El exministro de Electricidad de Rafael Correa, Alecksey Mosquera, estaba ansioso por hablar. Durante el juicio, que duró dos días, más de una vez se citó el principio de celeridad procesal para evacuar pruebas tanto documentales como testimoniales. Se prescindieron de dos testigos, entre ellos Galo Chiriboga, y la Contraloría, que participó como acusadora particular, se acogió a toda la prueba de Fiscalía. La defensa de Mosquera incluso esperaba que su cliente, quien llevaba más de 10 meses detenido, “contara la verdad de los hechos” el primer día del juicio. Así lo anunció Pablo Guerrero, su abogado. Entonces la noticia abrió primeras planas y noticieros: Mosquera, el primer alto exfuncionario detenido por la trama Odebrecht y acusado por lavado de dinero, estaba por convertirse también en el primer exministro en confesar un delito desde que Ecuador regresara a la democracia en 1979.

Pero Mosquera tuvo que esperar hasta las 13:35 del viernes 2 de marzo. Solo entonces arrancó su declaración. Llevaba un buzo beige, un pantalón de gabardina azul y una camisa oscura. El cabello canoso, una barba descuidada y unos cuantos kilos menos lo distanciaban de la imagen del ministro de Electricidad de hace 10 años. Durante el juicio tomó apuntes que pasaba a su abogado, revisaba leyes y documentos. Tuvo la oportunidad incluso de preguntar directamente a un perito.

Antes de iniciar su exposición, de pie ante los jueces el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia, pidió rápidamente disculpas al Ecuador. Fue una exposición que se apoyó de una presentación en power point. Desde ese momento y por 40 minutos, la sala de la audiencia se volvió en un aula de clases. Mosquera en su afán por “aclarar” algunas de las acusaciones que le hiciera la Fiscalía al mando de Carlos Baca Mancheno empezó con su cátedra sobre qué sucedió en la contratación de Odebrecht para la hidroeléctrica Toachi Pilatón.

La Fiscalía lo acusa de haber recibido US 1 millón por parte de Odebrecht en la misma época que el Estado pagó a Odebrecht por Toachi Pilatón. Entre las pruebas que presentó Baca Mancheno estuvo la versión de Rodrigo Tacla, quien fue el primer funcionario de Odebrecht en afirmar que Mosquera recibió esa suma de dinero. Correa, en defensa de su exministro, dijo que se trató de “un acuerdo entre privados”. Pero ahora se conoce, según las investigaciones, que las transacciones se hicieron entre abril y septiembre de 2008, cuando Mosquera estaba aún en funciones. 

José Guerrero (primero desde la derecha) defendió al padre del exministro, Antonio Mosquera. Mientras que Pablo Guerrero (de gris junto al exfuncionario) a Alecksey Mosquera. Los abogados Guerrero son padre e hijo. 

El proceso por lavado de activos contra el exiministro de Electricidad, Alecksey Mosquera, tiene uno de los expedientes más pequeños dentro de las investigaciones por la trama Odebrecht. Cuenta con 4.293 fojas o páginas de lado y lado. El proceso contra el expresidente Jorge Glas tuvo 76.000 fojas. En la imagen se observan las 2 cajas que llevó Fiscalía. 

La Fiscalía detalló así los movimientos: desde la offshore Klienfeld de Odebrecht se hizo cuatro transferencias (tres por 200.000 y una por 400.000) a la compañía Tokyo Traders del tío político del exministro, Marcelo Endara, creada en Andorra. Estos pagos coincidieron con el cronograma de desembolsos que la empresa Hidrotoapi -contratante de Toachi Pilatón- realizara a favor de Odebrecht. Esta obra era financiada por el Fondo Ecuatoriano para la Inversión en los sectores Hidroeléctrico e Hidrocarburífero (Feishe). Y Fiscalía señaló a Mosquera como un “miembro influyente” en su condición de ministro de Electricidad. Pero el exfuncionario en el juicio negó que hubiera participado en la contratación y que su gestión era parte de una “política gubernamental de financiar el 100% de los proyectos hidroeléctricos”.

“He escuchado también de celeridad (en los proyectos)”, siguió Mosquera. Pero para el exministro esa celeridad fue la “adecuada” para que hoy el país, dijo, “disfrute” de los beneficios de las hidroeléctricas como Mazar, Sopladora y Coca Codo Sinclair. Es más, Mosquera se declaró como la cabeza de la matriz energética. “La hice yo”, “yo la desarrollé”, recalcó con fuerza. Pero esta antesala sirvió para su breve confesión: “Odebrecht quería saber el destino (en obras) del Ecuador para saber en qué invertí”. Así justificó de refilón el porqué Odebrecht le había entregado USD 1 millón y descartó que haya sido por Toachi Pilatón.                                                                                  

Fue así que dejó caer una perla más: “Jamás estuve de acuerdo con Toachi Pilatón”. Aunque el exministro estuvo dos años en el cargo cuando el proyecto fue considerado como estratégico por el anterior Régimen. Una obra que, según investigaciones, ha duplicado su valor original de USD 336 millones y tras más de 10 años aún no opera por falta de equipamiento. Más adelante aseguró, en los interrogatorios, que los proyectos que apoyó fueron los de la cuenca amazónica y no los de la cuenca del río Guayllabamba como Manduriacu porque -según dijo- son los que dan problemas y los que provocaron su distanciamiento con el anterior Gobierno.

La confesión terminó siendo una larga justificación de su gestión. Esta incluyó ocho láminas de una extensa explicación técnica sobre cómo estaban integrados el Feiseh y su comité, sobre la modalidad de contratación ‘swiss challenge’ que no funcionó con Odebrecht, de los requisitos para la entrega de fondos. Concluyó con cifras de los resultados que ha dado la (su) matriz energética. Según su exposición, gracias a los mega proyectos hidroeléctricos hoy el país puede disfrutar de una energía más barata y un ahorro de más de USD 680 millones al año. “Gestión futurista teniendo en cuenta siempre los altos objetivos nacionales” fue la frase con la cerró su presentación.

En el interrogatorio, Mosquera dijo haberse reunido con Fabio Gandolfo, exejecutivo de Odebrecht en Ecuador y quien también delatara al exministro. Gandolfo, en su declaración, también dijo que el dinero tenía que ver con Toachi Pilatón. Una afirmación que en mayo de 2017 fue minimizada por el exfiscal Galo Chiriboga.

Pero el USD 1 millón que recibió tuvo un largo recorrido hasta Ecuador. Primero se quedó durante tres años en la cuenta de Tokyo Traders, de Andorra. De 2008 hasta 2011. En ese año el dinero se transfiere en dos partes: USD 924.000 a otra offshore llamada Percy Traders y USD 80.000 a una cuenta de su tío Marcelo Endara en el BPA de Andorra. Percy Traders fue creada por Mosquera y Endara en Panamá.

De esta compañía se registraron 28 transferencias hacia Ecuador, China y Estados Unidos. En Ecuador las beneficiarias fueron las empresas Truenergy y Auto Servicios Trush, ambas con los mismos socios: el exministro, su padre y Santiago Játiva, hoy prófugo. A través de Auto Servicios Trush, el exfuncionario importó bombas de calor, bombas de circulación y medidores de presión. En total, la Fiscalía afirmó que al sistema financiero ecuatoriano ingresaron USD 329.532 por lavado. Pero esos cálculos fueron cuestionados por Mosquera quien los calificó de “la linda gimnasia aritmética”.

Su abogado, Pablo Guerrero, sostuvo que los equipos comprados por el exministro eran para promover sus inventos científicos. Y para justificar esa afirmación leyó la hoja de vida del Mosquera: certificados de talleres en la CFN, en Eurosolar, en la Universidad de Austin, sus cursos de ‘coaching’ para directivos, de economía, de inglés y hasta de mejoramiento espiritual. “Mi cliente no es un hombre peligroso. Ojalá esté fuera para que dé luces con su conocimiento”, dijo Guerrero, quien estuvo acusado de sabotaje y terrorismo por los hechos del 30S. Dijo que su cliente ahora da clases de matemáticas a los presos en el Centro de detención Provisional del Inca. Ambos documentos, más un certificado de no tener antecedentes penales, presentó la defensa de Mosquera como atenuantes y obtener la pena mínima para su cliente.

El fiscal Baca Mancheno acusó a Mosquera de autor del delito de lavado de activos y solicitó de 6 a 9 años de prisión. Mientras que a su tío y padre los señaló como coautores y para ellos pidió de 3 a 6 años de cárcel. Requirió además una multa del doble de lo lavado y como reparación integral, que todos los acusados pidan disculpas a la sociedad ecuatoriana y publiquen una parte de la sentencia en un periódico de circulación nacional. La pena se basa en la Ley de Prevención de Lavado de Activos de 2008, año en el que se dio el delito. Pero la Contraloría fue más severa. Pidió que sean condenados bajo el COIP y solicitó de 10 a 13 años de cárcel para el exministro. Tanto Marcelo Endara como Antonio Mosquera dijeron que nunca supieron de las transacciones de Odebrecht.  La decisión de los jueces de la Corte Nacional quedó pendiente para los próximos días.

El exministro en sus últimas palabras a la jueces dijo que se siente apenado por lo que ha cometido. Pidió que se le aplique la menor pena posible (su defensa aspira a dos años si es sancionado bajo el anterior Código Penal al COIP). Porque no quiere pasar en una “mazmorra” en condiciones infrahumanas. Su afán es, dijo, volver a servir al país.