La Defensoría Pública es un órgano autónomo de la Función Judicial cuyo fin es garantizar el acceso a la justicia de las personas que no puedan contratar los servicios de defensa legal. Funciona con autonomía administrativa, económica y financiera; es representada por el Defensor Público General y cuenta con recursos equivalentes a los de la Fiscalía General del Estado.

Actualmente está encargada a Ángel Torres, pero una serie de recursos legales han sido presentados contra su gestión lo que ha provocado inestabilidad en la entidad en los últimos meses.

Conflictos por la Defensoría

La pugna por la máxima autoridad de la Defensoría Pública tiene años. Desde el concurso que se declaró desierto en 2019, donde los tres finalistas restantes declararon irregularidades sobre dicho concurso a este medio. Ellos fueron Luis Ávila, Jaime Santos y Gina Gómez de la Torre. Los ex candidatos presentaron argumentos de alteraciones en las tres fases del proceso.

Este 2022 un antiguo concursante, Ángel Jarrín, puso una acción de protección reclamando que el cargo de Defensor Público Subrogante le pertenecía por supuestamente haber sido el mejor puntuado. La Defensoría Pública declaró que el puntaje al que aducía Jarrín no correspondía al de la evaluación defensorial y que el cargo de subrogante es asignado vía Consejo de la Judicatura. La acción de protección fue negada.

El cargo de Torres está blindado por tres medidas cautelares a su favor y un dictamen de la Corte Constitucional que establece que los nuevos Consejos de Participación Ciudadana no tienen las mismas facultades que el de Transición, que fue el que designó a Torres, entre esas facultades los encargos.

Pero el defensor público, Ángel Torres, se desmarca de la problemática política y asegura que su labor es más técnica. Según cuenta, los logros a su cargo van desde el ahorro de USD 130 mil en convenios para uso de oficinas, el mejoramiento de infraestructura a nivel nacional y un ahorro de USD 974 mil en gestiones comunicacionales.

Torres confirmó que tienen una dirección de calidad con buscan verificar el trabajo de sus servidores. “A pesar de no contar con los recursos estamos trabajando en mejorar el sistema de gestión documental”, indicó.

“La Defensoría Pública es un referente a nivel internacional. Ecuador tiene dos representantes en el Consejo del Bloque de Defensorías Públicas del Mercosur, participa en diversos congresos de las Naciones Unidas y hay defensorías públicas de otros países que buscan replicar nuestro modelo”, comentó.

¿Para qué sirve la Defensoría Pública?

La Defensoría Pública siempre ha sido confundida con la Defensoría del Pueblo. Ésta última busca garantizar los derechos humanos, el debido proceso, la libre defensa del consumidor y garantías constitucionales. En cambio, la Defensoría Pública brinda asesoría y patrocinio legal gratuito a todos quienes no puedan contratar un abogado. Es la entidad que hace realidad en el país la oferta de “sino puede pagar un abogado, el Estado le proporcionará uno”. Pero muchos de los procesados prefieren contratar un abogado privado, inconformes con la defensa que hacen los abogados de la Defensoría, que generalmente actúan sobre todo en audiencias de flagrancia y hasta que el procesado consiga un abogado particular.

En 2021, del presupuesto asignado a la Defensoría Pública de USD 32 millones, USD 23 millones fueron para remuneraciones unificadas, casi otros USD 4 millones a salarios unificados, décimo tercero y décimo cuarto. Es decir, un 95% del presupuesto de la institución se destina al pago de nómina, pero aún así se sostiene que no hay suficientes funcionarios en la entidad.

La institución cuenta con 194 puntos de atención en las 24 provincias del país, 72 consultores jurídicos gratuitos y 2 unidades móviles a través de las cuales se da asesoría gratuita en los lugares donde no hay puntos de atención. Hay atención en la web disponible en los 905 centros a nivel nacional, a través del cual cualquier ciudadano puede acceder al apoyo legal gratuito.

En entrevista con Plan V, el defensor público encargado, Ángel Torres manifestó que al momento necesitan más funcionarios en terreno. Según el defensor, en 2021 se incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025 la meta de incrementar la tasa de defensores públicos de 3,87 a 5 por cada 100 mil habitantes, lo que permitirá cubrir el déficit de 200 defensores públicos que se tiene hoy en día. Actualmente hay 678 defensores públicos a nivel nacional.

A pesar de la falta de personal, en 2021 las estadísticas de la entidad sostienen que se atendieron 235 mil patrocinios, 50 mil asesorías y 2871 mediaciones, todas gratuitas. Del total de patrocinios, más de 130 mil fueron por causas penales y unas 50 mil correspondieron a violencia de género.

La Defensoría Pública tiene su sede en la avenida de los Shyris en Quito. Desde aquí se coordinaron los más de 235 mil patrocionios atendidos en 2021 a nivel nacional.

Pero para la abogada y ex postulante a la Defensoría Pública, Gina Gómez de la Torre, las cifras no representan necesariamente una atención de calidad. Según Gómez, la institución fue creada “para cumplir un requisito” que es precisamente que un procesado cuente con un abogado al momento que es detenido, aunque su contacto con el defensor de oficio puede terminar ahí. La ex postulante aseguró que muchos defensores públicos llegan a las audiencias sin estudiar los casos.

Para esta abogada, quien también fue fiscal, el problema radica en que se asigna un defensor para cada fase del proceso. Esto ocasiona que los defensores “hereden” procesos y pierdan el hilo de la defensa. Así se pierde la defensa global del caso y se focaliza solo en cumplir con la fase respectiva. Aunque Gómez reconoce que se dan buenas capacitaciones para cada fase, insiste en que un defensor debería llevar todo el caso para tener mejores resultados.

Salarios bajos, cargas altas

La Defensoría Pública brinda asesoría en todas las materias e instancias. Las líneas de atención principales son en representación de infractores, tanto en delitos como en contravenciones, garantías penitenciarias, adolescentes en conflicto con la ley, víctimas de varios tipos de delitos, en materia laboral, en movilidad humana o en inquilinato. Los casos que se atienden con mayor frecuencia son temas de familia, niñez y adolescencia, y los temas penales.

Así operan las unidades móviles de la Defensoría Pública. En Santo Domingo, familiares de personas privadas de libertad acudieron a una oficina móvil, ubicada en las afueras del centro forense a fin de recibir asesoría legal. Foto: Defensoría Pública.

Con las unidades móviles, que funcionan como oficinas rodantes, han recorrido todo el país. En cuatro meses del 2021 visitaron 102 puntos en 15 provincias del país. Es una iniciativa financiada por ACNUR. Este año siguen recorriendo 9 provincias del país, enfocados en los lugares donde no hay acceso a abogados particulares.

Este año hubo un incremento de USD 4 millones al presupuesto en la institución, la Defensoría Pública indicó que serán invertidos en la renovación de equipos tecnológicos obsoletos de 12 años de antigüedad y la incorporación de nuevos defensores públicos. El presupuesto aumentará de USD 33 a USD 37 millones en 2022.

Un nuevo marco legal

La actual administración logró que se apruebe un proyecto de Ley Orgánica de la Defensoría Pública en la Asamblea, sin votos en contra ni observaciones del Ejecutivo. La ley, vigente desde marzo de 2021, servirá para regular los servicios a los usuarios, establece directrices y regula a los consultorios jurídicos gratuitos. Otra de las iniciativas del proyecto de ley es la creación de la Escuela Defensorial. “La escuela es diferente a la del Consejo de la Judicatura que capacita jueces, está enfocada a la defensa técnica y la formación continua del personal”, explicó Torres.

A nivel nacional hay tres coordinadores regionales y 24 directores provinciales. Como se mencionó, uno de los principales desafíos es remontar el déficit de defensores públicos a nivel nacional. Pero otro es el incremento de los sueldos, “la Constitución establece que la Fiscalía y la Defensoría tienen que tener los mismos recursos”, dijo Torres.

El directivo confirmó que están buscando incrementar el sueldo de sus defensores públicos, “tenemos un problema, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura convoca un concurso para jueces y todos los defensores públicos con la experticia que tienen ganan y nos quedamos sin personal”, dijo Torres. La carga es alta y el sueldo es bajo, confirmó el Defensor Público General. Desde la directiva se confirmó que está haciendo gestiones para equiparar salarios “que les corresponden constitucionalmente”. Torres declaró que están trabajando con el Gobierno y el Consejo de la Judicatura al respecto.

La jurista Gómez de la Torre advierte que los bajos salarios pueden contribuir en una falta de incentivos para que los defensores públicos asuman los casos. En otros sistemas judiciales como Estados Unidos, Canadá o Europa hay estudios jurídicos privados que asumen casos emblemáticos en defensa pública y gratuita. Así lo afirma la abogada Gómez, “si un despacho gana esos casos, ahí se juega el nombre del abogado. Es distinto que acá en que puede defender como medio pueda y ya sabe que tiene su sueldo al fin del día”.

Gómez reconoce que hay defensores públicos “que se la juegan” pero también advierte que en el sistema hay muchos funcionarios que trabajan “por cumplir”.

La tensión con la Policía

Otra propuesta de la administración de Ángel Torres es que su institución se haga cargo de la defensa de la Policía Nacional. “En 2021 atendimos a 278 policías, , ya lo hemos venido haciendo”, afirmó. Se quería crear una Unidad de Defensa de la Policía independiente desde el Gobierno, la propuesta de Torres es que la Defensoría Pública asuma el trabajo. Actualmente, abogados de la Policía asesoran a los uniformados procesados por asuntos relacionados con sus funciones, aunque al final terminan contratando un defensor privado.

Uno de los logros que clama la gestión de Torres es la digitalización de los servicios. Ahora se conoce de manera digital la carga laboral y las atenciones a nivel nacional de los defensores públicos a nivel nacional. Según sus estadísticas, en Guayaquil es donde hace falta más personal. “Un defensor público puede atender dos o tres cantones por la falta de personal”, aseguró Torres Machuca.

El año pasado se conoció de un caso en Cayambe en que la agente de la Policía, Rafaela Montoya, detuvo a cuatro ciudadanos que habrían ingresado a un domicilio para robar. Los presuntos delincuentes fueron patrocinados por defensores públicos, los que lograron que se llegue a un acuerdo con las víctimas. La prisión preventiva en su caso fue revocada tras el acuerdo.

Tras los hechos, la policía Montoya, en una rueda de prensa expresó su rechazo a la actuación de los defensores públicos y cuestionó que hagan acuerdos con las víctimas. Los dos defensores públicos aludidos iniciaron un proceso penal contra Montoya por descrédito y deshonra. El juez declaró inocente a la agente policial y calificó la demanda de los defensores como maliciosa y temeraria.

El Defensor Público General conoció del caso y mantuvo reuniones con el Comandante General de la Policía en la época para aclarar el tema. “Es el desconocimiento del rol del defensor público, ellos confundían la conciliación, cuando está establecida en el COIP”, aclaró Torres. “Ellos utilizaron una figura legal correcta. Por eso nuestra invitación para brindarles capacitaciones para que ellos conozcan los temas y no se distorsione la información”, agregó.  

Los indultos penitenciarios

La Defensoría Pública también es parte de la Política de Rehabilitación Social de este Gobierno. En febrero de 2022 el presidente Lasso firmó el Decreto Ejecutivo 355 referente a los indultos para presos por robo, hurto, estafa y abuso de confianza que busca reducir el hacinamiento en las cárceles. Ángel Torres dispuso a los coordinadores para que visiten los centros de privación de libertad y familiares para dar asesoría. Se presentaron 1844 trámites y se logró la libertad de 519 personas, el 97% de los que salieron estaban con sentencias por robo.

El presidente Guillermo Lasso firmó el Decreto Ejecutivo 355 sobre los indultos penitenciarios el 21 de febrero de 2022. Lo acompañó la ex secretaría de Derechos Humanos Bernarda Ordóñez.

La institución defensorial tiene oficinas en centros de rehabilitación, como en Cotopaxi y Turi, y traslada constantemente sus unidades móviles a lugares cercanos a las cárceles. Sin embargo, la Defensoría Pública no administra justicia, quien decide si acepta o no el indulto es el juez. La Defensoría se encarga de verificar los requisitos y con esa verificación conjunta con el SNAI han brindado este servicio.

Para la abogada Gómez de la Torre la adecuada defensa influye en la realidad que se vive hoy en los centros penitenciarios. “La presunción de inocencia es lo que menos importa, con el abuso de la prisión preventiva tenemos llenas las cárceles. Muchas de las víctimas de estos asesinatos son personas que les pusieron prisión preventiva por si acaso y no hubo una adecuada defensa”.

El tema llega en un momento en que el Estado ecuatoriano ha recibido advertencias de organismos internacionales por violar derechos humanos. La alta comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, pidió una explicación al Estado sobre las masacres en las cárceles y afirmó que los hechos fueron responsabilidad del aparato estatal.