamiento y para su propio funcionamiento, pues, por ejemplo, el Gobierno del Ecuador ha cuestionado su potestad de emitir medidas cautelares?

En lo del financiamiento, es verdad que es muy débil. La OEA distribuye su presupuesto entre una gran burocracia. Pero su órgano más eficiente, el que produce más doctrina e informes es la Comisión, y hay una muy mala distribución de los recursos. Los estados son responsables del funcionamiento. El secretario general tiene un papel, pero la propia OEA está desfinanciada, nuestros países están invirtiendo sus esfuerzos en otro espacio, bajo la acusación de que es un instrumento imperialista de Estados Unidos. Puede ser cierto que en un momento EE.UU. quiso utilizar la Comisión para castigar a países como Cuba, pero eso nunca les dió resultado. La Comisión cuestionó a Cuba, pero también a Pinochet y a los países de Centroamérica. En efecto, debe haber un presupuesto fijo que debe destinarse a la Comisión. 

En lo de las funciones, ese argumento del Gobierno no se sostiene. La Comisión tiene un mandato por la Carta de la OEA, lo que incluye a Estados Unidos que no es parte de la Convención Interamericana, por esa competencia de la Carta de la OEA. Luego entró en vigencia la Convención, que le da funciones muy específicas a la Comisión. No hay una competencia explícita que le de las medidas cautelares, pero puede tomar medidas para proteger derechos, lo que ha sido reconocido por los estados y por la Corte Interamericana. Esas medidas cautelares han salvado vidas en nuestra región. Es incomprensible que el Gobierno del Ecuador haya desconocido esa facultad de la Comisión y que las haya desobedecido en muchos casos. Es la actitud que ha contribuido al debilitamiento. Todo esto comenzó con el caso del diario El Universo y sus medidas cautelares. Fue un atentado evidente a la libertad de expresión y por eso se concedieron las medidas cautelares, y desconocerlas fue un despropósito.

Pero no solo Ecuador ha desconocido medidas cautelares, ha ocurrido también en Colombia. ¿Están de acuerdo gobiernos de todos los signos políticos en desconocer este tipo de medidas?

La única forma de vencer esta tendencia es tomar conciencia de la importancia de los derechos humanos y sus mecanismos de protección. En Colombia finalmente se reconoció que las medidas eran válidas, pero hubo un caso en Brasil en donde se desconocieron las medidas cautelares. En el Ecuador hemos visto casos en los que el Estado ha pedido medidas cautelares sin entender lo que es un garantía de derechos humanos. Los Estados ejercen poder, los derechos humanos limitan ese poder. En el medio de ambos están los sistemas de exigibilidad. En el Ecuador las garantías se ha aplicado para expandir y proteger el poder del Estado, hay una incomprensión total de lo que significa una garantía judicial. La CIDH, en esas tensiones, se ha vuelto un árbitro molestoso, y al dejar de financiar la Comisión se evidencia que se quiere expandir el poder. 

¿Si la Comisión se limita o desaparece, qué otras opciones tendríamos los ecuatorianos en casos de violaciones de derechos y de un inadecuado funcionamiento de la justicia nacional?

La CIDH tiene algunos atractivos, como que la gente es experta en la región, que hablan en español, que está más cerca. Pero no es el único ni el mejor sistema, hay complejos sistemas de protección de derechos en las Naciones Unidas, hay comités de protección de derechos de mujeres, de niños, de derechos humanos, y también de relatorías y grupos de trabajo. En el Ecuador, cuando el Gobierno de Lucio Gutiérrez destituyó a la Corte Suprema vino un relator de garantías judiciales de Naciones Unidas. Hay muchos ejes temáticos, pero el problema es que están en Ginebra, y atienden causas de todo el mundo. Esto puede afectar que se atiendan casos del Ecuador. Sin duda, el organismo que mejor ha funcionado es el Sistema Interamericano.

¿Cuál es la salida a este problema? ¿Hay viabilidad política para que se salve la Comisión?

La medida más efectiva es la presión de la sociedad civil frente a los estados. No hay mecanismos de presión a los estados, solo de vergüenza pública. La sociedad civil se está activando a nivel regional. Los beneficiarios del Sistema nos tenemos que unir para que los estados cumplan esas obligaciones jurídicas. Se está perdiendo los niveles de conciencia de derechos humanos. El primer momento es presión, el segundo financiamiento, el tercero la correción y el cuarto un mayor ejercicio de los derechos. En el caso del Ecuador, ha tenido un rol ambivalente, ha donado un millón de dólares al Corte, ha promovido a Patricio Pazmiño como juez, si el Gobierno es consecuente, debe apoyar a la Comisión, a menos que le interese que fracase. Al presidente Correa le estorba la supervisión en derechos humanos, ya en 2012 fustigó a la Universidad Andina por un informe de derechos humanos, y también disolvió a Fundación Pachamama, así como han vuelto a la acción de protección un recurso inútil. Esto devela el poco compromiso del presidente Correa con los derechos de las personas.