Los turistas miraban con curiosidad, en el ingreso de la Mitad del Mundo, el arribo de delegaciones extranjeras a la flamante sede de la Unasur, este sábado 14 de marzo de 2015. 

El Edificio de los volados estaba más custodiado de lo normal para un sábado, cuando grupos de personas hacían cola para ingresar a la Ciudad Mitad del Mundo. El complejo turístico luce remozado: le han puesto una boletería como de parque de diversiones y le han hecho un significativo ajuste de tarifas: subir a lo alto del Monumento equinoccial ahora cuesta USD 6.

El ajetreo en la sede de la Unasur, cuyos espejos de agua y plaza de acceso mostraban la presencia de policías y una gran seguridad, junto al bronce de Néstor Kirchner con el terno agitado por el viento que sopla de los cerros de La Marca, tenía una razón.

Doce cancilleres del organismo hemisférico han sido convocados para que se pronuncien sobre la reciente declaratoria de Estados Unidos de que la Venezuela de Nicolás Maduro es un amenaza a su seguridad nacional. Mientras los carros diplomáticos, a los que abren paso las motos policiales, van llegando a la Mitad del Mundo, cruzando a toda velocidad la autopista Manuel Córdova Galarza,  el presidente Rafael Correa, en una sabatina desde Puyo, anuncia el respaldo del Gobierno del Ecuador al régimen de Caracas, sin mencionar las violaciones a los derechos humanos que el Gobierno de Nicolás Maduro ha cometido, según señalan publicaciones de organizaciones no gubernamentales de ese país. 

Tras la reunión, los cancilleres de la Unasur emitieron dos comunicados. El primero, sobre el decreto del presidente Barack Obama que declaró al régimen de Maduro una amenaza a su seguridad nacional -calificación que no obtuvo en su momento el ex presidente Hugo Chávez, enemigo declarado del "Imperio"- dice textualmente que el decreto: "constituye una amenaza injerencista a la soberanía y al principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados" y asegura que "Los Estados Miembros de UNASUR reafirman su compromiso con la plena vigencia del Derecho Internacional, la Solución Pacífica de Controversias y el principio de No Intervención, y reiteran su llamado a que los Gobiernos se abstengan de la aplicación de medidas coercitivas unilaterales que contravengan el Derecho Internacional", para recomendar que "Estados Unidos de América que evalúe y ponga en práctica alternativas de diálogo con el gobierno de Venezuela, bajo los principios de respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos. En consecuencia, solicita la derogación del citado Decreto Ejecutivo".

El segundo documento producido por los representantes de los doce de Unasur dice: "Los Estados Miembros de UNASUR expresan que la situación interna en Venezuela debe ser resuelta por los mecanismos democráticos previstos en la Constitución venezolana.

Los Estados Miembros de UNASUR manifiestan su apoyo para la celebración de las próximas elecciones parlamentarias, convencidos de la importancia del mantenimiento del orden constitucional así como de la democracia y la más plena vigencia de todos los derechos humanos, principios fundamentales de UNASUR".

Pero la "plena vigencia" de los derechos humanos a los que la Unasur se refiere en lenguaje diplomático, no parece tener lugar en un país en donde las detenciones de opositores se han convertido en una polémica forma de control político.

El inventario de la represión de Maduro

Mientras en Quito la Unasur hablaba de derechos humanos, una corte de apelaciones de Caracas negó el 15 de marzo el recurso que el opositor Leopoldo López había presentado para ser dejado en libertad. López había pedido por medio de su defensa que se respetara el pedido de las Naciones Unidas de liberarlo, pero esto fue rechazado por el tribunal de apelaciones, que consideró que las leyes venezolanas están correctamente aplicadas. El opositor, que está acusado de instigar violentas protestas contra el régimen de Nicolás Maduro, había denunciado malos tratos en el penal militar cercano a la capital en donde guarda prisión.

En febrero y marzo de 2014, una serie de protestas dejaron por lo menos 43 muertos, y hay un número similar de detenidos en relación con estos hechos, según cifras de la Fiscalía venezolana. Según un informe publicado por la organización de derechos humanos Provea, el 94% de las protestas fueron pacíficas, a pesar de una serie de leyes penales implementadas desde el 2002 en Venezuela que restringen los derechos de protesta en el país. 

En un informe presentado por la propia fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, ante la Asamblea Nacional de su país, se reconoce la magnitud del operativo judicial. Así, el informe precisa que: "fueron presentados ante los tribunales de control 3.351 personas detenidas en el contexto de manifestaciones, y se alcanzó la cantidad de 911 actos conclusivos que involucran a 2.844 personas. A la presente fecha tan solo se mantienen privadas de libertad 41 personas" según informó la Fiscal General.

Agregó la fiscal que "el Ministerio Público acusó a 30 funcionarios de los cuerpos de seguridad por la presunta violación de las garantías fundamentales, tales como homicidio y trato cruel ocurridas en el marco de las manifestaciones, entre los casos menciona a Bassil Da Costa, Asdrúbal Rodríguez, Glidis Chacón, Geraldine Moreno y Jesús Acosta.

Así mismo, la Fiscalía admitió que "dos sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), fueron acusados por la muerte del manifestante Geraldín Moreno y se encuentran privados de libertad, mientras que otros dos sargentos de ese mismo componente militar están imputados y con medidas cautelares". Sobre la muerte de Alejandro Márquez, otro manifestante abatido, precisó que "fueron libradas dos órdenes de aprehensión contra dos efectivos de la Guardia del Pueblo, pero aún no se ha ejecutado la orden". Así mismo, el informe de la Fiscal preciso que "por la muerte de la funcionaria del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) Glidis Karelis Chacón, fueron acusados tres 3 funcionarios de la Policía Municipal de Chacao, uno de ellos se encuentra privado de libertad".

En el caso del homicidio del manifestante Bassil Da Costa Fría, "fueron acusados ocho funcionarios policiales, de los cuales seis son del SEBIN, uno de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y uno del Ejército. Los acusados son: José Ramón Perdomo Camacho, José Manuel Benigno Pérez, Egardo José Lara Gómez, Héctor Andrés Rodríguez Pérez, Jimmy Alexis Sáez Osorio y Jonfer Márquez Fernández (todos funcionarios del Sebin), Andry Jaspe López (PNB) y Jonathan José Rodríguez Duarte (Ejército)".

Rodríguez, en su calidad de militar, "había sido condecorado por la ex Ministra de Interior y Justicia Carmen Meléndez en octubre de 2014 con la orden Francisco de Miranda en su tercera clase, otorgada a los ciudadanos y ciudadanos quienes han cumplido una excelente labor, extraordinario desempeño, dedicación y abnegación en la misión encomendada, según consta en la Gaceta Oficial 40.529 publicada en la referida fecha" según informa el portal de derechos humanos de Provea.  

"Sólo el funcionario Perdomo se encuentra privado de libertad por este hecho, mientras que el resto de los funcionarios poseen medida cautelar sustitutiva de libertad, consistente en presentación periódica cada ocho días ante el tribunal de la causa" dice el portal.

Según Provea, "a pesar de reconocer que 878 personas resultaron heridas y/o lesionadas en el marco de las protestas, el Ministerio Público no ofrece detalles respecto a las averiguaciones por estos casos. Según registros de las ONG sólo la Guardia Nacional Bolivariana fue responsable del 64,6% del total de casos de heridas y/o lesiones ocasionadas como consecuencia del uso indebido de la fuerza. Igualmente de las 153 denuncias de torturas y/o tratos crueles y amenazas de abusos sexuales contra detenidos, el MP no ofrece detalles en su Informe Anual 2014".

Las cifras que publica Provea coinciden con las de otras organizaciones, como el Foro Penal Venezolano, que estima que actualmente hay en el país caribeño 3713 personas procesadas penalmente, entre ellas, 359 menores de edad por presuntos delitos políticos, de las que no menos de 61 están efectivamente detenidos.

Según el Foro, por lo menos 2012 personas han sido liberadas con medidas cautelares, de las que 200 son menores de edad, Libertad plena: 722 (56 Menores de edad), se ha liberado sin presentación a 633 (de los que 93 son menores de edad), hay 283 casos por verificar (con 10 menores de edad) y dos casos más están pendientes de presentar ante la justicia.

La muerte del opositor Rodolfo González, quien se habría ahorcado en el penal militar en donde estaba retenido, supuestamente por el temor de ser traslado a un cárcel común, tampoco fue esclarecida, mientras que su familia y abogados responsabilizaron al Estado venezolano por su fallecimiento.