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23 de Septiembre del 2014
Historias
Lectura: 57 minutos
23 de Septiembre del 2014
Redacción Plan V
Crónica de una semana de ira

Foto: Cortesía EL UNIVERSO

En el Centro de Quito se reeditaron las imágenes de motines callejeros. La Policía abandonó el gas lacrimógeno y prefiere la lucha cuerpo a cuerpo, lo que aumenta las lesiones personales en ambos bandos.

 

Fotos: Luis Argüello A.

Un cartel en las rejas del Mejía dice: "Señor Presidente, si usted no nos deja soñar, los estudiantes no lo dejaremos dormir. Basta de amenazas del gobierno".

 

Decenas de padres y madres de los 60 detenidos en el colegio Mejía la noche jueves 18 de septiembre, luego de la la marcha del 17S, denunciaron la "tortura" y el "secuestro" de sus hijos por parte de la justicia. Su peregrinaje fue por tratar de verlos y por liberarlos. Solo pudieron verlos siete días después de su detención, gracias a sus gestiones. Tienen el apoyo de dos abogados, pero ya no piden perdón, solo justicia. Su recurso en busca de libertad fue negado.

Después de fugaces 20 minutos, la rueda de prensa convocada por la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador (FESE)  había concluido. Fue una declaración callejera, a la intemperie, interrumpida por el bramar de los buses y las conversaciones de los transeúntes, justo en el pórtico del Instituto Nacional Mejía.

A las rejas de la puerta principal del Colegio poco les falta para ser barrotes de una cárcel. Altas vallas de metal hacen del establecimiento una gran jaula. No se sabe desde cuándo se montó esa muralla, que difumina el busto altivo de  Eloy Alfaro que luce al inicio de la escalinata que da acceso al edificio neoclásico. Tres o cuatro décadas atrás la gran escalinata del colegio aún se iniciaba en el concreto de las aceras y fue testigo  de cómo los estudiantes, después de las clases, salían libremente a manifestarse en “las bullas”. Hoy, de los barrotes cuelgan los carteles de los estudiantes escritos con letra temblorosa: papeles con consignas que advierten que el Patrón Mejía “ha despertado”.


Francisco Rojas, maestro y presidente de la Asociación de Profesores del Mejía, en las gradas del colegio.

A la caza del testimonio de algún joven que haya participado en la marcha del 17S o en el plantón fuera del colegio Mejía el jueves 18 por la noche, casi como espectro, apareció María Domínguez. Ella recorría apresurada de norte a sur el plantel, con un sobre manila entre las manos que contenía una solicitud para un certificado de buena conducta de su hijo Nikson. María iba camino al Colegio de Abogados de Pichincha en donde se encontraban los otros padres de los 60 estudiantes detenidos del Colegio Mejía. Si Nikson Mendoza  no decidía visitar a su amiga luego de las clases nocturnas a las 21:00  del jueves 18 de septiembre, él no hubiera conocido el hostil mundo del calabozo. Su madre le advirtió esa noche que vuelva “prontito a la casa”, como que en el pecho ya no le cabía el presentimiento; así María le rogó a su hijo menor de 16 años que acompañe al hermano para que vuelvan sanos a casa.

Su angustia es fruto de las circunstancias. Tras la marcha obrera y de los movimientos sociales que se dio un día antes, el miércoles 17, los estudiantes del Mejía siguieron con las movilizaciones. Ese jueves, la Policía se tuvo que emplear a fondo para controlar a los estudiantes en los alrededores del Mejía. Por la noche, un allanamiento policial irrumpió en el colegio.

El parte de la Policía Judicial relata esto: "pongo en su conocimiento mi Coronel que (...) el personal policial pudo observar que grupos de personas se encontraban agrediéndose entre sí con objetos contundentes (palos y piedras), causando daños materiales a la propiedad pública y privada; por tal motivo se procedió a la verbalización (sic) por parte de los miembros policiales, a través de los megáfonos de los patrulleros y de las motocicletas, utilizando las balizas y sirenas para que los manifestantes procedan a retirarse del lugar, los mismos que hicieron caso omiso del comunicado, gesticulando palabras de rechazo en contra del régimen gubernamental y de los miembros policiales, que como resultado de las agresiones hostiles por parte de los manifestantes dio como resultado que 4 señores oficiales y 14 señores clases y policías sean trasladados en calidad de heridos al Hospital de la Policía Nacional. Por tal razón se tomó contacto con el señor Fiscal de Turno Dr. Bolívar Burbano, explicándole lo ocurrido, manifestándonos que las personas que realizan este tipo de acciones incurren en un delito flagrante, y al ser considerado como tal se podía realizar el allanamiento del Colegio Mejía, razón por la cual, realizando el respectivo uso progresivo y moderado de la fuerza se procedió a la aprehensión de los presuntos infractores, en las afueras del colegio y en su interior, siendo posteriormente trasladados al Distrito de Policía Manuela Sáenz, para poder realizar un registro minucioso y un procedimiento adecuado con las identificaciones de los mismos. Siendo 60 los presuntos infractores de la ley (...). De inmediat se coordinó con médicos legistas para que pudieran realizar la valoración médica y se extienda los respectivos certificados médicos de los hoy aprendidos (sic); y de forma simultánea se solicitó a personal de salud del ECU911 al mando de la Sra. Paramédica Paola Murillo, Alfa 5, quien dio asistencia a 25 presuntos sospechosos".

Poco tardó en cumplirse la premonición de madre de doña María. Nikson y su hermano fueron apresados por la Policía dentro de las instalaciones del Colegio Mejía, "por el solo pecado de asistir a clases". Entre las 20:00 y las 21:00  del jueves, la Policía y la Fiscalía allanaron el Colegio "gracias a la anuencia del rector que obedeció la orden del Ministerio de Educación". Así lo denuncia el Presidente de la FESE, Mauricio Chiluisa.


Francisco Rojas con el rector del colegio Nacional Mejia. La autoridad franqueó la puerta del maestro que era seguido por la prensa.

El adolescente de 16 años, que fue liberado junto con otros cinco jóvenes a las 07:00 del viernes por ser menor de edad y estar libre de culpa, contó a su madre del hostil operativo que realizaron los uniformados cuando irrumpieron en la jornada de estudios. “Vestidos de negro entraron para capturar; interrumpieron la rutina, golpearon y patearon  a estudiantes en los patios”. Al hermano menor de Nikson también le tocó su tajada. A otros, como lo relata Penélope Mora, hermana de un detenido, “los arrastraron desde donde fueron capturados en algún punto del Colegio hasta la entrada principal”. Y “arrastrados” fueron los alumnos del Mejía hacia las cárceles frente a los ojos de Eloy Alfaro, su fundador, que avizoraban una nueva “Hoguera Bárbara”

Para doña María no es tan remota la posibilidad de libertad para su hijo. Ella recorre el parque La Alameda muy de prisa. Se dirige al Colegio de Abogados, en donde su presidente, Gonzalo Realpe, espera por los padres y madres. El gremio había ofrecido los servicios gratuitos de algunos letrados para liberar a los detenidos y evitar condenas de uno a tres años de cárcel por "daño a la propiedad privada y pública". Para muchos padres, esa fue una luz al final del tunel. 

María relata la historia de su hijo, pero le falta el aliento; pocas lágrimas bañaron su mirada de indignación, que imaginaba a Nikson con 21 años batiéndose en la oscuridad de las celdas en vez  del calor de las aulas.

Sobrecogida, María pone en contacto su sufrimiento con el de los otros padres que aguardaban en el Colegio de Abogados, ubicado junto a la Asamblea Nacional. Todos, reunidos en pequeños círculos piden justicia porque consideran inocentes a sus hijos y familiares. Pero sobre todo, y eso les indigna, no merecían ser maltratados. Cada padre y madre se toman unos minutos  para relatar la historia de cada uno de sus hijos.

Un desesperado Julio Saquipay llevaba un portafolio que desbordaba papeles a la audiencia de juzgamiento de los 54 detenidos del Colegio Mejía el día lunes 6 de octubre. Julio, con una mirada dulce que tomaba rasgos de coraje, pidió que la prensa que tome nota de que sus hijos  han sido maltados, y afirmó que sus derechos han sido violados. Con sus manos, como alistándose para plantear un discurso electoral, él rechazó el parte policial que afirmaba que la Policía ingresó al Mejía para evitar peleas entre los estudiantes. “Todo eso es una farsa”, afirmó. Muy cerca, se escuchaba el sollozo de las madres que pedían el regreso de sus hijos como un acto de justicia y de respeto de los derechos humanos. “Ya son cuatro días que no los vemos; ellos no son delincuentes y merecen su libertad”, gritó Mery Montesdeoca, descontrolada.

El Colegio de Abogados fue la cuna de la desesperanza, de la incertidumbre. Con rostros lánguidos de preocupación, los padres recorren y bordean  la entrada como si esperaran en un hospital el diagnóstico fatal de una operación de alto riesgo.  Por ahí, algo suscitó la aglomeración de los asistentes. Una joven representante de la FESE, Penélope Mora, sugería a los padres acudir a instancias internacionales de Derechos Humanos para denunciar los abusos y la represión protagonizada por la Policía hacia los estudiantes; ella se encargaría de averiguar los detalles para el trámite y de recolectar algunas pruebas de los maltratos.

Mora, con una vehemencia entrecortada recordaba el padecimiento de los jóvenes presos. La Policía habría ingresado, según denuncia, forzando las puertas para sacar a los alumnos de las aulas. Decenas de libros desperdigados yacían en los pasillos del Mejía. Soplaba un viento helado cuando se detuvieron a las 60 personas (no todas estudiantes) y en fila como pelotón militar fueron trasladados a la UPC de la Basílica para después pasar al Regimiento Quito Número 2, en el Centro Histórico. Ahí permanecieron  presos toda la noche, sin manta, abrigo, ni pan hasta las 06:00 del viernes. Recién cando aclaraba el día, los detenidos fueron llevados a la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía; ¿acaso no llevarles primero a la unidad y haberles propinado golpes no es una violación a los derechos humanos?, expuso Penélope. 

Para los padres, el Gobierno Nacional quiere implantar el silencio. “Ni en la más acérrima dictadura se habían cogido más de 300 detenidos por manifestaciones”, afirmaron los jóvenes de la FESE, que solidarios acompañaron a los padres de las víctimas. No hubo testimonio en el cual las madres descartaran el maltrato de la policía; incluso, el día de la audiencia de ese viernes 19,  un joven mostró las marcas de las lesiones en toda su espalda. En los calabozos hay jóvenes sin dientes, rotos los huesos, con moretones en todo su cuerpo, fracturados la cabeza. Así lo confirmaron los abogados que recibieron cartas escritas a mano por los estudiantes. El mínimo acto de humanidad era permitir que la Cruz Roja los atendiera.


La Policía agrede a un equipo de periodistas de un noticiero de televisión, para impedir el registro de los graves sucesos en las calles aledañas al colegio Mejía.

El silencio reina en el Hospital

Entre la espera eterna de las madres y padres, que no hacían otra cosa que contar papeles, PLAN V llega al Hospital Eugenio Espejo para constatar el estado de los jóvenes pacientes que habían ingresado por Emergencia después de las manifestaciones en el Mejía. Un blanco sepulcral  recorre el mayor hospital público de Quito. Cientos de personas esperan amontonados en las sillas del exterior  por alguna noticia de sus familiares. En el desfile de enfermeras y médicos por la entrada de hospitalización no se atina con quien conversar sobre los estudiantes heridos. Muy cerca, cruza el pasillo un joven “con cara de estudiante” quien con rostro fruncido se acompañaba de un par de muletas. Pero nadie da razón. Solo en Emergencia,  gracias al guardia y a la recepcionista se confirmó que fueron tres los jóvenes que ingresaron: uno, golpeado la cabeza; el otro con una herida en la mano; y el último llegó cojo por los golpes. Los tres dijeron ser menores de edad y fueron trasladados al piso siete, de Pediatría. Solo Ángelo Ayol Barros pudo permanecer en esa unidad porque tiene 17 años; los otros dos fueron devueltos a Emergencia y ahí atendidos. Todos con traumatismos y politraumatismos.

Partes médicos oficiales del Ministerio de Salud Pública, en los cuales se confirman los maltratos propinados a los estudiantes detenidos.

La insistencia para conversar con el director de Emergencia fue inútil, pues reclamaban un enrolado trámite burocrático para ofrecer información sobre los pacientes. ¿Alguien puede imaginar lo perturbador que puede ser transitar entre enfermos y burócratas oficinistas? No cesaba el llanto de las sirenas de las ambulancias, mientras el guardia de Emergencia comentaba cómo la Policía con orden de la Fiscalía entraba el vienes 19 de septiembre a constatar el estado médico de los estudiantes.

Restaba la búsqueda de Ángelo. En hospitalización, se confirmó que el menor Ayol Barros fue ingresado y dado de alta el mismo día en buen estado de salud (viernes 19 de septiembre). Eso lo replicó el presidente de la FESE, Mauricio Chiluiza, que dijo tener contacto directo con los padres, quienes afirmaban que el estudiante tiene dificultad para caminar, pues al abandonar el hospital él continuaba herido porque una  moto policial que le habría pasado por encima.

Esa situación podía ser confirmada en el piso de Pediatría. La señora de información, de gruesa contextura y cabello crespo, al enterarse de que quien preguntaba era de la prensa no dudo en preguntar ¿y en dónde se puede hacer una denuncia?

En medio del intento por ingresar al Hospital, fuera del horario de visitas y sin tener a quien visitar, la recepcionista acongojada reclamaba las constantes disminuciones de su salario, cuyo descuento del 6% se lo destinaba para sostener al propio Hospital. Entre los relatos del abuso y maltrato al personal en las jornadas en donde no se les permite probar bocado de  07:00  a 15:00, ella se ofreció a dar un pase de ingreso especial.

Gracias al guardia dormido, el paso a Pediatría estuvo libre. Todas las enfermeras del piso fueron consultadas sobre Ángelo, que fue el único joven internado. Sin embargo, el miedo a declarar circundaba por toda la unidad. Salvo una funcionaria administrativa. Ella comentó con recelo que la información médica de los pacientes es confidencial y que minutos antes una doctora se había llevado la historia médica de Ayol, sin dejar un respaldo en la Secretaría. La funcionaria aclaró que los padres de Ángelo prohibieron las visitas a su hijo por temor a que la Policía se lo lleve o la Fiscalía lo sancione. “El joven tenía traumatismo, eso escuché porque no soy doctora. Pero nadie le va a dar más detalles porque todos aquí estamos amenazados de perder el trabajo”.

El testimonio del padre de Ángelo, sin embargo, consta en los registros de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, Cedhu: 

Bolívar Ayol: "Estamos muy indignados"

Angelo fue detenido a las 19:00 del 17, en el colegio Mejía, mientras se trasladaba a coger su bus porque nosotros vivimos en Toctituco. Fue arrollado por dos motos, fue detenido y esposado para ser trasladado a la UPC de la Basílica. Los policías le golpearon su cabeza y perdió el sentido por 2 o 3 minutos. Angelo se despierta después por los golpes, por el dolor. Él entra a Flagrancia a las 20h00 y al Hospital Eugenio Espejo a las 01:00  del día siguiente. En el hospital le detectan que tiene múltiples hematomas en su cuerpo, de manera esencial en la cabeza en donde detectan un traumatismo craneoencefálico; en este momento está en observación en el séptimo piso (pediatría).

La policía maltrató a mi hijo y él pudo reconocer a uno de los tenientes y conocemos su apellido: es Guachamín.  Este oficial es el que estuvo al mando de la UPC de la Basílica. El le golpea a mi hijo también y tenemos registrado cómo Angelo le dice que él le golpea con un esfero en la cabeza. Este oficial se acercó a la familia para decirles que él no es culpable, pero nosotros le pedimos que nos diga entonces quiénes son los responsables. Esa información debe haber en la bitácora de los policías que traen a los detenidos. Ese oficial dijo que iba a ayudar, pero después dijo que no han anotado nada y que no se puede saber del culpable. Nuestra investigación va a empezar con este señor Guachamín

Testimonio de Bolívar Ayol padre del joven arrollado con motos policiales desde el hospital Eugenio Espejo.

No se ha iniciado ningún proceso en contra de Ángelo porque es menor de edad. Ángelo sale libre porque salió a emergencias. La policía se preocupa por la salud de mi hijo y tratan de sacarle por otro lado, sin preguntar si ahí  estábamos los padres.

Cuando sacaron a mi hijo, mi esposa y yo estábamos en Flagrancia. Nosotros vimos cómo pretendía sacar a Angelo a escondidas y mi esposa le ve y les dijimos que a dónde le llevan, y con qué orden . Ellos abusivamente le sacan diciendo que nos estaban haciendo un favor, pero ¿qué favor? Si ellos son los que le maltrataron.

Sabemos que todos los muchachos detenidos van a ser expulsados  del colegio por orden del Ministerio de Educación. Angelo está en esa lista y es injusto. Nosotros reprochamos la declaración del Presidente en la que aplaude y felicita la “profesionalidad” con la que actuó la Policía en las manifestaciones. Su profesionalidad es  maltratar a los jóvenes.

Sabemos que el mismo dia que mi hijo ingreso otro joven más que está en  Emergencia en cirugía que había sido también del Mejía y también había sido arrollado por las motos.

Hoy solicité un peritaje con un médico legal para iniciar ya la denuncia el día lunes, cuando ya se conozcan los resultados del peritaje. En este momento no nos dan la historia clínica, dicen que dentro de las investigaciones los solicitaran.

Nosotros estamos muy indignados. No pensamos que la Policía podía actuar de esa manera. No puede ser que el Ministro del Interior,  el de Educación y el Presidente estén felices. Ellos solo piensan en los policías que supuestamente están heridos pero no piensan en los jóvenes maltratados. Por ejemplo, mi hijo no puede caminar todavía. A mi hijo le patearon en el cuello y le rompen una muela. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias y quisiéramos que a través de ustedes (CEDHU) pudiéramos formar una organización de padres de los chicos maltratados y expulsados. Después los médicos van a descartar alguna secuela que le pudo haber dejado el maltrato a mi hijo, hoy está en observación.

Cuando mi hijo sale a coger la buseta, los otros jóvenes estaban en las protestas, el no participó".

Los partes médicos del Ministerio de Salud Pública, presentados en la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía, no dejan lugar a dudas de la golpiza que recibieron alguno de los estudiantes detenidos en el Mejía (vea los partes en esta misma entrega): Pablo F. con el labio superior lascerado y con un colgajo, con el incisivo superior arrancado de raiz; Antonio T. con una herida de tres centímetros en la cabeza; Daniel R. con un hematoma en la cabeza, herida de dos centímetros en una mano y un golpe en un muslo de cuatro centímetros; Esteban T, quien sufre de epilepsia, con un golpe en la pierna; David R. con una herida contusa de cuatro centímetros en la cabeza...

Pero también los partes policiales recogen la situación de varios policías que resultaron heridos en las refriegas de la semana pasada. Sobre todo en los enfrentamientos contra los estudiantes del colegio Montúfar, en la avenida Napo, al sureste de la Capital.  Los estudiantes, dice el parte firmado por el capitán Freddy Terán Argoti y el teniente Juan Camacho Jiménez,  "procedieron a verbalizar improperios y lanzar, a los agentes de policía, bombas de material CS o agente quimico de mano, de procedencia desconocida. Luego atentaron contra la vida de mujeres y hombres que conformamos el equipo de trabajo de la unidad de mantenimiento del orden público, lanzando botellas, varias bombas molotov, las cuales pusieron en riesgo la integridad, y todo tipo de objetos". Esto produjo, según el informe, heridas a cinco policías y tres aspirantes a policías. También el parte registró la destrucción de: "dos equipos antimotines, 12 escudos antimotines, cinco protectores de cascos antimotines, pérdida de un PR24, ruptura de un parabrisas posterior de un patrullero, destrucción del adoquinado del sector y daños en tres residencias del sector". En esas refriegas fueron detenidos 34 estudiantes.

La Policía reportó un total de 34 heridos en esa semana de refriegas. Cuatro de ellos permanecieron en estado grave en el hospital de la institución, pero tres estaban estables. El caso más delicado registrado fue el del oficial Vicente Tamayo, quien sufrió una fractura en la pelvis y este jueves tenía programada una segunda intervención quirúrgica. El fue impactado en su cabeza, protegida por el caso de dotación, por una pedrada que lo tumbó de la moto policial. La caída provocó su lesión, que según los partes médicos ha provocado una parálisis de la parte inferior de su cuerpo. Tiene para seis meses de tratamiento y luego una recuperación que no garantiza que recuperará su movilidad.

La FESE: los estudiantes han despertado

Mauricio Chiluisa, presidente de la FESE, arremete contra el Ministro de Educación, Augusto Espinosa por descalificar a los estudiantes y pretender separarlos de sus colegios. Lo acusa de prevaricato, pues según el artículo 134 de la LOEI, la Junta Distrital de Resolución de Conflictos, es la que puede disponer las expulsiones de estudiantes.

Sin abrigo y casi tiritando en la fría tarde de Quito, Chiluisa invita a la concentración convocada por la FESE y los colegios el jueves 25 de septiembre en el parque el Arbolito, para reclamar la liberación de los estudiantes detenidos, incluidos los 150 presos del Colegio Montufar. Este plantel, junto al Mejía, Juan Montalvo, Miguel de Santiago y colegios de Esmeraldas, Manabí y Guayaquil participarán en esta marcha. Representantes de la FESE afirman que el ministro Espinosa no los ha querido recibir desde que asumió su cargo y que por eso su alternativa ahora son las calles y ejercer su derecho a la resistencia.

La Asociación de Profesores del Colegio Nacional Mejía también acudió a la marcha del 17S. Ahora, según el régimen se han encontrado materiales para elaborar bombas molotov en la sala de profesores. Para los estudiantes, el Ministerio del Interior se encargó de montar un espectáculo para poner las pruebas y deslegitimar la protesta de los docentes del Mejía. “En realidad, el yeso y los otros materiales se encontraron en el laboratorio de química, como es común”, dice Penélope Mora.

Esa es la otra parte de esta historia. En el Enlace Ciudadano del sábado 19, el presidente Correa volvió a mostrar su impronta. Tal como lo hizo la dictadura en 1978, tras la Guerra de los Cuatro Reales, pidió a los padres que armen brigadas en las puertas de los colegios para evitar que sean manipulados por los que él llama "tirapiedras".

Tal como recogió el diario El Comercio, Correa luego se desataría en una andanada de comentarios en su cuenta de Twitter: 23 mensajes, 484 palabras durante una hora del 22 de septiembre.

“Hola país! feliz semana a tod@s! Se repite el libreto de siempre: generar violencia, luego victimizarse. Un pequeño cambio: ya no dicen que son “acusados” de “terroristas”, x que se corrigió ese error con el nuevo Código Penal. Lo recuerdan? El mundo al revés: como siempre, el “malo” soy yo. TODOS los 53 detenidos son MAYORES de edad, 30% no son estudiantes sino infiltrados, y están siendo juzgados en unidades de flagrancia, gracias a la nueva justicia”. “El Presidente no tiene nada que ver. Si quieren pedir perdón, pídanselo a la ciudadanía, y especialmente a la familia de las decenas de policías heridos, dos de ellos de gravedad. Falta mucho para aprender a asumir nuestras responsabilidades: primero, los jóvenes que participaron en desmanes; luego, sus padres. Pero también el Gobierno, x que basta que un joven caiga en las garras de los tirapiedras, para sentir que hemos fracasado en educación. Padres de familia: a organizarse y hacer guardia en las puertas de los colegios, para evitar que los tirapiedras vayan a buscar a nuestros jóvenes”.

En el mismo Enlace, el ministro del Interior,  José Serrano, “denunció” que la Policía había encontrado material para fabricar bombas molotov, y además, grabado en alguna de estas piezas algún signo neonazi. Luego, se acusó directamente al presidente de la Asociación de Profesores del Mejía, militante también del MPD y ex presidente de la UNE, en un intento oficial por relacionar las detenciones con alguna forma de violencia.

Sin embargo,  los "acusados" expresaron sus dudas de que las presuntas pruebas hayan sido sembradas. Como las "evidencias" que se encontraron en los allanamientos en el caso de los 10 de Luluncoto, dijeron.


Video que circuló en redes sociales sobre el  ingreso de autoridades del gobierno al colegio Mejía. Los estudiantes señalaron que las denuncias oficiales eran "un montaje".

Las madres peregrinas

Las madres y padres de los estudiantes detenidos son pobres. Muchos son comerciantes, vendedores ambulantes; ellas realizan tareas de limpieza en casas y apartamentos, o son lavanderas. Sus hijos son hijos de las necesidades. Por eso, todos los detenidos son estudiantes de las secciones nocturnas de los colegios Montúfar y Mejía.

Desde la noche del jueves 18 de septiembre han pasado en un solo "corre corre". Ellas van en pequeños grupos, acompañados de sus otros hijos o hijas, cargando bebés a sus  espaldas, con carpetas arrugadas en las manos donde ponen los certificados que han obtenido para defender a sus hijos. Y sus ojos, la angustia. Parecen fuertes pero no pueden dejar de derramar una lágrima cuando empiezan a hablar de sus hijos. Sobre todo de cómo y cuánto los han maltratado. No hay derecho, dice en la planta baja de la Corte Provincial, Edith, de mediana edad, menuda y con el ceño fruncido. Ella reclama que a su hijo, de 22 años, estudiante de la sección nocturna del Mejía, lo agarraron confundiéndolo con un agitador que en la zona del Colegio lanzaba piedras, también de pelo largo. Le hicieron pasar con “calle de honor” por entre más de 50 policías, que, dice, le rompieron la cabeza a toletazos. Tiene, además patadas en las piernas, tiene verdes las piernas por los golpes, precisa. Este martes 23 de septiembre, son cinco días que no ha visto a sus hijos. Violando el debido proceso, no han permitido las visitas, los tienen aislados. “!Los tienen secuestrados!”, grita otra de las madres, mientras atropella a todos para llegar a dar su testimonio.  Patadas, golpes en la cara y en el cuerpo, rotura de cuero cabelludo, costillas rotas. Las madres enumeran los atropellos que dicen han hecho a sus hijos, y que no pueden dejar comida, medicinas, ropa limpia. Mi hijo, dice otra madre, recién se cepilló los dientes el domingo pasado.


El abogado Julio Sarango, de gafas, en la planta baja del edificio de la Corte Provincial de Pichincha, explica a varias madres de familia el procedimiento para la audiencia de Habeas Corpus.

Madres, padres, hermanas, hermanos, se concentran en los bajos de la Corte Provincial de Pichincha para acompañar a los dos abogados que defienden a sus hijos a poner un recurso de habeas corpus. En las afueras la prensa no se alcanza con las entrevistas: cámaras y grabadoras se agolpan ante cada uno de los papás o mamás que quiera hablar. Algunos dicen los nombres, en otros hay miedo en sus ojos. Creen que una palabra demás puede perjudicar a sus hijos.

Los abogados son Gonzalo Realpe Raza  y Julio Sarango. Con elegantes ternos oscuros tratan de organizar a los atolondrados padres y madres. A la par que dan entrevistas. Los dos profesionales son la delegación del Colegio de Abogados de Pichincha, gremio que ofreció defender gratuitamente a los detenidos en las manifestaciones. Cuarenta y dos personas están en su lista, pero los detenidos son 53 y los procesados por el supuesto delito de rebelión son 60. Entre los 42 defendidos por el Colegio de Abogados no hay una sola mujer.

La acción de Habeas Corpus se presentó  ante los jueces de la Corte Provincial el 23 de septiembre a las 10:29 horas. Se lo hizo porque según la defensa de los jóvenes, estos no fueron detenidos en delito flagrante y tampoco tuvieron orden de detención para investigación por 24 horas. En el recurso presentado, el abogado nombre de sus defendidos, en relata que el jueves 18 del 2014, aproximadamente a las 21:00, “en momento en que nos encontrábamos reunidos en el patio interior del Colegio Nacional Mejía, quienes somos estudiantes de esta institución educativa y otros egresados, realizando el trámite de retiro de nuestra documentación, nos encontrábamos de manera pacífica sin estar realizando ninguna infracción, fuimos detenidos de manera ilegal, injusta y arbitraria por una inmensa cantidad de miembros policiales, fuertemente armados, todos ellos tapados sus rostros con pasamontañas, e inmediatamente nos detienen, nos golpean salvajemente, a uno de nosotros le sacaron un diente, para ese momento trasladarnos al Regimiento Quito No.2, lugar donde continuaron agrediéndonos y luego de varias horas de torturas y agresiones psicológicas, llevarnos a la Unidad de Flagrancia, ubicada en la Av. Patria y 9 de Octubre en Quito, para en horas de la noche realizarnos la audiencia de formulación de cargos, la que duró hasta las 02:30 horas del día viernes 19 de septiembre, en donde luego de un cúmulo de ilegalidades y violaciones constitucionales se ordenó nuestra prisión preventiva por parte de la jueza Daniela Mayorga”.

En la acción de Habeas Corpus denunciaron que, al momento de su detención, no se les hizo conocer sus garantías constitucionales como detenidos, no se les permitió una llamada, estuvieron varias horas incomunicados. Además, el tipo penal, del artículo 204 numeral 1 del COIP no se encuadra en los actos protagonizados por los jóvenes.

La defensa también pidió que se llame al fiscal Javier Bosques, quien “avalizó este cúmulo de violaciones constitucionales”.

La señora María y otros padres se acercan donde el abogado Realpe, luego de acompañarlo a entregar el escrito. Le piden que lea la lista de los que estarán en la audiencia. Todos, les contesta el abogado en tono calmado, todos van a estar, van a ver a sus hijos. Así es: si lo dispone el juez, 42 jóvenes deberán estar en su presencia y hablarán de lo que ha pasado con ellos. El abogado Sarango, que no se ha quitado las gafas negras para nada, explica a los ansiosos padres y madres que el apuro de sacarlos a la audiencia es para mostrar a la sociedad ecuatoriana estos chicos han sido golpeados. Quiere que vean las huellas en la cara, en el cuerpo. Todos asienten, y, como si se encendiera de pronto una señal, se ponen a contar de nuevo la situación de cada uno de sus vástagos: está cortado acá, solo he podido hablar un minuto en cuatro días, me dijo que estoy bien mami. A María se le inundan los ojos mientras cuenta, es que debe estar un policía al lado, que no les dejan hablar, no pueden contar nada, le explica otra madre, que hace esfuerzos para no llorar. Alguien les habrá dicho que se porten fuertes.

María solo piensa en cómo estará su hijo. No ha podido ir a su trabajo, mientras su esposo, empacador en el Supermaxi debe permanecer en el empleo. Ella ha ido a pedir certificados, y ahora le toca conseguir dos testigos y llevarlos a la audiencia de formulación de cargos que por el delito de rebelión también les sigue la Fiscalía. Los abogados Realpe y Sarango se turnan para explicar eso a los padres y advertirles: no consigan certificados de buena conducta, esos no sirven. Lo repiten varias veces porque siempre hay alguien, que en el tráfago de periodistas y curiosos, se pierde parte de las instrucciones. Poco a poco la planta baja de la Corte se vacía de tanta gente. Solo quedan quienes esperan pacientemente un turno para ser atendidos por información. Las cámaras se han ido y los padres y madres han tomado taxis o han caminado para seguir con su peregrinación para liberar o ver al menos a sus hijos “secuestrados”.

Finalmente, siete días después de su detención, y gracias a las denuncias de sus propios padres y madres, los estudiantes pudieron recibir a los padres en los patios del Centro de Detención Provisional. Ahí ratificaron los testimonios del maltrato al que fueron sometidos. La ministra de Justicia, Lady Zúñiga, dijo, sin embargo que eso no fue verdad. Que nunca fueron maltratados.

ACTUALIZACIÓN

26 DE SEPTIEMBRE DE 2014

LA CORTE  PROVINCIAL NIEGA LA LIBERTAD A LOS DETENIDOS 

Edificio nuevo, justicia a la antigua

Las puertas del flamante edificio de la Corte Provincial de Pichincha sobre la avenida Seis de Diciembre estaban cerradas y el perímetro de la torre cercado por la Policía vestida de verde y negro. La audiencia empezó a las 16h00 de este 25 de septiembre de 2014. Dos horas antes, los padres y amigos de los 53 detenidos el jueves 18 de septiembre se concentraron en el parque El Arbolito para exigir su liberación. Con la consigna “son estudiantes, no delincuentes” arribaron a la Corte para plantarse en la entrada.  Sobre las cabezas de los familiares, lucían los rostros impresos de David Caizaguano, Paul Chicaiza, Sebastián Martínez, Daniel Beltrán, Alejandro Reyes y muchos otros, junto a los carteles escritos mano que pedían justicia y castigo a la represión.

No cesaban los gritos a pesar del viento congelado que soplaba en la zona de la Plaza Argentina. Curiosamente, ahí se ubica la estatua del libertador José de San Martín. El prócer le da la espalda a la Corte. Mira para el otro lado.

No cesaban los gritos a pesar del viento congelado que soplaba en la zona de la Plaza Argentina. Curiosamente, ahí se ubica la estatua del libertador José de San Martín. El prócer le da la espalda a la Corte. Mira para el otro lado.

Jóvenes solidarios del Colegio Mejía alzaban como un puño la Constitución de la República y le invitaban al Presidente a leerla bien. La madres, por otro, lado, recelosas, cubrían sus rostros con mantas y las cartulinas cuando algún periodistas se les acercaba.  Cinco madres  se negaron a hablar con la prensa.  Preferían seguir gritando hacia lo alto, hacia el cuarto piso de la Corte. Pero una rompió el silencio y empezó con una queja. “Nosotras ya no queremos hablar porque los medios solo muestran la versión de los policías, a nuestros hijos les han dado la espalda”. María Mejía, es madre de Jefferson Rueda y repite la historia que cuentan casi todos los detenidos: fueron apresados sin tener relación con las protestas y luego maltratados por la Policía. “Mi hijo ya no jurará la bandera, ahora tendrá que estar en la cárcel”, dice María con tremenda indignación. Ella fue de las que, en un gesto de desesperación, llegó a pedir perdón al Presidente de la República. “Ahora estoy arrepentida de haberle pedido perdón. Cómo Correa nos va a decir que nos disculpemos con los policías, después de la tortura y agresión que sufrieron nuestros hijos.” 

Los padres de familia aún no escuchan las versiones completas de sus hijos; otros tienen fotografías de los menores liberados el mismo día de las protestas, con la nariz lastimada y las piernas contusionadas. Raúl Paz es uno de ellos. A  Sebastián Pozo le tocó otro tipo de tortura. Según su padre, Tito Pozo, él fue arrastrado por lo menos 80 metros hasta la puerta del Colegio Mejía; su espalda quedó como arañada con la garra de una gran bestia. Todos los atropellos los recibieron en el Regimiento Quito. Tito, con voz enardecida mientras prende un cigarrillo,  increpa al Gobierno: “los estudiantes tienen derecho a protestar sino correríamos el riesgo de convertirnos en un pueblo sumiso”.

Un poco después de iniciada la audiencia, llegaron los dirigentes de los sindicatos y del movimiento indígena para unirse a la concentración de los padres de los detenidos.  Severino Sharupi, dirigente de territorio de la CONAIE, cuestionó que el régimen haya enviado 500 policías para reprimir a menos de 200 estudiantes y afirma que, en su opinión, la decisión de la libertad de los ciudadanos está en la voluntad del Presidente.

Ante la denuncia de una "Justicia secuestrada en el Ecuador", el movimiento indígena anunció la creación de una Comisión Jurídica a nivel nacional, para defender a todos los enjuiciados en casos de represión por parte del Estado. Sharupi está seguro que si estos atropellos se los ejerce en contra de los estudiantes, las próximas víctimas puedan ser las comunidades indígenas.

Algunas madres cobijas con chalinas quisieron descansar en las aceras y los carteles permanecieron inertes sobre el pavimento por unos instantes. Uno de los manifestantes se percató que por una ventana del edificio de la Corte se podía ver a cuatro de los detenidos de perfil. Con miradas tristes ellos voltearon y las madres despavoridas acudieron a reconocerlos. Y empezó, nuevamente, el llanto. Todas ellas gritaban en dirección al cuarto piso con la esperanza de que sus hijos remotamente los oyeran y se sientan respaldados, les decían que no permitirían que permanezcan ni un minuto más en la cárcel. Así, los carteles los elevaban varios brazos templados, con la esperanza de que los jóvenes detenidos pudieran leer sus cartas. Después, Santiago Ordoñez, estudiante del Mejía, elevó un silbido agudísimo como música para que José Martínez, Carlos Dávila, Mauricio Cabrera o Carlos Cadena los escuchara, pero jamás hubo el chiflido de respuesta como lo solían hacer en las tarde de barrio para la juerga.

La oscuridad quería convertirse en noche a las 18:40 y la audiencia no concluía. Los jóvenes, amigos y  padres pedían a gritos más “saltaditas por la libertad”, mientras por la ventana frontal de la Corte un hombre mostraba agitándola la chaqueta amarillo mostaza del Mejía, que todos los manifestantes habían acordado usar esa tarde. En la otra ventana un joven acusado por daño a los bienes ajenos, que lucía un esparadrapo en la nariz, relataba con señas a sus familiares el desarrollo de la audiencia, pero nadie podía interpretarlos. Los vieron levantar el pulgar de su mano y todos saltaron de gozo porque por un instante los creyeron libres. Él júbilo los invadió y se juntaron al canto de los estudiantes:

“Gracias queremos darle señor Presidente
Por tener en las calles a tanta gente
Gracias queremos darle señor Presidente
Porque ha firmado nuestra sentencia de muerte
Y ha hecho de un paraíso un infierno
De violencia y pena
Y ha cortado un grupo de alas que querían
Llegar al sol o al mar
Suben impuestos para poder pagar
Asesinos que matan por ley
Que visten con casco y un fierro hecho hueco
Que cuando escupe hace un ruido horrendo
Ayer los mejías protestaban en la esquina
Gritando desde el alma todo lo que sentían
Ayer un amigo le lanzaba una piedra
Y a cambio recibe santa sepultura”

La Plaza de los Llantos 

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Pero la alegría fue truncada cuando los abogados bajaron cabizbajos anunciando que el recurso de hábeas corpus había sido negado. Los tres abogados Jose Alomia, Gonzalo Realpe y Julio Cesar Sarango acusaron a la jueza Ana Intriago de no haber presentado ni la más mínima motivación, más que justificar que el apresamiento fue ejecutado en el marco de lo legal. A pesar de que los cuerpos con contusiones de los jóvenes fueron expuestos como evidencia del maltrato al que fueron sometidos y que se mostraron los partes médicos realizados por  Clivia Guerrero, del Departamento de Flagrancia, en representación del Ministerio de Salud Pública, el recurso fue negado. Los jueces sostuvieron que la detención de los estudiantes y de los trabajadores, incluido un lustrabotas llamado David Claudio Chasi, es legítima. La alternativa fue la presentación del recurso de apelación a la prisión preventiva y un pedido de fianza, que fue presentado cuatro días.

Sarango afirmó que la valoración de 4000 dólares en daños ajenos es una apreciación subjetiva por parte de la Fiscalía, porque hasta ahora no se ha presentado ninguna denuncia de daños. Por eso se acudirá a la fianza carcelaria para que los jóvenes salgan en libertad. Incluso, el Colegio de Abogados propuso que el gremio sea el que pague esa cantidad.

La justicia fijó la fianza en USD 4000 que sería el monto de los daños ocasionados por los manifestantes. 

Julio César Sarango, sobre un pequeño muro de bloque, pedía calma a los padres que rompieron en llanto después de la fatal noticia. Unos gritaban “abajo el Presidente, la policía represora y que vivan los estudiantes”; otros se cuestionaban: “Duzac se llevó 800 mil dólares, otros se tragan los cheques y no dicen nada”. 

Cuando la policía empezó a armar un cerco con los escudos, muchos recordaban las escenas de San Francisco y todos supieron que los estudiantes bajarían. Así empezó una estampida para acudir al parqueadero de la Corte. Los detenidos fueron trasladados a un bus para 40 pasajeros.  Solo las manos de las madres silabeaban el viento de tanto agitarse, cuando los detenidos cruzaban el garage. Todos gritaban los nombres de sus hijos o amigos con la esperanza de robarles una mirada. Cada estudiante tomo su asiento y con total sigilo apegaron sus cabezas al vidrio y el vaho del llanto empañó todas las ventanas. Don Tito, María o Santiago solo extendían sus manos para encajar sus palmas con las de ellos, pero el vidrio o la Policía se los impedía. Cuando el bus partíó, la de Argentina se convirtió en la Plaza de los Llantos. 

 

ACTUALIZACIÓN

1 DE OCTUBRE DE 2014

LOS DETALLES DEL INFORME DE LA CRUZ ROJA

La versión libre de dos ciudadanos que laboraban en los alrededores del Colegio Mejía y afirman haber sido agredidos por policías.

Las versiones sobre la situación de los 53 detenidos en las inmediaciones del Colegio Mejía son contradictorias. Según el presidente Rafael Correa y la ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, los 53 detenidos jamás han sido objeto de maltrato y que más bien las lesiones menores que registran justifican el accionar de la Policía de sofocar las protestas.

En el otro lado, los defensores de los presos y los familiares reclaman que los jóvenes han sido víctimas de tortura física y psicológica, además que no se les ha permitido a sus familiares acceder a visitar para entregarles ropa, comida y medicinas. 
El presidente Correa en reiteradas ocasiones ha indicado que el argumento de los abogados de los 53 presos del Mejía sobre la tortura es una forma de victimizarlos, cuando los verdaderos afectados son los  17 policías heridos por los “actos vandálicos”, según informó el Ministerio del Interior, José Serrano.
Rafael Correa en su enlace ciudadano 392, desde Aloag, refirió que la tortura no existe en el Ecuador y enfático  declara que “como estudiantes no pueden tirar piedras o patear policías”. La ministra de Justicia Ledy Zúñiga, ha minimizado lo ocurrido al igual que el ministro del Interior, José Serrano. La ministra intervino en la última sabatina y justificó con documentos la tesis del mandatario.  “Las visitas pudieron acceder a ver a los jóvenes detenidos, desde el domingo 21 de septiembre, porque así lo demuestran las bitácoras de registro”. La ministra dijo que fue ella quien pidió a  la Cruz Roja que ingresara al CDP a realizar el examen médico a los detenidos, el día miércoles 24 de septiembre. Entonces, la ministra empezó la lectura de los casos.
 

"La tortura psicológica se manifiesta en el temor a salir de nuevo a manifestaciones, temer la presencia de un policía, temor de hablar duro ante los jueces. Una persona torturada jamás volverá a incurrir en ese hecho."

Gonzalo Realpe

“Escoriación en rodilla derecha, dolor de brazo izquierdo”; “paciente refiere dolor de cuello y brazo”; “síntomas gripales, dolor en la parte externa”, leyó la ministra de Justicia.
Después afirmó: “Las ocho personas que la Cruz Roja pidió se las traslade al Hospital Eugenio Espejo para otras revisiones, solo les mandaron ibuprofeno, que ni siquiera necesitan receta médica; ninguno tiene lesiones que amerite internamiento”. Para la Ministra ese es el estado general de los presos. Los detenidos tuvieron una revisión médica el día de su apresamiento, el 18 de septiembre del 2014. Después, solo por petición de uno de sus abogados, Gonzalo Realpe, la Cruz Roja asiste al CDP el 24 y 25 de septiembre para que tres médicos den un diagnóstico. 

Pero la ministra Zuñiga solo menciona los casos de lesiones más leves de los detenidos y los de tres que efectivamente tenían síntomas gripales que sí se pueden curar con ibuprofeno. Lo que  omitió fue el caso de los 47 jóvenes que, según su abogado Gonzalo Realpe, fueron maltratados por los policías desde las 22h00 del 17 de septiembre, hasta las 6h30 de 18 de septiembre, en el Regimiento Quito 2. Según Realpe, se  olvida por ejemplo, del caso de Pablo F, que presenta una herida cortante en su labio en grado de cicatrización, pérdida completa del incisivo 3-1 y trauma en las partes blandas.  El abogado señala que la pérdida de un diente es considerada jurídicamente como la pérdida de un órgano; de la misma magnitud que perder una mano o un ojo, y afirma que se ha cometido un delito en ese caso. Pablo F.  quedará con el labio partido. Este joven presenta un cuadro dental en donde la mayoría de las piezas están movidas. Hasta 28 de septiembre este joven no ha sido trasladado a una clínica para recibir atención especializada, afirma el letrado.

El informe de la Cruz Roja, al que tuvo acceso PLAN V, revela que varios de los detenidos sufren contusiones en la cabeza, en los muslos; escoriaciones en rodillas, muñecas; equimosis (golpes) en párpados; y en las observaciones recomiendan a algunos la realización de radiografías para descartar rupturas de huesos en mandíbula y cabeza y tomografías craneales. Estos procedimientos ya habrían sido realizados en el hospital Eugenio Espejo.

El informe de Cruz Roja y de la Unidad de Flagrancia confirma que no se trató de simples gripes o moretones minúsculos en varias partes del cuerpo. Los casos son  diversos; de ellos, solo tres no presentan ninguna señal de maltrato. Según Realpe, los presos que no fueron “brutalmente golpeados” se arrodillaron ante los oficiales pidiendo que no sean maltratados porque uno era  epiléptico y otro tenía cáncer terminal al estómago. A ellos se les concedió la libertad en la audiencia de formulación de cargos. 

La pérdida de un diente por uno de los detenidos sería un delito cometido por la Policía, afirma el abogado.

Los dos informes médicos sobre la salud de los detenidos serán presentados como pruebas de presunta “tortura física” por la defensa en la audiencia del jueves 2 de octubre. De haber la audiencia el jueves, la defensa va a argumentar que los jóvenes fueron golpeados, vejados y amenazados para pedir la nulidad del proceso penal. “A una persona no se le puede seguir un juicio cuando ha sido golpeado o ilegalmente detenido”, dice Realpe. Además dirán que los jóvenes no propiciaron la destrucción de semáforos y veredas, delitos por el que se les acusa, por los jueces no pueden determinar culpables individuales y si el parte policial afirma que fueron detenidos dentro de las instalaciones del Colegio, jamás pudieron encontrar un semáforo o una vereda pública en el interior.

Además de este argumento, que ya fue usado por la defensa para pedir el hábeas corpus y fue desechado por la Corte Provincial, los defensores piensan argumentar que algunas personas fueron detenidas sin siquiera ser estudiantes o manifestantes.  Guillermo M. declara que los policías le insultan y golpeaban en la espalda mientras le decía que “si siguen molestando  y saliendo a manifestaciones les vamos a violar a tu mamá y tus hermanas”; después tuvieron que pasar frío y hambre hasta las 6h30 del día siguiente. Esta es la versión de Carlos C: “Dos policías me detuvieron, me subieron a una moto, no me dejaron explicar nada, sacaron corriente de un aparato, mientras la moto se dirigía al Regimiento Quito 2. Me golpearon con un tolete en las costillas y cabeza, me insultaba hasta que me golpearon con un tolete en la zona cervical y quedé inconsciente cinco minutos…”

El abogado Gonzalo Realpe asegura, que según la versión de los detenidos,  durante el tiempo en que se ejerció la supuesta tortura los policías habrían golpeados a los jóvenes con los rostros cubiertos.
Al menos 47 de los 53 detenidos fueron golpeados.

 

 

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