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5 de Noviembre del 2020
Historias
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5 de Noviembre del 2020
Redacción Plan V
Las cinco preguntas que formula la Comisión Anticorrupción a los presidenciables
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Jorge Rodríguez (con el micrófono) junto con el también fallecido Julio César Trujillo y otros miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción. Foto: Archivo PlanV

 

Los comisionados enviaron cinco preguntas a las campañas presidenciales sobre temas como deuda externa, sistema nacional anticorrupción, manejo del IESS, entre otros. Se busca retomar algunos aspectos de la lucha anticorrupción que no han avanzado en el gobierno de Lenin Moreno. La Comisión lamentó la muerte de Jorge Rodríguez, empresario de 75 años, quien fue su coordinador.

La Comisión Nacional Anticorrupción envió una carta a todos los presidenciables. En ella, los comisionados pidieron a las campañas precisiones sobre algunos aspectos de la lucha contra la corrupción en el país, en los que el gobierno de Lenin Moreno, que concluye este 24 de mayo de 2021, avanzó poco o nada. 

Mientras tanto, esta semana, la Comisión sufrió un importante pérdida. El empresario Jorge Rodríguez Torres, de 75 años de edad y uno de los fundadores de la entidad, murió durante el pasado feriado en su casa de verano en Esmeraldas. La muerte de Rodríguez es un nuevo episodio de la trayectoria de esta comisión, conformada el 30 de mayo de 2015 en Riobamba, como un ente nacido de la sociedad civil, aglutinó a figuras de la academia y los sectores sociales, como Julio César Trujillo, Isabel Robalino, Simón Espinosa, Jorge Rodríguez, Germán Rodas, entre otros.

La Comisión fue conformada por pedido de los sectores sociales. Organizaciones sindicales como el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) han tenido importante presencia en su funcionamiento, así como Ceosl, Cedoc, CTE, UGTE, UNE, Conaie, Pachakutik, entre otros. Pero, como entidad ciudadana, la Comisión no cuenta con institucionalidad propia. Carece de oficinas, financiamiento y personal. Surgió en medio de los tiempos más duros del correato, cuando el régimen autoritario se encontraba en la cúspide su apogeo y cuando muchos temblaban y otros callaban. Es en ese marco que la Comisión tuvo su primer hito. Demostró que la sociedad civil podía organizarse y enfrentarse al poder omnímodo del Estado y el partido único que había creado la “revolución ciudadana”.

La muerte de Rodríguez es un nuevo episodio de la trayectoria de esta comisión, conformada el 30 de mayo de 2015 en Riobamba, como un ente nacido de la sociedad civil, aglutinó a figuras de la academia y los sectores sociales, como Julio César Trujillo, Isabel Robalino, Simón Espinosa, Jorge Rodríguez, Germán Rodas, entre otros.

La segunda etapa fue la de las grandes denuncias. La Comisión presentó por lo menos 17 grandes denuncias.  Mientras el correísmo se empeñaba en realizar obras públicas costosas, las dudas sobre los procesos contractuales, los posibles sobreprecios,  las gimnasias legales y contables se hicieron cada vez más grandes. En ese escenario, se hizo también evidente la sospecha actitud de organismos de control, como la Contraloría General del Estado, que en esa época dirigía Carlos Pólit, un antiguo militante de la Sociedad Patriótica que se convirtió en uno de los pilares del manejo estatal correísta. 

La tercera etapa fue la de reacción de los involucrados. Carlos Pólit, en particular, salió por los fueros de su “honor” y demandó por injurias a los integrantes de la Comisión. Una jueza de Pichincha le dio la razón y los condenó al pago de una indemnización millonaria. Pólit desistió de cobrar y hacer cumplir la sentencia, pero los comisionados fueron condenados. Otros funcionarios del Gobierno, como el ministro de Electricidad, Esteban Albornoz, también se querellaron contra la Comisión, aunque esa demanda no prosperó. Los comisionados empezaron a sentir el largo brazo de la persecución judicial, una práctica común en el correato, que tenía ciertos jueces y fiscales a las órdenes.

Una cuarta se inaugura con el advenimiento de Lenin Moreno. El nuevo presidente creó primero un Frente Anticorrupción que, si se cree en las filtraciones de los audios de Eduardo Mangas, tuvo la intención de neutralizar a los comisionados de la sociedad civil. Luego, el régimen creó una Secretaría Anticorrupción, a cargo de Iván Granda, Dora Aguirre y otros, para fines de coodinación del combate a la corrupción. La Secretaría fue finalmente eliminada, luego de que las nuevas autoridades de la Fiscalía y la Contraloría rechazaran las injerencias de esa dependencia del Gobierno en la lucha anticorrupción. El Consejo de Participación Transitorio nombró a otras autoridades de control, como Pablo Celi, confirmado como contralor del Estado, y Diana Salazar,  fiscal general del Estado.

La quinta etapa estuvo  marcada por la renuncia de Jorge Rodríguez, que, aunque fue "retirada" luego de un diálogo con el FUT y los comisionados, evidenció el malestar en la Comisión por la falta de voluntad política del Gobierno en la lucha contra la corrupción. “La cirugía mayor ha sido un chiste de mal gusto”, llegó a decir Jorge Rodríguez.

La sexta etapa es la que marca la muerte de Rodríguez, que, según ha dicho Germán Rodas, compromete todavía más a los comisionados en su tarea. 

Pero ante la cercanía del proceso electoral, la Comisión ha formulado por lo menos cinco inquietudes a los postulantes a la Presidencia, con las que busca obtener que la lucha anticorrupción se posicione en el debate electoral. 

Las cinco propuestas de la Comisión a los candidatos

Investigar el caso Odebrecht.- Una de las inquietudes de la Comisión es que continúen las investigaciones de las denuncias de las irregularidades que habrían sido cometidas por ejecutivos de la constructura brasileña Norberto Odebrecht, que, según se supo, tenía un esquema de sobornos con funcionarios de todos los gobiernos de la región.

Según explica Germán Rodas, actual coordinador de la Comisión, el nuevo gobierno debe fomentar mayores investigaciones sobre el caso de Odebrecht, analizando las obras, las fallas que puedan tener, los sobreprecios, la red de personas que pueden haber recibido beneficios económicos en los trabajos de la empresa brasileña, así como a quienes han encuerto sus manejos ilícitos en el Ecuador. Rodas recuerda que en el tema Sobornos se pudo determinar que había en el país "una banda de delincuentes dedicada a extorsionar" pero sobre el tema de Odebrecht aún no hay indicios claros. 

"Son por lo menos USD 6500 millones en obra pública que no han sido auditados ni estudiados adecuadamente", precisa Rodas. "Hay denuncias como Manduriacu que han sido olvidadas", explica.


La denuncia sobre Manduriacu, una hidroeléctrica construida por el gobierno anterior, no fue investigada.

"Son por lo menos USD 6500 millones en obra pública que no han sido auditados ni estudiados adecuadamente", precisa Rodas. "Hay denuncias como Manduriacu que han sido olvidadas", explica Rodas, quien afirma que "hay mucha gente olvidada en esta investigación y que están activos en política electoral". Sobre la gestión de la fiscal general en el tema, la calificó como "muy importante" pero hizo un llamado a afrontar el tema con "absoluta certeza". "Odebrecht terminó burlándose de ese intento de arreglo con el Ecuador y no ha sido investigada como corresponde". En su criterio, la Procuraduría debió enjuiciar a la constructura brasileña en lugar de intentar negociar con ella. 

El sistema nacional anticorrupción.- La segunda inquietud de la Comisión tiene que ver con la necesidad de que haya una concatenación entre los organismos de control, la Asamblea Nacional, la Fiscalía, la Procuraduría y otras instancias. Rodas sostiene que ese sistema "debe funcionar como un reloj" y no con "tiros al aire" de algunas instituciones. Por eso, ese sistema debe promover una "responsabilidad compartida" entre las instituciones. Para el coordinador de la Comisión, la Secretaría Anticorrupción del Gobierno, eliminada por Moreno, tuvo la intención, de opacar la gestión de la Comisión. Se la creó, recuerda, para impedir que la sociedad civil actúe. "Esa Secretaría no cumplió ningún rol y era una especie de informante para que algunas personas se pongan a buen recaudo", recuerda, citando a la fiscal.

"El sistema nacional no debe ser coordinado por el Gobierno. Por eso los señores Mangas y Roldán, que decían que luchaban contra la corrupción, evidenciaron que esas oficinas solo sirvieron para piruetas mediáticas".

En cambio, ese sistema anticorrupción debería contar con la sociedad civil y el periodismo de investigación, por ejemplo. "El sistema nacional no debe ser coordinado por el Gobierno. Por eso los señores Mangas y Roldán, que decían que luchaban contra la corrupción, evidenciaron que esas oficinas solo sirvieron para piruetas mediáticas". Rodas aclara que no se busca agrupar las instituciones en otra más grande, sino en promover aspectos como la educación contra la corrupción y la defensa de los recursos del pueblo. Otro aspecto podría ser que haya una congreso bicameral, siendo de la cámara alta la función de la lucha anticorrupción. El sistema judicial debería también tener jueces y fiscales anticorrupción. "El nuevo gobierno debe tener la voluntad política de hacer esto. No es cuestión de poner una oficinita anticorrupción. Deberán hablar con las partes de manera ágil, no presentar solo una ley aislada". 

La lista de los tenedores de la deuda.- La Comisión ha pedido a los candidatos presidenciales que se hagan públicos los listados de tenedores de la deuda pública, pues, explica Rodas, "hay alguna gente que ha obtenido beneficios del endeudamiento, aunque hay gente que ha obtenido beneficios". Rodas admite que hay bonos de deuda ecuatoriana en manos de extranjeros, pero es necesario transparentar "quiénes tienen los papeles, entre los que puede haber algunos ecuatorianos vinculados al poder en estos mismo momentos. Esa información es indispensable". Es necesaria una auditoría de deuda total, pues la Comisión cree que hay indicios de actos "irregulares" y se debe hacer una evaluación de lo hecho por este gobierno y sobre los anteriores. "Hay personajes que han intervenido muchas veces en las renegociaciones de deudas", por lo que la Comisión pide al nuevo gobierno que los listados de quiénes tienen los papeles sean públicos y dejen de ser "secreto de Estado". 

El futuro de los sistemas de seguridad social.- Uno de los temas que deben estar en el debate electoral, explica Rodas, tiene que ver con la seguridad social. "Es importante que nos digan qué van a hacer con los pagos al IESS, y cómo van a impedir la quiebra de las instituciones. Están haciendo préstamos para cubrir pensiones sin encontrar soluciones de fondo", explica Rodas. "Debemos conocer a los responsables de manejos perversos sobre la seguridad social, que usaron fondos del IESS hasta para formar partidos políticos". Se debe incluir también la transparencia sobre los contratos que han perjudicado al IESS, al ISSFA y al ISSPOL. Todo esto, dice, se puede hacer con decisiones del Gobierno, por lo que los candidatos deberían pronunciarse al respecto. 


La CNA cree que el nuevo gobierno debe responder sobre sus planes para la seguridad social. Foto: PlanV

Recuperar los dineros que habrían sido robados.- Finalmente, la Comisión plantea que los candidatos se pronuncien sobre mecanismos para recuperar dineros que habrían sido sustraídos de las arcas fiscales. Según Rodas, lo único que parecen haber recuperado en este gobierno es lo que devuelto por el empresario Tomislav Topic, pero no hubo -y el gobierno ya se acaba- la decisión política para buscar los dineros, determinar de qué forma podrían haber sido blanqueados o enviados al exterior. "Ese tema no debe ser olvidado. No debemos quedarnos solo en las denuncias y en los castigos y cuantías menores. El país debe tener una actitud agresiva para recuperar los recursos". Para Rodas, el caso Sobornos sirvió para descubrir "el entramado de la mafia" pero el monto realmente no es significativo. Lo importante ahí, destaca, es actual al ya haber logrado conocer cómo operaba el correísmo en la captación de recursos. Otro eje es que haya la decisión política de cobrar por lo menos 1500 millones de dólares en impuestos que no han sido cobrados. 
 

  Semblanza  

Jorge Rodríguez, el empresario que se
abanderó de la lucha contra la corrupción


Foto: Archivo PlanV

El 19 de julio de 2019, en una carta de renuncia, dirigida a Mesías Taramuez, Jorge Rodríguez Torres anunció  su dimisión irrevocable a la coordinación de la Comisión Nacional Anticorrupción. En la misiva, Rodríguez explicó que la Comisión presentó 17 grandes denuncias, durante cuatro años, sin que ninguna haya pasado de la indagación previa en la Fiscalía, lo que para Rodríguez había creado “una percepción ciudadana de que la arbitrariedad tiene más fuerza que nuestro trabajo, en donde hemos puesto plata y persona, sin aceptar que grupos económicos o políticos, toquen nuestras puertas en el afán de obtener su impunidad”.

Economista de profesión y empresario de seguros, centró buena parte de su vida en torno a su empresa de seguros, Alfaseguros, y dedicó varias décadas a la lucha contra la corrupción en el uso de recursos públicos. Había nacido en Quito, el 17 de marzo de 1945. Murió este 4 de noviembre, en su casa de recreo cerca de Esmeraldas. 

Economista por la Universidad Católica del Ecuador, tenía un posgrado en Comercio Exterior por la Escuela Técnica de Ingenieros y en Política Fiscal por la Escuela Interamericana de Administración Pública (EIAP) de Río de Janeiro Brasil.

Fue funcionario público en el inicio de su carrera profesional, en el Ministerio de Finanzas  y recomendó la creación de la Dirección de Industrias del Ejército (DINE).

También fue vocal de la Comisión de Control Cívico contra la Corrupción, Presidente de la Federación Ecuatoriana de Economistas y Presidente de la Asociación de Economistas de América Latina y el Caribe.

En su carta de 2019, Rodríguez se mostró escéptico sobre los cambios en los organismos de control y acusó al Gobierno de Lenin Moreno de negociar con grupos vinculados a la corrupción: “Lastimosamente constatamos que, cambiadas la mayor parte de cabezas en los organismos de control, los cuerpos siguen exactamente igual. Nadie hace nada para evitar la contaminación, cuyo desvío se agudiza, cuando el actual Gobierno, para conseguir estabilidad, negocia con los mismos grupos una parte del poder”.

Así mismo, Rodríguez fue crítico con el presidente Lenin Moreno y su gestión política, pues sostuvo que “la cirugía mayor a la corrupción, planteada por el presidente de la República, resultó un chiste de mal gusto que nos repiten para ocultar una inacción manifiesta y se oculta en las caretas que se han puesto para disimular el reparto de la cosa pública, asignando puestos y hasta contratos, a todos quienes aceptan el cambio de bando o el mudo y cómplice apoyo a su estabilidad”.

“Avergüenza la comodidad o la indolencia de la mayor parte de los ecuatorianos y me obliga a retirarme”, finalizó Rodríguez, quien aunque luego retiró su dimisión al grupo anticorrupción, en la práctica, se desvinculó durante sus últimos meses de vida del colectivo. En su lugar, la coordinación la ejerce Germán Rodas. 

El abogado Jorge Acosta, quien lo conoció durante varias décadas, lo recuerda como una persona de carácter firme y un empresario serio con sus negocios, así como un convencido de la necesidad de combatir injusticias por su formación y su filosofía personal.

Hombre de acomodada posición económica, fue miembro de un exclusivo club de golf del norte de Quito. Jorge Acosta, quien lo conoció durante varias décadas, lo recuerda como una persona de carácter firme y un empresario serio con sus negocios, así como un convencido de la necesidad de combatir injusticias por su formación y su filosofía personal. Era de aquellos que sostienen que quien no combate la injusticia se convierte en cómplice de ella, recuerda Acosta. Además de en los seguros, tenía acciones en empresas de otros sectores. 

En una entrevista con este portal en 2016, Rodríguez señalaba sobre la Comisión: "la Comisión no solo debe ser sino parecer. No debemos tener financiamiento de grupos políticos ni económicos, ni nacionales ni extranjeros. Cada uno puede tener una doctrina política, pero no podemos hacer política, ni ser candidatos. Debemos tener una labor ciudadana".

Buena parte de su vida profesional la dedicó a la intermediación de seguros y a reaseguros, pero sus denuncias, en especial, durante el correato, motivaron el inicio de lo que consideró una persecución judicial su contra. 

La primera querella fue presentada en la Unidad Judicial Penal con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, por parte de Moisés Obando Rosero el 28 de septiembre de 2015 por presuntas calumnias en contra de Jorge Rodríguez.

El 27 de junio, el juez Salgado Serrano (que por sorteo conoció la causa), negó el pedido de prescripción presentado por la defensa de Rodríguez el 22 de junio de 2016. Posteriormente, y a pesar de no haber sido siquiera mencionado en la denuncia, el 13 de octubre, comparece ante un juez de garantías penales de Pichincha, Esteban Albornoz Vintimilla, ex ministro de Electricidad, para presentar otra querella por presunto delito de calumnias cometido en la rueda de prensa, reclamando como indemnización por concepto de daños y perjuicios no menos de un millón de dólares.

A raíz de esta denuncia, precisó Jorge Rodríguez, la Superintendencia de Compañías, le inició un proceso de auditoría a una compañía de su propiedad, que terminó con la revocatoria de la licencia de funcionamiento de la empresa, por lo que se le declaró en proceso de liquidación.

Días después de que Albornoz presentara su querella, el ex prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, el 14 de octubre de ese mismo año demandó ante un juez de lo civil un supuesto daño moral en contra de todos los comisionados, estableciendo una cuantía de tres millones de dólares. La demanda fue presentada en contra del coordinador de la comisión, Jorge Rodríguez Torres y del comisionado Germán Rodas Chávez.

Este proceso no prosperó debido a que nunca llegó a citarse completamente a los comisionados con el contenido de la demanda. Baroja, en rueda de prensa se refirió a los miembros de la agrupación como “brutitos y estupiditos” asegurando que se habían equivocado en sus acusaciones.

Pero a pesar de estas campañas judiciales, Rodríguez mantuvo el liderazgo de la Comisión hasta su salida en 2019. Le sobreviven su esposa y varios hijos, entre ellos, Felipe Rodríguez, abogado penalista y profesor universitario. 

 

 

 

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