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15 de Mayo del 2017
Historias
Lectura: 18 minutos
15 de Mayo del 2017
Víctor Amaya | Vértice
“Colectivos”: las fuerzas de choque de Maduro

La oposición venezolana denuncia que grupos armados al servicio del Gobierno realizan actos de violencia en las calles con total impunidad. 

 

El gobierno venezolano se rodea de grupos civiles que “protegen” a la revolución bolivariana, ahora integradas al Plan Zamora para garantizar el orden interno por cuenta de cuerpos militares. La oposición y hasta la Fiscalía General los reconoce como paramilitares armados, al estilo de brigadas que sirvieron a varios dictadores latinoamericanos

“Esta es una revolución pacífica, pero armada”, decía Hugo Chávez. Sus palabras cobran relevancia en cada jornada de la Venezuela de 2017 en la que se difunden imágenes, en fotografías o videos, de grupos civiles armados “defendiendo” al gobierno nacional. La oposición los llama “colectivos armados”, estructuras amparadas por la impunidad estatal que amedrentan y hasta asesinan venezolanos, según las denuncias. La propia fiscal general Luisa Ortega Díaz ha reconocido su existencia.

“Los colectivos armados se han convertido en un mecanismo paramilitar de este gobierno”, dice el diputado Tomás Guanipa. Otro parlamentario, Américo De Grazia, señala que “con estos grupos armados, el crimen organizado se ha convertido en una política de Estado. El gobierno los usa para amedrentar o controlar a la disidencia”.

En la calle, la relación es más cercana y el temor más inmediato. “Van en motos, siempre en banda y se tapan la cara, pero sabemos que son los colectivos por la pinta: chaquetas, guantes y bandanas rojas”, describe Luisa Meza, habitante del centro de Caracas, a lo que califica son fuerzas de choque del chavismo.

Desde 2016, cuando la popularidad de Nicolás Maduro se derrumbó y las protestas se hicieron más cotidianas en sectores de clases media y baja, estos grupos tienen la misión de reprimir. Lo hacen en conjunto con la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Guardia Nacional (GN). El medio HispanoPost documentó una de esas acciones el 8 de abril, cuando apenas comenzaba a manifestarse el malestar en las calles: fotografías de motorizados portando pistolas, con el rosto descubierto, en Caracas.

Días más tarde, en una foto difundida en redes sociales el miércoles 19 de abril, se aprecia a civiles portando armas largas junto a motocicletas oficiales de la GN. La gráfica fue tomada en El Paraíso, municipio Libertador de Caracas, donde se han denunciado “ataques” a los edificios desde donde sus habitantes protestan con cacerolas. Ese mismo día cayó muerto Carlos José Moreno, de 19 años, cuando participaba en una concentración opositora que fue atacada con disparos a manos de encapuchados. Una de las balas le llegó a la cabeza.

Al día siguiente, en El Valle, un barrio pobre de la capital venezolana, hubo disturbios. Lo que comenzó como un cacerolazo devino en represión y luego en la acción de civiles armados que llegaron gritando que “candelita que se prende, candelita que se apaga”, recordando una frase dicha por Hugo Chávez. Una investigación del portal Runrun.es afirma que esos grupos irregulares habrían permitido los saqueos que ocurrieron en medio de sucesos que dejaron 11 muertos reconocidos por el Estado y siete más, según denuncia de familiares y vecinos del lugar.

No es delincuencia común. Se trata de fuerzas que han sido responsables de algunas de las 37 muertes ocurridas en contextos de protestas desde que comenzó el mes de abril y lo que va de mayo, y cuya acción ha sido denunciada una y otra vez por la oposición y las instituciones que controla.

La Asamblea Nacional, en voz de su presidente Julio Borges, emitió un acuerdo en el que exigen a la Fuerza Armada “hacer valer su propia razón de ser porque no puede haber grupos paramilitares”. El gobernador del estado Lara, Henri Falcón, dijo el 13 de abril tener pruebas de complicidad en fotografías y videos al afirmar que “más de 80 motorizados encapuchados salen del Core 4 de la Guardia Nacional -un cuartel militar en esa entidad- bajo el amparo de la PNB y la GN para sembrar miedo y zozobra”.

Por su parte, el gobernador de Miranda, Henrique Capriles, denunció el 16 de abril de 2017 que capturaron a seis integrantes del “Colectivo Tupamaro” que pretendían asaltar su despacho y que son empleados de la Alcaldía de Guaicaipuro, controlada por el partido oficialista PSUV. Al día siguiente obtuvieron libertad plena por orden de un tribunal.

El lunes 27 de abril, durante el “plantón” convocado por los adversarios de Maduro, en la ciudad de Mérida, al occidente del país, el alcalde Carlos García denunció que la respuesta del chavismo fue agredir la protesta con grupos armados. “Se reunieron desde temprano alrededor de la gobernación -que encabeza el chavista Alexis Ramírez- y luego atacaron la manifestación. Allí se produjeron dos muertos y también ingresaron a residencias, quemaron dos vehículos, se robaron una moto y dejaron destrozos”, confirma el alcalde, afirmando que entre los integrantes de esas bandas están “funcionarios de la gobernación”.

Con aval gubernamental

Nicolás Maduro activó el 18 de abril el Plan Zamora para el control del orden público en el cual participan también civiles, incluyendo las bases del partido de gobierno, el PSUV. El decreto instaura en el país un virtual estado de excepción pues se autorizó la detención de manifestantes, aun cuando estuvieran dispersados y de regreso a sus casas, y reprimir “focos terroristas o guarimbas”; todo ello según el radiograma de la Región Estratégica de Defensa Integral 3 Los Llanos No.000108.

En enero de 2016 el comandante general de la Guardia Nacional, Antonio Benavides, dijo que el plan implica “la incorporación del pueblo para ejercitar la transición de la actividad social normal al Estado de conmoción interior o exterior”. El 17 de abril de 2017, el vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, anunció la creación e incorporación de los cuerpos de combatientes de esa tolda a la Milicia Bolivariana a la que Maduro ordenó entregar 500 mil fusiles, mientras en el partido ha comenzado a circular un “Manual del Combatiente Revolucionario” que señala a los dirigentes de la oposición con fotografías, datos personales y direcciones de sus residencias para “saber a dónde hay que ir” a la hora de una escalada en el conflicto, según dijo el diputado chavista Pedro Carreño el martes 18 en televisión nacional.

Se trata de la intensificación de la acción “cívico militar”, como la justifican desde el poder. La operación incluye la coordinación de todos los componentes militares y policiales, según un acta oficial del Ministerio de Interior y Justicia del 18 de abril enviado a la Policía de Miranda y que ordena a la Guardia Nacional tomar control de ese cuerpo de seguridad.

Así, se legalizan las operaciones conjuntas que ya se registraban en el país. Por ejemplo, el 13 de abril una protesta local en el sector de Ruiz Pineda, en Caracas, fue respondida por colectivos chavistas con disparos al aire. Incluso, el grupo armado asumió funciones parapoliciales y detuvo a Andrés Ulichny y Keismer Sivira y los entregó a la Guardia Nacional que los dejó encarcelados. Lo mismo ocurrió el 1° de mayo con un equipo de prensa del canal Vivo Play, detenido por encapuchados y entregados a los militares; aún dos personas están sin libertad.

Ya en 2014 el ahora vicealmirante retirado Manuel Pérez Rodríguez, entonces comandante de la Infantería de Marina, envió el 3 de abril de ese año una comunicación con soportes dirigida a quien era ministra de Defensa, Carmen Meléndez, y a su jefe del Comando Estratégico Operacional, general Vladimir Padrino López -actual ministro- y a todo el alto mando militar naval. En el documento, relataba el testimonio del teniente de navío Wilmer Aguirre Antequera, integrante del batallón de comunicaciones del cuerpo de Infantería de Marina Felipe Baptista, que revelaba la actuación de personas identificadas como integrantes de las “Fuerzas Revolucionarias José Félix Ribas”, su dotación de equipos de comunicaciones y armamento y cómo incluso le ordenaban a la Policía Nacional Bolivariana reprimir manifestaciones opositoras. En paralelo, el vicealmirante pasó un radiograma a sus unidades subalternas prohibiendo la participación de infantes de marina en la represión a las manifestaciones contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Su conducta lo obligó a separarse del cargo y pedir la baja. Dos años más tarde, en 2016, el militar retirado llevó las denuncias ante la Asamblea Nacional y agregó que en los cuarteles hay “injerencia cubana”. Desde el 19 de abril de 2017 está encarcelado luego de haber sido arrestado en su residencia por efectivos de la Dirección de Contrainteligencia Militar, presuntamente acusado de ser el cabecilla de un movimiento insurreccional en los cuarteles.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, dijo el 5 de mayo de 2017 que “todo grupo civil armado que esté actuando, está al margen de la ley”, y que no tiene el respaldo de la Fuerza Armada “llámese como se llame”.

Defensores “desarmados”

“Nosotros no estamos para atacar, sino para defender”, dijo un integrante de un colectivo chavista a la BBC, resguardando su identidad. “Nos vestimos de negro y nos tapamos las caras. Somos unos 50 motorizados que hacemos el trabajo de intimidación”, admite el consultado en La Vega, una zona popular de Caracas, por la cadena británica. Pero niega estar armado.

Las denuncias sobre la militarización de tales agrupaciones se han acumulado por decenas. En 2012 fue muy difundida una fotografía del Colectivo La Piedrita con niños armados y en compañía de un diputado del chavismo, en el sector 23 de Enero de Caracas. En 2011, el mismo clan tomó una mueblería quemada en otra zona de la capital, ampliando su rango de acción, como ha ocurrido desde hace años. Los colectivos se adueñan de infraestructuras y controlan sus usos, incluso cobrando. El líder de La Piedrita, Valentín Santana solicitado por tribunales, actuaba sin esconderse y se relacionaba con jerarcas del chavismo.

El colectivo Frente Chavista tiene incluso una oficina en el primer piso del Hospital Universitario de Caracas (HUC). Uno de sus miembros hirió con arma blanca en 2015 a Mauro Zambrano, delegado sindical de los trabajadores del sector salud, luego de encabezar una protesta por reivindicaciones laborales. No es el primer caso de amenaza a la vida que se denuncia en el lugar.

Defender a Maduro es defender a la revolución. Él es parte del legado que dejó el Comandante, y si somos revolucionarios tenemos que seguir directrices”, dice Pedro Hernández, integrante de la Fundación Guerreros de Capitolio, cuyo logo incluye dos fusiles. Aunque se definen como colectivo, aseguran que hacen “trabajo social”, pacífico.

Lo propio afirma Miguel Medina, representante del colectivo Comando Pueblo, quien niega la existencia de encapuchados. “Nosotros siempre estamos debatiendo, diciéndole a la derecha que somos un pueblo leal a Chávez, queremos que respeten a la revolución”, dijo en una entrevista de radio en la cual negó que hubiesen respondido violentamente a las intenciones de la oposición de visitar el lugar, como denunciaron los diputados antichavistas. Además afirmó que no son asalariados del Estado sino que tienen pequeños negocios comunitarios de donde obtienen el sustento.

Pero aunque no sean asalariados, lucrarse con el control que les permita el gobierno forma parte de la ecuación. El colectivo Tres Raíces que opera en el 23 de Enero sería uno de los encargados de la distribución de alimentos a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), cobrando un monto a los vecinos por el “transporte”. Algo parecido hacen el Grupo Luchadores de Mi Patria y el colectivo Catedral Combativa en el centro de la ciudad: cobran “vacuna” (comisión) por garantizar la seguridad de locales comerciales; mientras que el grupo Sombra se desenvuelve en zonas populares del este de la capital, entre otros ejemplos.

“Son grupos que han recibido formación en ideología e instrucción en operaciones de guerrilla urbana. Muchos se autogestionan o han recibido fondos provenientes del Frente Francisco de Miranda, alcaldías e incluso la petrolera estatal Pdvsa”, escribió la periodista Sebastiana Barráez en El Estímulo sobre los grupos más antiguos, que ella distingue de los “nuevos” que actúan como simples fuerzas de choque con anuencia de mandos militares.

Fundamentales en dictadura

La existencia de grupos civiles armados como escudo de defensa de un gobierno no es algo nuevo. Latinoamérica acumula varios ejemplos en regímenes autoritarios anteriores.

En Haití tuvieron a los Tonton Macoute, paramilitares que protegían al dictador François Duvalier (Papa Doc). Su hijo y también dictador, Jean-Claude Duvalier (Baby Doc), igualmente se sirvió de ellos para perpetuarse en el poder. Se estima que durante su actividad los Tonton Macoute asesinaron o hicieron desaparecer a más de 150.000 personas, en su mayoría civiles y opositores a los regímenes Duvalier, desde su creación en 1959 como la milicia VSN (Voluntarios de la Seguridad Nacional) en medio de una depuración del Ejército profesional. También se aseguraba que la actuación de esos grupos era sin remuneración oficial, por lo que sus integrantes participaban de crímenes y extorsiones para lograr fuentes de financiamiento.

En Nicaragua los hubo de todos los signos políticos. Así como en el régimen de Anastasio Somoza existieron las “Turbas Nicolasianas” comandadas por Nicolasa Sevilla, cuando la revolución sandinista triunfó a mediados de los años 80 constituyó las suyas para contrarrestar las manifestaciones opositoras. Ante la denuncia de que las “turbas” actuaban como fuerzas de choque, el presidente Daniel Ortega -en su primera vez como mandatario y aún portando uniforme militar- respondió: “Dicen que son turbas, ¿y qué?. Sí, son turbas, son las turbas divinas que defienden en las calles esta gloriosa revolución”, dándole un aval a sus actuaciones. Desde que Ortega asumió de nuevo las riendas del país en 2007, tales grupos han vuelto a actuar amparados por el Estado.

En Panamá tuvieron a los “Batallones de la Dignidad” en tiempos de Manuel Noriega, grupos de civiles armados y entrenados por las Fuerzas de Defensa panameñas desde su creación en marzo de 1988. El “Comandante” los llamaba “el pueblo en armas” también. Su estructura llegó a incorporar a unos 5.000 milicianos armados con fusiles que actuaban reprimiendo el descontento y las protestas, y luego promovieron saqueos en el país después de la invasión norteamericana a ese país.

Y en Cuba, ejemplo político para el chavismo, están las Brigadas de Respuesta Rápida, “un grupo de delincuentes que actúan, reprimen y que no tienen que responder ante la justicia y la ley; es lo que llaman el pueblo en armas”, según explica Eugenio Yánez, director de Cubanálisis. Entre las actuaciones más emblemáticas de ese grupo está la respuesta a “El Maleconazo” de 1994 cuando actuaron en conjunto con la fuerza pública para detener a más de 100 personas y golpear a varias decenas más.

Venezuela ha seguido, a su manera, estos ejemplos de la historia reciente. Y Hugo Chávez, alumno aventajado, empezó con la creación de los Círculos Bolivarianos en 2002, organizaciones de base creadas para trabajo ideológico y organizativo, pero que en sus momentos también operaron como grupos de choque. Hoy, ya la revolución alcanzó otro nivel.

El lunes 8 de mayo el diputado oficialista Pedro Carreño aseguró en un programa de televisión que los militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela tienen “la altísima responsabilidad de incorporarse como cuerpos combatientes”. Según Carreño, ya estarían en fase de organización y adiestramiento para sumarse posteriormente al Plan de Encuadramiento de Defensa Integral. De su explicación –la primera que se da al país al respecto- se entiende que los inscritos en el partido de gobierno recibirán entrenamiento militar para constituir batallones armados y organizados para contrarrestar a la “derecha” que hoy protesta contra la administración de Maduro y también cualquier intento de invasión extranjera. Ante esta “amenaza”, el PSUV esperará listo y fusil en mano al imperio estadounidense para hacerle revivir la pesadilla que fue Vietnam.

Sí, Vietnam. Eso dijo.

@victoramaya

 

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