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19 de Mayo del 2015
Historias
Lectura: 11 minutos
19 de Mayo del 2015
Redacción Plan V
Crónica de una flagrancia fallida

Fotos: Luis Argüello

El Consejero David Rosero, de chaqueta negra, junto a otros dos detenidos del magisterio, esperan la instalación de la audiencia en la Corte Nacional.

 

La fiscal general subrogante, Cecilia Armas, de terno gris, estudia los documentos probatorios antes de la instalación de la audiencia.

 

En primer plano el abogado Ramiro García, defensor de Rosero durante la audiencia.

 

El juez nacional, Vicente Robalino, presidió la audiencia de flagrancia y formulación de cargos contra cuatro dirigentes.

 

El juez nacional Vicente Robalino ordenó la libertad de los detenidos en Ibarra porque pasaron 24 horas de su detención sin orden de autoridad competente, pero la Fiscalía pidió entre uno a tres años de prisión por el artículo 283 del Código Penal que sanciona el delito de resistencia. Se abrió una instrucción fiscal y se dictaron medidas cautelares contra Rosero y los otros sindicados.

El juez nacional Vicente Robalino instaló la audiencia de flagrancia y formulación de cargos en contra del vocal del Consejo de Participación Ciudadana, David Rosero y otros tres dirigentes del magisterio de la ciudad de Ibarra, a las 16:06 en el octavo piso de la Corte Nacional de Justicia. 

Ahí, además de Rosero, habían sido llevados  Irene Ortiz, Jaime Villacís y Roberto Villamar, todos acusados por la Fiscalía del delito contemplado en el artículo 283, inciso segundo del Código Orgánico Integral Penal, que tipifica el ataque o resistencia a una autoridad, en este caso, a una orden de allanamiento a las instalaciones del Fondo de Cesantía del Magisterio en Ibarra. Como agravante, dijo la Fiscalía, se debe considerar que se lo haya hecho en concierto. La fiscal general subrogante, Cecilia Armas, quien encabezó la acusación en la audiencia, pidió entre uno a tres años de prisión para los detenidos.

Pero antes, el juez Vicente Robalino debía declarar la flagrancia del presunto delito cometido por los detenidos. La norma dice que un delito solo puede considerarse como flagrante antes de 24 horas de cometido. Según los partes policiales y el informe de la fiscal de Imbabura, Rosa Ulcuango, los hechos punibles ocurrieron a las 17:00 del 18 de mayo.

Ese día, a esa hora, en la ciudad de Ibarra, hubo incidentes entre educadores, policías y autoridades del Banco del Instituto de Seguridad Social (Biess) en su intento por impedir que las autoridades estatales entren a las instalaciones del Fondo del Magisterio (FCME), y asuman el control de la entidad, como ha ocurrido en la capital y en otras provincias. 

Las detenciones se conocieron a través de la cuenta de Twitter de Rosero, quien a las 18:55  escribió:

 

Tras su detención, Rosero permaneció en una unidad policial en Ibarra hasta el día siguiente, cuando en la madrugada fue trasladado a la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía en Quito.

Byron Rosero, padre de David y maestro jubilado narró a PLANV (ver vídeo)  que su hijo se encontraba en la sede de la Unión Nacional de Educadores de Imbabura -la cual funciona junto a las oficinas del FCME de esa provincia, en el centro de Ibarra- en una asamblea a la que había sido invitado justamente para hablar de la administración de dichos fondos, cuando las autoridades del Banco del IESS, junto a policías, intentaron ingresar a las oficinas del FCME e impedir el desarrollo de dicha asamblea.

Tras esto, Rosero narró que hubo un forcejeo con los policías que derivó en la detención del presidente de la UNE en Imbabura, Jaime Villacís y posteriormente en la de David Rosero por reclamar a los uniformados una orden judicial para evitar que se lleven a Villacís. Junto a Rosero también detuvieron a dos maestros y una maestra. El padre del consejero cuestionó la arbitrariedad con la que detuvieron a su hijo y dijo que se trata de una retaliación política. 

Durante todo el día, el padre de Rosero estuvo pendiente del caso, y luego fue al edificio de la Corte Nacional de Justicia, al norte de la capital, para la audiencia de flagrancia.  El consejero fue conducido a la Corte Nacional por el fuero de que goza, que también benefició a resto de detenidos. 

Unas 40 personas más fueron a la audiencia, y escucharon cómo los acusadores de la Fiscalía exponían su versión de los hechos ante el juez y cómo los defensores de los detenidos, Ciro Guzmán y Ramiro García impugnaron la acusación y a su vez acusaban a la policía de haber detenido arbitrariamente y con violencia a sus defendidos. David Rosero mostró ante las cámaras hematomas en el brazo que se habrían producido durante el forcejeo con la Policía de Imbabura. 

García, ducho en estas lides, pidió permiso al juez para acercarse al estrado con su defendido y le mostró los hematomas que tenía en los brazos. La fiscal Armas también se acercó a ver. Lo propio hizo otro detenido para mostrar cómo le habían golpeado en la cabeza. El juez Robalino los examinó atentamente y tomó nota.

García, ducho en estas lides, pidió permiso al juez para acercarse al estrado con su defendido y le mostró los hematomas que tenía en los brazos. La fiscal Armas también se acercó a ver. Lo propio hizo otro detenido para mostrar cómo le habían golpeado en la cabeza. El juez Robalino los examinó atentamente y tomó nota.

Luego de esto, el magistrado pidió tiempo para examinar la montaña de papeles que tenía en el escritorio, con los alegatos de la Fiscalía, los partes policiales, y resolvió irse a un cuarto contiguo para hacerlo en paz.

Pidió también a los abogados de ambas partes si alguien quería acompañarlo, pero nadie lo hizo. Demoró 20 minutos y cuando reinstaló la audiencia se tomó otros diez para explicar a los presentes lo que había encontrado en los documentos. Dijo que sin que eso signifique adelantar criterio, él no encontraba que la detención haya sido ilegal ni haya habido arbitrariedad en la actuación policial.

Luego dijo que, según los partes, el presunto delito fue a las 17:00, preguntó entonces a secretaría qué hora era en ese instante: las 17:10 le contestaron. Y dijo: han pasado más de 24 horas y no se ha declarado la flagrancia del presunto delito; por lo cual los detenidos pueden irse. Todos en la sala se quedaron helados. Cuando empezaron a reaccionar el juez dijo: están libres, pero si quieren quedarse para escuchar los alegatos de la Fiscalía pueden hacerlo. Resolvieron quedarse. Luego la fiscal Armas empezó la formulación de cargos e hizo el pedido de medidas cautelares.

Finalmente, se dictaron medidas cautelares contra Rosero y los otros detenidos, que consisten en presentarse cada 15 días ante la justicia. Aunque fueron liberados, se abrió una instrucción fiscal que durará 30 días, en los que el Ministerio Público espera probar el presunto delito del consejero y los maestros. 

 

Horas antes,  el colectivo feminista Las Lorenzas emitió una convocatoria, firmada por la activista y académica Natalia Sierra, para rechazar la detencios de los tres dirigentes de la Unión Nacional de Educadores y del consejero del Consejo de Participación Ciudadana, Rosero.

El comunicado informó que este 18 de mayo, el consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, David Rosero al igual que Jaime Villacís, presidente de la Unión Nacional de Educadores, Mario Landeta, Irene Ortiz y Roberto Villamar, miembros del magisterio fueron detenidos en la ciudad de Ibarra.

La detención -decía el comunicado- se dio en el contexto del allanamiento ilegal que funcionarios de la Fiscalía y del IESS, amparados por la Policía Nacional por mandato gubernamental, hicieron al Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano en la provincia de Imbabura. "Recordemos que este allanamiento y asalto al FMCE se produce sin resolución de la Superintendencia de Bancos, ya que la auditoría que están realizando aun no ha terminado y por lo tanto implica una intervención del gobierno sobre un fondo de los aportes de maestras y maestros del Ecuador. El consejero David Rosero en su legítimo derecho como ciudadano ecuatoriano, se encontraba respaldando a los maestros en contra de la injusta incautación de los dineros de los afiliados al Fondo de Cesantía de la UNE.

"Recordemos que este allanamiento y asalto al FMCE se produce sin resolución de la Superintendencia de Bancos, ya que la auditoría que están realizando aun no ha terminado y por lo tanto implica una intervención del gobierno sobre un fondo de los aportes de maestras y maestros del Ecuador", dijo un colectivo feminista. 

Las Lorenzas denunciaron que "como parte de una política autoritaria de persecución y criminalización de la lucha social, una vez más el gobierno de Alianza País comete una obvia violación a los derechos civiles de los ciudadanos que protestan en contra de las políticas gubernamentales, claramente contrarias a los intereses de los y las ecuatorianas, como es el despojo perpetrado a los ahorros de los maestros. La arbitrariedad cometida en contra de los compañeros David Rosero, Jaime Villacís, Mario Landeta, Irene Ortiz y Roberto Villamar, está marcada por la evidente arremetida que el gobierno ha lanzado en contra de las organizaciones sociales populares de izquierda, que busca convertirlas en chivos expiatorios para sostener su caricatura de revolución. Alianza País intenta desviar sus propias y profundas contradicciones hacia la imagen abyecta que construye de los compañeros, antes del MPD hoy, de la Unidad Popular. La perversa estrategia gubernamental se efectiviza cada vez que viola los derechos de los compañeros y el único argumento que expone es que son del MPD o que están de alguna manera vinculados al él. Ante esta sucia política del poder rechazamos la persecución a los compañeros del Movimiento Unidad Popular y exigimos la inmediata liberación del compañero David Rosero y del resto de las personas detenidas".


En este testimonio para PLANV, el padre de David Rosero, Byron, y la consejera del Consejo de Participación, Andrea Rivera, relatan los hechos ocurridos en Ibarra. 

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Crónica de una flagrancia fallida
 


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