Como para no perder la costumbre, el Consejo de Participación resolverá sus disputas por medio del sistema de justicia, luego de la presentación de una acción de protección por parte de los consejeros de minoría, Carlos Figueroa y Alan Molestina en contra de la mayoría encabezada por Gina Aguilar Ochoa.

La acción, que se ventilará este 24 de marzo de 2023 en una unidad civil de la capital, busca suspender los efectos de una resolución tomada por los cuatro consejeros de mayoría, que anula las acciones tomadas por el anterior Consejo, luego de que fuera censurado y destituido en noviembre del año anterior por la Asamblea Nacional. La acción fue aceptada a trámite pero una medida cautelar que se había planteado fue negada por el juez de la causa. 

En la acción de protección presentada por Figueroa y Molestina, se busca anular esta resolución de la mayoría, que se basó en una argumentación de la Corte Provincial de Santo Domingo, que siguió el trámite de la acción concedida por el ex juez Ángel Lindao, quien despachaba en el cantón La Concordia, que anuló el juicio político y la destitución de los consejeros.

Presentada Acción de Protección contra 4 consejeros del CPCCS por vulneración de derechos constitucionales, medidas de reparación que deje sin efecto lo resuelto en la madrugada del 10-03-2023, se abstengan de emitir resoluciones similares y capacitación de competencias a Consj. pic.twitter.com/sndkrn5pAZ

— Carlos Figueroa (@carlosfigueroa6) March 20, 2023

La medida, que incluyó la disposición a la Asamblea Nacional de colocar una plata en el frontis del Palacio Legislativo (que luego fue retirada por una resolución del pleno) fue luego revocada por la Corte Provincial, quien sostuvo en un aclaración que aunque revocó la medida de Lindao, en ningún momento dispuso que los actos ya consolidados por parte de la mayoría del Consejo que presidía Hernán Ulloa hayan también sido anulados.

Los ex consejeros, encabezados por Hernán Ulloa, fueron cesados por la Corte Constitucional en enero de este año, por incumplir una sentencia que les obligaba a nombraer al presidente del Consejo de la Judicatura de una terna enviada por la Corte Nacional. 

Roberto Romero no ha podido posicionarse de la Superintendencia de Bancos.  Foto: El Universo

Pugna por la Superintendencia de Bancos

Pero el trasfondo de la decisión sería, según un informe jurídico del Consejo que ha circulado entre los consejeros, devolver al cargo de superintendente a Raúl González, quien fue designado por el Consejo de Ulloa de una terna enviada por el Ejecutivo, pero al que el régimen le retiró la confianza. El Gobierno dispuso inclusive el acordonamiento de la sede de la Superintendencia, al norte de Quito, para impedir que González se posesione. Aunque González presentó una acción de protección, la justicia de Guayas se la negó en dos instancias. 

 Raúl González Carrión podría ser designado nuevamente por la mayoría del CPCCS.  Foto: El Universo

El consejero Carlos Figueroa explicó que la Sala Multicompetente de Santo Domingo anuló la acción de protección que había dictado Lindao a favor de Ulloa y cuatro ex consejeros, por lo que se dictó para el efecto un acto de nulidad, que no estaba en firme. A pesar de ello, la nueva mayoría decidió anular todas las decisiones tomadas por el Consejo anterior. Esto, a pesar de que la Procuraduría, en diciembre de 2022, había emitido un parecer que le autorizaba al Consejo presidido por Ulloa a la designación de autoridades, al tiempo que establecía que los actos administrativos que ya habían sido aprobados no podían ser reconocidos.

Además, la resolución de la Corte de Santo Domingo inclusive ejemplifica que las acciones consolidadas no pueden ser desconocidas por el actual Consejo de Participación. La notificación de este caso llegó desde la Asamblea Nacional, pues el Consejo de Participación no era parte procesal en el proceso que se realizaba en Santo Domingo. 

Pero a pesar de esos antecedentes, destaca Figueroa, la nueva mayoría resolvió revisar las decisiones anteriores. "Entre gallos y medianoche, a las tres y media de la mañana, ¿por qué?", se pregunta Figueroa, quien sostiene que la actual mayoría tiene una agenda que proviene de la Asamblea Nacional y de los bloques de oposición.

Figueroa destacó que entre las 61 resoluciones anuladas por el Consejo actual hay una serie de medidas que inclusive se refieren a la designación del nuevo presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán. También sostuvo que Roberto Romero ya fue llamado por la Asamblea para su posesión, pero el día que debió ocurrir esa situación, no hubo quórum, lo que en criterio de Figueroa significaría que ya hubo un acto administrativo.

Figueroa cuestiona también la designación de Raúl González, que se habría dado con una designación irregular en el pleno del Consejo, en una sesión distinta a que correspondía. Una acción constitucional dictada en Samborondón, impedía que González se posesione del cargo, aunque la Asamblea Nacional sí lo posesionó en el hemiciclo legislativo. El consejero admitió que se podría elegir a alguien de la misma terna que integró González, pero puso en duda que él pueda ser reinstalado en ese cargo.

Para Figueroa, el Consejo tiene algunas posibilidades de reconsiderar la decisión que ha tomado. En esa medida, cree que el Consejo debería resolver la nulidad de lo actuado, pero ante la resistencia de los integrantes de la mayoría, la justicia deberá resolverlo.

Las tareas pendientes

El Consejo actual, conformado con las personas que seguían en votación a los integrantes del pleno durante la gestión de Hernán Ulloa, termina sus tareas este 14 de mayo, cuando se deben posesionar los siete nuevos integrantes electos por votación popular. Pero en el tiempo que le queda, el Consejo que preside Gina Aguilar debe avanzar en la designación de autoridades.

Al momento, se ha hecho la convocatoria para un concurso que permite la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral.

Además, hay por lo menos siete procesos en la conformación de equipos técnicos, que no han podido ser conformados por la falta de funcionarios del Consejo. 

Según explica Figueroa, 53 personas han sido despedidas en el Consejo y se está contratando personal a sabiendas de que la actual integración no se mantendrá sino unos pocos meses, y los nuevos integrantes podrían desvincularlos.  Por lo menos 19 de esas personas tienen previsto presentar acciones de protección contra su despido, que podrían concluir con su reintegro.  Pero al parecer, ante el corto plazo que le queda al Consejo, es poco probable que se logre avanzar de manera significativa en el proceso de designación de autoridades.