La Fiscalía investiga posibles irregularidades en el manejo de las empresas públicas en el marco de la indagatoria llamada Caso Encuentro. Actualmente, el Estado ecuatoriano tiene por lo menos 12 empresas públicas, siete de ellas en sectores estratégicos. Se busca la huella de posibles contratos realizados por medio de manejos, al parecer ilícitos, para favorecer a personas y empresas que habrían contado con el apoyo de grupos de cabilderos, sobre todo, en Guayaquil.

Se estima que por lo menos desde 2020, la empresa pública CELEC ha firmado 1966 contratos, con un monto aproximado de $512.4 millones. Mientras que los contratos firmados por CNEL serían 2095 con un monto total de $505,8 millones. 

Entre las empresas públicas, siete operan en sectores estratégicos, como es el caso de Petroecuador y Flopec (petróleo) CNT (Telecomunicaciones), CNEL y CELEC (electricidad), Enami (minería) y Empresa Pública del Agua. Además, entre estas empresas están Santa Bárbara (municiones y explosivos), Servicios Postales (correo), Astinave (astilleros), Comunica y Creamos Infraestructura.

Además de las 12 empresas que están operativas, hay otras que están en liquidación: Ferrocarriles del Ecuador, Medios Públicos, Tame, Unidad Nacional de Almacenamiento, Correos del Ecuador y Fabrec. 

Cinco empresas más ya se encuentran cerradas: Centros de Entrenamiento de Alto Rendimiento (promoción deportiva),  Ecuador Estratégico, Siembra EP,  ENFARMA y Cementera del Ecuador. 

Pero, ¿cuáles serían los mecanismos que se aplican para evadir los controles sobre el dinero público y favorecer a grupos de cabilderos, que habrían infiltrado los altos cargos de esas empresas para obtener beneficios? 

La matriz de CNEL en Guayaquil sería el escenario de la acción de cabilderos

Presiones por Whatsapp para "coordinar"

En una reciente denuncia presentada a la Fiscalía, los legisladores que integran el Frente Parlamentario Anticorrupción sintetizaron lo que sería un claro ejemplo de cómo operan estas redes de corrupción en las empresas públicas.

La denuncia relata que un grupo de cabilderos de Guayaquil, presuntamente vinculados al entorno de Leonardo Cortázar, "desde el año 2019 habrían venido ejerciendo presión a varios contratistas para beneficiarse de porcentajes pertenecientes al monto total de los contratos, a cambio de entregar los mismos de forma direccionada e incluso solicitando que las empresas oferentes/contratistas a través de sus representantes legales, sean quienes se encarguen de elaborar los términos de referencia “TDR” para que otras compañías que “concursen/liciten” legalmente, no puedan poseer bienes, servicios o experiencia técnica y por ende queden fuera de los procesos, lo que daría una mejor puntuación por parte de las comisiones técnicas encargadas de elegir la “supuesta mejor oferta” y así adjudicar los contratos a las oferentes previamente orientadas". Es decir, todo un operativo coordinado para amañar los procesos de contratación pública dando la impresión de haber cumplido con todos los requisitos. 

Según relata la denuncia, entre 2018 y 2019 durante el gobierno de Lenin Moreno, la oficina provincial de la Corporación Eléctrica (CNEL) en Babahoyo, tenía previsto contratar la instalación de medidores especiales con telemetría en los grandes clientes del sector eléctrico, con el fin de evitar que se manipulen las lecturas de consumo. Un proveedor de CNEL para esta tecnología, llamado Byron Rojas, había sido convocado a las oficinas de la empresa para exponer cómo funciona el sistema. Fue así que empezaron a presionarlo desde la red de cabilderos que pulula en las empresas públicas.

Rojas relató que empezó a recibir llamadas y mensajes de Whatsapp por parte de Nicolás Garzón y Roberto Bueno, "presuntos operadores de Leonardo Cortázar", según indican los legisladores.

En el marco del diálogo, que quedó registrado en la red de mensajería, Garzón le envió a Rojas un archivo con los términos de referencia del concurso para la telemetría en la empresa eléctrica, que supuestamente era reservado. Le indicó al proveedor que "amigos suyos tienen ese tema" y que quería hablar con él por ser "de mutuo interés". Según han podido establecer los legisladores, Nicolás Garzón también había sido contratista de CNEL,  y meses después de estos hechos, en julio de 2020, obtuvo dos contratos por $5.6 millones. 

El Frente Parlamentario precisó que "el señor Garzón poseía información que no era de dominio público, porque el proceso de Telemetría no estaba en el portal de compras públicas del SERCOP, pero el señor Nicolás Garzón Zambrano tenía acceso a esta información de carácter confidencial". Las llamadas y mensajes de Garzón continuaron durante todo ese mes, mientras Rojas grabó una conversación en la que el individuo, quien no era funcionario de CNEL, decía con algunos rodeos que sus "amigos" tenían la posibilidad de decidir sobre la adjudicación, por lo que querían "coordinar" con el contratista, dejando entrever algún tipo de acuerdo económico. En ese mismo mes, otro individuo, llamado Roberto Bueno, quien afirmaba estar en las oficinas de la matriz de CNEL en Guayaquil, insistía en hablar con Rojas sobre el contrato de telemetría. Por "seguridad" lo citaba en un MacDonalds cercano.  No lograron verse ahi, pero el cabildero insistía en verlo en el mall San Marino. Ante las preguntas de Rojas de quién era y qué rol tenía en la trama, Bueno le contesta: "Hermano esto es muy sencillo, el proceso de los Ríos está listo, los otros dos están recién están naciendo, tú elaboraste los pliegos y están muy bien realizados, yo por lo general no existo, Nicolás Garzon se contactó contigo hace unas semanas justamente para organizar esos procesos".

Al parecer, Rojas nunca se reunió con los cabilderos, a los que aclaró que él no había redactado los términos de referencia, pero a los pocos días, el concurso fue declarado desierto por CNEL Los Ríos. 

Para los legisladores del Frente, hay una relación causal entre ambos hechos: "en virtud que el Ing. Byron Rojas, no accedió a las presiones por parte de los presuntos operadores del señor Leonardo Cortázar Arcos, dicho proceso de contratación para la Unidad “Los Ríos”, posteriormente a su publicación en el portal de compras públicas del SERCOP, este fue declarado desierto el 18 de junio de 2019".

Rojas no concurrió ante la justicia a denunciar el caso, sino ante el gremio de ingenieros eléctricos del Guayas, en donde presentó los chats y las grabaciones que habían sido realizadas en su teléfono. En respuesta, Garzón, quien forma parte de ese mismo gremio, le puso una demanda por daño moral. En el marco de ese proceso, Garzón señaló que en CNEL, son los propios contratistas los que hacen los términos de referencia, algo que deben hacer los funcionarios de la entidad.

En la teleraña de la corrupción: las etapas de la trama y los delitos cometidos 

Un reciente informe sobre la situación de las empresas públicas al que tuvo acceso este portal, pone en evidencia una serie de actores involucrados en este tipo de prácticas, en un sector que es especialmente vulnerable por vacíos legales heredados de la forma en la que se concibió el manejo de las empresas públicas, algunas de las más importantes creadas en la época de las dictaduras militares como apéndices del Ministerio de Defensa y el Ejército.

El documento establece por lo menos tres momentos en los mecanismos de corrupción en las empresas públicas. En primer lugar, la conformación de asociaciones ilícitas por medio de acuerdos secretos  entre empresarios privados y funcionarios públicos, en el marco de los cuales se cometen delitos como cohecho y concusión. En esta etapa participan sobre todo los propios proveedores de bienes y servicios que van a adquirir las empresas, quienes son los que propician procesos de cabildeo e intermediación con los funcionarios del Estado.

La segunda etapa es la operacionalización de este tipo de acuerdos secretos, diseñados desde el exterior de las empresas con el fin de obtener los contratos y el lucro. En esa parte de la trama participan funcionarios públicos que ejercen poder e influencia e intermediarios finales, que se encargan de diseñar los estudios previos y las necesidades precontractuales y contractuales para justificar el uso del dinero público. En esta etapa se verifican la colusión con los proveedores, el ajuste de los precios a la medida de las ofertas y la entrega de los recursos públicos, que se verifica por medio de los pagos de las empresas públicas. Buena parte de los anticipos son sacados del país, y los recursos cobrados en exceso sirven para pagar coimas a todos los actores del proceso, pues su objetivo final es obtener recursos ilícitos par beneficio personal.

Una tercera etapa se verifica cuando se denuncian este tipo de negocios. Las denuncias de estos casos provienen, como resulta obvio, de funcionarios que se negaron a participar en los negocios ilícitos, de los proveedores que perdieron debido a los acuerdos secretos, o de quienes no fueron beneficiados por pactos políticos.

Son varios los delitos cometidos en el camino, lo que permitiría la investigación y sanción de este tipo de tramas, entre ellos, peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, testaferrismo y lavado de activos, por lo que el informe recomienda sobre todo la acción investigativa de la Fiscalía, la Unidad de Análisis Financiero y de los organismos de control, como la Contraloría General del Estado.

De su lado, en un reciente comunicado, la Contraloría informó sobre acciones de control en las empresas públicas que se encuentran activas. La Contraloría dijo que desde junio de 2021, aprobó 117 informes generales de auditoría y remitió a la Fiscalía 23 informes con indicios de responsabilidad penal. Además, se predeterminaron responsabilidades por USD 251 millones en cinco empresas públicas estratégicas.

Agregó que desde junio de 2021, emitió órdenes de trabajo para realizar acciones de control en Petroecuador, en la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), en la Corporación Nacional de Electricidad (Cnel), en la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y sus subsidiarias, por lo que en 19 meses se aprobaron 117 informes generales de auditoría y se remitieron a la Fiscalía 23 informes con indicios de responsabilidad penal. Además, 43 acciones de control están en ejecución y 36 forman parte del Plan Anual de Control 2023.  Hasta el momento, estos exámenes predeterminaron responsabilidades civiles y administrativas por USD 251 millones.

La empresa en donde más informes aprobados, en ejecución y planificados para 2023 hay es Petroecuador con 91, seguida de CNEL con 77, Celec con 39, y Flopec con 12, dando un total de 219.

La Contraloría ha realizado varios exámenes especiales a las empresas públicas como Petroecuador  Foto: Reuters

El mecanismo, según el Informe Verdesoto

Denostado desde Carondelet como una recopilación de "especulaciones" más que de hipótesis, el Informe Verdesoto, que provocó la salida del ex secretario anticorrupción, Luis Verdesoto, describía por lo menos siete situaciones en las que se evidenciarían los modus operandi en las empresas públicas.

El primero de esos elementos descrito por Verdesoto fue denominado "franquicia": "Supone la “entrega” del “usufructo y control corrupto” de empresas públicas o sus gerencias a un particular o grupo. La corrupción se materializa mediante retribuciones temporales programadas, a favor del individuo o nivel directivo que adopte decisiones u operaciones corruptas. La retribución por “franquicia” supone pago de una mediante, “cuota constante”, directa o pactada, a favor o concertada entre los niveles gerenciales".

El segundo elemento presente serían las compensaciones: "Se asocia a la posible preparación de las decisiones gerenciales de alto nivel de las empresas públicas, quienes, sugiriendo, imponiendo o aprobando proyectos, devienen en contratos carentes de fundamento técnico. Este entramado de acciones cumple una finalidad corrupta enfocada en concertar términos contractuales direccionados e ilícitos. Para concretar este objetivo, se requiere el intercambio de “equivalentes”. Es decir, una compensación o retribución corrupta, que se intuye requiere aprobación por los directorios".

Luis Verdesoto formuló siete hipótesis sobre cuál sería el modus operandi de la corrupción en las empresas públicas.  Foto: PlanV

Un tercer aspecto fue denominado como direccionamiento y consiste en que "Un agente interno (funcionario) de la institución, por ejemplo, podría tratarse de la máxima autoridad (EMCO), quien podría haber “direccionado” términos de referencia de los contratos (modalidad tradicional), sus resultados o repartido los beneficios ilícitos de ciertas operaciones. La competencia desleal e ilícita, cierra un proceso de corruptelas que intuimos está plagado de necesidades contractuales irregulares, fraguadas por el régimen contractual, comité de aprobaciones y el administrador de contrato".

El cuarto indicio fue descrito como la competencia coludida: "En los concursos corruptos podría observarse una competencia imperfecta por el manejo de tiempos, que persiga orientar hacia un número de oferentes; requisitos que garantizarían un resultado previamente arreglado mediante “direccionamiento” a favor de un determinado oferente o proveedor; y, un arreglo corrupto entre oferentes (todos o una parte) para simular condiciones de competencia".

La quinta práctica podría ser la presencia del grupo corrupto: "La rotación de personal puede deberse, total o parcialmente, a un asentamiento de la meritocracia. A su vez, la renuencia a la rotación de personal podría ser sintomática de lo ocurrido cuando grupos articulados se distribuyen beneficios corruptos. Por otra parte, el ingreso de personal “leal” a una gerencia puede servir para “agilizar” lo actuado durante el período de una determinada autoridad. El funcionamiento y dirección del grupo corrupto puede ser directo o indirecto, por parte de la máxima autoridad o sus operadores. El poder, alcance e influencia de un grupo corrupto puede erigirse con asistencia de agentes externos o internos a la empresa".

El sexto elemento de este tipo de mecanismos es el lavado de activos: "la creación o utilización de empresas para participar en la contratación pública podría convertirlas en vehículos para el lavado de activos, operación que se concretaría en la provisión de bienes o servicios al Estado. Especialmente en temas de difícil trazabilidad (origen). Esta modalidad operaría básicamente desde la injerencia externa de grupos de interés a través de cabildeadores, la permisividad de la autoridad y un entramado de conexiones accionarias".

Finalmente, la última práctica descrita por Verdesoto y que podría estar operando en este tipo de esquemas de corrupción fue el conflicto interempresarial: "Un holding es una sociedad financiera para el control de acciones de un grupo particular, algo común en el sector privado. Un “holding estatal” cumpliría, como función principal, la coordinación entre empresas públicas, optimizando su rendimiento y resultados. La figura de un holding estatal requiere mayor análisis para determinar su lugar dentro de la gobernanza estatal. Por su origen privado, un holding absorbe poderes diferenciados a los de un directorio. Aplicado al sector público, un holding efectivamente puede sustituir al directorio de las empresas públicas, generando conflictos de interés entre empresas".

Verdesoto había señalado también cómo durante la administración de Lenin Moreno este creó el esquema con el que funciona la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas, que oficializó mediante un decreto de mayo de 2020, al concentrar el poder de decisión en el presidente del Directorio de EMCO, podría haber contribuido a la construcción de redes de corrupción en el sector.