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4 de Enero del 2019
Historias
Lectura: 17 minutos
4 de Enero del 2019
Susana Morán
¿Cómo aceitar los engranajes de la Fiscalía?

Foto: Luis Argüello

La Fiscalía tiene entre investigaciones pendientes las relacionadas con el caso Odebrecth y los proyectos emblemáticos.

 

El proceso para la selección de nuevo fiscal está en marcha y hasta este el viernes 4 de enero se receptaron 29 postulaciones. 24 requisitos debieron cumplir. Esto mientras el presidente Lenín Moreno exhortó a la Fiscalía a que no deje en la impunidad las 500 denuncias de corrupción enviadas esa institución que señalan a 317 funcionarios. ¿La Fiscalía General está a la altura? Expertos analizan las falencias de la institución.

Al nuevo Fiscal General le esperan 500 denuncias de corrupción de la década pasada. Así lo anunció el presidente Lenín Moreno en cadena nacional, el 3 de enero. Pidió dejar atrás la impunidad e investigar a 317 funcionarios de la administración de Rafael Correa que -según Moreno- saquearon los erarios nacionales. Contra ellos la Contraloría ha presentado informes de responsabilidad penal. Entre los proyectos que destacó el Mandatario en su cadena como ejemplos de corrupción estuvieron las refinerías de Esmeraldas y del Pacífico, el terminal marítimo Monteverde, el poliducto Pascuales Cuenca y la planta de licuefacción de gas Bajo Alto.

Un día después, el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, y el secretario particular de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, entregaron 2.500 páginas con la denuncia a la Contraloría y a la Fiscalía.  Las cinco obras constan en la primera evaluación técnica realizado por la ONU que se deriva de un acuerdo para la lucha contra la corrupción. Moreno dijo que 4.900 millones de dólares se destinaron a esas obras, “cuando debieron costar la mitad o menos”.

Lenín Moreno dijo que 317 funcionarios de la época de Rafael Correa tienen informes de responsabilidad penal. Pidió a la justicia no dejar esos casos en impunidad.

El discurso de Moreno encaja con el inicio de la selección de nuevo Fiscal General. “Hay muchos ecuatorianos con sobrado merecimiento para acceder a ese cargo, honestos, les pido que participen, concursen”, dijo el Presidente durante su intervención que trató de enfatizar en que sí está cumpliendo con uno de sus mayores ofrecimientos: “una cirugía mayor contra la corrupción”. De ahí que exhortó al Consejo de la Judicatura a crear jueces y fiscales nacionales tanto para la lucha contra la corrupción como para combatir el crimen organizado.

Hasta el viernes 4 de enero, 29 aspirantes a Fiscal General presentaron los 24 documentos que necesitaban para avalar su idoneidad para el cargo. Entre los principales requisitos estuvieron certificaciones de haber ejercido la profesión de abogado, la judicatura o la docencia universitaria en materia penal por un lapso mínimo de diez años. Ahora comienza la segunda etapa que consiste en verificar si los aspirantes están habilitados para participar, después se abrirá el concurso de méritos y oposición donde serán valorados y luego rendirán un examen. El proceso incluye una etapa para la impugnación ciudadana antes de la designación y posesión de una de las máximas autoridades de control del Estado. En el Consejo de Participación Ciudadana, la comisión seleccionadora está coordinada por Menthor Sánchez, quien hasta el jueves no pudo atender entrevistas por las reuniones que demanda la convocatoria. La comisión también está integrada por Marcela Estrella, José Oswaldo Iza Chaclo y Cecilia Espinosa Miranda; el secretario es Santiago Santander Jiménez.

Entre los candidatos está el ex diputado Diego Delgado Jara, doctor en Jurisprudencia y profesor de Derecho Económico de la Universidad de Cuenca. También está el exjuez de la Corte Nacional de Justicia, Jorge Blum, quien dictó orden de prisión en contra de Fernando Villavicencio y Cléver Jiménez en caso de supuetsa divulgación de documentos protegidos y es recordado por su participación en la sentencia contra diario El Universo. Entre los aspirantes también está la actual fiscal encargada Ruth Palacios y la Unidad de Análisis Económico y Financiero, Diana Salazar. Otro nombre que consta en la lista es el de Juan Vizueta, actual director general del Consejo de la Judicatura.

Los engranajes oxidados de la Fiscalía

Al pedir una evaluación del papel de la Fiscalía en los últimos años, su calificación es baja. La abogada penalista y catedrática, Beatriz Rodríguez, dice que el actuar de esa institución ha sido “deplorable” y “deficiente”. Recuerda que el concurso de fiscales valían poco o nada. Menciona el caso del exfiscal General Paúl Pérez Reina, quien antes de ser designado como máxima autoridad fue enviado a la Fiscalía Provincial de Carchi como “premio consuelo” pese a ser el mejor puntuado a escala nacional. “Lo que se hacía es poner fiscales a dedo que estaban en esta estructura de poder para poder blindarse y uno de los ejes importantes para poder tener el control es la Fiscalía Genera porque ahí se investigan los delitos más fuertes y los de la cúpula más alta”, dice la experta.


Desde mayo 2017, Ecuador ha tenido tres fiscales generales: Carlos Baca Mancheno (destituido), Paúl Pérez Reina (renunció) y Ruth Palacios, actual fiscal encargada.

Pero uno de los problemas de la Fiscalía ha sido la falta de estabilidad de sus autoridades. Desde que Lenín Moreno asumió la Presidencia en mayo de 2017, la Fiscalía ha tenido tres autoridades: Carlos Baca Mancheno, Paúl Pérez Reina y Ruth Palacios, quien sigue al frente de la institución. Los dos últimos fueron designados como fiscales encargados hasta que el Consejo de Participacón Ciudadana concluya el concurso para un Fiscal General definitivo. Las investigaciones de casos de corrupción son largas y estas siguen más allá de quien encabece la institución, sostiene la jurista. Pero cree que es indispensable que un Fiscal General tenga una adecuada formación académica y amplia experiencia el litigio. “No puede ser que el anterior fiscal, Carlos Baca Mancheno, haya tenido solo una especialidad y tal vez haya escrito solo un artículo”. Agrega que esta formación también debe ser internacional pues ahora los delitos son trasnacionales.

Con ese criterio coincide el abogado penalista Ramiro García y presidente del Colegio de Abogados de Pichincha. “El problema mayor que hemos tenido con los últimos fiscales generales desde Washington Pesántez hasta Carlos Baca Mancheno ha sido sin duda la frágil estructura formativa que han tenido”. En su opinión, lo primero que debe asegurarse es un Fiscal General que conozca de derecho penal. Dice que uno de los obstáculos a la hora de procesar los casos de corrupción es que quienes han pasado por ese cargo no saben por dónde seguir ni probatoria ni procesalmente las causas.

 

“El problema mayor que hemos tenido con los últimos fiscales
generales desde Washington Pesántez hasta Carlos Baca Mancheno ha sido sin duda la frágil
estructura formativa que han tenido”.

Ramiro García, abogado.

El experto afirma que existe “una precariedad formativa impresionante” en la Fiscalía. De ahí que en los concursos debe reforzarse este aspecto y así como la Escuela de Fiscales. Este es un órgano de la Fiscalía General y hasta 2017 en su último reporte público de actividades dijo haber capacitado a 774 servidores a escala nacional en 22 talleres. La temática más recurrente fue litigación oral y argumentación jurídica (4 capacitaciones), seguida de manejo de procesos de capacitación y control de gestión pública. Registró solo un taller en violencia de género, uno en tipos penales en zonas fronteriza, uno en técnicas de investigación criminlaística, uno en técnicas de investigación de lavado de activos, entre otros.

Pero también hay propuestas para que se replantee la estructura de la Fiscalía. Por ejemplo, García propone mejora la relación entre Fiscalía General y las fiscalías provinciales. También que esta institución deje de depender del Ministerio del Interior a la hora de emprender investigación policial.

Beatriz Rodríguez agrega que debe depurarse toda la Fiscalía. “¿Es gente que responde a un poder?”, se pregunta. Por eso el nuevo Fiscal debe ser una persona que esté desvinculada a cualquier partido político, opina. Jorge Rodríguez, presidente de la Comisión Anticorrupción, cree que el Fiscal General debe tener gente de altísimo nivel que pase cada seis meses por el detector de mentiras. “Lastimosamente en temas que son de tanto dinero sucumben sus deseos de manejar de forma transparente los casos. Es necesario técnicas, control y transparencia. Si un fiscal es honesto eso permea hacia abajo”, manifiesta.

La abogada Beatriz Rodríguez dice que el actuar de la Fiscalía ha sido “deplorable” y “deficiente”. Recuerda que el concurso de fiscales valían poco o nada.

El pasado 10 de diciembre, la Mesa por la Verdad y la Justicia pidió al Consejo de la Judicatura Transitorio investigar a 492 jueces y fiscales por su supuesta actuación irregular dentro de los casos de hostigamiento a través del sistema judicial. Que el número sea tan grande demuestra que existe un grave problema en la justicia, afirmó la vocal del Consejo, Angélica Porras. Dice que tiene buenas expectativas respecto al avance de las investigaciones, pero reconoce también que pueden haber tropiezos.

El Consejo puede investigar administrativamente a jueces y fiscales, pero cuando sus actuaciones se derivan en posible prevaricato, estas deben ir al sistema penal. Allí la Fiscalía podría investigar su propia acción y eso le deja preocupaciones. “La dificultad que le veo es que no va a ser fácil que un fiscal compañero o amigo de un fiscal investigado no solo inicie sino que concluya un proceso penal. Por eso decíamos que es importante que el Consejo de la Judicatura inicie las investigaciones administrativas que pueden terminar en una destitución”. Pero además hay fiscales procesados por narcotráfico. Es el caso de la fiscal de San Vicente, Angélica V., quien fue detenida después de cambiara el delito por el acusaba a una banda vinculada con Sinaloa. Ni Fiscalía ni el Consejo de la Judicatura han informado sobre sanciones o procesos administrativos en su contra ante los requerimientos de Plan V.

 

Jorge Rodríguez, presidente de la Comisión Anticorrupción, plantea que para evitar que la Fiscalía se investigue así

misma, la opción es “el poder ciudadano”.

¿Cuál es la solución? Jorge Rodríguez plantea que para evitar que la Fiscalía se investigue así misma, la opción es “el poder ciudadano”. “Es lo que estamos haciendo como comisión, creando los núcleos provinciales y cantonales. Mientras tengamos ciudadanos sordos, ciegos y mudos que conviven con el miedo de lo que le pueda suceder si abren la boca, el país no camina”.

La depuración y evaluación de los fiscales es un tema pendiente, pero Rodríguez añade otros cambios al interior de la institución. Afirma que es necesario que la Fiscalía pase de analógica a digital para que tener un control “de lo que entra y de lo que sale”. Asegura conocer 500 informes de la Contraloría con responsabilidad penal cuyas investigaciones no han sido iniciadas en la Fiscalía. Según su criterio, es necesario un inventario de las causas y de lo que la Fiscalía hace todos los días.

Pero hay otros aspectos a revisar para la lucha contra la corrupción. El presidente de la Comisión afirma que existen 17 leyes que fueron sido manipuladas en el Régimen anterior para encubrir las tramas. Las más importantes: el Código Orgánico Integral Penal y la Ley de Contratación Pública. Usar los resquicios legales para evitar la justicia ha sido una constante, manifiesta.  Eso ha evitado, por ejemplo, recuperar los dineros producto de la corrupción. Menciona que en los bancos de Suiza existen 36 millones de dólares que pueden ser de origen de ilícito. Pero mientras no exista una sentencia de última instancia, estos no pueden ser devueltos. “Es un jueguito de que si no tenemos una justicia que funcione en el país, no vamos a recuperar ni 20 centavos”.  

Polémicas que han marcado a la Fiscalía en los últimos meses

 El audio del ‘compadrito’. En enero de 2018, el fiscal Carlos Baca Mancheno reveló la grabación de una presunta conversación en la que el entonces presidente de la Asamblea, José Serrano, y el excontralor del Estado, Carlos Pólit, conversan sobre cómo para deshacerse de él. En el diálogo, Serrano trató a Pólit, procesado por el caso Odebrecht y prófugo de la justicia, como “compadrito lindo”. “Hermano, aquí el tema es Baca (..). Baca es un miserable, tú sabes que siempre fue un miserable y obviamente él no está dispuesto a cumplir con ningún, con ningún acuerdo”, dice Serrano en la grabación. Baca fue llamado a la Asamblea para que explique el origen de ese audio y finalmente fue destituido. Asimismo, la Asamblea resolvió quitarle a Serrano la presidencia del Parlamento. 

Un fiscal que duró seis meses. Paúl Pérez Reina renunció el 14 de noviembre de 2018. Julio César Trujillo, presidente del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, dijo que la dimisión era por “motivos personales”, pero la Fiscalía aseguró en Twitter que Pérez había  aceptó una “propuesta de formar parte de una organización internacional de lucha contra el narcotráfico. Aclaramos que no son motivos personales ni familiares sino institucionales los que (lo) llevaron presentar su renuncia”. Pérez fue el reemplazo de Baca Mancheno. En la actualidad labora en el Centro de Inteligencia Estratégica, ex Senain. Pérez Reina salió de la Fiscalía después de haber reabierto investigaciones como la del secuestro de Fernando Balda y el asesinato del general Jorge Gabela. Fue un fiscal de bajo perfil ante la prensa y sorpresivamente puso limitaciones al trabajo periodístico al bloquear el ingreso de los periodistas a la Fiscalía General. 44 periodistas en una carta pidieron no restringir el trabajo de la prensa. La misiva nunca fue contestada por la fiscal que lo reemplazó, Ruth Palacios.

Un designación cuestionada. En diciembre pasado, la vocal Zobeida Aragundi propuso designar a Galeano Balcázar como fiscal provincial de Pichincha. El puesto fue ocupado por la actual fiscal General encargada, Ruth Palacios, quien lo dejó al ser designada como fiscal General encargada en reemplazo de Pérez Reina. En su puesto en la fiscalía provincial quedó Sandra Rosillo. La propuesta de Aragundi pasó, pero la vocal Angélica Porras pidió la reconsideración. Porras al pedir la lista de los mejores puntuados encontró que Balcázar ocupaba el puesto 50 y que había candidatos con mejor puntaje. Asimismo organizaciones como la Asociación de Víctimas del 30S reclamaron por la designación de Balcázar pues afirmaron que él fue parte de la persecución política en en su contra. Balcázar se desempeñaba como asesor del exfiscal Paúl Pérez Reina. Finalmente, Balcázar se excusó de asumir el cargo. Y la decisión de encontrar un nuevo fiscal de Pichincha está en espera.

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