Un informe detallado lleva un nombre clave militante y culinario: "arroz verde". Se trata de lo que supuestamente es la minuciosa contabilidad que dos operadoras del correísmo y asesoras de la Presidencia de la República, llevaban de dineros que recaudaban a grandes empresas transnacionales con contratos en el país, entre ellas, la brasileña Odebrecht, conocida en la región por sobornar políticos y financiar campañas, "cortesía" que luego les era compensada con contratos de obra pública en el Ecuador.

La información fue publicada por el portal La Fuente y el portal Milhojas.is bajo la autoría de Fernando Villavicencio y Christian Zurita, y destaca lo que podría definirse como el modus operandi de la empresa electoral en la que se convirtió el correísmo, tras más de una década en el poder. 

El informe, que fue reseñado por Villavicencio y Zurita, evidencia cómo se financiaba Alianza PAÍS durante la campaña electoral de 2013, en la que Rafael Correa ganó la presidencia en binomio con Jorge Glas. El binomio se posesionó el 24 de mayo de 2013. 

Esa sería la última campaña presidencial de Correa, pues, en la siguiente, que tuvo lugar en 2016, el oficialismo postuló a Lenín Moreno, en binomio con Jorge Glas, quienes se posesionaron el 24 de mayo de 2017. 

Según destaca el documento publicado por La Fuente y Milhojas, en febrero de 2014, la ex jueza de la Corte Constitucional y asesora en la Presidencia de la República, Pamela Martínez Loayza, recibió un correo electrónico con un archivo en Excel. En el documento estaban reseñados los aportantes y los gastos de la pasada campaña electoral de 2013, según asegura La Fuente. Además de eso, los periodistas pudieron acceder a correos electrónicos de la ex jueza constitucional, en donde se comunica con altos ejecutivos de la empresa Odebrecht. 

El binomio Rafael Correa y Jorge Glas se posesionó el 24 de mayo de 2013. Sería la última presidencia de Correa.

Los aportes habrían sido recibidos, según el detalle, entre noviembre de 2013 y febrero de 2014. Este rango de fechas ha motivado que el ex presidente Rafael Correa y abogados de su entorno como Eduardo Franco Loor, hablen de incoherencias en la fechas, pues Correa recuerda que ganó las elecciones el 17 de febrero de 2013 y que se posesionó el 24 de mayo de ese mismo año. Es decir, los supuestos aportes para la campaña y pagos a proveedores se habrían producido varios meses después de que terminó la campaña electoral y cuando el ex presidente ya gobernaba. ¿Quién cubrió los gastos hasta tanto? ¿Los proveedores esperaron varios meses para que se les pagara por los productos de la campaña? La razón de que los aportantes hayan pagado luego de la campaña sería que varias empresas condicionaban su aporte a que el Gobierno correísta les cumpla con lo ofrecido, luego de lo cual hacían el pago. 

En todo caso, el detalle de la información obtenida parece ser significativo. En primer lugar, La Fuente pudo identificar a varios de los recaudadores del dinero verde, como serían el ex vicepresidente Jorge Glas, quien según un ex ejecutivo de Odebrecht pedía dinero para gasto electoral y los ex ministros del correísmo María de los Ángeles Duarte y Walter Solíz. 

Cuatro mujeres actuaban como operadoras del dinero correísta, según el reportaje: María Pamela Martínez Loayza (asesora de Rafael Correa), María Augusta Enríquez Argudo (mano derecha de Vinicio Alvarado) y las asistentes de la Presidencia de la República  Laura Terán Betancourt y Victoria Andrade.

En total, los cajeros de Alianza PAÍS habrían recaudado hasta 11,6 millones de dólares usados para cubrir gasto electoral, encuestas, camisetas, pagos a abogados, entre otros. Las empresas donantes serían la Constructora Norberto Odebrecht (código V7), SK Engineering & Construction (V8), Sinohydro Corporation (V14), Grupo Azul (V12), Telconet (V11), China International Water & Electric Corp-CWE (V9), la constructora nacional Fopeca, la Constructora Semaica y Sanrib Corporation (V10). Todas estas empresas están relacionadas a la obra pública, los negocios petroleros y la intermediación con empresas de China. 

Según La Fuente, se habría manejado "un monto total levantado por 11’670.000 dólares de un total de 14.1 millones de dólares proyectados, dividido en $4’680.000 en efectivo y $7’010.000 a través del método de cruce de facturas".

El dinero en efectivo fue entregado en su mayoría por la empresa brasileña Odebrecht, que habría aportado hasta 2,5 millones de dólares, entre el 9 de septiembre y el 18 de diciembre de 2013. 

De su lado, la empresa china SK Engineering & CO llegó a entregar por lo menos un millón 500 mil, mientras que en enero de 2014 la empresa Telconet, de Tomislav Topic, entregó USD 500 a la caja oficialista. El Grupo Azul, una empresa petrolera, donó USD 20 mil en septiembre de 2013, mientras que la empresa china Sinohydro entregó USD 400 mil en enero de 2014. La empresa china entregó hasta USD 100 mil por medio del pago de facturas de los contratistas de PAÍS. 

Un de las razones por las cuales los pagos se hicieron luego de la campaña electoral podrían tener que ver con que algunas de las empresas condicionaban su aporte a que, antes de darlo, les cumplan los funcionarios correístas con lo acordado. Así, La Fuente precisa que "La estatal China International Water & Electric Corp-CWE (V9), a través de su representante José Alvear Icaza, se comprometió con Jorge Glas-L1 a cancelar $1’000.000 como aporte al movimiento político. Sin embargo, el 19 de noviembre de 2013 Juan Carlos Wang, director de CWE y José Alvear, indicaron que aportarán cuando reciban la adjudicación del contrato ofrecido. En la base de datos de voluntarios se encontró la empresa Lagerfeld S.A, cuyo gerente general es el hijo de José Icaza, Ricardo José Alvear Zenck, y como nexo a la organización estaba Myrian Elizabeth Sáenz Capovilla. La compañía china CWE en consorcio con la rusa Inter Rao, fue contratista del proyecto Toachi Pilatón".

Los pagos de Alianza PAÍS y los aportes de empresas en especie

Pero a ¿quién iba el dinero recaudado a las empresas transnacionales? El detalle que llegó al correo de Pamela Martínez consigna un detalle parcial con algunos de los beneficiarios. Así, Alexis Mera, un abogado de Guayaquil que se desempeñaba como secretario jurídico de la Presidencia, "recibió $265.000 por concepto de “servicios jurídicos verdes”, repartidos en tres partes: el 23 de septiembre de 2013, $85.000; el 2 de diciembre de 2013, $80.000 y el 7 de enero de 2014, $100.000", dice La Fuente, mientras que los gastos de campaña de Viviana Patricia Bonilla Salcedo, ex candidata a la Alcaldía de Guayaquil y actual asambleísta del correísmo, fueron cuantificados en $320.000 para apoyar los comicios seccionales de febrero de 2014. La ex ministra María Duarte también habría recibido una cantidad similar para financiar el trabajo político y las convenciones de PAÍS en el Guayas. 

Además del dinero en efectivo, las empresas aportantes pagaban cuentas de la campaña pagando directamente a los proveedores. 

Pamela Martínez intentó salir del país tras conocerse la denuncia, pero fue retenida y enviada a Quito. 

Una de las empresas que supuestamente incurrió en esta práctica sería Fopeca. Al respecto dice La Fuente: "la empresa FOPECA pudo haber aportado $240.000, utilizando algunos códigos registrados al costado de los valores tales como MAE, VB y Corcho. Estos códigos posiblemente correspondían a María Augusta Enríquez (ex coordinadora presidencial en 2013), Viviana Patricia Bonilla Salcedo​ y a Fernando Cordero Cueva, ​con el objeto de cubrir gastos relacionados al movimiento Alianza PAIS". Fopeca podría haber hecho gastos como $60.480 por honorarios profesionales y marketing publicitario de la campaña a la agencia de los hermanos Alvarado, Creacional. La misma empresa habría pagado "$18.816 por la factura No. 1013 de Presentaciones Tafur por servicio de estampado de uniforme" y a Wendy Vanessa Vera Flores (una presentadora de Guayaquil) la cantidad de $6.720 por "pistas publicitarias". Fopeca habría pagado también las encuestas de la campaña de Viviana Bonilla, el 12 de diciembre de 2013,  a la empresa  IMASEN con un valor de $19.600 con comprobante.

La constructora Sevilla y Martínez, Semaica, habría pagado por lo menos 50 mil a la empresa Vértigo Films, también relacionada con los Alvarado, por servicios publicitarios de la campaña.

Entre el 4 de diciembre de 2013 y el 5 de febrero de 2014, se pagó  $16.000 para la operación de un "Escuadrón Verde Operativo" una suerte de seguridad privada de los jerarcas correístas en campaña. 

La tremenda jueza y la acción de la Fiscalía

Luego de su paso por la Presidencia de la República en 2014, en donde supuestamente administró las cuentas del correato, Pamela Martínez Loayza fue electa jueza de la Corte Constitucional en octubre de 2015 cuando se debían renovar tres jueces de la Corte Constitucional.

Correos obtenidos por La Fuente y a los que también ha tenido acceso la Fiscalía evidencian que, al parecer, la mujer aceptó una invitación de por lo menos nueve días al Brasil por parte de Odebrecht en febrero de 2013. 

Martínez, luego de su paso por la Presidencia, postuló para la Corte Constitucional, y obtuvo una puntuación perfecta de 100/100, luego fue electa vicepresidenta de la Corte. De ella, como de los otros nuevos jueces, se criticaba su cercanía con el régimen.

El portal Milhojas recuerda sobre esta abogada de Guayaquil: "En los años de la llamada partidocracia, cuando el Colegio de abogados del Guayas estaba bajo el mando de Ángela Albán -allegada al Prian- hizo su aparición Pamela Martínez. Amiga entrañable e íntima de Albán y del juez Ángel Rubio –exPSC- les solicitó con un puesto en el Colegio de Abogados, ente que siempre fue su obsesión. Llegó a ser Secretaria del Colegio de Abogados con ella. Pamela actualmente es la presidenta del comité de damas del Colegio de Abogados, toda vez que Jimmy Salazar actual presidente del gremio –afín al régimen-, es su esposo"

Milhojas agregó también que "en su juventud, Pamela y su hermano pertenecieron al mismo grupo de Boy Scouts del presidente Rafael Correa a quien lo trata de “hermano mayor”, así como trata de “hermano menor” a varios funcionarios del gobierno que también fueron Boy Scouts".

"Posteriormente, ingreso a la trabajar en la Universidad de Guayaquil al área administrativa, hasta que fue llevada  a la Presidencia de la República a trabajar con Rafael Correa en calidad de Asesor 1. Siempre tuvo su domicilio legal en Guayaquil, sin embargo, en la Presidencia de la República se le autorizaba el pago de viáticos por supuestamente trasladarse a Guayaquil a varias audiencias", puntualiza el portal colega.

El portal destaca también que la abogada tenía un programa de televisión en el canal TC, dedicado a temas legales, y que se comentaba en el Puerto Principal de su cercanía con Néstor Arbito, mano derecha de Gustavo Jalkh en el Consejo de la Judicatura. Cuando fue jueza constitucional, destacó Milhojas, la abogada despachaba desde un edificio en el centro de Guayaquil, y organizaba eventos en el Bankers Club. 

Tras conocerse la publicación de La Fuente, la ex jueza fue detenida la madrugada del 4 de mayo, cuando intentó tomar un vuelo al exterior desde el aeropuerto de Guayaquil. La ex jueza y la ex asesora Laura Terán, una persona de confianza suya que trabajó con ella en el Palacio de Gobierno y en la Corte Constitucional, fueron detenidas.

El abogado Eduardo Franco Loor cuestionó las denuncias publicadas por La Fuente. 

La Fiscalía explicó, en un comunicado, que "Las procesadas formarían parte de una presunta organización conformada por funcionarios públicos y personas jurídicas privadas, que habrían mantenido relaciones contractuales con el Estado. Entre los principales elementos de convicción expuestos por la Fiscalía están las versiones de las procesadas, partes policiales, la extracción  y materialización de correos electrónicos entre Pamela M., Laura T. y Geraldo Pereira de Souza, representante de Odebrecht en el país, que refleja una relación estrecha entre los tres. Asimismo, consta una pericia informática forense, informes del Servicio de Rentas Internas (SRI), un reporte de los movimientos migratorios de Pamela M. el cual indica que desde 2008 a 2019 realizó 122 viajes a países como Argentina, Francia, India, Estados Unidos, China, Chile, entre otros". Curiosamente, la Fiscalía no menciona en su detalle el viaje que la ex jueza habría realizado al Brasil, invitada por Odebrecht. 

Para la Fiscalía, se podrían haber cometido delitos tales como "asociación ilícita, cohecho y tráfico de influencias" con el agravante de un "concurso real de infracciones". La Fiscalía allanó "cuatro inmuebles en Quito (dos domicilios y dos empresas) y tres más en Guayaquil (una vivienda, una empresa y un estudio jurídico)", en conexión con la trama de Arroz Verde. El 6 de mayo, en cambio, se allanó un estudio jurídico que podría estar vinculado a Alexis Mera Giler. 

El caso sacudió también al Colegio de Abogados del Guayas, en donde se convocó una reunión para pedir la destitución de Jimmy Salazar, esposo de la ex jueza de la Corte Constitucional. 

De su lado, el ex presidente Rafael Correa dijo en Twitter: "Yo gané las elecciones el 17 de febrero de 2013, y fui posesionado el 24 de mayo. Si ustedes ven, son tan torpes, que dicen que los “aportes” fueron desde noviembre de 2013, es decir... ¡cuando yo ya era presidente! ¡Hay que pedirle a la CIA les financie mejores asesores!". Correa agregó a su tuit un vídeo en donde acusó a los periodistas Villavicencio y Zurita de haber cambiado de opinión sobre su primera publicación del caso Ina Papers, y reiteró que "no tiene lógica" que los supuestos aportes de Odebrecht se hayan realizado luego de que ya ganó las elecciones, cuando, en su opinión, debieron ser antes. 

Correa cuestionó también las acciones de la Fiscalía, en especial, la detención de sus ex asesoras en Carondelet: "En cambio, con Ina Papers, no han hecho absolutamente nada, pese a tener el número de cuenta en la que está depositada la plata de la corrupción, y con la cual financiaban los lujos de Moreno y su entorno 8..)  Estas contribuciones no existen en los testimonios de Odebrecht.
Si ahora dicen que sí, se les cae el caso Glas. Si dicen que no, se cae el nuevo show.
Veremos" finalizó el ex presidente.

"He hecho dos publicaciones que vinculan al círculo presidencial de Lenín Moreno donde aparecen pagos de $18,3 millones de la misma compañía que le paga a Correa: Sinohydro, que le paga a Conto Pazmiño, amigo personal de Moreno, que tiene en su entorno un laberinto de empresas offshore... Y también se puede evidenciar que hay aportes de campaña para el proceso presidencial último de Moreno y Glas que no han sido reportados al CNE; es decir, estamos viendo algo similar entre el caso Arroz Verde y el caso INA Pappers, por eso la fiscal Salazar también tiene que ponerle el ojo a estos aportes para la campaña de (Lenín) Moreno y (Jorge) Glas", agregó Villavicencio en declaraciones a Radio City de Guayaquil. Villavicencio precisó también que los datos sobre los aportes a Alianza PAÍS se remontan a 2011 y otros años previos a la campaña de 2013. 

También el abogado de Pamela Martínez, Edgar Molina, cuestionó las evidencias presentada por la Fiscalía Nacional, las cuales sirvieron para pedir prisión preventiva para la ex jueza constitucional y asesora de Rafael Correa. Molina dijo que las pruebas se basaban en la información emitida por un portal (www.milhojas.is) que ha obtenido sus informaciones de manera ilegal, información crakeada; pruebas que por ser obtenidas de esa manera no constituyen evidencia judicial. 

Estos son los indicios con los que cuenta la Fiscalía contra Pamela Martínez y Laura Terán:

-Hoja de Excel impresa con pagos al abogado Alexis Mera, Viviana Bonilla, María Duarte, Amelia Duarte.
-Publicación del portal Mil Hojas.
-Consignación fotográfica de correos.
-Decretos ejecutivos de nombramientos a funcionarios.
-Informe técnico pericial CNML-CF-LCCF-Z9-INF.
-Correos entre (Geraldo Luiz Pereira) De Souza (exdirectivo de Odebrecht) con la señora Pamela Martínez.
-Correos electrónicos de Laura T. a varias personas.
-Correos de Pamela Martínez.
-Informe Ejecutivo ampliado del Servicio de Rentas Internas (SRI).
-Informe ejecutivo ampliado NEXOGLOBAL S.A.
-Versiones de Pamela María Martínez y Laura T.
-Ampliación de la versión de  Pamela María Martínez Loayza.
-Identificación de inmuebles mediante parte informativo, de un inmueble de la compañía SAN RIP CORPORATION, vivienda de la señora Laura T.
-Actas de Allanamiento de varios inmuebles, en especial se hace referencia a la empresa COPEC S.A, la cual era beneficiaria de algunos contratos estatales.
-Verificación de la Unidad de Anti Lavado de Activos, donde se hace referencia a Pamela Martínez y Laura T. Martínez poseería cinco vehículos, así también se establece de la verificación de las declaraciones del Impuesto a la Renta, según el informe ampliado del SRI, donde determina varios valores a diversos proveedores.
-Movimientos migratorios de Pamela Martínez a países como Argentina, Bolivia, Brasil, China, Jamaica, Panamá, República Dominicana, Suiza, registrando 122 movimientos migratorios.
-En relación a Laura T. se determina que en la relación de dependencia del 2012 al 2018, donde se determinan actividades con varias empresas relacionadas con Odebrecht.
-Acta de Allanamiento de SANRIP, que tiene relación directa y contrataciones con Ecuador.