Los anuncios de mutuas denuncias penales entre el grupo de consejeros del Consejo de Participación encabezados por Hernán Ulloa y la mayoría opositora en la Asamblea Nacional hacen ver que el conflicto político surgido tras la censura y destitución de cuatro de los siete consejeros se ventilará en tribunales.

En el Palacio Legislativo, el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, reiteró dos de sus posturas sobre el tema: los cuatro consejeros ya fueron cesados por la Asamblea, y si siguen despachando, se estaría cometiendo un delito de simulación de funciones, previsto en la ley penal. De ahí que Saquicela deja claro también que no van a posesionar al superintendente de Bancos designado por la mayoría, Roberto Romero Von Buchwald. En la lectura de Saquicela, el Consejo no puede realizar la posesión del nuevo funcionario, pues esta es una atribución exclusiva de la Asamblea Nacional. Y la mayoría opositora del Legislativo no piensa reconocer ningún acto que realicen los cuatro consejeros, quienes se mantienen despachando en sus oficinas del centro de Quito. 

De su lado, Hernán Ulloa también definió su postura. En un comunicado emitido el pasado domingo, Ulloa dedica buena parte del texto a fundamentar doctrinariamente la separación de funciones, y luego defiende las medidas cautelares que le concedió un juez del cantón La Concordia, en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, que les han permitido a los cuatro consejeros de mayoría seguir despachando.

Comunicado del presidente del #CPCCS @HernanUlloa al país.
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— Participa Ecuador (@CpccsEc) December 4, 2022

Ulloa arremetió luego contra Saquicela, con acusaciones de las que no dio mayor detalle ni fundamento. Así, mencionó que el presidente de la Asamblea estaría buscando "una desestabilización en el marco constitucional, en la democracia, en el sistema legal" y la "afectación a la institución".

Para Ulloa, la mayoría legislativa tiene un "errado criterio jurídico", al negarse a posesionar al superintendente designado, y, además, está propiciando una "pugna de poder e irrespeto a la Función Judicial" al no acatar la restitución planteada por el juez de La Concordia.

La decisión final del juez cantonal Ángel Lindao, en La Concordia, dio la razón a los argumentos de Ulloa y los consejeros al señalar que no hubo debido proceso en el juicio político y declarar nula la censura y destitución. La acción constitucional puede ser apelada ante la Corte Provincial en Santo Domingo de Los Tsáchilas. En su decisión, el juez restituyó a los cuatro consejeros y ordenó a la Asamblea disculpas públicas, además de colocar una placa en el Palacio Legislativo.

Según resolución del juez, la @AsambleaEcuador debe presentar disculpas públicas, a los consejeros @HernanUlloa, @mrivadeneirac, @IbethEstupinan y @BravoManabita. Además, colocar una placa y un banner que diga: “Ningún poder del Estado está por encima del control constitucional" pic.twitter.com/uEPP1IuaHj

— Participa Ecuador (@CpccsEc) December 7, 2022

El riesgo de caer en el limbo

Aunque los consejeros de mayoría parecen estar dispuestos a pisar el acelerador en la designación de autoridades, resulta que el nombramiento se hace en la Asamblea Nacional y que, sin esa ceremonia, los funcionarios que el Consejo designe quedarían en una especie de limbo.

En un comunicado emitido el sábado, Saquicela y representantes de las bancadas de oposición sostuvieron que no reconocerán ningún acto de los consejeros a quienes consideran destituidos y recordaron que los jueces no pueden intervernir en las funciones de la Asamblea, que son legislar y realizar control político. Acatar la decisión del juez Lindao significaría que los legisladores estarían "demás", argumentaron.

COMUNICADO || La Asamblea Nacional, ante lo dictado por el juez Ángel Lindao en La Concordia, comunica a la ciudadanía e institucionalidad del país, que no permitirá la injerencia de ninguna Función del Estado y seguirá actuando de conformidad con la Constitución y la Ley. pic.twitter.com/Zq3yRuE5F8

— Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) December 3, 2022

Desde la minoría, en cambio, se sostiene que los cuatro consejeros que encabeza Hernán Ulloa tienen más bien otra consigna: demorar todo lo posible las designaciones para que, de ganar la consulta popular del Gobierno, este tenga la posibilidad de dejar en funciones prorrogadas a los actuales encargados de instituciones como la Contraloría. La intención sería seguir dirigiendo los organismos de control desde Carondelet. Si la teoría de los consejeros de minoría es cierta, la negativa de la Asamblea de posesionar a los designados por los consejeros de Ulloa podría contribuir a dejar sin titulares a las entidades de control hasta conocer los resultados de la consulta.

Juan Javier Dávalos, consejero cercano al correísmo, sostuvo que se podría realizar una autoconvocatoria de los vocales de minoría y por lo menos cuatro de los vocales suplentes del Consejo de Participación.

David Rosero, otro de los consejeros de la minoría, explica que para ello deben estar posesionados los cuatro suplentes. Hasta el momento, la Asamblea ha posesionado a dos: Gina María Aguilar Ochoa y Olindo Nastacuaz. Carlos Figueroa, otro de los consejeros suplentes, debió ser convocado para ser posesionado, pero hasta el momento lo ha recibido la notificación de la Asamblea.

Si no se logra que haya consejeros suplentes para la autoconvocatoria de siete, es poco probable que la minoría logre controlar el Consejo, lo que significaría que la situación de Ulloa y los cuatro consejeros depende de la decisión del juez de La Concordia.

  Entrevista  

"La estrategia del Gobierno que es generar la crisis institucional y luego vender una solución por medio de la consulta popular"

David Rosero, consejero de la minoría

Fotos: Luis Argüello / PlanV

¿Qué forma tendría de destrabarse este conflicto en el Consejo de Participación?

La gran mayoría de las bancadas y 85 votos aceptaron la censura y destitución de cuatro consejeros que pretenden aferrarse al cargo para seguir alineados con Carondelet. Han hecho un abuso de las acciones de protección, pues se han presentado más de 15 en todo el país, en La Concordia siete. La medida cautelar es inejecutable, pues en ese mismo cantón han presentado siete cuando no debe presentarse más que una. Hay una mano del Gobierno que es generar la crisis institucional y luego vender una solución por medio de la consulta popular. 

Usted dice que la mayoría está alineada con el Gobierno, pero desde el otro lado se dice que usted, Juan Javier Dávalos y Sofía Almeida están con el correísmo y que pretenden influir en la designación de un contralor cercano al correato ¿qué dice al respecto?

En el juicio político se evidenció como muchas de las fuerzas políticas, salvo el Gobierno, votaron por la censura y destitución, por hechos como los audios con presunta corrupción y el pretender cambiar las reglas del juicio en la mitad de los procesos de designación de autoridades para direccionarlos a favor del Gobierno. Hemos pasado nueve meses y no han avanzado nada en temas como el concurso del contralor, la renovación del Consejo Electoral, entre otros, porque su estrategia siempre ha sido clara: obstaculizar los procesos hasta que llegue la consulta y de ahí prorrogar un año y medio más a las autoridades que ya están. Ulloa dijo que en 72 días iban a elegir contralor pero han pasado nueve meses y no lo logran. Son las mismas prácticas que hemos combatido en el pasado para tomarse los organismos de control. Actualmente han dicho que el concurso para contralor terminaría en mayo cuando no hay razón para ello. 

Volviendo a las acusaciones de que el correísmo está detrás de los consejeros de minoría, ¿cómo se podría intervenir en el concurso para contralor si ya se reformó el reglamento y el proceso está en marcha?

Si nosotros hiciéramos algo así cometeríamos el mismo error que cometieron ellos al modificar ese y otros reglamentos. Pero sí hay inquietud porque el actual reglamento introduce elementos subjetivos, como una prueba oral de 20 puntos que pueden ser calificados de manera subjetiva lo que podría distorsionar el concurso en sí. La comisión de selección es la que califica las carpetas y el Gobierno está controlando esa comisión.

Se han posesionado consejeros suplentes y se habla de una autoconvocatoria de la minoría, ¿cómo podría operar?

La Asamblea ya posesionó  como suplentes a Mónica Moreira y Karina Ponce, por lo que asumirían automáticamente el cargo por la censura y destitución, y se posesionó a Olindo Nastacuaz. Se debe completar cuatro consejeros suplentes. Cuando tengamos las notificaciones de la Asamblea tomaremos decisiones y hacemos un llamado al juez de La Concordia para que retire las medidas cautelares. Cuando esté completo el Consejo tomaremos decisiones, más allá de lo que haga o deje de hacer el señor Ulloa.

No sería la primera vez que un conflicto en ese Consejo termina con quién apoya la Policía y el ministro de Gobierno ya reconoció a Hernán Ulloa

Vemos con preocupación la postura de Jiménez y es parte de la estretegia del Gobierno. El Gobierno generó la crisis y ahora busca vender una solución. El asalto anterior al Consejo de Participación se realizó con la colaboración de una jueza de Samborondón, también cuestionada por liberar delincuentes. 

Usted fue crítico del correísmo y fue perseguido por ellos, ¿se prestaría para una operación política para tomarse el Consejo?

Reitero que quienes califican no somos los consejeros sino una comisión de selección. Las prácticas del gobierno correísta no pueden ser retomadas por el actual Gobierno. Lo que está en juego es cómo el Gobierno entiende el proceso democrático y la concentración del poder.