La renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE) se encuentra en pleno proceso. El 27 de noviembre de 2014, mediante un sorteo público, el Consejo de Participación y Control Social (CPCS) resolvió la salida de Domingo Paredes y Roxana Silva, quienes han estado tres años en sus funciones. La renovación parcial del CNE, que debe darse a la mitad de un periodo de seis años, ha motivado un concurso de méritos y oposición en el que se han inscrito 66 personas. Este martes 2 de diciembre tendrán lugar las pruebas de conocimientos que configuran la etapa de oposición, luego de que los méritos fueron calificados con base en la documentación presentada por los postulantes. Hasta el 17 de diciembre se espera terminar con el proceso. 

Pero hay dudas sobre posibles irregularidades cometidas al revisar la documentación y calificar a los postulantes en la primera etapa. Un colectivo de organizaciones feministas, que se ha organizado en un observatorio ciudadano, afirma que hay varias irregularidades al calificar la documentación presentada, lo que perjudicaría a algunos de los postulantes. 

Francisca Morejón, vocera del colectivo feminista, afirma que ella y sus colegas han estado pendientes de varios procesos en los que se ha, supuestamente, ejercido la participación ciudadana en el pasado, pero que las veedurías, en el marco legal existente, se han convertido solamente en "convidadas de piedra" sin voz ni voto. Por ello, en esta ocasión se ha organizado como un observatorio, pues no requieren para ello de permisos oficiales. 

Morejón dice que varias posibles irregularidades se habrían cometido en la etapa de calificación de los méritos. Entre estas, que se aceptó un certificado posiblemente forjado por una de las postulantes, pues ni la persona que lo firma ni la organización que supuestamente lo emite reconocieron que sea auténtico. Esta situación, afirma Morejón, llevó al grupo feminista a revisar la documentación que el propio Consejo de Participación ha publicado en la internet, encontrando una serie de irregularidades. Quien no habría firmado el documento impugnado es Solanda Goyes, quien también participa en el actual concurso para la renovación del CNE. 

La denuncia no fue tomada en cuenta por la comisión de selección, que anunció públicamente que es extemporánea y, por lo tanto, que continuará con el proceso de selección. Aunque hasta antes del jueves 27 de noviembre no se conocían ni los nombres ni los sexos de las personas que iban a ser reemplazadas, Morejón ya había anticipado que un hombre y una mujer, cercanas al Gobierno, estarían siendo favorecidas para reemplazara a Paredes y Silva.

Dudas en torno a los documentos

Morejón atiende a la prensa en la oficina de una fundación al norte de Quito. Lleva consigo un sobre manila en el cual guarda parte de los documentos de resumen que ha elaborado sobre la denuncia de los colectivos de mujeres. En el sobre es posible ver que la feminista ha tomado notas en él. Están escritos los nombres de algunos de los postulantes y también las calificaciones que las feministas les han otorgado, pues tras constatar la posible irregularidad del documento forjado, y con base en el reglamento del concurso, ellas han puesto sus propias notas a los postulantes.

 
Francisca Morejón.

Uno de los casos más graves, dice Morejón, son los casos de pluriempleo, pues presuntamente hay personas que habrían tenido más de dos cargos públicos al mismo tiempo. Esta conclusión la sacan al leer los periodos de los cerficados de tiempo de trabajo que han presentado algunos postulantes. Como los periodos de tiempo parecen estar sobrepuestos, estiman que estaban en más de dos cargos públicos. Sería el caso de Verónica Legarda, quién habría sido funcionaria de varias entidades del Estado al mismo tiempo. Sobre la situación de Legarda, Morejón asegura que la postulante, al ser viceministra del Ministerio de Inclusión Social, realizaba varias actividades de acuerdo con sus funciones, pero que las ha presentado como "iniciativas ciudadanas", las que por definición son voluntarias.

Morejón menciona también al ex embajador del Ecuador en Venezuela, Ramón Torres, quien también fue asesor de la Presidencia de la República. Además de haber encontrado un posible pluriempleo, Torres habría hecho valer en el concurso iniciativas ciudadanas durante su misión diplomática en Venezuela, lo que significaría que estaba en dos lugares al mismo tiempo. Morejón dice que el ex embajador habría estado durante meses en el país, según los certificados que presenta, mientras cobraba sueldo como diplomático. 

Otra postulante que no debería estar en el concurso, afirma Morejón, es Gloria Buenaño, quien, en su criterio, entregó una carpeta con los documentos incompletos, pero la comisión le permitió volver a poner su carpeta con la documentación faltante. La postulante denunciada es hermana de la oficialista Aminta Buenaño, y tiene título de bióloga marina, sostiene Morejón, por lo que no entiende si es una persona idónea para administrar justicia electoral. 

Las notas de las feministas y la mitad de la cábala

Las feministas prepararon su propio cuadro de calificaciones, en donde se evidenciaría que se beneficia con 13 puntos a Ramón Torres, mientras que al emepedista Fausto Camacho se lo perjudica con nueve puntos. En el caso de Solanda Goyes, la feminista que denunció la posible falsificación de su firma, también estaría siendo perjudicada por la calificación de la comisión con casi siete puntos. 

Según Morejón, Torres debería tener solo 35 puntos, en lugar los 48 que le ha puesto la comisión. 

Las feministas han calificado a los postulantes mejor ubicados, y han elaborado unas fichas con las notas que tendrían los postulantes, pero no han podido compararlas con documentación oficial del Consejo de Participación.

Para Morejón, hay el afán de favorecer a Torres y a Bueñano, pues la comisión no ha leído sus comunicaciones ni les ha respondido motivadamente. Las feministas presentaron, amparadas en el derecho de petición, que revise nuevamente las carpetas y las reclasifique. El Consejo de Participación negó todos los pedidos. 

"Quienes lleguen a esos dos cargos deben tener méritos", insiste la feminista. Por otro lado, dice Morejón, no está claro en la ley cuándo debía realizarse el sorteo lo que les permitía direccionar los nombres de los que iban a salir.

Antes del sorteo, Morejón había anticipado la salida de Domingo Paredes y suponía que la mujer que saldría era Magdala Villacís. Aunque le atinó a la mitad de la cábala, la feminista insistió en que del sexo de las personas que saldrían podría depender la forma en la que el polémico concurso se lleve adelante. 

El activismo de las feministas llegó hasta el Palacio de Gobierno, pues irrumpieron con carteles en el cambio de la Guardia Presidencial en la Plaza de la Independencia, hasta ser recibidas por un asesor del presidente Rafael Correa. El asesor les habría dicho que el Jefe del Estado no estaba al tanto de ninguna irregularidad en el proceso. 

Aunque Torres declinó pronunciarse sobre la denuncia de los grupos de mujeres, la comisión ya anticipó que no la tomará en cuenta. 

Pero, ¿quiénes integran esta comisión calificadora? La comisión está conformada por delegados de la cinco funciones del Estado, y por cinco vocales de la ciudadanía. 

En representación de la Función Electoral está Miriam Brito, quien es actualmente asesora del consejero del CNE, Juan Pablo Pozo. 

En representación de la Función Ejecutiva asiste Geovanny Bravo, un ex funcionario del Ministerio de Coordinación Política, del Consejo de Participación, de la Fiscalía General del Estado, de la Secretaría de Inteligencia, y que ha sido delegado a varias otras comisiones de selección.

Por la Función Judicial integra la comisión Doris Gallardo Cevallos, quien fuera funcionaria de la Presidencia de la República, y hasta hace poco directora ejecutiva del Consejo Nacional de la Judicatura.

De parte de la propia Función de Transparencia está Aracely Paltán, abogada del Ministerio del Interior y de la Defensoría del Pueblo.

En representación de la Función Legislativa está William Carrillo, quien habría presentado documentos falsos pero la denuncia no fue aceptada por el Consejo de Participación.

Los vocales por "la ciudadanía" son Edwin Alvarado (ex director de capacitación del actual CNE), Blanca Ruiz, José Mármol, María Zambrano (quien presidió la comisión de selección del concurso anterior) y Luis Ashca. 

Cuadro comparativo de calificaciones de los/as postulantes, entre la calificación realizada por el observatorio ciudadano y la calificación de la comisión de selección (CCS-CNE).