Aunque ningún funcionario ecuatoriano asume la responsabilidad de haberla  contratado, la firma española Ares Rights sigue denunciando  y solicitando que se baje o elimine de la Internet ciertos contenidos que pudieran afectar o incomodar al gobierno de la revolución ciudadana y al color verdeflex.

Lo hace asegurando ser la propietaria de fotos, logos y otro tipo de contenido.  En varias ocasiones, por ejemplo, ha actuado a nombre del canal estatal de television Ecuador TV (ECTV) y de su entonces titular, Enrique Arosemena Robles. Sin embargo,  hace algunos meses este negó cualquier vinculación con Ares Rights casi al mismo tiempo que pasaba a trabajar directamente con el secretario de la Administración Pública, Vinicio Alvarado Espinel.

Extraña coincidencia, su hermano, Fernando Alvarado Espinel, secretario de Comunicación, fue el primero de los tres funcionarios públicos en haber recurrido, a título personal, a los servicios de Ares Rights y a su representante Jonathan Palma Ruiz. Alvarado lo hizo para bajar unas fotos de Twitter en las que aparecía él con una mujer. Fue el 26 de febrero del 2013.

Luego, el 24 de junio del 2013, fue el turno del entonces flamante vicepresidente Jorge Glas Espinel. Ares Rights presentó una queja también ante Twitter para bajar unas fotos de su padre con la leyenda "Wanted" y que se referían al caso de violación a una menor de edad y por el que Jorge Glas Viejó estaba prófugo. En realidad, el fotomontaje no era de propiedad de los Glas ni de Ares Rights, pero como esta última la registró desde Barcelona, a control remoto, en un sitio on line, hizo valer el reclamo para bajar el tweet y lo hizo a nombre de Ares Rights, no a nombre de Glas.

El último caso comenzó la mañana del 14 de marzo del 2014. Lucio Quincio, un tuitero venezolano con 495 mil seguidores en ese entonces, posteó una foto del presidente Rafael Correa. Esta vez parece que las alertas no sirvieron y AR reaccionó once días después.

El 25 de marzo del 2014, según la base de datos Chilling Effects, Ares Rights presentó su reclamo a nombre de Rafael Correa y reaccionó de una manera intransigente con Twitter: "Extremadamente Urgente, por favor bajar la imagen lo más pronto posible".

(Ver: http://www.chillingeffects.org/dmca512c/notice.cgi?NoticeID=1607355)

Como descripción del trabajo original (las fotos), Ares Rights puso "imágnes privadas y no públicas, ilegalmente obtenidas del dispositivo de nuestro cliente".

Como siempre luego de presentar estas quejas de derecho de autor para bajar contenido, en el formulario electrónico se puede leer: "La información en esta notificación es precisa, y declaro bajo pena de perjurio que estoy autorizado a actuar en representación del propietario de los derechos de autor".

Lucio Quincio, quien ya va por los 545 mil seguidores, tiene como nombre de usuario "Noticiero de verdad" y se inscribió en Twitter en mayo del 2010. Sigue a 848 personas y ha posteado 7.671 fotos y videos. Twitter no le ha cerrado la cuenta, solo le bloqueó esa foto.

Posiblemente, los casos de Alvarado y Correa, que se refieren a fotos relacionadas con su vida privada, sean  situaciones en las que efectivamente un contenido podría ser bajado de la web por constituir una intromisión en la vida privada de las personas. Aún así, el tema es debatible porque ambos son funcionarios públicos.

En el resto de intervenciones, que ya superan la veintena de casos registrados pues no se sabe de todos, AR actúa como un arma de tipo legalista para censurar cualquier contenido de oposición al gobierno aprovechándose con argucia de la Ley de Propiedad Intelectual Digital de Estados Unidos (DMCA, por sus siglas en inglés).  Y lo hace bajo el auspicio de distintos clientes, pero... todos los caminos conducen a Roma.

Entre los clientes nacionales, en cuestión, se cuentan Movimiento Alianza País, en el caso de la tuitera Diana Amores y cuyo único objetivo era cerrarle la cuenta bajo cualquier pretexto; ECTV para bajar videos de Pocho Alvarez o de Santiago Villa aduciendo el uso ilegal de imágenes de la sabatina; y José Miguel Delgado y Pablo Romero -de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain)- para quitar documentos que daban cuenta de la compra de equipos de interceptación telefónica.

Y entre los extranjeros están, por ejemplo, Gabriel Guacelevich, de Smart Solutions LLC, que proponía la venta de esos equipos de interceptación a la Senain, y los argentinos Sergio Melzner e Illuminati Lab (de Gaston Douek) para bajar de la web los documentos que dan cuenta de la labor de esta empresa de marketing e inteligencia en redes sociales que trabajó para la campaña electoral de Rafael Correa del 2013 y para la campaña en contra de la petrolera Chevron. En el caso de la campaña electoral, la propuesta hecha en el 2012 era para un año de trabajo con el costo de $ 5 millones.

Estos documentos fueron hackeados y posteados en http://anonymouesecuador.blogspot.com, un blog de piratas informáticos de oposición.

Ares Rights, bajo el sombrero de Illuminati Lab, presentó el reclamo en julio del 2013, pero no ha conseguido bajar los documentos. Y en septiembre del 2013 presentó otro, esta vez a nombre de Melzner, pero reclamando por utilización indebida del logo que consta en las página del documento de Illuminati. Precisamente, esta última argucia fue la que quiso utilizar Ares Rights hace algunos días en contra de PlanV: hacer desaparecer un artículo de la página web de este medio digital so pretexto de que en una parte de una foto que acompañaba el artículo aparecía un pantallazo de su cuenta de Twitter con el logo de Ares Rights.

Ni Jonathan Palma ni algunos de sus clientes parecen haber leído la parte de la ley norteamericana que deja sentado que cierto contenido puede reproducirse, en este caso digitalmente, sin permiso expreso del autor por cuestiones informativas o académicas, por ejemplo. O que, en el caso de las sabatinas, transmitidas por el canal público y que se financian con fondos públicos, bien se pueden tomar ciertas imágenes de esa transmisión citando su origen. Es lo que lo que se llama "Fair Use" o uso legítimo o uso razonable.

¿Se podría demandar a Palma por abuso de reclamos de la ley de propiedad intelectual digital ya que no ha tomado en cuenta el uso legítimo de contenidos? Esto solo podría suceder en Estados Unidos, que es el país donde se aplica esta ley bajo la que se rigen los mayores intermediarios de contenido del mundo, como Google, YouTube, Twitter, Facebook, entre otros.

¿Por qué estas empresas bajan inmediatamente el contenido sin verificar la autencidad del reclamo? La respuesta es que los usuarios suben tanto contenido digital a través de estas empresas, que no quieren asumir el papel de verificar si alguien que presentó un reclamo tiene, o no, la razón. Simplemente bajan el contenido y notifican al afectado para que responda. Diana Amores, por ejemplo, les repondió con carta precisa, en inglés, explicando su situación, por lo que, finalmente, su cuenta Twitter fue rehabilitada.

Y si Arosemena asegura que nunca ha contratado a Ares Rigths pero esta utiliza su nombre ¿por qué el gobierno no demanda a Ares Rights por "utilización indebida de nombre"? la firma española ha presentado reclamos a nombre de ECTV en diciembre del 2012, en diciembre del 2013 y la última vez el 27 de enero del 2014, según la base de datos de ChillingEffects.

En este último reclamo, incluso, Ares Rights utilizó el nombre de ECTV para bajar contenidos de 954 links de los que se podía descargar música, aduciendo que ese material estaba registrado a nombre de Agedi, una organización española de gestión de derechos de propiedad intelectual de artistas y productores musicales, que no tiene nada que ver con Ecuador TV.

El error se corrigió poco después y Ares Rights presentó otra queja esta vez con el cliente correcto, Agedi.

(Ver: https://www.chillingeffects.org/dmca512c/notice.cgi?NoticeID=1476603)

¿Quién contrata entonces a Ares Rights? Alianza País, Arosemena, Alvarado, Glas y Correa ¿aclararán qué tipo de relación tienen con la empresa española, cuánto le pagan y si lo hacen con fondos públicos o de su bolsillo?

Reportaje de la cadena internacional NTN24 sobre el intento de censura a los contenidos de Plan V.