Dos contra tres. El Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) transitorio se convirtió de plano en un campo de batalla la semana pasada, cuando los vocales Juan Pablo Albán y Angélica Porras, por un lado, y el presidente del organismo, Marcelo Merlo, junto con Aquiles Rigail y Zobeida Aragundi por otro, evidenciaron dos visiones contradictorias sobre cómo se debe administrar el sistema judicial del país, sobre el que hay severas dudas sobre su imparcialidad, probidad y hasta competencia profesional. 

Las discrepancias entre el enfoque de Albán, un catedrático de la Universidad San Francisco de Quito, al que luego se sumó Porras, y los otros tres vocales del CNJ transitorio se volvieron evidentes desde el principio, cuando Albán cuestionó que Rigail hubiera mandado oficios a la justicia del Guayas para pedir explicaciones sobre algunos procesos. Las pugnas por qué hacer con los tribunales de la provincia costeña han marcado la gestión del CNJ transitorio, que deberá estar en su cargo hasta que el Consejo de Participación transitorio, que preside Julio César Trujillo, de paso a la conformación de una Judicatura definitiva.

Albán, quien se convirtió en la voz crítica del CNJ, había cuestionado públicamente a Merlo y Rigail por algunas de sus visiones sobre el manejo de la justicia de Guayaquil, lo que finalmente se desbordó en una feroz discusión en el propio Pleno del organismo. Los dos abogados se acusaron mutuamente en una discusión subida de tono cuya grabación fue hecha pública. Esa misma tarde, en el piso 13 del edificio de la Judicatura, Albán y Porras ofrecieron una rueda de prensa en una sala de espera frente a sus despachos.

Ahí hicieron algunas precisiones a Juan Vizueta, un abogado de Guayaquil que había sido nombrado director general del CNJ. Vizueta, conocido por su patrocinio a algunos procesos de anticorreístas, había sido acusado de injerencia en un proceso judicial en Guayaquil. El director general respondió pidiendo la renuncia de Porras y amenazando con demandarla, al tiempo que no descartó renunciar también para enfrentarla en los tribunales. Finalmente no renunció, pero sí pidió una licencia.

De ahí que Albán y Porras presionaran para que Vizueta responda a sus acusadores. De la sesión salió molesto Rigail, tras un cruce de palabras contra Albán que alguien grabó y subió a las redes sociales. En la grabación, ambos se mandan, literalmente, "al diablo", y Rigail trata a Albán de "majadero y mangajo". Rigail declaró que, luego, presentó sus "sentidas disculpas" al otro vocal.

Esa tarde, antes de que se conozca los subidos términos de la discusión, Albán y Porras hicieron algunas precisiones. En primer lugar, defendieron su derecho a exigir que toda denuncia contra actuales funcionarios del CNJ sea investigada. Las injerencias y la falta de transparencia no se han acabado con el correato, sostuvieron ambos vocales, ni hay la transparencia que sería de esperar. En la rueda de prensa, Juan Pablo Albán, quien había aceptado la designación con la condición de que duraría muy poco tiempo, pues estudia un doctorado en una universidad de los Estados Unidos, confirmó que su último día en la Judicatura es el viernes 21 de septiembre. A su lado, Porras no descartó renunciar, ante la posibilidad de quedarse sola ante el inflexible triunvirato conformado por Merlo, Rigail y Aragundi.

La salida de los dos vocales críticos significaría un reacomodo en el CNJ. Como no se nombraron suplentes, lo más probable es que sea el Consejo Transitorio presidido por Julio César Trujillo el que nombre a sus reemplazos por simple designación. En medios judiciales se dice que una de las personas más opcionadas para ocupar el cargo de Albán es la ex jueza Gladys Terán. Trujillo, de su lado, anunció que la vida del CNJ transitorio podría ser más corta de lo que parece: anunció que ante las disputas el Transitorio ya tendría lista la normativa para designar a un CNJ definitivo. 

El miércoles 19 de septiembre, el Consejo de Participación Transitorio limitó las atribuciones de la Judicatura envuelta en la polémica, y le prohibió evaluar a la Corte Nacional de Justicia. 

Angélica Porras y Juan Pablo Albán saldrían de la Judicatura transitoria esta semana. Sus reemplazos serían cercanos a la actual mayoría. 

Pero, ¿qué pasó con el CNJ transitorio que ha terminado a los gritos? Aquí algunas claves.

La justicia del Guayas, el foco de las pugnas

La mayoría de las tensiones parecen provenir de asuntos relacionados con juicios que se ventilan en Guayaquil. Vizueta, abogado conocido en el foro costeño, fue acusado por la familia de las víctimas de un accidente de tránsito de injerencia en un proceso, lo que provocó su enfrentamiento con los vocales Albán y Porras. Rigail, al principio de su gestión, mandó dos cartas pidiendo información sobre procesos del Guayas, lo que Albán consideró una intromisión. Merlo, de su lado, destituyó a una jueza que instruía el caso contra el ex ministro del actual Gobierno Iván Espinel, en un hecho que se consideró idéntico a las acciones de Gustavo Jalkh.  Albán acusó a Rigail de cambiar a todos los jueces de Samborondón, una importante unidad judicial en las cercanías de Guayaquil. A la pugna se han sumado abogados como Joffre Campaña, que han respaldado a Vizueta y denostado a Albán, y el periodista Carlos Vera, quien también ha defendido las acciones de la mayoría del CNJ. Las tensiones han llegado al extremo de que se ha insinuado que Albán, una de las figuras del activismo judicial que combatió al correato, se había vuelto de repente correísta. Tras las disputas parecen aflorar intereses locales y regionales no resueltos que hacen un intenso cabildeo en la capital y en el seno del CNJ.

El error inexcusable sin solución

La situación de por lo menos 700 personas, entre jueces y funcionarios judiciales a los que el CNJ de Gustavo Jalkh aplicó el error inexcusable ha pasado a segundo plano en medio de los forcejeos por los juicios en los tribunales del Guayas. Al respecto, Albán estimaba al principio de su gestión que "no se puede meter a todos en un mismo saco, por lo que no podemos reincorporar a todos de un plumazo. De las 700 personas que fueron destituidas sí hay algunas que merecen sanciones por faltas bastante serias en lo administrativo y en lo ético". La presión gremial, nuevamente desde la Costa, insistía en que prácticamente todos los funcionarios judiciales castigados por Jalkh debían ser simplemente repuestos en sus cargos sin más trámite. Del tema fueron encargados en el Pleno Merlo y Rigail, pero hasta la fecha no han presentado una propuesta sobre qué hacer con esas personas.

Aunque se conoce de que por lo menos 170 personas fueron virtualmente perdonadas por una de las últimas resoluciones de Jalkh, todavía no queda claro si se reincorpora a todos de golpe, si se analiza caso por caso o si no se toma ninguna decisión. Pero la potestad del error inexcusable sigue intacta, y fue la que invocó Merlo para destituir a la jueza del caso Espinel, quien le quitó las medidas cautelares al ex ministro de Inclusión Social, procesado por presunto enriquecimiento ilícito en Guayas. 

La fiscalización del CNJ anterior, paralizada 

Poco se ha avanzado también la fiscalización de las acciones del CNJ anterior, en especial, de las medidas tomadas por Jalkh y su CNJ. Cosas como sobreprecios en las adquisiciones de bienes, en las expropiaciones de terrenos para edificios judiciales, el tráfico de influencias para obtener resultados en ciertos procesos, la venta de bancos de preguntas,  la operación de una estructura que cobraba por la asignación de puestos, entre otras cosas, han sido objeto de investigación pero hasta el momento no se han tomado acciones concretas. Albán y Porras preparan para esta semana una última gestión: concurrirían a la Fiscalía con los informes, que ya existen, sobre sobreprecios en infraestructura, y en la implementación de sistemas informáticos, como Justicia 2.0. Lo harían a título personal, pues aunque el Pleno ha resuelto esa fiscalización, es otra cosa que no parece avanzar. 

La evaluación de los jueces nacionales, en el limbo 

Evaluar a los magistrados judiciales era otra de las tareas pendientes de la Judicatura. Tras la semana de incidentes y tensiones, resolvieron que se debe evaluar, en primer lugar, a los 21 jueces de la Corte Nacional de Justicia. Marcelo Merlo anunció que se iniciará el proceso a la brevedad posible, investigando fundamentalmente las cuentas y los bienes de los magistrados. También se busca analizar la calidad se las sentencias, siguiendo criterios técnicos. Para ello, se han pedido informes de la Unidad de Análisis Financiero y de la Contraloría y se han previsto la presencia de veedurías de académicos, del Colegio de Abogados de Pichincha y del propio Consejo de Participación transitorio. Se había planteado que la evaluación debía extenderse a los magistrados de las Cortes Provinciales, pero eso no se ha concretado. Por lo pronto, Merlo ha expresado su decisión de que la evaluación sea pronto, pues la Corte Nacional es una de las entidades que debe mandar una terna para conformar el Consejo de la Judicatura definitivo, y, en su opinión, la Corte bajo la lupa no debería hacerlo. 

Las críticas a la Judicatura, sin embargo, motivaron que el proceso de evaluación quede en nada: el Consejo de Participación Transitorio le quitó a la tambaleante Judicatura la potestad de hacer la evaluación de jueces, y en especial, la de la Corte Nacional, con lo que el tema quedó paralizado hasta nuevo aviso. 

A los cuestionamientos a la Judicatura se sumó Jorge Rodríguez, de la Comisión Anticorrupción, quien criticó la falta de liderazgo de Merlo como la causa del descalabro. 

De su lado, la Corte Nacional, a nombre de los jueces de todas las instancias, le respondió a Merlo con un comunicado. En el pronunciamiento, se dice que exige el respeto a la dignidad, honra y buen nombre de los magistrados y se critica "afirmaciones genéricas en los medios de comunicación". 

Los jueces dijeron que se pondría en peligro "la seguridad jurídica" si es que se juzgan "en comisiones" las decisiones jurisdiccionales. Aseguraron que ninguna sentencia judicial, tal como ha determinado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no pueden ser revisadas por un órgano administrativo evaluador, como es el caso del Consejo de la Judicatura, sino por tribunales superiores. 

Sobre sus periodos en la Corte Nacional, los magistrados dijeron que solo podrán ser destituidos "por falta de ética o negligencia absoluta". 

Los órganos jurisdiccionales de la Función Judicial a la opinión pública. https://t.co/lmNyyyGova pic.twitter.com/XWIZX50wOl

— Corte Nacional (@CorteNacional) 17 de septiembre de 2018