Luisa Lozano, Amable Angamarca, Karina Montero y Ángel Polibio Medina, ciudadanos ecuatorianos de la etnia de Saraguro, provincia de Loja, luego de protestar en su comunidad contra el gobierno de Rafael Correa, en el levantamiento indígena del 17 de agosto del 2015, fueron detenidos con violencia y acusados del delito de "resistencia". Fueron sentenciados a: recibir capacitación —léase un curso— de conviviencia respecto de la seguridad interna del país y del orden público. Un curso en tres sesiones a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Fueron sentenciados, además, a presentarse durante un año, una vez al mes, ante un juez del cantón Saraguro, en el día que decidan los sentenciados; 240 horas de trabajo comunitario, durante un año, de los cuales 90 debían en favor de su comunidad, 30 horas en favor de la Policía, y 120 horas en favor de una institución del Estado. Deberán pagar, además, una multa personal —por cada uno— de cuatro salarios básicos unificados (USD 1500). Finalmente, como "medida de satisfacción simbólica" el juez ordenó que los cuatro sentenciados presenten disculpas públicas, en dos diarios de la provincia, a la Policía Nacional a la ciudadanía de Loja y del Azuay y a los uniformados que sufrieron lesiones corporales, "a favor de los cuales se deja a salvo su derecho para la reparación moral y patrimonial".

La sentencia fue considerada una humillación por la defensa de los dirigentes de Saraguro, y esta apeló. El Ministerio del Interior —que entonces estaba dirigido por José Serrano, ahora nombrado Asambleísta Nacional de Alianza PAIS— también apeló: quería que se sancione además a otros cinco saraguros que fueron acusados en la misma denuncia y declarados inocentes tras un proceso judicial.

Luisa Lozano es una de las caras visibles de la judicialización de dirigentes indígenas. Foto: Diario El Universo

Este es un caso de los llamados criminalizados por el gobierno del Rafael Correa. Otros casos, ubicados en una larga "lista oficial" emitida por los procuradores judiciales del movimiento indígena, incluyen los casos de diez provincias del Ecuador, sobre todo en las de alta presencia indígena, y donde se han dado incidentes y protestas contra las mineras chinas, en la Amazonia Sur del país. En una de estas, se da el caso que 50 campesinos e indígenas shuar, de Morona Santiago, están señalados presuntamente por el delito de asesinato, luego de un enfrentamiento con policías y guardias de seguridad en el campamento de la minera china Explorcobres, en Nankins, en el cual murió un policía. 

La lista de criminalizados por el Estado está llena de apellidos como Angamarca, Lozamo, Shunuala, Sarango, Quishpe, Pilataxi, Guamán, De la Cruz, Uyunkuar, Tubón, Santi, Puwuainchir... En la marcha del Primero de Mayo, en Quito, líderes históricos del movimiento indígena, como Luis Macas, y los principales dirigentes de la Conaie, caminaron con un letrero entre sus manos: #AnminstiaPrimero. Estos letreros avanzaron por los kilómetros que duró la movilización. Fue el lanzamiento en las calles de la respuesta de la dirigencia de la Conaie a la "mano extendida" del presidente electo Lenin Moreno. Durante las reuniones con varios sectores sociales, Moreno planteó a la dirigencia indígena, opositora al correismo, un acercamiento. La respuesta fue: de acuerdo, pero tenemos más de 700 personas criminalizadas y de eso es importante conversar primero. Un vocero de la candidatura de Moreno ripostó: no aceptamos condiciones. Pero para el movimiento indígena, aún está por verse. El escepticismo viene del presidente de la Conaie, Jorge Herrera. Para el dirigente, una vez posesionado, Moreno debe dar señales de que no son solo palabras sus ofertas. Menciona el decreto 016, al cual ahora quieren convertir en ley orgánica. Estas normas, dijo Herrera, es la forma de destrucción de la cultura, la organización y la historia del pueblo indígena del Ecuador. Una señal, sería, que Moreno ponga un freno a la aprobación de esta ley, dice el dirigente.

Katy Macas, del grupo Asociación de Familiares de Criminalizados del Ecuador

Hay 98 procesados penalmente en el Ecuador, y 13 sentenciados. El 80% de los procesos y las sentencias corresponden al artículo 283 del Código Integral Penal, COI, que sanciona el "ataque o resistencia". El resto tiene que ver con delitos como "terrorismo", "sabotaje" y "paralización de servicios públicos". Algo paradógico porque la Constitución consagra el Derecho a la Resistencia a cualquier decisión de autoridad pública que afecte derechos fundamentales, dice Harold Burbano, abogado y procurador de casos de derechos humanos. El abogado explica que la cifra de 700 personas criminalizadas —lanzada por la Conaie y cuestionada en su número por el Ejecutivo— se refiere a desde el 2007 hasta la fecha, ese número de personas han sido contactadas por agentes del sistema de justicia penal. Es decir, en la cifra se incluyen dirigentes y activistas que fueron detenidos por la Policía en las movilizaciones indígenas de agosto del 2015, y que luego fueron liberados sin pasar por flagrancia o levantamiento de cargos. 

La amnistía que se pide, aclara el abogado, es para las personas que han sido acusadas o sentenciados por delitos que sea el de "resistencia", porque este último no es amnistiable según las normas. Cabe, en este caso, dice el abogado, que este delito sea declarado inconstitucional y desaparezca del COIP. 

Elsie Monge, la presidente del Comité Ecuménico de Derechos Humanos, y la activista más antigua del Ecuador en ese plano, expresó su apoyo a la campaña proamnistía y recordó que durante la Asamblea Constituyente del 2008 se emitió un Mandato donde se declaraban amnistiados a más de 300 activistas y luchadores populares. Esta medida se tomó por solicitud de la Cedhu y ella aboga ahora porque el mismo espíritu de la Constituyente prime con el cambio de la administración en los asuntos del Estado.

El presidente de la Conaie cree que la aministía y el indulto sería un primer paso para empezar a conversar con el nuevo gobierno sobre una agenda de temas como el derecho y cuaidado del agua,   los impactos del extractivismo, la consulta previa a las comunidades, el respeto a la organización de la sociedad civil, la devolución de la educación prluricultural bilingüe... El movimiento indígena, dice, seguirá luchando por la vigencia del Estado Plurinacional consagrado en la Constitución: no tenemos prisa, dice, porque el nuestro es una proceso de consulta y decisión a las comunidades y ellas dirán el camino a seguir.