Es la tarde del 17 de agosto de 2016 y en la entrada al antiguo edificio bancario que sirve de sede de la Corte Nacional de Justicia, por lo menos 30 personas se han reunido en un plantón. Tocan pitos y tambores, y piden que los conductores que transitan por la avenida Amazonas, al norte de Quito, muestren su solidaridad con Cléver Jiménez y Fernando Villlavicencio.

En el parterre de la avenida Amazonas, activistas con carteles contra Rafael Correa.

Para las 14:45, se había convocado al ex asambleísta amazónico y a su ex asesor, Fernando Villavicencio, para una audiencia de formulación de cargos. El caso se remonta a 2014, cuando, un día después de navidad, y en medio de la noche, un pelotón de asalto de la Policía, armado con fusiles de guerra, había allanado la casa de Villavicencio, en un conjunto residencial al norte de Quito, para recoger pruebas en un "acto urgente" por la posible comisión de un delito. La casa y la oficina legislativa de Jiménez también fueron allanadas en un operativo similar. Luego de buscar en los tres lugares, los fiscales del Estado se llevaron básicamente computadoras y celulares, pues se pensaba que el entonces asambleísta y su asesor habían cometido un presunto delito informático. A la fuerza pública acompañó un equipo de televisión del Gobierno, que obtuvo tomas del interior de la casa de Villavicencio y su familia. Los hallazgos fueron anunciados por el presidente Rafael Correa en Twitter días después. 

Cléver Jiménez (Izq.) junto a sus abogados en la Corte Nacional de Justicia.  Foto: El Universo

Cuando parecía que no iba a ocurrir nada con el operativo hollywoodense, un juez de la Corte Nacional, Jorge Blum, el mismo que había autorizado la incursión policial, convocó a una audiencia de formulación de cargos en contra de Jiménez y Villavicencio. Jiménez, tras evadir una condena por injurias judiciales planteadas por el presidente Rafael Correa a título personal, había vuelto a su provincia, y fue uno de los precandidatos presidenciales de Pachakutik. Villavicencio, de su lado, volvió al periodismo de investigación, por medio del portal Focus, en donde denuncia fundamentalmente presuntos actos de corrupción en el ámbito petrolero.

Aunque Villavicencio y Jiménez lograron evadir la cárcel, fueron condenados también a pagar por lo menos USD 140 mil de indemnización al presidente. El abogado del mandatario, Caupolicán Ochoa, logró que un juez declare la insolvencia de Villavicencio, lo que le deja sin derechos políticos, sin poder salir del país ni administrar sus bienes. La medida podría tomarse también en contra de Jiménez y del médico Carlos Figueroa, pues los tres fueron condenados a indemnizar al presidente. 

Fernando Villavicencio (centro) encabeza una colecta para pagar la indemnización que le reclama Correa. 

Es por estas razones que, en esa soleada tarde del verano quiteño, activistas de Pachakutik, Unidad Popular, y otras organizaciones sociales se habían congregado al pie del edificio de la Corte, para esperar el arribo de Jiménez y Villavicencio. Carlos Figueroa esperaba en el acceso principal, mientras hablaba por celular. Poco antes de las 15:00, escoltado por abogados como Julio César Sarango y Ramiro Román, llegó Jiménez. Pequeño de estatura, el ex asambleísta arrancó vivas y aplausos de sus simpatizantes. Vestía traje azul, sin corbata, y camisa blanca. 

Al mismo sitio llegaron luego simpatizantes del correísmo, a gritar consignas en contra de los dos sindicados. Según se publicó luego en redes sociales, algunos de los manifestantes eran conocidos por su militancia en el movimiento Alianza PAÍS. 

Militantes de Alianza PAÍS también llegaron a la Corte Nacional para defender al Gobierno. 

En el octavo piso del edificio judicial esperaba el juez Blum. Sentado en solitario ante un sencillo y largo estrado de madera, flanqueado por las banderas nacional y de la ciudad de Quito, el togado se aprestaba a instalar la audiencia. A su derecha, en una mesa, se habían colocado los acusadores: encabeza el titular de la Fiscalía General del Estado, Galo Chiriboga, y a su lado, se habían hecho presentes el secretario jurídico de la Presidencia de la República, Alexis Mera, y el procurador general del Estado, Diego García, ambos, abogados guayaquileños. Tras de ellos, en una segunda fila, se habían sentado varios abogados y asesores, mientras policías vestidos de civil observaban con desconfianza a los periodistas presentes. 

El salón judicial tiene 60 sillas para el público, que estaban todas ocupadas. A la izquierda del juez Blum, mirando frente a frente a sus acusadores, se sentaron Jiménez y sus abogados. El activista Fernando Villavicencio no se hizo presente. La ley le permitía mandar solo a su abogado. En su lugar, se presentó el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha y penalista, Ramiro García. 

Como se trataba de una audiencia de formulación de cargos, tomó la palabra en primer lugar el fiscal general. El representante de la "vindicta pública" pidió un micrófono, y empezó su lectura del informe de la Fiscalía en contra de los dos procesados. Al fondo de la sala, en un lugar deliberadamente incómodo, sin sillas, escuchaban los periodistas. 

Un cabo de Policía saltaba con agilidad felina sobre toda persona que intentara hacer tomas o fotografías de la audiencia. Inclusive, las cámaras de los reporteros de televisión habían sido retenidas en una mesa en el ingreso del salón. Los policías advertían que toda persona que use su celular sería retirada de la diligencia judicial. 

Galo Chiriboga tomó entonces la palabra, y, durante más de una hora, explicó el delito presuntamente cometido por Villavicencio y Jiménez. Por medio de declaraciones públicas, de un boletín de prensa y de un artículo publicado en este portal, tanto Jiménez cuanto Villavicencio, a criterio del fiscal, habían difundido información reservada, que habían obtenido de correos electrónicos tanto del secretario jurídico, cuanto del procurador. El fiscal, sin embargo, no ahondó en cómo pudieron obtener la información, ni mencionó si hubo o no un hackeo o una filtración desde el propio Palacio de Gobierno o la Procuraduría. Se limitó a decir que, tanto en el Código Penal anterior, cuanto en el actual, difundir información reservada es un delito. Y, para "asegurar la presencia en el proceso" de los dos indiciados, pidió al juez que se dicte prisión preventiva en su contra.

Mientras el fiscal general hablaba, desde el otro extremo de la sala, Ramiro García escribía en su celular. Transmitiría por medio de Twitter las fotos de la mesa de los acusadores y algunos de sus criterios.

Tras la declaración inicial del fiscal general, tomaron la palabra, en calidad de "víctimas", según anunció el juez, el abogado del Palacio presidencial y el procurador del Estado. Alexis Mera decidió mostrar sus cartas desde el principio: como sabía que la defensa alegaría que lo único que el legislador Jiménez hacía era denunciar actos de corrupción, se anticipó a la jugada y declaró que sus mensajes electrónicos, que habían caído sin que se sepa como en manos de Jiménez, no revelaban ningún acto concreto de corrupción. De ahí que insistió en "la honestidad de nuestro Gobierno". El asesor jurídico del presidente planteó la que será la línea de su acusación: sus correos incluían información reservada del Estado, como las negociaciones con el Gobierno de Colombia sobre la demanda por el uso del glifosato, y en ninguno se evidencia -dijo- ningún acto de corrupción.

A los criterios de Mera se sumaron los del procurador del Estado, quien reveló que un informe que mandó por mail al presidente Rafael Correa sobre el caso Chevron terminó siendo publicado por Villavicencio y Belen Palma, en un reportaje titulado "El expediente Chevron" en este portal, al que los funcionarios llamaban indistintamente "revista digital" unos y "blog" los otros.

El fiscal había pedido la detención de los dos procesados, respaldado en que en dos ocasiones anteriores no habían cumplido con las penas de prisión a las que fueron condenados, sino que las habían evadido. Chiriboga sumó a su expediente los dos casos anteriores pues, como dicen los abogados, "lo que abunda no hace daño".

Llegó entonces el turno de la defensa. Julio César Sarango, abogado de Jiménez, fue el primero en intervenir. Sus argumentos iniciales fueron para descalificar a sus acusadores, recordando que Chiriboga había sido abogado particular del presidente Correa antes de ser ministro, embajador y alto funcionario del régimen correísta, y acusando a Chiriboga, Mera y García de ser enemigos personales de su cliente.

Las afirmaciones iniciales de Sarango provocaron un contrapunteo con el juez, quien le recordó que la audiencia era para discutir si procedía o no la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público. Sarango pasó entonces a cuestionar la competencia del juez, a declarar la nulidad de las pruebas obtenidas por la Fiscalía en los allanamientos y a recordar que, en un primer momento, Blum había considerado que Jiménez tenía inmunidad parlamentaria, y había llegado inclusive a pedir a la Asamblea Nacional que la levantase.

Ramiro García, en representación de Villavicencio, precisó que el delito que se acusaba tenía, en el Código vigente al momento de su presunta comisión, una pena no mayor a un año, por lo que no cabía la aplicación de la prisión preventiva. Pero al igual que la acusación, la defensa mostró también sus cartas: Sarango mencionó que Jiménez solamente cumplía con su deber de asambleísta y de ciudadano de denunciar la corrupción, es decir, con su prerrogativa constitucional de fiscalizar. García, de su lado, recordó el doble estándar del Gobierno correísta, que asila en la embajada del Ecuador en Londres al hacker australiano y periodista internacional Julian Assange, y ayuda al ex espía informático norteamericano Edward Snowden, mientras casa adentro denuncia judicialmente una filtración de temas de interés público. 

Tras escuchar a las partes, el juez se retiró a preparar su resolución. El magistrado volvió a su lugar en el estrado para rechazar todas las excepciones propuestas por Sarango, quien pedía el archivo de la causa por, entre otras cosas, estar prescrita, para sostener que sí tiene competencia, que Jiménez tiene fuero de Corte Nacional aunque no inmunidad parlamentaria. El proceso, entonces, va, y la instrucción fiscal durará 45 días. Lo que Blum no concedió fue la prisión preventiva, lo que en Twitter, García celebró como una acogida total a todos sus argumentos sobre la improcedencia de la medida. 

Jiménez y sus abogados salieron de la Corte triunfantes, aunque con medidas sustitutivas: ni él ni Villavicencio podrán salir del país y deberán presentarse cada quince días ante la justicia de Pichincha. La medida no provocó mucho entusiasmo en la mesa de los acusadores, pero, después de todo, habían logrado iniciar el proceso penal. 

Dos audiencias fallidas

Pero la de esa tarde no fue la única diligencia contra opositores al Gobierno de Rafael Correa. Para las 08:30 de ese mismo día, se había convocado a David Rosero, ex consejero del Consejo de Participación y militante del MPD-Unidad Popular, a una audiencia preparatoria de juicio. 

En una rueda de prensa en el local de la UNE, el martes 16 de agosto, Rosero había denunciado que se había reactivado en su contra un proceso del 2015, cuando siendo consejero del Consejo de Participación, fue detenido en Ibarra en medio de incidentes cuando el Gobierno tomó el control del Fondo de Cesantía del Magisterio. 

David Rosero es procesado por "ataque y resistencia" luego de oponerse a la toma de la Cesantía Magisteril. 

Rosero recordó que los hechos ocurrieron en mayo de 2015, cuando "el gobierno decidió meterle la mano a los ahorros de miles de maestros afiliados al Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano (FCME). Alrededor de 400 millones de dólares del magisterio pasaron de forma ilegal al control del BIESS".

El 18 de mayo de 2015 en Ibarra, ciudad de la que es oriundo Rosero, hubo un allanamiento al FCME local, al cual se opusieron el entonces consejero y los maestros Jaime Villacís, presidente de la UNE de Imbabura; Mario Landeta, tesorero de la UNE; Roberto Villamar e Irene Ortiz.

La fiscal Cecilia Armas los acusó del presunto delito de ¨ataque o resistencia¨ (Art. 283 del COIP) y solicitó la prisión preventiva para los detenidos, esta solicitud no fue acogida por el fallecido juez de la Corte Nacional de Justicia Vicente Robalino, pues el caso pasó al máximo tribunal debido al fuero de Corte de Rosero. 

En Macas la audiencia contra la dirigencia indígena también fue suspendida, pero el proceso continúa.

Rosero, quien admite que es precandidato a asambleísta, denunció que el conjuez Marco Maldonado Castro, lo había convocado a otra audiencia preparatoria de juicio. En efecto, a primera hora de la mañana, Rosero y militantes de su partido, como Geovanny Atariguana y Natasha Rojas, llegaron a la Corte, pero ahí fueron informados que no habría audiencia por un pedido de última hora de la Fiscalía. No se ha fijado fecha todavía para dicha diligencia.

Entre tanto, en Macas, otros ocho dirigentes también habían sido citados al banquillo de los acusados, para el viernes 19 de agosto. Se los acusa de un supuesto delito de paralización de servicios públicos, y entre los ocho sindicados están Jorge Herrera y Rómulo Akachu, presidente y vicepresidente de la Conaie, Franco Viteri Gualinga, presidente de la Confeniae, Agustín Wachapa, presidente de la Federación Shuar de Morona Santiago, así como Jaime Vargas y Bolívar Wasump, de la nacionalidad achuar. 

Esta audiencia también fue suspendida, pero la plana mayor del movimiento indígena sigue siendo procesada por el caso.

Los policías del 30S 

Pero mientras la Corte de Macas suspendió la audiencia, en la Corte Nacional, ese mismo 19 de agosto, trece policías fueron acusados de secuestrar al presidente Rafael Correa, durante los sucesos del 30S. Según la Fiscalía, hay claros indicios de que los policías secuestraron al presidente en el edificio del Hospital de la Policía, durante la revuelta policial de 2010, por lo que pidieron orden de prisión en contra de todos ellos. No obstante, la Corte no accedió al pedido, y se limitó a imponer medidas sustutivas similares a las de Villavicencio y Jiménez: prohibición de salida del país y presentarse cada quince días ante la justicia. 

La UNE, disuelta

El 22 de julio de 2016, el Ministerio de Educación, por medio del subsecretario de Educación del Distrito Metropolitano de Quito, Fernando Yánez, había notificado a la Unión Nacional de Educadores (UNE) con el inicio de un proceso de disolución, amparado en supuestas violaciones a sus propios estatutos y a las normas del polémico decreto 16, que regula el funcionamiento de las organizaciones sociales. 

Para el 18 de agosto, el Ministerio cumplió con su amenaza, y disolvió al gremio magisteril, que existía desde 1950. Una medida similar había sido tomada por la dictadura militar del Consejo Supremo de Gobierno, que en 1976 retiró la personería al gremio. El Gobierno del presidente Jaime Roldós la restituyó al reestablecerse la República en 1979. 

Tal y como se había anticipado en la notificación inicial, el Ministerio adujo que la UNE no cumple sus propios estatutos y reglamentos acerca de organizaciones sociales. El Ministerio nombró también una comisión liquidadora de la entidad. Según el Gobierno, la UNE no registró a su directiva, de acuerdo con la ley. 

La UNE rechazó la decisión del Ministerio de Educación de disolver al gremio fundado en 1950.  Foto El Universo

Para la presidenta de la UNE, Rosana Palacios, "un grupo de abogados se encuentra reunido para impugnar esta disposición, que muestra la decisión del gobernante de perseguir, amenazar, la UNE tiene legitimidad".

La UNE convocó también a una marcha nacional el 25 de agosto, para exigir la derogatoria de la medida, aunque, por el momento, la tesis que mantiene el gremio es que puede seguir funcionando "amparada en el artículo 96 de la Constitución, que garantiza el derecho a la organización, como expresión de la soberanía popular".

Ciro Guzmán, ex diputado del MPD, ejerce el patrocinio legal del gremio. La UNE, inclusive, concurrió con su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la que ha solicitado medidas cautelares. 

Para David Rosero, "la arremetida de un gobierno desacreditado que persigue a líderes populares y a organizaciones sociales, evidencia la desesperación de un régimen que se hunde en las encuestas y sale aceleradamente del corazón de la gente".