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13 de Septiembre del 2022
Historias
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13 de Septiembre del 2022
Redacción Plan V
Las claves de la reforma política que quiere consultar el Gobierno
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Una nueva forma de conformar el Poder Legislativo reduciría la cantidad de curules de aprobarse. Foto: Asamblea Nacional

 

Reducir el número de asambleístas y volver a la designación de autoridades en la Asamblea Nacional -si bien manteniendo algunos elementos del esquema de veedurías e impugnaciones del Consejo de Participación- son algunos de los elementos de la reforma política que plantea el régimen.



El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, es enfático en admitirlo: "no planteamos nada nuevo", en la consulta popular de Guillermo Lasso. El Gobierno se enfocó en  algunos temas de reforma política, como son la reducción del número de asambleístas o que las atribuciones de designación de autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social vuelvan al Poder Legislativo, como ocurría antes de la Constitución de Montecristi, aunque con nuevos mecanismos. 

Jiménez redondea la idea a continuación y explica que lo que han buscado es "canalizar grandes debates", debates que "han estado presentes en el país", como la inseguridad o las fallas del diseño institucional del Ecuador, en donde hay cosas "poco transparentes" que deben ser puestas "en orden".

Así resumió el ministro las motivaciones del Gobierno en un diálogo con periodistas, en donde precisó que los "grandes debates" que ya se han estado dando en ciertos círculos del país eran la explicación de las ocho preguntas que ha remitido a la Corte Constitucional y de por lo menos dos más que, por no requerir del pronunciamiento de la Corte, serán simplemente formuladas desde el Gobierno en las próximas semanas pero que serán complementarias de temas como seguridad y reforma política. 

Jiménez estuvo acompañado de su viceministra de Gobernabilidad, Ana Changuín, y de la abogada de la Presidencia Karen Sichel, una de las autoras del voluminoso documento de 470 páginas que el Gobierno envió a la Corte Constitucional para el proceso de control. 

Jiménez estuvo acompañado de su viceministra de Gobernabilidad, Ana Changuín, y de la abogada de la Presidencia Karen Sichel, una de las autoras del voluminoso documento de 470 páginas que el Gobierno envió a la Corte Constitucional para el proceso de control.

Para el Gobierno, el debate viene de la población, no de ellos, sin perjuicio de lo cual van a inciar una "gran cruzada" por la consulta, con el objetivo de que los temas se discutan entre los ecuatorianos, para lo cual, anticipa la viceministra, tendrán vocerías en todas las provincias y en todos los cantones. El Gobierno, sostiene Changuín, no está planteando soluciones sino herramientas a problemas que deben ser solucionados. 

Este es el documento completo del Gobierno. Ver PDF

Buena parte del relato del Gobierno se planteó este lunes 13 de septiembre, cuando en un acto público en el sector de Carapungo, se presentaron ciudadanos cercanos al Gobierno para exponer lo que consideran son las principales preocupaciones de la población a las que responderían las preguntas de la consulta. En un intento de desmarcar la imagen del régimen de la consulta, el Gobierno insiste en que son temas "ciudadanos" retomando el apelativo a la ciudadanía en que se basó el correísmo durante su ejercicio del poder. 

Jiménez dice que no hay populismo penal ni demagogia en preguntar cosas que, según el Gobierno, son preocupaciones centrales de la población, con lo que en Carondelet parecen apostarle a un triunfo fácil. Aunque la Corte Constitucional no tiene un plazo para atender esta consulta, (realmente se debe pronunciar sobre si la vía, enmienda o reforma, es la correcta) en el Ministerio de Gobierno sostienen que el 20 de octubre el presidente Lasso podría firmar un decreto que oficialice la consulta y entonces la Corte sí deberá pronunciarse al respecto.

Los cambios institucionales que propone el régimen se describen en lo que ha llamado reformas para el fortalecimiento de la democracia, y consiste en una reducción de los miembros de la Asamblea Nacional, quitarle sus atribuciones de designación de autoridades al Consejo de Participación Ciudadana y un control más efectivo de los afiliados y adherentes a los partidos y movimientos políticos. 

La fórmula para obtener menos legisladores

El documento del Gobierno sigue un esquema: se hace un diagnóstico de la situación actual y se proponen cambios que puedan mejorarla, desde su perspectiva.

Así, el Gobierno identifica por lo menos dos grandes falencias en la forma en la que se elige y conforma actualmente la Asamblea Nacional. La primera sería el "deficiente modelo de representativadad y proporcionalidad en la conformación" y la segunda "la falta de credibilidad y confianza de la ciudadanía" en la gestión del Legislativo.

En lo referente a este "deficiente modelo" para conforma la Asamblea, el Gobierno precisa varios aspectos, entre ellos, que todas la provincias tengan por lo menos dos escaños, que haya escaños fijos para la circunscripción nacional y del exterior y sobre todo que hay una división y subdivisión de circunscripciones territoriales.

Este es el texto de la enmienda para reducir el número de asambleístas. Ver PDF

El argumento del Gobierno es que la forma en la que actualmente se asignan los escaños no tiene relación con la población de las provincias y eso ocasiona que haya provincias con más población que otras pero con el mismo número de legisladores. Hay una distorsión similar en cómo se elige a los asambleístas nacionales y a los representantes de los ecuatorianos en el exterior.

Sobre la "falta de credibidad y confianza" el Gobierno apunta que recientes encuestas evidencian que la desaprobación de la Asamblea supera el 80%, así como hay muy poca credibilidad de los asambleístas, que, consiga el documento, cuestan al país por lo menos $15.825 al mes. El documento señala que debe aumentar la confianza en las instituciones, sobre todo en el Poder Legislativo, para "competir en el mercado internacional".

Sobre la "falta de credibidad y confianza" el Gobierno apunta que recientes encuestas evidencian que la desaprobación de la Asamblea supera el 80%, así como hay muy poca credibilidad de los asambleístas, que, consiga el documento, cuestan al país por lo menos $15.825 al mes.

En ese marco, el Gobierno propone los siguientes cambios: Se eliminarán los escaños fijos asignados a los asambleístas de circunscripción nacional y se elegirán a dos asambleístas por cada millón dehabitantes en el país; se reducirán los escaños fijos asignados a los asambleístas provinciales a uno, en vez de dos; se aumentará el umbral que permite asignar escaños a las provincias a uno por cada 250.000 habitantes, sin considerar fracciones; se eliminará el número de escaños fijos a las circunscripciones del exterior y se elegirá uno por cada 500.000 habitantes en el exterior, sin considerar fracciones; y se eliminarán los escaños asignados a los distritos metropolitanos y a las regiones. Todo esto significaría, si se toman en cuenta los datos del Censo de 2010, que si se aplican estos criterios habría solo 100 legisladores, y si se aplica como base poblacional una proyección de 2020, con la reforma del Gobierno el legislativo pasaría de los actuales 137 a no menos de 116, es decir, unos 19 legisladores menos.

Por otro lado, el Gobierno también analiza cómo se podría mejorar los problemas de credibilidad de la Asamblea y concluye que al cambiar la forma en la que se asignan los escaños optimizando la proporcionalidad y la representación se lograría "mejorar el trabajo de esta entidad e incrementar la confianza que tiene la ciudadanía respecto de esta institución pública".

Los anexos de esta pregunta incluyen una transitoria que establece que la Asamblea tendrá un año para realizar las reformas necesarias para la nueva conformación, con lo que si esto se llega a aceptar regiría para las nuevas elecciones generales.

Para el analista Gabriel Hidalgo, países del tamaño y estructura política del Ecuador tienen congresos de entre 80 y 100 legisladores, por lo que el debate sobre si debe haber menos diputados es válido. Hidalgo aclara que no es necesario que la Asamblea sea muy grande para que haya una mejor representación, sino que un número menor podría permitir que los electores se familiaricen con los legisladores. 

La designación de autoridades, de vuelta al Legislativo

El planteamiento de la Constitución actual de crear un Consejo de Partipación para que realice las designaciones de las primeras autoridades de los organismos del Estado es cuestionado por el Gobierno en el documento que ha remitido a la Corte Constitucional, en donde propone que se retome la designación por parte del Poder Legislativo, como ocurría antes de 2008.

El tema es desarrollado ampliamente en la enmienda sexta que propone el régimen. Sin embargo, la institución como tal no es eliminada, sino que seguirá existiendo dedicada a las que actualmente son sus funciones secundarias: la promoción de la participación ciudadana y el control social en asuntos de interés público. 

El Consejo de Participación no como tal no es eliminado, sino que seguirá existiendo dedicado a las que actualmente son sus funciones secundarias: la promoción de la participación ciudadana y el control social en asuntos de interés público.

Como en el caso anterior, el Gobierno plantea los que considera los problemas que hay que solucionar. Así, consigna que el Consejo de Participación es una institución que no existe en ningún otro sistema democrático, con la función de designar todas autoridades no electas del Estado. 

Tras señalar que en Montecristi se intentó crear un órgano técnico y apolítico que sustituyera las atribuciones que tenía el antiguo Congreso, eso no se logró, puesto que no se consiguió que los integrantes no respondieran a las agendas políticas que los patrocinaban. El Gobierno concluye que mientras el Consejo tenga las facultades de designación, será un objetivo de control por parte de las fuerzas políticas. Y ello se debe a que la institución permite controlar tres de las cinco funciones del Estado, algo que ni siquiera instancias similares en la Venezuela chavista hacen.

Además, el diagnóstico del Gobierno precisa que aunque en teoría en el Consejo de Participación hay un complejo proceso de concursos con varias etapas, lo cierto es que al final las decisiones las puede tomar una mayoría de cuatro de siete los integrantes, lo que es señalado como una concentración de poder evidentemente antidemocrática.

El Gobierno pone énfasis también en las excesivas demoras en la designación de autoridades, pues concursos como el del nuevo contralor, el defensor público, el defensor del pueblo, las renovaciones parciales del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral, el superintendente de protección de datos, entre otros, están paralizados.

El presidente, la Asamblea y las ternas

Esta es la enmienda 6 sobre el Consejo de Participación.  Ver PDF

Ante el consabido panorama, el Gobierno propone devolverle las atribuciones de designación a la Asamblea Nacional, pero con algunas metodologías adicionales, para marcar la diferencia con relación al mecanismo de designación a cargo del Congreso Nacional de 1998.

En su propuesta, el Ejecutivo destaca que la designación pasaría de los cuatro consejeros de Participación de una mayoría a los más de cien legisladores. "Para incidir en las designaciones se debería controlar a la Legislatura, a varias autoridades no electas que nominan y, en varios casos, a la Presidencia de la República; en contraposición con el sistema actual que solamente se requiere el control de cuatro personas. Se considera que esta desconcentración de poder efectiviza el mecanismo de los pesos y contrapesos de un Estado democrático", explica la propuesta, al destacar que ello superaría los vicios del Consejo de Participación.

La propuesta explica también que "Mientras que, actualmente el CPCCS ejecuta tres tipos de procesos, la propuesta prevé que la Asamblea Nacional ejecute solamente dos procesos diferenciados y, otro proceso sin intervención de la Legislatura. Los actuales concursos públicos de méritos y oposición comprenden 10 etapas, la propuesta reduce este proceso a tres etapas. Los actuales procedimientos públicos comprenden siete etapas, la propuesta los elimina y lo sustituye por el proceso anterior. Los actuales procesos de selección por ternas comprenden siete etapas, la propuesta los reemplaza por dos etapas".

La reforma propone también que sea el presidente de la República el que haga las designaciones para evitar que se estanquen, como ocurre en la actualidad, y el nuevo mecanismo que se propone significaría que los procesos tomen como máximo dos meses. La reforma anula los concursos de méritos y plantea que varias instancias formulen ternas, pero remarca que estas ternas deberían ser tomando en cuenta las aptitudes y capacidades de los candidatos, pues hay otras formas de determinar el mérito que no sean solamente los concursos públicos.

Así, el Gobierno propone un procedimiento que se aplicaría para designar al Fiscal General del Estado, Contralor General del Estado, Defensor del Pueblo, miembros del Consejo Nacional Electoral, Consejo de la Judicatura, y del CPCCS, que deberán ser nombrados por la Asamblea Nacional tras un proceso de veeduría ciudadana y con mayorías absolutas de los votos o también mayorías simples.


Con la reforma del Gobierno las designaciones volverían a la Asamblea.  Foto: Revista Vistazo

La reglamentación sobre cómo deberían enviarse las ternas también consta en el documento. Por ejemplo, en el caso del fiscal general, se consigna que deberían enviar binomios para ese cargo la Presidencia de la República, el pleno de la Corte Nacional y la propia Fiscalía General del Estado. De esos seis candidatos debería salir una terna que en 30 días debe ser resuelta por la Asamblea Nacional con la designación del fiscal. Este mismo mecanismo se aplicaría para el resto de designaciones.

El Gobierno propone tres esquemas de designación, dependiendo de qué instancia se trate, en los que la Asamblea siempre tiene el rol de organizar el proceso de escrutinio ciudadano e impugnaciones por medio de audiencias y en donde se debe garantizar la participación de varias instancias del Estado.

En total, el Gobierno propone tres esquemas de designación, dependiendo de qué instancia se trate, en los que la Asamblea siempre tiene el rol de organizar el proceso de escrutinio ciudadano e impugnaciones por medio de audiencias y en donde se debe garantizar la participación de varias instancias del Estado, entre las que tienen legitimidad democrática por haber sido electas y las instituciones que no surgen de elecciones pero se consideran instancias técnicas del Estado.

Una disposición transitoria en esta propuesta de reforma es cuestionada por el consejero David Rosero, uno de los actuales integrantes del Consejo de Participación. Según la lectura que hace Rosero, el permitirle al presidente de la República nombrar de manera temporal al reemplazo de una autoridad que deje su cargo de manera definitiva, hasta que se concluya el nuevo proceso de designación, sería una puerta abierta para que el Gobierno logre el control de esos cargos.

Rosero señala también que el Gobierno ya tiene el control de la actual mayoría del Consejo de Participación, y a pesar de ello no se avanza en los procesos de designación con la intención de facilitar este supuesto mecanismo de control. Rosero dijo que cree también que es muy probable que el Gobierno pierda la consulta, debido al rechazo de la población frente a su gestión.

Para el consultor político Gustavo Isch, la consulta no cambiará nada: "Si se espera que la fecha máxima para realizar la consulta popular coincida con las elecciones provinciales y municipales del 5 de febrero del 2023, es muy probable que el espíritu positivo que para algunos puede encontrarse en las preguntas, se esfume por el rechazo de sectores populares empobrecidos, y el resentimiento de capas medias golpeadas por el grosero impuesto a la renta aprobado por “el ministerio de la ley” (en complicidad con el correísmo), contra el mismo sector medio sacudido por desempleo, subempleo, deudas y sin política social que lo proteja.

Pedir a la gente votar comprometida y con cabeza fría por preguntas que no le dan esperanza de mejorar su condición de vida a corto plazo, no parece muy inteligente", explicó el consultor. 

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